Miguel Ángel Díaz Reyes
Expediente 966/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/03/2018
Partes del expediente
- Miguel Ángel Díaz Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del párrafo segundo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General de referencia, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el doce de septiembre de dos mil dieciocho. Respecto de los documentos originales exhibidos por el quejoso con el escrito recibido en este juzgado el dos de febrero pasado (fojas 131 y 132, cuaderno principal), previa copia que se deje en autos, remítansele por conducto del actuario adscrito, al momento de practicar la notificación correspondiente. Luego, dado que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por la juez responsable en apoyo a su informe de ley, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese este proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria protectora. En razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196, de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia de ocho de enero del año en curso (fojas 85 a 91), se concedió al justiciable el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la juez Décimo Octavo Penal de esta ciudad en la causa penal 89/2001, en que por una parte, desechó de plano el incidente no especificado, en su aspecto relativo al aminoramiento de la punibilidad actual aplicando las reglas del concurso de delitos, y por otra, lo declaró infundado respecto de la traslación del tipo penal pretendida por el quejoso; tal concesión implicaba que una vez que causara ejecutoria dicha resolución, la referida autoridad jurisdiccional realizara lo siguiente: a) Declarara la insubsistencia del acto reclamado; y b) Emitiera una nueva determinación en que por una parte, reiterara aquellos razonamientos que se estimaron adecuados en relación con el primer aspecto que se analizó en el fallo amparador, y por lo que hace al segundo de ellos, al abandonar el argumento que se estimó inadecuado, con plena libertad de decisión, emitiera la resolución que considerara procedente. Así, una vez que causó ejecutoria dicha resolución (foja 99), se requirió a la autoridad mencionada para que en el plazo de tres días cumpliera con la sentencia protectora, por lo que mediante oficios recibidos en este juzgado el treinta y uno de enero de este año (fojas 104 y 108), se allegaron los informes relativos, adjuntándose copia certificada de las determinaciones correspondientes, de las que se advierte que la autoridad responsable de que se trata ha acatado en sus términos la ejecutoria amparadora. Lo anterior se establece así, en principio, porque dejó insubsistente el acto reclamado (foja 106). Luego, en virtud de que al emitir nueva resolución, por una parte, reiteró aquellos argumentos que se estimaron adecuados en relación con el aminoramiento de la punibilidad actual aplicando las reglas del concurso de delitos solicitado por el quejoso, estableciendo la imposibilidad de un nuevo pronunciamiento sobre dicho aspecto, en tanto la individualización de la pena realizada en la sentencia condenatoria constituía cosa juzgada. Y por otra, en el aspecto específico que interesa, abandonó el argumento que se estableció como inadecuado en la sentencia amparadora -relativo a que en el año dos mil once no aconteció reforma en materia penal-, y, con libertad de decisión, destacó que en relación con el delito de privación ilegal de la libertad por el que fue sentenciado el justiciable, si bien el veintiocho de febrero de dos mil once entró en vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, lo cierto es que la penalidad vinculada con dicho ilícito ahí establecida, resultaba superior a la diversa que se tomó en consideración para emitir la resolución incidental de diecinueve de septiembre de dos mil tres, en que sí resultó procedente la pretensión del peticionario de amparo. En ese orden, es claro que con la nueva decisión de la autoridad responsable se subsanó el aspecto deficiente destacado en el fallo amparador; de ahí que este órgano de control constitucional tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia. Ahora, del estado de autos se advierte que el quejoso presentó escrito el dos de febrero pasado (fojas 131 y 132), por el que denunció la repetición del acto reclamado e interpuso "inconformidad al cumplimiento de ejecutoria de amparo". Al respecto, dígase al peticionario de amparo que resultan improcedentes sus planteamientos, por las siguientes consideraciones. En relación con la primera manifestación, destaca que la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo, sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva, supuesto último que no se cumple, pues aun cuando el escrito de referencia fue presentado previamente a que se calificara el cumplimiento correspondiente, que hubiese llevado a establecer que el diverso supuesto tampoco se actualizaba, lo cierto es que no existe un acto diverso al que este órgano de control constitucional tomó en consideración para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que el hecho de que con motivo de la protección constitucional el quejoso no hubiese obtenido resolución favorable a su pretensión, no implica en forma alguna la repetición del acto reclamado. Es orientadora la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2258 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, diciembre de 2017, Materia Común, de rubro: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. MOMENTO PROCESAL PARA REALIZAR LA DENUNCIA RESPECTIVA, ACTO O RESOLUCIÓN CONTRA LA QUE PROCEDE, E INSTANTES A PARTIR DE LOS CUALES CORRE EL PLAZO PARA HACERLO". Por lo que hace a la inconformidad que dice hacer valer, se evidencia de sus manifestaciones que controvierte directamente la resolución de la autoridad responsable emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no así determinación alguna del presente juicio; de ahí que este juzgado se encuentre imposibilitado para dar trámite a dicho planteamiento. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del numeral 202, de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho precepto.
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