Miguel Ángel Cortéz Palencia

Expediente 2259/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2259/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Cortéz Palencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el diecisiete de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por José del Carmen Barjau Morales en favor de Miguel Ángel Cortéz Palencia y Farlin Aristone Ramírez Palencia, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). ANOTACIONES Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1. DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado. 2. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones que obran en el expediente físico.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Agente Federal de Migración "B", en ausencia de la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de doce de enero del presente año, remite copias certificadas de los procedimientos administrativos de los quejosos Miguel Ángel Cortez Palencia y Farlin Aristone Ramírez Palencia. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, las documentales que anexa la referida autoridad, consistentes en copia certificada del expediente administrativo de los quejosos Miguel Ángel Cortez Palencia y Farlin Aristone Ramírez Palencia. Ahora, de una revisión a dichas constancias se advierte que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que los quejosos Miguel Ángel Cortez Palencia y Farlin Aristone Ramírez Palencia no se presentaron al control de firmas correspondiente y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio iniciado respectivamente a cada uno de ellos. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que, esencialmente el acto reclamado en el presente juicio consiste en la detención con fines de deportación e incomunicación de los quejosos Miguel Ángel Cortez Palencia y Farlin Aristone Ramírez Palencia. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el doce de diciembre de dos mil veintidós, ordenó la salida provisional de los citados quejosos y el dieciséis de diciembre siguiente, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado a los mismos. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (nueve de diciembre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fueron los propios quejosos quienes incumplieron con las medidas que les fueron impuestas por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó concluido. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido a los peticionarios de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatían ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, el doce de diciembre de dos mil veintidós y el dieciséis de diciembre siguiente, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que los aludidos quejosos no se presentaron al control de firmas correspondiente; y, por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, que los quejosos hayan reclamado diversos actos; empero, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de su libertad, no se tienen como destacados. Máxime que si bien el promovente de la demanda de amparo señaló como acto reclamado la incomunicación de los quejosos, de la constancia actuarial de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se advierte que el fedatario respectivo pudo acceder a las instalaciones migratorias y tuvo a la vista a los quejosos mencionados y de las constancias que integran los autos, se advierte la constancia de llamada telefónica de diez de diciembre del año en curso, otorgada a los quejosos. Tampoco es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las doce horas con un minuto del nueve de febrero de dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes. Finalmente, en cuanto al domicilio y delegados que señala la autoridad responsable, dígasele que deberá estar a lo acordado en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, ni las constancias que tomó en consideración para emitir los actos que se le reclaman, mismas que son indispensables para para resolver el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación, del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias relacionadas con los actos reclamados e informe si los directos quejosos aún se encuentran en la referida estación migratoria con motivo del procedimiento que se les inició. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a la autoridad de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a 20 MB, éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrá hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Asimismo, se hace del conocimiento a la citada autoridad que en caso de no contar con firma electrónica o bien, de tener una imposibilidad para remitir de manera electrónica las citadas constancias, las mismas podrán ser presentadas de manera física. Se hace saber a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en el auto admisorio, por lo que en caso de ser omisa al presente requerimiento, se hará efectivo el mismo. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con un minuto del nueve de febrero de dos mil veintitrés.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la constancia realizada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, se advierte que los quejosos Miguel Ángel Cortéz Palencia y Farlin Aristone Ramírez Palencia, se dieron por enterados del contenido del auto de nueve de diciembre pasado y ratificaron la demanda de amparo que promovió a su favor José del Carmen Barjau Morales; en consecuencia, agréguese a los autos la diligencia de mérito para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, continuándose con el trámite procesal del presente juicio de amparo. ADMISIÓN Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por José del Carmen Barjau Morales, en favor de Miguel Ángel Cortéz Palencia y Farlin Aristone Ramírez Palencia, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Sin que haya lugar a aperturar los cuadernos incidentales, en virtud de que estos tienen la finalidad de suspender la ejecución de los actos reclamados y en el presente juicio en auto de nueve de diciembre del año en curso, se decretó la suspensión de plano de los mismos. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete. Se señalan las doce horas con un minuto del doce de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional a la cual podrán comparecer por escrito presentado física o electrónicamente. Requerimientos a la(s) autoridad(es) responsable(s). Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto del acto reclamado. Mismo que deberá rendir dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Acompañe copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se le reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Se hace saber a las responsables, que el informe justificado deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. Apercibimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s). En caso de incumplimiento, se hará acreedora a lo siguiente: Multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué Juzgado de Distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 261 de la Ley de Amparo. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a la responsable para que remita su informe justificado a través de la Firma Electrónica (de contar con ella), por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Autorizado Ahora, toda vez que el actuario preguntó a los quejosos si era su deseo señalar como autorizado al promovente José del Carmen Barjau Morales, y los peticionarios del amparo respondieron que nombraban como autorizado al mencionado. En esas condiciones, se autoriza únicamente para recibir citas y notificaciones e imponerse de los autos a José del Carmen Barjau Morales, por no tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "la72amparo", se encuentra registrado; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de 1 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por José del Carmen Barjau Morales; atento a su contenido, dígasele al promovente que el nueve de diciembre se dio el trámite correspondiente al juicio de amparo que promovió a favor de los ahora quejosos Miguel Ángel Cortéz Palencia y Farlin Aristone Ramírez Palencia; y en esa data se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, por lo que se comisionó al fedatario judicial adscrito a efecto de que notificara dicha determinación a las autoridades responsables y a los directos quejosos. En consecuencia, y en cumplimiento a lo ordenado por este órgano de control constitucional, el actuario judicial adscrito, se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y notificó a la autoridad responsable la determinación emitida en el aludido acuerdo, tal y como se advierte de la razón actuarial de nueve del mes y año que transcurre. Por otra parte, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por el Representante Local encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinde su informe con relación a la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 del citado ordenamiento, se tiene por ofrecida la prueba que exhibe la responsable oficiante consistente en diversas documentales relacionadas con el proceso administrativo migratorio de los directos quejosos, sin perjuicio de que sean tomadas en cuenta en la audiencia respectiva. Ahora, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II de la Ley de Amparo, se tienen como delegadas de la autoridad responsable citada, a las personas que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Finalmente, la autoridad responsable informa que diez de diciembre de dos mil veintidós, dio a conocer a los quejosos la información sobre el trámite de "Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado ante la COMAR", en la que manifestaron que no deseaban realizar dicho trámite; lo que se toma en consideración para los efectos legales conducentes.

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