Miguel Angel Daniel Silva
Expediente 302/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/06/2022
Partes del expediente
- Miguel Angel Daniel Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Ciudad de México; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y sus anexos de cuenta, remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve los autos del incidente de suspensión y remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión ordinaria virtual de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en el incidente en revisión 485/2022 de su índice, en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO: Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la última consideración de la presente resolución." En consecuencia, se toma conocimiento de dicha circunstancia para los efectos legales conducentes, acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión al tribunal de alzada, háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico que para registro se lleva en este Juzgado Federal y comuníquese a las partes en el presente juicio lo resuelto por el tribunal en oficiante. Asimismo, se tiene por recibido el cuaderno original del incidente de suspensión, en ese orden, glósese el cuaderno de antecedentes relativo al incidente en que se actúa, únicamente las constancias que original obren en el cuaderno de antecedentes citado, y no así las copias fotostáticas certificadas por considerar que las mismas son reproducción de idénticas que obran en original. De igual forma, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, no se adjunta copia de la referida resolución; sin embargo, la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; tres de mayo de dos mil veintidós. Declaración de Estado. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en la cual se determinó sobreseer en el juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Fundamento: Artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2. Se reserva acordar lo referente al archivo del presenten asunto. Ahora bien, de la revisión del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que se encuentra pendiente de resolver diverso medio de impugnación en él tramitado, del cual tiene conocimiento el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México; por tanto, una vez que sea resuelto, provéase lo conducente respecto al archivo. Finalmente, infórmese dicha circunstancia a la superioridad, lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, a las once horas con treinta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 302/2021, promovido por Miguel Ángel Daniel Silva, por derecho propio, se encuentra presente Jorge Luis Barrera Martínez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, al tenor del oficio CCJ/ST/3960/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, signado criptográficamente por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la secretaria María del Carmen Cerecedo Arreola, que autoriza y da fe. Inicio de audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia y procede a su celebración sin la asistencia de las partes; asimismo, se hace constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el módulo 'Agenda visita a OJ', opción 'Consulta General', no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia. Relación de constancias. Acto continuo, la secretaria relaciona las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que quedaron relacionadas y recibidas en ese acto. De igual forma la secretaria da cuenta con la certificación que contiene los siguientes puntos: 1) la descarga de la dirección electrónica http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); 2) el relativo a la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, de las que se advierte que no hay promoción pendiente por turnar a este asunto y 3) la relativo a la consulta de Agenda visita a OJ. Enseguida, el Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por relacionados los autos, que en su integridad serán tomados en consideración al resolver el presente asunto. Periodo probatorio. A continuación, se abre el periodo de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y la Secretaria certifica: que la quejosa ofreció la prueba documental; asimismo, que el resto de las partes no aportó medio de convicción alguno. El Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo se tiene por desahogada la prueba documental ofrecida por la parte quejosa y por precluido el derecho del resto de las partes para ofrecerlas. Al no haber prueba pendiente por acordar, se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos. Se abre el citado periodo y la Secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. El Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Finalmente, se cierra el periodo de alegatos y al no existir diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la presente audiencia en las citadas etapas, por lo que procede dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 302/2021, promovido por Miguel Ángel Daniel Silva, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado por Miguel Ángel Daniel Silva, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia. SEGUNDO. Turno y radicación en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. La demanda fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde fue radicada con el número de expediente que le correspondió y por auto de uno de julio de dos mil veintiuno, el titular del juzgado ordenó la remisión del expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. TERCERO. Turno y radicación en este Juzgado de Distrito. Por razón de turno, la remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda y se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número de expediente 302/2021; en el mismo auto, se admitió la demanda, se notificó a las partes, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular) y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis son los siguientes: La aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en particular, los artículos 8, 9, 18 y primero transitorio de dicho ordenamiento, así como su inminente aplicación, efectos y consecuencias legales. Cabe señalar que el decreto materia de reclamo se impugnó con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como autoaplicativo, dado que la parte quejosa estimó encontrarse sujeta a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas en el ordenamiento combatido a partir de su sola vigencia, habida cuenta que se trata de un servidor público federal; de ahí que, con fundamento en el artículo 76 de la ley dela materia, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada el examen de constitucionalidad se sujetará a las reglas aplicables al amparo contra leyes autoaplicativas. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que consiste en la ejecución del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Sobre este aspecto, cabe apuntar que es un hecho notorio que al tener el carácter de autoridad legislativa la señalada en el párrafo precedente, no correspondía a ella su aplicación ni se le pueden atribuir los efectos y consecuencias de los actos reclamados, siendo además que no quedó acreditado en autos que los decretos reclamados se hayan aplicado a la parte quejosa, habida cuenta que los impugnó en su carácter de autoaplicativos, es decir, con motivo de su sola entrada en vigor, no en razón de un acto concreto de aplicación. En este sentido, a falta de prueba en contrario, se tienen por inexistentes la ejecución del citado ordenamiento legal. Es aplicable, por analogía, el criterio contenido en la tesis 2a. CXV/97, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS." Por otra parte, no es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Gobernación y al Fiscal General de la República, consistentes en la inminente aplicación, efectos y consecuencias legales de los artículos 8, 9, 18 y primero transitorio del ordenamiento impugnado, dado que al rendir su informe justificado negaron los actos y la parte quejosa no aportó prueba para desvirtuar la negativa Además, como se anticipó, el reclamo se presentó como autoaplicativo, por lo cual no es conducente tener por ciertos dichos actos si es que no quedó acreditada su existencia mediante prueba alguna. No se omite mencionar que la parte quejosa tenía la carga procesal de acreditar la existencia de los actos al tratarse de actos de naturaleza positiva, por lo que, al no haberlo hecho así, se debe entender que su defensa prescindió de ello en su perjuicio. Así las cosas, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos que les fueron atribuidos. QUINTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República, que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en los siguientes: La aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en particular, los artículos 8, 9, 18 y primero transitorio de dicho ordenamiento. Lo anterior, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y el Presidente de la República; además, es importante mencionar que, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." No existen más actos sobre los cuales calificar su existencia, por lo que se procede al estudio de las causas de improcedencia formuladas por las partes o advertidas de oficio por este juzgado. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. Debido a ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. I. 2. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (ausencia de interés jurídico) En primer lugar, se debe señalar que la litis se constriñe a verificar la constitucionalidad de los artículos 8, 9, 18 y primero transitorio de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, reclamados con motivo de su sola entrada en vigor. Atento a lo anterior, se hará pronunciamiento específico en relación con la naturaleza jurídica de dichos dispositivos, porque se considera que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, su naturaleza no es autoaplicativa, dado que requieren de un acto concreto de aplicación para que su reclamo sea procedente en vía de amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto legal transcrito, se desprenden las siguientes hipótesis de improcedencia del juicio de amparo: I. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; II. Contra actos que no afecten los intereses legítimos del quejoso; y, III. Contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En el caso interesa el supuesto descrito en el inciso c), por lo que se procede a su estudio. Para explicar esta causal de improcedencia, resulta necesario hacer referencia al contenido de los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos constitucionales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así como aquéllos que vulneren o restrinjan la esfera de competencia de alguno de los órdenes de gobierno establecidos en la Constitución Federal. Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, es que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en la exigencia de que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, las normas autoaplicativas son aquéllas que con su sola entrada en vigor causan una afectación al particular. Por otro lado, las normas heteroaplicativas son aquéllas que no generan un perjuicio sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Asimismo, el Máximo Tribunal de nuestro país adoptó un concepto para diferenciar dichas normas: el de "individualización incondicionada". Sobre lo anterior, el citado órgano estableció que dicho principio es consubstancial a las normas autoaplicativas, es decir, las que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, dado que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en razón a que crean, transforman o extingue situaciones concretas de derecho. En ese sentido, señaló que el principio de individualización incondicionada permite determinar con mayor objetividad la procedencia del amparo contra leyes, puesto que habilita al juzgador a conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada, siendo dicha condición la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA)." En esa tesitura, cuando las obligaciones derivadas de la ley nazcan con ella misma, al margen de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones que impone el mandato legal no surjan en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiera para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una ley heteroaplicativa o de individualización condicionada. Cabe destacar que, tratándose de las normas heteroaplicativas, el acto concreto de aplicación de las mismas puede efectuarse de las siguientes formas: a) de manera directa por una autoridad, b) por parte de un particular que actúe por mandato expreso de la ley, como sucede, por ejemplo, en el caso de los retenedores de las contribuciones; o bien, c) cuando el agraviado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de una autoridad, como ocurre, por ejemplo, con la autodeterminación o autoliquidación en materia tributaria. Lo anterior se corrobora en las tesis jurisprudenciales y aisladas 2ª./J. 36/2008 (9ª), 2ª./J. 153/2007 (9ª), 2a./J. 128/2002 (9ª), 2ª. XCII/2002 (9ª) y s/n (7ª) (registro 232151), de rubros: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTUA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY." Además, debe precisarse que no cualquier acto de aplicación de una ley heteroaplicativa puede dar pauta para impugnar su inconstitucionalidad en amparo, es decir, debe tratarse del primer acto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, ya que, de lo contrario, se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha causado ningún perjuicio al promovente. Sirve de apoyo la tesis aislada P. XCVII/95 (9ª) (registro 200276), de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO." Cabe señalar que, el Alto Tribunal ha sentado el criterio de que el acto de aplicación de una ley heteroaplicativa debe ser, necesariamente, real y actual, es decir, no deben tratarse de actos futuros e inminentes, dado que ello implicaría analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma que no causa perjuicio con su sola iniciación de vigencia, situación técnicamente inadecuada dentro del juicio de amparo. Informa lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 77/97 (9ª) (registro 196954) y 2a./J. 76/97 (9ª) (registro 196955), de rubros: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO." "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE." Asimismo, la tesis aislada 2a. XVI/94 (9ª) (registro 206323) y la tesis s/n (registro 232029), cuyos rubros son: "ACTOS INMINENTES. LEYES HETEROAPLICATIVAS. AMPARO IMPROCEDENTE." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE." Establecido lo anterior, se debe retomar que la parte quejosa reclamó los artículos 8, 9, 18 y primero transitorio de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente, que establecen lo siguiente: "Artículo 8. Los servidores públicos estarán obligados a reportar a la unidad administrativa responsable de efectuar el pago de las remuneraciones, dentro de los siguientes 30 días hábiles a la fecha en que se reciba el comprobante de pago, cualquier pago en demasía por un concepto de remuneración que no les corresponda según las disposiciones vigentes. La unidad administrativa responsable deberá dar vista al órgano interno de control que corresponda a su adscripción. Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa, clases y escala básica de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional." "Artículo 9. Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia." "Artículo 18. Los impuestos a cargo de los servidores públicos causados por los ingresos provenientes de las remuneraciones se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable." "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." El artículo 8 establece que los servidores públicos estarán obligados a reportar a la unidad administrativa responsable de efectuar el pago de las remuneraciones, dentro de los siguientes 30 días hábiles a la fecha en que se reciba el comprobante de pago, cualquier pago en demasía por un concepto de remuneración que no les corresponda según las disposiciones vigentes y, exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa, clases y escala básica de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional. Así, el artículo 9 señala que ningún servidor público obligado por la Ley en análisis recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia. Por su parte, el artículo 18 establece que los impuestos a cargo de los servidores públicos causados por ingresos provenientes de las remuneraciones se retienen y enteran a las autoridades fiscales. Finalmente, el artículo primero transitorio señala que el Decreto impugnado entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, del contenido de los dispositivos reclamados se advierte que no son de aplicación inmediata, puesto que constituyen parámetros para que ningún servidor público reciba una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias. Incluso, el artículo 20 del Decreto reclamado, dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública a fin de cumplimentar la ley en el ámbito de su competencia emitirán las disposiciones administrativas (entre otras el Manual de Percepciones respectivo) que en su caso correspondan para acatar lo dispuesto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En cambio, por lo que hace a los poderes legislativo y judicial, así como a los entes autónomos, esta obligación recae en la esfera de sus atribuciones administrativas, conforme a las cuales deberán de establecer su propio sistema de valuación de puestos. Ahora bien, como se dijo, la parte quejosa tiene el carácter de servidor público de la Fiscalía General de la República, un organismo público autónomo de la Administración Pública Federal que, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley de la Fiscalía General de la República, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y establece que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República. De este modo, resulta válido concluir que los artículos 8, 9 y 18, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente, no tienen carácter autoaplicativo para los trabajadores de la Fiscalía General de la República, ya que su cumplimiento está condicionado a la emisión de las disposiciones administrativas que al efecto emitan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 20, constituye una 'norma de remisión', por lo que no puede considerarse que su sola vigencia generó a la parte quejosa el interés cualificado exigido por la Constitución Federal y la Ley de Amparo para reclamar una ley con motivo de su sola entrada en vigor, sino que se requiere de un acto concreto de aplicación en su perjuicio para que sea impugnable en vía de amparo. Sobre la forma en que operan las normas de remisión, resulta ilustrativa la tesis 2a. CXXVI/2016 (10a.), de rubro: "TIPICIDAD. LAS NORMAS DE REMISIÓN NO VULNERAN DICHO PRINCIPIO, CUANDO EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN QUE CONTIENEN SE COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPIO ORDENAMIENTO O POR SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS." Aunado a lo anterior, los artículos 8, 9 y 18, únicamente constituyen parámetros para que ningún servidor público reciba una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, así como que los impuestos a cargo de los servidores públicos causados por ingresos provenientes de las remuneraciones se retienen y enteran a las autoridades fiscales directrices y claves de interpretación de la legislación reclamada, siendo que de su contenido no se desprende obligación de hacer o no hacer, ni prohibición alguna a la parte quejosa. Cabe señalar al respecto, que la vigencia de las disposiciones, por sí sola, no incide en su naturaleza, sea auto o heteroaplicativa, pues ésta depende del contenido particular de los dispositivos, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente. En esa tesitura, si en el caso concreto la parte quejosa combate como autoaplicativos los dispositivos en mención y no demostró ser destinataria de ellos o haber sufrido una afectación real, actual o directa con motivo de su sola entrada en vigor, se debe estimar improcedente el juicio de amparo respecto a dichos artículos, dado que es notoria su naturaleza heteroaplicativa y, en el caso, el reclamo se planteó como autoaplicativo. Son aplicables las jurisprudencias I.2o.P. J/34, I.9o.P. J/12 y P./J. 72/2009, de rubros: "DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE. LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 QUE PREVÉN Y SANCIONAN EL DELITO CONTRA LA REGULACIÓN URBANA, SON NORMAS HETEROAPLICATIVAS, POR LO QUE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA HACE NECESARIA LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN." "DELITOS CONTRA LA REGULACIÓN URBANA. LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL QUE LOS REGULAN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA." "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA MENORES. LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA." El juicio de amparo es improcedente en su totalidad en términos de lo hasta aquí expresado; sin embargo, por exhaustividad, se hará el estudio de una razón adicional que también hace improcedente la acción constitucional que se analiza. II. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (ausencia de interés jurídico por no haberse acreditado el perjuicio en el derecho tutelado). Aunado a lo anterior, el juicio de amparo es improcedente debido a que la entrada en vigor de los artículos 8, 9 y 18 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente, no produjeron perjuicio alguno a la parte quejosa, dado que no estableció para los trabajadores de la Fiscalía General de la República obligación de hacer o no hacer o, incluso, prohibición alguna en su contra a partir de su sola vigencia. Dicho en otras palabras, la entrada en vigor los artículos impugnados no trajeron cambio alguno en la esfera de derechos de la parte quejosa, por lo que no es posible considerar actualizado un perjuicio actual, real y directo en detrimento del trabajador derivado de la vigencia del dispositivo impugnado. Ello es así, precisamente porque los artículos impugnados no se encuentran dirigidos a los trabajadores, sino a las entidades patronales pertenecientes a la Administración Pública Federal, quienes, conforme a dichos dispositivos, deberán emitir la regulación y actos administrativos correspondientes a fin de adecuar sus estructuras organizacionales, alineando las remuneraciones mediante un sistema de valuación de puestos, expresado como una metodología que confiera valores conforme a las funciones y al grado de responsabilidad que se desempeñan en cada puesto. Es decir, los artículos reclamados se encuentran dirigidos a las entidades patronales de la Administración Pública Federal - no a sus trabajadores, por lo cual no es factible considerar a la parte quejosa como destinataria de las disposiciones impugnadas, o bien, que sin serlo, pudiera resentir una afectación real, actual y directa, conforme al estándar probatorio del interés jurídico exigido para la procedencia del amparo contra leyes impugnadas con motivo de su sola vigencia. Al respecto, es importante señalar que el tipo de interés a examinar en este juicio de amparo corresponde al de interés jurídico, ya que la parte quejosa se ostentó y acreditó fehacientemente el carácter de servidora pública federal de la Fiscalía General de la República, por lo cual no es posible atender el estándar valorativo relativo al interés legítimo -como se pretende en la demanda- al ser intereses excluyentes en el análisis de la procedencia del amparo contra leyes autoaplicativas. En efecto, en diversos precedentes la Suprema Corte ha establecido que para que el juicio de amparo contra leyes o disposiciones de observancia general sea procedente cuando se reclama una norma por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza sea autoaplicativa, sino que, además, se requiere que cause perjuicio al quejoso. En el caso, como quedó demostrado, además de que las disposiciones reclamadas no tienen naturaleza auto sino heteroaplicativa, su sola entrada en vigor no causó el perjuicio requerido para hacer procedente la acción de amparo, puesto que, como se dijo, se requiere que exista una afectación actual, real y directa, no hipotética, conjetural o abstracta; estándar que resulta aplicable incluso tratándose del interés legítimo en el amparo contra leyes autoaplicativas. En este sentido, se sostiene que para que la afectación sea actual, real y directa es indispensable la existencia de las disposiciones administrativas que ejecuten el contenido de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de acuerdo con las facultades de cada una de las dependencias, tomando en cuenta el Manual de Remuneraciones que en su oportunidad emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto con la Secretaría de la Función Pública. Así, por el modo en que se encuentra planteado el reclamo, es posible advertir que serán las disposiciones administrativas que al efecto emitan las entidades patronales correspondientes las que, en su caso, produzcan el perjuicio necesario para la procedencia de la acción de amparo; razón por la cual, es válido concluir que, por el momento, no quedó acreditado argumentativa ni probatoriamente el interés jurídico requerido para la procedencia del juicio. Es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades legislativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio en la esfera jurídica de parte quejosa. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que de ordinario se identifica con la pretensión misma, por lo que debe ser analizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. Es aplicable la tesis con número de registro 2004008, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5° y 61, fracción XII, de la ley de la materia, disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Ley de Amparo "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De la interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se advierte en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, de la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio de amparo, se desprende que dicha disposición exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado. En otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar los derechos humanos, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por otro lado, de la reproducción precedente también deriva el concepto de interés legítimo introducido por el Constituyente Permanente. Lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia del juicio de amparo es la demostración plena de un derecho reconocido por el orden jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que debe entenderse en el sentido de que, para la procedencia del juicio constitucional, es menester que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho tutelado por la ley y de que ha sufrido un agravio en ese derecho. De lo anterior se infiere que, con independencia de lo que se conceptualice como interés jurídico o legítimo, el legislador constitucional estableció para la procedencia de la acción en vía de amparo, la existencia de una afectación en la esfera jurídica del gobernado. En ese orden, quien ejerce la acción de amparo, siempre se ostenta titular de un derecho, individual o colectivo, que según su apreciación personal, se ve afectado por la actuación de las responsables y, precisamente por tal causa tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección Federal; es decir, tiene necesidad de que se respete la garantía o derecho fundamental que le otorga la Constitución y que alega ha sido infringido porque a su consideración, ha resentido un perjuicio, un menoscabo, o una ofensa en su esfera jurídica a un derecho reconocido por el orden jurídico, bien sea a un derecho propio, o bien cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. Se advierte así, que quien solicita la protección de los tribunales federales, se ostenta titular de un derecho subjetivo que alega ha sido infringido por las autoridades, causándole con ello un perjuicio y un agravio a un interés que es propio y excluyente pues la norma lo protege de manera directa, por lo que tiene un derecho subjetivo derivado de la misma, o bien, se ostenta titular de un derecho objetivo, que supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De conformidad con los artículos 107, fracción I, constitucional y 5º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido un agravio, pues sólo éste puede acudir a la instancia constitucional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, subjetivo u objetivo; y, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona un derecho subjetivo propio, reconocido por el orden jurídico, o bien cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho subjetivo pero sí uno objetivo, esto es, la situación jurídica derivada del propio orden jurídico, es entonces cuando nace la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. En el caso, como fue precisado con antelación, la parte quejosa reclamó los artículos 8, 9 y 18 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, con motivo de su sola entrada en vigor, esto es, como autoaplicativos. Sin embargo, la sola entrada en vigor de las disposiciones reclamadas no afectó el interés jurídico de la parte quejosa, habida cuenta que no fue acreditado de manera fehaciente con alguna de las pruebas permitidas por ley, la existencia de un perjuicio o privación por su sola vigencia. Por el contrario, como se demostró, la afectación que pudiera resentir la parte quejosa podrá darse en todo caso al momento de ser aplicadas las disposiciones del decreto combatido, tomando en cuenta que por sí mismas no contienen un principio de ejecución que se realice por su propia existencia, sino que es necesario que haya actos posteriores de aplicación concreta de los mismos para que puedan verse afectados los intereses jurídicos de quienes se ubican dentro de sus supuestos normativos. No escapa a la consideración de este juzgado, que la quejosa haya exhibido las siguientes pruebas: a) Recibos de pago electrónicos expedidos por la Fiscalía General de la República, a nombre del quejoso. b) Copia de credencial expedida por la entonces Procuraduría General de la República a nombre del quejoso. c) Copia del formato único de personal a nombre del quejoso. Con estas pruebas, el quejoso acreditó, entre otras cosas, ser trabajador de la Fiscalía General de la República y el pago producto de su relación laboral, más no el perjuicio alegado en la demanda a la luz de lo explicado en este considerando. Debido a lo anterior, ante la falta de acreditamiento de interés jurídico de la parte quejosa, puesto que, como se expresó, no se encuentra demostrado en autos que la sola emisión de los dispositivos cuestionados causó una afectación a la parte solicitante de amparo que le haya habilitado a reclamarlos como autoaplicativos, procede sobreseer en el juicio con fundamento en los artículos 61, fracción XII; 107, fracción I, inciso b); 5º, fracción I; en relación con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo; así como en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables las tesis con los números de registro 323468, 372444 y 206527, de rubros: "LEY DE EGRESOS Y PLAN DE ARBITRIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA 1943, NO ES DE INMEDIATA EJECUCIÓN." "PERJUICIOS, BASE DEL AMPARO." "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA." A mayor abundamiento, cabe señalar que, una razón adicional que por sí sola hace improcedente el juicio de amparo en relación con la ausencia de interés jurídico de la parte quejosa, consiste en que, por su confección, la propia Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que, durante el ejercicio fiscal de 2021, no podrá ser aplicada a los servidores públicos federales. En efecto, el artículo 4º, fracción I, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dispone lo siguiente: "Artículo 4. En todo caso, la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; [.]" Conforme a lo anterior, la propia legislación reclamada, en su artículo 4º, fracción I, reconoce el principio de anualidad como uno de los ejes rectores del control presupuestario. Al respecto, al definir dicho principio, reconoce que la remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y que los sueldos y salarios no podrán ser disminuidos durante ese periodo. Ahora bien, el ejercicio fiscal en curso fue determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veinte, mismo que entró en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno y que tiene vigencia de un año calendario, hasta en tanto no se vea modificada por la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos que regirá el ejercicio fiscal 2022. De este modo, si desde el uno de enero de dos mil veintiuno entraron en vigor las disposiciones que, con base en el principio de anualidad, rigen las remuneraciones de los servidores públicos federales en el presente ejercicio fiscal, es claro que tales remuneraciones no podrán ser disminuidas hasta la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos de la Federación que se encuentre vigente en el ejercicio fiscal subsecuente. Lo anterior, porque el artículo 4º, fracción I, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, prohíbe expresamente la afectación a la baja de las remuneraciones de todos los servidores públicos de la Federación, una vez que, a través del presupuesto de egresos respectivo, hayan quedado autorizadas las remuneraciones de los servidores públicos durante el ejercicio fiscal correspondiente. Sin que sea válido oponer el razonamiento de que, al margen de lo que establezca la ley, la autoridad podría ejercer sus facultades para llevar a cabo la disminución de las remuneraciones de la parte quejosa, ya que tal argumento parte de consideraciones de hecho -no de derecho- que no pueden ser analizadas en amparo contra leyes autoaplicativas, en el que, para el estudio de la porción normativa, únicamente se debe efectuar un contraste entre los principios y reglas constitucionales y los supuestos normativos que se controvierten. Máxime que, de ser el caso, contra el acto de aplicación concreta de la ley reclamada es posible promover un nuevo juicio de amparo, en el que incluso podría impugnarse la ley con motivo de su primer acto de aplicación, puesto que, la decisión a que se arriba en esta sentencia no prejuzga sobre la constitucionalidad del decreto reclamado, sino que se limita a declarar la imposibilidad de proceder a su estudio como ley autoaplicativa por razones de índole constitucional. De manera que, al no demostrar la parte quejosa la existencia de un agravio actual, real y directo en su perjuicio que lo habilite a impugnar como autoaplicativos los artículos 8, 9 y 18 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente, se debe decretar la improcedencia del juicio ante la ausencia de las condiciones exigidas para acreditar el interés jurídico necesario para la procedencia de la acción de amparo. No se inadvierte que la parte quejosa tiene el carácter de servidora pública sobre quien pudiera proceder la suplencia de la queja deficiente; sin embargo, esta institución procesal atañe al fondo del asunto y no a la procedencia del juicio al ser éste un aspecto de orden público que no puede sortearse, aun cuando se haga bajo el argumento de la suplencia de la queja o del derecho humano a un recurso judicial efectivo. En efecto, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Aunado a lo anterior, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos. De forma que, si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Son aplicables las jurisprudencias 380, con número de registro 1005178, 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 56/2014 (10a.), de rubros: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTO NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." En atención al sobreseimiento decretado, no es factible analizar los conceptos de violación formulados por el quejoso en contra de los actos materia del juicio, puesto que tales cuestiones involucran un estudio propio del fondo del asunto que, de suyo, es impracticable, dada la improcedencia del juicio. Es aplicable la tesis con registro 232302, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:
- Principal
Ciudad de México; once de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el tres de enero del presente año, se tuvieron por rendidos los informes justificados de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, auto que se notificó por lista el cuatro del presente mes y año, por lo que es evidente que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para el efecto de que las partes tengan oportunidad de imponerse de su contenido y manifestar lo que a su derecho convenga. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, quien provee considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID-19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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