Miguel Angel de la Cruz Dominguez

Expediente 497/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
497/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel de la Cruz Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    VII.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de once de mayo de dos mil dieciséis (foja 39) se ordenó el archivo del presente asunto, y se precisó de manera incorrecta lo relativo al destino final del expediente en que se actúa; por tanto, en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, por lo que se actualiza el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI.

  2. Principal

    vii. Visto el escrito de cuenta signado por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con Residencia en la Ciudad de México, por medio del cual solicita acuse de recibo del oficio por medio del cual remitió testimonio de la ejecutoria pronunciada por el órgano de su adscripción el once de marzo de dos mil quince en el recurso de queja 537/2015 (foja 598). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedentitos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral segundo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo de estilo. Fielmente, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016 de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Everardo Maya Arias, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a partir del uno de mayo del dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    VII.- el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo; se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016 de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Everardo Maya Arias, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a partir del uno de mayo del dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    VII. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel de la Cruz Domínguez, por su propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 497/2016-VII. DESECHAMIENTO. Establecido de los anterior, del estudio integral de la demanda y, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano por su manifiesta e indudable improcedencia; lo anterior, pues el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que alleguen las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En el caso, el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Primera Sala Penal Colegiada de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 110/2016, por la que revocó el auto de sobreseimiento de diez de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México en la carpeta administrativa 51/2015, para en su lugar, señalar nueva fecha para la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión en contra del quejoso. En las apuntadas circunstancias, a juicio de quien aquí provee, la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la parte quejosa algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que en su orden, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ...". Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como género. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento aún no concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los llamados derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias P./J.24/92 y 3ª.43, visibles en las páginas 11 y 291, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 56, Agosto de 11192 y del Tomo IV, Primer Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, registradas con número de control interno 205651 y 207343, cuyos rubros son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), "CONSTITUCIONAL.". A su vez, nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece, en el que se revocó el auto de sobreseimiento en la carpeta administrativa 51/2015, para que el juez de control señale nueva fecha para la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso el ministerio público solicite y justifique una orden de aprehensión contra el quejoso, lo cual, no trastoca ningún derecho sustantivo del justiciable para que pueda proceder la instancia constitucional que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por el numeral 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es, la revocación del sobreseimiento que tiene por objeto señalar nueva fecha para la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión en contra del quejoso, ningún perjuicio irreparable le irroga, pues la audiencia como tal, no trastoca su libertad deambulatoria, pues ésta, es sin detenido, lo cual podrá acudir sin restricción de su libertad; ahora, la solicitud de la orden de aprehensión, será motivo de un diverso acto que en todo caso, requerirá del impulso que para tal efecto realice el órgano ministerial y que el juez de control estime que reúne todos los requisitos necesarios para la emisión de una orden de captura; por lo que, hasta este estadio procesal, el acto que se duele el justiciable no afecta sus derechos sustantivos y por ende, no es de aquellos que sean se imposible reparación en términos de lo establecido por el arábigo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, no se trata de una reposición del procedimiento, pues éste aún no ha empezado, ya que no se ha vinculado a proceso al justiciable por los hechos delictivos de uso de documento falso, por lo que se pretende vincularlo. De igual manera, no se trata de alguna citación del investigado con apercibimiento de aprehensión, sino que la revocación, solo es para el efecto de que se realice la audiencia de formulación de imputación sin detenido, por lo que no resulta aplicable la tesis jurisprudencial 1a./J. 93/2013 de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 402, registro 2005048, del tenor literal siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, contrario sensu, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como sitio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo y por autorizadas a las personas que menciona, en los términos que indica. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, en relación con los artículos 5 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8 en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; no obstante ello, en caso de manifestar su oposición o en el supuesto de no hacer manifestación alguna, en su oportunidad, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente asunto, así como la información reservada.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 12,830 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano