Miguel Ángel Díaz Pérez
Expediente 444/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2019
Partes del expediente
- Miguel Ángel Díaz Pérez
- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONVIT).- Ciudad.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de abril de dos mil diecinueve...1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo....1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno...1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido...1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación...1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
notificación por lista quejosa.-DECISIÓN.- ÚNICA. SE SOBRESEE EN PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.-Con base en un análisis integral a la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. La parte quejosa reclama del Director y Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambas con sede en esta ciudad, la omisión de inscripción de la cedula hipotecaria ordenada en el expediente 824/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, relativo a un bien inmueble afecto al juicio de origen. Así, por lo que hace al acto reclamado al Director y Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambas con sede en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las consideraciones a saber: Los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.). Artículo 5. Son partes del juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis número P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, Tomo V, de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro: 199459, del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así como la tesis número 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso particular, el acto reclamado al Director y Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambas con sede en esta ciudad, consistente en la omisión inscribir la cedula hipotecaria ordenada en el expediente 824/2018, antes 808/2016, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, relativo a un bien inmueble afecto al juicio de origen; no pueden ser considerados como acto de autoridades para la procedencia del juicio de amparo, ya que no actúan con carácter de imperio, menos se advierte que las citadas responsables, estén ejecutando o traten de ejecutar un acto en el que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Es decir, su actuación no somete al particular a su decisión, ya que las citadas responsables actúan a lo ordenado por el Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente hipotecario número 808/2018; por lo que, de ningún modo puede afirmarse que la relación entre la parte quejosa y las responsables en estudio corresponden a la de supra a subordinación que existe entre una autoridad y un particular, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación entre el Director y Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambas con sede en esta ciudad, para con el Juez de origen. Lo anterior, dado que del capítulo de hechos de la demanda de amparo se advierte que la última orden de inscribir la cedula hipotecaria, ordenada en el expediente 824/2018, antes 808/2016, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, obedece al auto de siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 938-B/2018 (foja 4 de autos). De ahí que las responsables, no están facultadas para tomar una decisión o resolución que afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que se encuentra limitado a lo ordenado por el juez natural. Por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de inscripción de la cedula hipotecaria ordenada en el expediente 824/2018, antes 808/2016, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, relativo a un bien inmueble afecto al juicio de origen, en términos del artículo 8o. constitucional, dentro de un juicio jurisdiccional, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria, pero en cumplimiento a lo ordenado por el Juez de origen. Tiene aplicación, por analogía, la Jurisprudencia número 1a./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2008884, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, consultable a página 480, cuyo rubro y texto dicen: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. De ahí que, el impetrante de amparo cuenta con la posibilidad de instar a órgano jurisdiccional a efecto de que aplique los instrumentos legales que prevé la legislación secundaria, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; esto es, el aquí quejoso, debe accionar la maquinaria jurisdiccional en el juicio hipotecario número 824/2018, para que el Juez Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, quien cuenta con una amplia gama de instrumentos legales, logre que las autoridades responsables, cumplan sus determinaciones, esto es, inscriban la cedula hipotecaria relativa al bien inmueble afecto al juicio de origen. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 79/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2007066, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, consultable en la página 699, cuyo rubro y texto dicen: AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. En conclusión, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), respecto de las autoridades responsables Director y Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambas con sede en esta ciudad, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de inscripción de la cedula hipotecaria ordenada en el expediente 824/2018, antes 808/2016, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, relativo a un bien inmueble afecto al juicio de origen, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo el 61, fracción XXIII, con relación en los diversos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo...
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