Miguel Ángel Cózatl Paisano

Expediente 1721/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1721/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Cózatl Paisano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el tres de febrero de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, intégrense los cuadernos incidentales respectivos y archívese el presente asunto como totalmente concluido. De...

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1721/2022, interpuesto por ********************, en contra de la Jueza Primero de lo Civil, con sede en San Andrés Cholula, Puebla; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, recibido el veintisiete siguiente, en este órgano jurisdiccional por razón de turno, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto que a continuación se reproducen: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. a) Ciudadana Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a quien le atribuyo el carácter de autoridad responsable ordenadora y ejecutora. IV. ACTO RECLAMADO. De la Ciudadana Jueza Primero de lo Civil del Distrito judicial de Cholula, Puebla, a quien le atribuyo el carácter de autoridad responsable ordenadora y ejecutora: 1. Reclamo la designación de la señora ******************** ******************** como tutora interina del presunto incapaz ********, así como la designación de curador a *************** en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. 2. Reclamo la ejecución de la designación de la señora ******************** ******************** como tutora interina del presunto incapaz ******************** y como curador ******************** en auto de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós." Asimismo, la parte quejosa señaló como derecho fundamental violado los contenidos en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado registró la demanda en el Libro de Gobierno bajo el número 1721/2022; previno a ******************** para que aclarara la demanda, por lo que en proveído de seis de octubre siguiente, se tuvo al quejoso cumpliendo parcialmente y el veinticinco de ese mes y año, por cumplido el requerimiento y se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Fiscal Asistente Ejecutivo de la Federación adscrita; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 50 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; en concordancia con los Acuerdos General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en razón de que el acto reclamado es de naturaleza civil, y se trata de actos reclamados a una autoridad que reside donde este juzgado ejerce jurisdicción SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, la parte quejosa reclama de lo siguiente: Jueza Primero de lo Civil, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Designación de ******************** ******************** como tutora interina del presunto incapaz ****************, realizada en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, así como el discernimiento de cargo efectuado el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Designación de **************** como curador, en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, así como el discernimiento del cargo realizado el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Aunado a que, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el solicitante de la protección constitucional, y no únicamente a lo que en apariencia manifestó, en virtud de que sólo de esta manera se logra resolver de forma congruente entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, en primer término se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Jueza Primero de lo Civil, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias exhibidas, consistentes en copia certificada del expediente ******************** de su índice, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. De las constancias que remitió la autoridad responsable Jueza Primero de lo Civil, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, consistentes en copia certificada del expediente ********************de su índice, se advierte lo siguiente: ******************** ******************** promovió por propio derecho y en representación de su hijo ************, juicio de reconocimiento de paternidad y de alimentos contra ********************. El diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, radicó la demanda y la registró con el número ********************de su índice, por lo que señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación entre las partes, y turnó los autos para la citación correspondiente. El treinta de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al perito en genética forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla, emitiendo su dictamen respecto del perfil genético. Así, el cuatro de junio de dos mil veintiuno, vistos los autos para dictar sentencia definitiva, la Jueza responsable determinó que no guardan estado para emitir el fallo definitivo, por lo que, a fin de no vulnerar los derechos del adolescente, se ordenó el perfeccionamiento de la prueba pericial en medicina legal. En proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, a solicitud de ******************** ********************, fue designada tutora interina del presunto incapaz ****************, por lo que se le requirió para que en el término de cinco días compareciera a discernirse del cargo y nombrara curador; asimismo, se negó otorgar a la actora la medida precautoria de alimentos provisionales, finalmente, se giraron los oficios solicitados por la actora. El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en lo que interesa, se tuvo a ******************** ******************** nombrando curador. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se discernió del cargo de tutor interino y curador a ******************** ******************** y******************** QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En la especie, respecto del acto reclamado consistente en la designación de ******************** ******************** como tutora interina del presunto incapaz **************, realizado en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, resulta aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.);" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Articulo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computaran a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor." De las normas anteriores se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra los actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda de amparo dentro del término general de quince días, con las excepciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. EL plazo de quince días, conforme al diverso 18, debe computarse a partir de: 1. El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; 2. El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o; 3. Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Y de no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, este será improcedente, dada su extemporaneidad. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues para que este se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse cualquiera de los tres supuestos, la notificación, el conocimiento o la confesión, y que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser analizados para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, toda vez que la notificación es una actuación procesal que requiere formalidades, mientras que el conocimiento del acto reclamado no siempre proviene de una notificación, y la confesión implica la aceptación de un hecho vertido por los propios promoventes. Atento a la anterior y vistas la constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, a solicitud de ******************** ********************, fue designada tutora interina del presunto incapaz ******************, determinación que fue notificada a ambas partes el veinte de ese mes y año, por lo que, el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del mismo, lo que hizo evidente que a partir de esa data estuviera en aptitud de promover el juicio de amparo. Luego, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, el plazo de quince días que establece el citado artículo 17 de la ley de la materia para la interposición del juicio de amparo para impugnar dicho acto transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil veintidós, descontándose los días veintiocho, veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once y doce de junio de ese año, por ser inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo, lo que demuestra que el plazo transcurrió en exceso. De ahí que, al no combatir los actos que reclama dentro del plazo previsto para ello, computado a partir de que la notificación del auto surtió efectos, resulta que se consintieron tácitamente. Ahora, respecto del discernimiento de cargo de ******************** ******************** como tutora interina, efectuado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo y las constancias que se allegaron al asunto, se advierte que el quejoso reclama un acto derivado de otro consentido. Los preceptos aludidos son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De conformidad con dichos artículos, el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la causal resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Asimismo, el artículo 217 establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales que el amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos, es decir, se trata de una causal de improcedencia que no deriva de las expresamente establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, sino de la interpretación llevada a cabo por nuestro Máximo Tribunal. En esa tesitura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en el sentido que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos, como se observa en la sustentada por el pleno del máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, quinta época, tomo VI, localizable en la página 12, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Mismo criterio sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Febrero de 1991, página 96, Octava Época, registro digital: 223476. Como se anticipó, la parte quejosa reclama el discernimiento de cargo de ******************** ******************** como tutora interina del presunto incapaz ******************, efectuado el cinco de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, se estima que ese acto es derivado de otro consentido, en tanto que i) es una consecuencia legal de la designación de tutora interina, realizado el trece de mayo de dos mil veintidós, en el que, se le requirió para compareciera al Juzgado de origen a discernirse del cargo mencionado; y, ii) no se impugna por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se hace derivar de otro acto consentido, que si bien se reclama en este juicio, no fue controvertido oportunamente. Lo anterior es así, porque el discernimiento de cargo de tutora interina, es consecuencia directa y necesaria del proveído de trece de mayo de dos mil veintitrés, pues en él se designa con dicho carácter a ******************** ******************** y, a su vez, se le requiere para que en diligencia forma se le discierna el cargo (acto consentido al no haber sido reclamado oportunamente). De modo que, el referido discernimiento de cargo al ser una consecuencia directa y necesaria de la determinación de trece de mayo de dos mil veintidós, se trata de un acto derivado de otro consentido, y por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente. ************** En las relatadas consideraciones, debe concluirse que se configura de manera patente la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 217, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos consistentes en la designación de ******************** ******************** como tutora interina del presunto incapaz ****************** realizado en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, así como el discernimiento de cargo efectuado el cinco de septiembre de dos mil veintidós. SEXTO. Estudio de fondo. En cuanto al acto reclamado consistente en la designación de ****************** como curador del presunto incapaz *******************, realizada en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, así como el discernimiento del cargo efectuado el cinco de septiembre de ese año, si bien el capítulo relativo a los conceptos de violación no formula argumento contra dicho acto, del análisis integral de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, se advierte que en la parte relativa a los hechos, expresa que ********************, cuenta con la edad de ******************** años, por lo que no es una persona idónea para detentar el cargo de curador respecto de su hijo Jesús Antonio ********************. Tal motivo de disenso es infundado por las razones que se expresan. Al respecto, es necesario citar el contenido de los numerales 777, 778, 779, 780 y 783, del Código Civil del Estado de Puebla, los cuales a la letra indican: "Artículo 777. Los sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima o dativa, además del tutor tendrán un curador. Artículo 778. Cuando se nombre al menor un tutor interino, se le nombrará curador con el mismo carácter, si no lo tuviere definitivo, o si teniéndolo se halla impedido. Artículo 779. Se nombrará curador interino en el caso de oposición de intereses a que se refiere el artículo 647. Artículo 780. Igualmente se nombrará curador interino en los casos de impedimento, separación o excusa del nombrado, mientras se decide el punto; luego que se decida, se nombrará nuevo curador conforme a derecho. Artículo 783. El curador está obligado: I. A vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del Juez cuanto crea que puede ser dañoso al incapaz; II. A dar aviso al Juez para que se haga el nombramiento de tutor cuando éste faltare o abandonare la tutela; III. A cumplir los demás deberes y obligaciones que la ley le señala." De la transcripción de los numerales citados, se advierte que para los sujetos a la tutela deberán tener un curador, el cual será nombrado una vez que sea designado el tutor interino, quien tendrá el mismo carácter de interino, siempre y cuando no exista definitivo; asimismo, el curador interino será nombrado en los casos de oposición a los intereses que refiere el artículo 647, en los de impedimento, separación o excusa del nombrado. El curador está obligado a vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del Juez cuanto crea que puede ser dañoso al incapaz, dar aviso al juez para que se haga el nombramiento de tutor cuando éste faltare o abandonare la tutela y a cumplir con los deberes y obligaciones que la ley le señala. Bajo esa óptica, contrario a lo que manifiesta el quejoso, la designación y discernimiento del cargo de curador de ********************, no transgrede derecho alguno del presunto incapaz *****************, ya que la obligación del curador es I. Vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del Juez cuanto crea que puede ser dañoso al incapaz; II. Dar aviso al Juez para que se haga el nombramiento de tutor cuando éste faltare o abandonare la tutela; III. Cumplir los demás deberes y obligaciones que la ley le señala. Lo anterior, en el entendido que la edad -avanzada- que aduce el quejoso, tiene la persona designada como curador, no le impide realizar lo antes precisado, caso contrario sería si ******************** hubiese sido designado tutor, pues las funciones de tal cargo son totalmente distintas, ya que debe administrar los bienes del incapaz, priorizar los recursos del incapaz para la curación de sus enfermedades, presentar al Juez, en el mes de enero de cada año, un certificado de dos médicos, de preferencia psiquiatras si los hay en la localidad, o de la especialidad necesaria, en su caso, que declaren acerca del estado de salud mental del mayor incapaz, a quien para ese efecto reconocerán en presencia del Juez, quien se cerciorará del mismo estado, representar al incapaz, en juicio y fuera de él, en todos los actos civiles, con excepción del matrimonio, reconocimiento de hijos, testamento y demás que sean estrictamente personales, de conformidad con el artículo 723 y 724 del Código Civil del Estado de Puebla. Atento a lo expuesto, procede negar el amparo a ********************, respecto del acto reclamado consistente en la designación de ******************* como curador, en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, así como el discernimiento del cargo realizado el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ******************** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando sexto. Notifíquese por lista al quejoso, personalmente a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita y por oficio a la autoridad responsable. *************

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable mencionada en la certificación de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado el trece de diciembre de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer a las partes la llegada de las constancias que anexa al oficio de cuenta, consistentes en copias certificadas del expediente 2328/2016, mismas que serán tomadas en consideración con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. ...

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