Miguel Ángel Delgado Uribe

Expediente 620/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
620/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Delgado Uribe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que por resolución interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se negó por una parte y concedió por otra la suspensión definitiva de los actos reclamados; en esa medida, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, envíese el presente incidente al archivo definitivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a, del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por haberse concedido la suspensión provisional y en su momento parcialmente la definitiva. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es destruible. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el acuerdo dictado el quince de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente de juicio de amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso a), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que obran los informes justificados rendidos por las autoridades siguientes: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CD MIGUEL ALEMÁN. COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS-MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN BUENAVISTA, TOMATLÁN, MICHOACÁN. Ahora, de las constancias que acompañaron las referidas autoridades responsables a su informe justificado, se advierte que el traslado reclamado por el quejoso Miguel Ángel Delgado Uribe, fue calificado de legal por el Juez de Primera Instancia Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Miguel Alemán, por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, ello, atendiendo a la petición efectuada mediante oficio 2495/2017 de data veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, firmado por el Encargado del Despacho de la Dirección de Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas; con ello, se evidencia que el acto reclamado consistente en: IV. Acto Reclamado: A las autoridades señaladas como responsables se reclama su señoría bajo protesta de decir verdad la injustificada y no sustentada separación de mi núcleo familiar y la ilegal orden de traslado del CEDES de Ciudad Victoria Tamaulipas al CEFERESO No. 17 CPS-Michoacán, lugar donde actualmente me encuentro recluido y el cual resulta violatorio de los derechos fundamentales del suscrito, aún más que el delito por el cual me encuentro procesado no es por delincuencia organizada ni secuestro y mucho menos requiere de medidas especiales de seguridad de conformidad con el párrafo penúltimo de nuestro consagrado en el artículo 18° constitucional". Acto que fue reclamado a las autoridades administrativas: DIRECTOR DEL CEDES DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS. TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA DEL CEDES DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS. TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CEDES, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS. COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS-MICHOACÁN", CON RESIDENCIA EN BUENAVISTA, TOMATLÁN, MICHOACÁN. En efecto, se encuentra sustituido procesalmente por la determinación emitida por el Juez de Primera Instancia Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Miguel Alemán, el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, a través del cual, calificó de legal el traslado de referencia. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado en sus efectos los actos reclamados, preceptos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Esa causal de improcedencia, se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Lo anterior, aconteció en el presente caso, pues si bien mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/27759/2017 de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, autorizó el traslado -entre otros- del aquí quejoso del CEDES de Ciudad Victoria Tamaulipas, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; sin embargo, con dicha determinación administrativa dio vista a la autoridad jurisdiccional, quien mediante determinación de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió calificándola de legal, lo que se acredita con las copias certificadas que las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México y el propio Juez de Primera Instancia Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Miguel Alemán, adjuntaron a su informe justificado, las que contienen el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el que el referido Juez calificó de legal la determinación administrativa de realizar el traslado del quejoso, del lugar en que se encontraba recluido al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Documentales a las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser expedida por autoridad legalmente competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y que merece valor pleno para demostrar la causal de improcedencia que se estudia. Por lo cual, es inconcuso que esta última determinación sustituyó procesalmente a la determinación adoptada por la autoridad administrativa; de lo anteriormente expuesto, es que se estima, se actualiza la improcedencia del juicio por cesación de efectos, o bien la destrucción del mismo por sustitución procesal, debido a que la determinación administrativa en la que se ordenó el traslado definitivo del quejoso, quedó sustituida en sus efectos jurídicos, por la diversa en la que el juez de Primera Instancia Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Miguel Alemán, calificó de legal esa determinación. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para continuar con la tramitación del juicio de amparo, cuando sea imposible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto combatido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, LO PROCEDENTE ES DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, por virtud de haber cesado los efectos de los actos reclamados. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ahora, respecto del auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el que el Juez de Primera Instancia Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Miguel Alemán calificó de legal el traslado del quejoso Miguel Ángel Delgado Uribe, del CEDES de Ciudad Victoria Tamaulipas, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, éste no puede ser estudiado por este Juzgado en amparo indirecto, por las razones de derecho que a continuación se explican: Es importante traer a mención, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de acuerdo al cual, este medio de defensa constitucional sólo procede contra actos definitivos, entendidos éstos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. El principio de definitividad de que se habla, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción que se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y de violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora, se encuentra demostrado que la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, que calificó de legal el traslado ordenado por la autoridad administrativa-, se emitió por una autoridad judicial como lo es el Juez de Primera Instancia Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Miguel Alemán; por tanto, estudiar la constitucionalidad o no de esta resolución mediante el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, dado que debe agotarse el medio ordinario de defensa, pues del análisis del acto reclamado señalado por el justiciable, se infiere que se trata de una medida relacionada con la condición de su internamiento que consiste en la orden de traslado, su ejecución y su calificación por autoridad judicial, por lo que, la ley aplicable al caso, es la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir de diecisiete de junio de dos mil dieciséis. En efecto, dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establecieron procedimientos para que la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución, dentro de sus facultades, puedan modificar las condiciones inherentes a los internos, ordenar los traslados a otros centros penitenciarios, tramitar incidentes relacionados con la modificación de las penas de prisión impuestas y en sí, cualquier aspecto relacionado con la ejecución de la pena impuesta en un proceso penal. Asimismo, se consideraron diversos recursos y una controversia judicial para que las personas privadas de su libertad puedan combatir los actos emitidos por las autoridades penitenciarias y judiciales relacionados con las condiciones de su internamiento y en específico con la orden de traslado y su calificación. En efecto, los artículos 1, fracción II, 5, 9, 30, 50, 57, 116, 120 a 25, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto privativo, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. Al respecto los citados preceptos legales establecen: Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto: (.) II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y (.) Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley." Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; Las instalaciones destinadas a los inimputables se ajustarán a lo dispuesto por el Capítulo IX, Título Quinto, de la presente Ley; Las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales. Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad." Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos (.) IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes;" (Lo subrayado no es de origen) Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley; [.] "Artículo 30. Condiciones de internamiento. Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución." "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto..." Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental." Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código." (Lo resaltado no es de origen). De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula el procedimiento a seguir para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro; asimismo, contempla el recurso de apelación y una controversia judicial para combatir dicho acto privativo. De lo anterior, se tiene que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente; así, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado. En este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un órgano de decisión; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. En esa tesitura, cuando obra una autorización judicial posterior (como en este caso ahora se ha acreditado), el sentenciado pudiera acudir a cualquiera de las siguientes opciones: Un oficioso, contemplado en la Ley de Ejecución en su artículo 52, que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Otro, a petición de parte, cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Adicionalmente, cabe destacar que, con independencia del tipo de traslado -voluntario, involuntario o urgente-, los artículos 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen a la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad. En tal virtud, como ya se adelantó, en nada beneficiaría al quejoso el que se le otorgara la vista a efecto de que manifestara si es su deseo o no ampliar su demanda respecto de la calificación del traslado que en un principio reclamó en este juicio, pues para el caso debe agotar ya sea el recurso de apelación o bien, de ser el caso, la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado o la calificación de éste a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. Luego, si con motivo de la interposición del recurso de apelación o la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, puede analizarse la legalidad del traslado en cuestión y su calificación por la autoridad judicial de primera instancia, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes. Finalmente, con base en lo anteriormente proveído, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la Audiencia Constitucional de Ley, misma que estaba fijada para las catorce horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, ASÍ COMO AL DEFENSOR PÚBLICO.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Encargado del Despacho del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual, en atención al oficio 9077 de veintisiete de agosto del año en curso, informa que luego de realizar una revisión en el expediente jurídico-administrativo con el que cuenta ese Centro de Ejecución de Sanciones, no se encontró registro alguno de las constancias de notificación de los oficios 6841, 6843 y 6844 de veintinueve de junio del año en curso, así como los diversos 7688, 7689 y 7690 de data veintiocho de julio de la anualidad que transcurre; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, remítase a las citadas autoridades responsables, copia simple de los proveídos de veintinueve de junio, así como del diverso de veintiocho de julio de la anualidad que transcurre, a fin de que a la brevedad posible, remita a este Juzgado de Distrito las constancias que sustentan los actos reclamados por el quejoso. Apercibidas que en caso de ser omisas, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley de Amparo. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto por videoconferencia, a través de la plataforma Webex. Por tanto, mediante citatorio para audiencia, requiérase a las partes interesadas para que acudan a la hora y fecha indicadas, a quienes se otorga un lapso de hasta quince minutos previos, para preparar el desahogo de la audiencia, así como la implementación de la logística operacional; diligencia que se llevará a cabo virtualmente a través de la plataforma Cisco Webex. Para lo cual, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo previo al momento de la diligencia en el que personal de este juzgado fungirá como organizador de la audiencia por medio de la plataforma tecnológica indicada; o, en su caso manifiesten la imposibilidad material que presenten para ello. En el entendido, que de no hacer manifestación al respecto, dicha audiencia se desahogará en esa plataforma virtual, aún sin la presencia de las partes; sin embargo, a fin de garantizar la publicidad, se realizará un registro de la citada videoconferencia, para su posterior consulta; lo anterior, de conformidad con el artículo 28, fracciones I y II, del mencionado acuerdo General1, pues el juicio es en línea y dado la trascendencia de los actos reclamados, materia del amparo es necesario privilegiar la conclusión del asunto, para resolver, acorde con el artículo 17 Constitucional, y se entiende que las partes que no comparezcan a la audiencia, al no proporcionar los medios requeridos para entregarles las claves, no tienen interés en presentarse. Por otro lado, glósese a los autos el oficio registrado bajo el consecutivo 8859, signado por la actuaria adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual adjunta los oficios signados por el Titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representante Legal de la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, así como de la Jueza de Ejecución Penal de los Distritos Judiciales Primero, Noveno, Décimo y Décimo Segundo en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria; en atención a su contenido, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se haga el respectivo turno del asunto de mérito, tal y como se ordenó en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, en autos del juicio de amparo en que se actúa, toda vez que de la consulta del sistema integral de seguimiento de expedientes no se advierte aun que obre nuevo expediente a nombre del mismo quejoso que promovió este asunto. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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