Miguel Ángel Dagnino Robles

Expediente 369/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
369/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Dagnino Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que en once de julio de dos mil diecisiete (foja 20), se ordenó el archivo del presente asunto, en el que se hizo el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción a partir del doce de julio de dos mil veintidós. Sin embargo, con fundamento en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece como fecha para su destrucción a partir del doce de enero de dos mil dieciocho.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con el que se le tiene informando que en veintiocho de junio de dos mil diecisiete, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por . Por tanto, se hace el acotamiento que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, a partir del doce de julio de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por otra parte, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental, ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por , mediante el cual dice promover juicio de amparo indirecto; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 369/2017-5. Del análisis integral de la demanda en cuestión, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la expedición lenta y retardada, fuera de los términos que señala la Ley Federal de Trabajo, en el juicio laboral 221/2017, en virtud de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, señaló hasta las diez horas con quince minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Tal circunstancia conduce a determinar, que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente incompetente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutado o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, se estima que se actualiza la premisa del primer inciso transcrito, toda vez que el quejoso reclama la expedición lenta y retardada, fuera de los términos que señala la Ley Federal de Trabajo, en el juicio laboral 221/2017, en virtud de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, señaló hasta las diez horas con quince minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es decir, reclama violaciones al artículo 17 Constitucional, relativas a la administración de justicia, mismas que señala han sido cometidas por la Junta responsable; por lo que, las actuaciones jurisdiccionales que ya realizó (acto reclamado) y las que deba realizar dicha responsable en cumplimiento a una posible sentencia de amparo que se dicte, tendrán ejecución en la ciudad de Tijuana, Baja California, lugar donde reside la Junta responsable y donde se encuentra radicado el juicio laboral de origen, tal y como se advierte del capítulo de antecedentes del escrito de la demanda de amparo en donde el quejoso señala: Que promovió ante la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, un juicio laboral en contra de Minera Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resulte responsable de la fuente de trabajo, mismo que fue radicado bajo el expediente número 221/2017. Por proveído de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, la Junta responsable señaló la audiencia de conciliación, demanda y excepciones hasta las diez horas con quince minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, siendo notificado de dicha determinación el veintiocho de abril del año en curso. Asimismo, señala que la citada determinación le causa perjuicio ya que la Junta responsable se excedió en demasía en el término que señala la ley laboral, incumpliendo con lo previsto en el artículo 17 Constitucional, lo que demuestra que la violación aducida ya se materializó desde el momento que emitió la referida audiencia. De ahí que, lo que reclama el quejoso es que la Junta responsable no le ha administrado justicia en los términos previstos por la ley laboral, violentado con ello, el precepto constitucional citado; por lo cual, las actuaciones jurisdiccionales que realizó y que deba realizar la responsable para el efecto del cumplimiento de la sentencia que se llegue a emitir dentro del juicio de amparo, tendrán verificativo en la ciudad de Tijuana, Baja California, ya que es ante dicha ciudad donde se tramita el juicio laboral 221/2017, de donde deriva las violaciones a la administración de justicia reclamadas; por lo que, el Juez competente será el del lugar en donde se va a llevar a cabo la referida ejecución, esto es, la materialización de los actos jurisdiccionales que debe llevar a cabo la responsable en el juicio de origen, es en aquella entidad. Para sustentar lo anterior, es pertinente citar la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2004-PL, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en la parte que interesa, lo siguiente: ".Los criterios legales contenidos en el artículo 36 de la Ley de Amparo, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz. Es decir, el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto y, en su caso, con la residencia de la autoridad responsable, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. (.) El punto concreto de contradicción radica en qué Juez de Distrito resulta competente para conocer de la constitucionalidad de la resolución dictada en segunda instancia que ordena reponer una fase procedimental llevada a cabo en primera instancia, a partir de lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Para resolver dicho problema interpretativo es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 36 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver ese tipo de temas de índole competencial. El acto reclamado en los juicios de garantías que dieron origen a la presente contradicción es de carácter jurisdiccional, porque se trata, en ambos casos, de una resolución dictada por un tribunal de segunda instancia que ordena la reposición de una fase procedimental de primera instancia. (.) Con esa base procesal de derecho común, es posible estudiar con mayores elementos las particularidades de las resoluciones que ordenan reponer el procedimiento. Podría pensarse que las decisiones que ordenan la reposición del procedimiento han sido caracterizadas como decisiones declarativas, porque a través de ellas: 1) se declara la existencia de una violación durante el procedimiento de primera instancia; y, 2) a través de ellas no se reemplaza directamente el acto procesal ilegal por parte del tribunal de segunda instancia. (.) La demanda que tiene por objeto demostrar una violación trascendente en el procedimiento jurisdiccional de primera instancia no presenta únicamente por objeto obtener un pronunciamiento jurisdiccional en el que sólo se declare la existencia o inexistencia de la violación procesal. Ese tipo de demandas no sólo busca la declaración de la existencia de la violación procesal alegada, sino también obtener del órgano jurisdiccional de segunda instancia una orden dirigida al Juez de primera instancia para que se verifique una restitución de los derechos transgredidos. Es decir, las causales de ilegalidad previstas en la legislación procesal civil y en la normatividad procesal de los juicios agrarios, que sirvieron de base en los juicios naturales que originaron la presente contradicción de tesis para emitir las respectivas resoluciones de reposición de procedimiento, tienen por objeto que se repare la violación respectiva en orden a restaurar el estado jurídico de las cosas en beneficio de la parte respectiva. En esa medida, las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento pueden caracterizarse como decisiones jurisdiccionales declarativas de violaciones que, sin embargo, presentan como un diverso elemento una orden de hacer dirigida al órgano jurisdiccional de primera instancia, tendente a restaurar la situación procesal declarada contraria a derecho. Como se ha dicho, una decisión jurisdiccional conlleva un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. En esa virtud, porque las resoluciones jurisdiccionales de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento conminan u ordenan al órgano de primera instancia a un hacer procesal, presentan un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el tribunal revisor encuentre lugar en la realidad en beneficio de la parte afectada. Las razones expuestas generan que los juicios de amparo contra las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento de primera instancia deban ser del conocimiento del Juez de Distrito más cercano al órgano jurisdiccional de primera instancia que debe realizar los actos procesales tendentes a cumplir con la orden de reposición de procedimiento respectiva, con el fin de lograr la eficacia del proceso de amparo y facilitar, en su caso, el cumplimiento de la sentencia que se dicte, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia que haya dictado la resolución de reposición reclamada." (énfasis añadido). De la trasunta ejecutoria, emergió la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, marzo de 2005, novena época, localizable en la página 229, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." En tal virtud, conforme a la citada regla de competencia, el acto que se reclama en el presente juicio de garantías, tuvo ejecución en la ciudad de Tijuana, Baja California, lugar donde la responsable ya emitió el auto materia de reclamo; aunado que tendrá ejecución material fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, cada vez que realice una actividad jurisdiccional dentro del juicio de origen; por tanto; es competente para conocer del juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecutó y se ejecutarán las violaciones que en esta vía se reclaman. Por lo tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado habrá de tener ejecución en Tijuana, Baja California; por lo que de conformidad con el acuerdo general 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos que tendrán ejecución dentro del ámbito de competencia del órgano de control constitucional en turno, que tenga jurisdicción en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; consecuentemente, es competente para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, el juez de distrito en turno con sede en dicha ciudad. Ahora bien, no pasa desapercibido para este juzgador, que el quejoso señaló como tercero interesado a Minera Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien tiene su domicilio en esta ciudad; sin embargo, no le resulta dicho carácter, toda vez que de los antecedentes narrados por el promovente, no se advierte que haya sido emplazado al juicio de origen; de ahí que no es motivo suficiente para estar en aptitud de fincar la competencia en este órgano jurisdiccional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del tomo XXIX, mayo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, y por tal razón, conforme a lo dispuesto en el precepto 37 de la propia ley, se ordena comunicar lo anterior al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en Turno, con residencia en Tijuana, y para tal efecto, se le remite la presente demanda de amparo y copias de la misma, para que se pronuncie al respecto de la competencia declinada a su favor, quedándose en su substitución el cuadernillo correspondiente. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Segundo García Salgado, Denisse Herrera Castañeda y Luz María García Murillo. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 11494.

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