Miguel Angel Deagueros Velasco
Expediente 157/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Angel Deagueros Velasco
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca Morelos veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de once de febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de once de febrero del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve MIGUEL ANGEL DEAGÜEROS VELASCO, por su propio derecho, contra actos del PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 157/2019-III De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: El quejoso sustancialmente reclama en la presente vía: El procedimiento para designación del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como la designación o expedición del nombramiento del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos llevado a cabo por el Gobernador del estado de Morelos, en representación del Presidente de la Republica y del Secretario de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, la inconstitucionalidad de los artículos 612, 623 y 633 de la Ley Federal del Trabajo a través de los cuales se establece la forma para la designación del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y el artículo 16 del Reglamento Interior de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Por tanto, el suscrito juzgado estima que en relación al procedimiento, designación y expedición del nombramiento del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que se adminicula con el diverso 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, preceptos legales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte el artículo 107 fracción V, establece que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Desde esta perspectiva, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa, precisó que la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el orden jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto sirve de sustento, en lo conducente, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1736, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." De igual manera es aplicable al caso, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 1854, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por su parte, la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo señala que: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." Así el interés legítimo es el que reconoce el carácter de agraviado en el juicio de amparo a aquella persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de acuerdo con la normativa constitucional y la Ley de Amparo que se adecua a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. En este punto destaca el hecho de que en el texto de la Ley de Amparo, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición de que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del gobernado, ya de manera directa o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así a través del juicio de amparo, el denominado interés legítimo representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras cosas, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, para efectos de acudir al juicio de amparo a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto de autoridad, pero tampoco se trata de un interés genérico como ocurre con el interés simple. Bajo esa línea de pensamiento, determinó que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; de ahí que el interés del que se habla debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futura, pero cierta, lo que se traduce en que una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En consecuencia, tratándose de supuestos de interés legítimo sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, a partir de una situación calificada, actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, que esté tutelada por el derecho objetivo para que, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso (entendido en lo individual o colectivo). Al respecto es orientadora la tesis aislada 1a. CLXXXII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA.". La afectación que afirma resentir es igualmente padecida por toda la población, lo que se traduce a que el interés del recurrente forma parte del interés societario y general, cuya resolución debe mantenerse fuera de la esfera de competencias de los jueces de amparo a virtud de que este tipo de reclamados abstractos y generales, si bien son existentes, no son aptos para dirimirse en sede de control constitucional, pues a los jueces de amparo sólo les corresponde resolver, como lo estableció el Tribunal Pleno al resolverla contradicción de tesis 111/2013, aquellas afectaciones que atañen a un interés propio del quejoso distinto al de cualquier otro gobernado, de tal forma que la concesión de una eventual protección constitucional se pueda traducir en un beneficio jurídico del quejoso en su esfera jurídica. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, de la Décima Época, del rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.". A mayor abundamiento, la parte quejosa no demuestra cómo la concesión del amparo lo restituiría en el goce de su derecho humano violado, pues el interés jurídico que refiere -derivado de las manifestaciones vertidas en la demanda- no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera de derechos, en razón de que de los hechos y las razones expuestas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la parte quejosa frente al acto reclamado a las autoridades responsables implica un mero interés simple, pues sus reclamos no demuestran ese daño actual y real, a su esfera jurídica máxime que no se demuestra tener un derecho oponible a la designación que en esta instancia constitucional combate, pues su agravio lo hace derivar de una solicitud dirigida al Gobernador del Estado de Morelos, a efecto de contender para el cargo de Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, sin embargo, para dicho nombramiento no se efectúa convocatoria alguna, sino que su designación es facultad del Secretario del Trabajo y Previsión Social y del Gobernador de Estado, de conformidad con el artículo 633 de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues tal actuar de tales autoridades no puede ser materia de estudio. Lo anterior es así puesto que la designación del personal jurídico que integran las Juntas de Conciliación y Arbitraje, hecha conforme a la Ley Federal de Trabajo, entre ellos, la del presidente y del secretario general, no puede válidamente ser materia de análisis constitucional en un juicio de amparo en el que se alegue que su nombramiento se hizo en contravención a las reglas que establece la citada ley laboral, ya que ello se encuentra vinculado a la incompetencia de origen, esto es, el examen de la legitimidad de los aludidos funcionarios de la Junta Local y de la competencia de un órgano, supone una distinción esencial; así es, la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica, y la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. Así, el artículo 16 de la Carta Magna no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa; por tanto, los tribunales de amparo, por estar vinculados al concepto de competencia del artículo 16 constitucional, no pueden conocer de la legitimación de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, de ahí que no sea procedente el presente juicio de amparo al no ser materia de estudio la designación del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que ni los tribunales de amparo ni los tribunales ordinarios de jurisdicción contencioso por esta vinculados al concepto de competencia del artículo 16 Constitucional, pueden conocer la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada. Ilustra a lo anterior, la tesis III.T.23 L, del Tribunal Colegido en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Octubre de 1997, página 754, de la Novena Época, del rubro "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO GENERAL DE UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES RECLAMABLE EN JUICIO DE GARANTÍAS.". Asimismo, la tesis aislada del Tribunal Colegido en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1 Enero-Junio de 1989, página 390, de la Octava Época, del rubro: "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. NOCIÓN Y DIFERENCIAS CON LA COMPETENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL" Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso señaló en relación a los actos precisados en párrafos precedentes, como primer acto de aplicación de los artículos 612, 623 y 633 de la Ley Federal del Trabajo y, el 16 del Reglamento Interior de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que aduce son inconstitucionales. En esas condiciones, al ser improcedente el juicio de amparo respecto el acto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional, el juicio de amparo también deviene improcedente por cuanto hace a la norma reclamada consistente en los artículos 612, 623 y 633 de la Ley Federal del Trabajo y, el 16 del Reglamento Interior de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en razón que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; motivo por el cual, primero se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto que aterriza la norma impugnada, y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; ya que de acontecer así, se sobreseerá en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil, Novena Época, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, que se adminicula con el diverso 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda promovida por MIGUEL ANGEL DEAGÜEROS VELASCO. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Como solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Monte Albán, número diez, interior C, colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, asimismo, se tiene por autorizados para los efectos precisados a las personas y profesionistas propuestos en el escrito de cuenta. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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