Miguel Ángel Dávalos Madera

Expediente 635/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
635/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Dávalos Madera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil en esta ciudad; que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 635/2020-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Marco legal del desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Fijación del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la quejosa reclama, en auto dictado el veintiocho de agosto del presente año, dentro del expediente 1454/2019, relativo al juicio ordinario civil por nulidad de escritura, en el que se le tuvo por no interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de veintisiete julio del año en curso. Antecedentes. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, y del escrito de demanda se advierte que: 1) El aquí quejoso promovió juicio ordinario civil por nulidad de contrato, en contra de ******, en su carácter de apoderado legal de ******* y otros. 2) De dicho Juicio conoce el Juez Tercero del Ramo Civil, en esta ciudad, el cual quedó radicado bajo el consecutivo 1454/2019, el cual previo emplazamiento y una vez agotadas las etapas procesales, el veintidós de junio de dos mil veinte, se citó para resolver el citado juicio de origen. 3) El veintisiete de julio del presente año, se dictó sentencia definitiva y, en contra de dicha resolución el quejoso interpuso recurso de apelación. 4) Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se tuvo por no interpuesto el recurso de apelación en contra de la citada sentencia definitiva, por su notoria improcedencia. Determinación que constituye el acto reclamado en este asunto. Causal de improcedencia. Sentado lo anterior, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. Marco constitucional. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan...". Marco Jurídico. Mientras que la fracción XVIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.]" De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, deriva el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, de manera previa a la promoción de la acción constitucional, los recursos ordinarios que puedan tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; con excepción de los supuestos señalados en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII en comento. Dicho principio tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, o dicho en otras palabras, aquellos que no admitan un recurso ordinario de defensa, por lo que es imperativo que el agraviado antes de incoar la acción constitucional, agote las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que a su parecer genera afectación, ello siempre y cuando no se esté en un caso de excepción. Por su parte, los artículos 971 y 974 TER del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, dicen: "Artículo 971.- El recurso de queja procederá: I.- Contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconozca de oficio la personalidad de un litigante, antes del emplazamiento; II.- Respecto de las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; III.- Contra la resolución que niegue admitir una apelación; IV.- En los demás casos fijados por la Ley. Articulo 974 TER. La resolución que ponga fin al recurso podrá: I. Desecharlo por improcedente; tenerlo por no interpuesto; o sobreseerlo, en su caso; II. Confirmar el acto impugnado; III. Mandar reponer el procedimiento o que se emita una nueva resolución; IV. Dejar sin efecto el acto recurrido, o V. Modificar el acto recurrido, o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente." De acuerdo con lo dispuesto en la fracción III del numeral 971 transcrito, contra la resolución que niegue admitir una apelación procede el recurso de queja. Medio de impugnación que lógicamente tiene por objeto confirmar, dejarlo sin efectos, ordenar reponer el procedimiento o modificar lo determinado en tal resolución, de acuerdo con la fracción I del diverso 974 TER, del mismo ordenamiento legal. Sentado lo anterior, tenemos que si en la especie se señaló como acto reclamado el acuerdo de veintiocho de agosto del presente año, que tuvo por no interpuesto el recurso de apelación hecho valer por Miguel Ángel Dávalos Madera, previo a la promoción del presente juicio de amparo, se debió impugnar tal determinación a través del recurso ordinario que concede la ley, dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual pudo ser dejada sin efectos o modificada. Ello es así, ya que en términos del artículo 971, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el proveído reclamado era susceptible de análisis en sede jurisdiccional a través del recurso de queja, pues contra la resolución que niegue admitir una apelación procede ese recurso, en donde las posibles violaciones de que se duele el ahora quejoso pudieron haber sido subsanadas. De ahí que Miguel Ángel Dávalos Madera, parte quejosa, previo a promover la acción constitucional, se encontraba obligado a agotar el recurso de queja a fin de cumplir con el principio de definitividad, rector del juicio de amparo. Sirve de apoyo, por las razones jurídicas que la integran, la tesis aislada XXI.2o.24 C, del texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL INTENTADO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA ADMISIÓN DE LA APELACIÓN, DICTADO POR EL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA O EL PRESIDENTE DE LA SALA AD QUEM, POR SER RECURRIBLE MEDIANTE LOS RECURSOS DE QUEJA Y RECONSIDERACIÓN, RESPECTIVAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación armónica de los artículos 389 in fine y 399, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero Número 364, se colige que el auto por el cual el Juez de primera instancia tiene por no interpuesta la apelación, es recurrible en queja. En cambio, cuando el mismo proveído es dictado en segunda instancia por el presidente de la Sala respectiva, entonces, el medio de impugnación que corresponde interponer es el diverso recurso de reconsideración establecido en el artículo 383 del ordenamiento adjetivo de referencia. En consecuencia, de no agotarse previamente tales recursos, resulta improcedente el juicio de garantías que se promueva contra la resolución que niega la admisión de la apelación, en razón de que conforme al principio de definitividad, antes de promoverse el amparo deben agotarse los aludidos recursos o medios de defensa que la ley ordinaria previene, siendo por consiguiente correcto el desechamiento de la demanda de amparo que se promueva contra la citada resolución, al actualizarse la causal a que se refiere la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que implica un motivo manifiesto e indudable de improcedencia". Así como, por su espíritu, la tesis aislada XXI.3o.8 K, que reza: "QUEJA, EL AUTO QUE NIEGA DAR ENTRADA A UN RECURSO DE APELACIÓN ES RECURRIBLE EN, Y NO EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El auto por el cual no se da entrada al recurso de apelación, se traduce en una denegada apelación; consecuentemente, con estricto apego a la fracción II del numeral 399 del Código Procesal Civil de la entidad, ese proveído es recurrible en queja y, por tanto, puede ser corregido u ordenarse su reposición mediante la resolución que se dicte en dicho medio de impugnación, tal como lo dispone la fracción VI del artículo 402 del código procesal de referencia. Por tanto, el juicio de amparo que se promueve en contra del auto que deniega dar entrada a un recurso de apelación resulta improcedente, al actualizarse la causal prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ello, es correcto que el Juez de Distrito, con fundamento en el numeral 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, deseche la demanda de amparo, al advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías". Máxime, si el quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción del referido principio de definitividad que la exima de su cumplimiento, contemplados en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, pues no reclama alguno de los actos que ahí se mencionan, el acto combatido no afecta su libertad personal, y la procedencia del recurso de queja de que se trata no está sujeta a interpretación alguna ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. No obsta el hecho de que el auto reclamado y su ejecución puede trascender en derechos sustantivos del quejoso, ya que la irreparabilidad de tal acto y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así se estableció en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), que reza: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Por tanto, Miguel Ángel Dávalos Madera, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, estaba obligado a interponer el recurso de queja previsto en el artículo 971, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y, al no hacerlo así, la acción constitucional intentada es improcedente. Decisión. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Noyola Zarate y María Isabel Rodríguez Estrada, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Notifíquese personalmente.

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