Miguel Ángel Cortés Ríos
Expediente 544/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Ángel Cortés Ríos
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de cuenta y el estado procesal del expediente: El promovente ... quien se ostenta como abogado defensor de ... manifiesta su voluntad de desistirse de la contienda constitucional. Pues bien, dado que dicha manifestación implica la renuncia a cualquier pretensión procesal, entre ellas, los plazos con que cuenta para impugnar las resoluciones judiciales adoptadas, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, se declara: Ha causado estado el proveído de veintidós de octubre del año en curso, por el cual, fue desechada de plano la demanda promovida por el citado promovente. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte: Archívese este expediente como concluido; es susceptible de destrucción transcurridos tres años, a partir de esta fecha, porque: a) Se actualiza el supuesto de su artículo 21, inciso d); y b) No tiene relevancia documental según los lineamientos de su ordinal 15. Notifíquese, y por vía correo electrónico al promovente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por ***, quien se ostenta como abogado defensor de ***, contra actos del Juez del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Administrativa número doce a cargo de la Carpeta Judicial de Origen ***: Fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro 544/2020-I-A. Conforme a lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, se analiza si se actualiza alguna causa de improcedencia. Del escrito de demanda, se advierte, los actos reclamados consistes en: "a) La omisión de dar trámite al recurso de apelación interpuesto. b) La omisión de notificar en su caso la negativa de dar trámite al recurso de apelación interpuesto." En los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, el promovente relató: "(.) 3. En fecha uno de octubre de dos mil veinte se presentó el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso en la Unidad de Gestión Judicial número doce del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 4. En fecha dos de octubre de dos mil veinte me fue notificado: (Inserta imagen de lo notificado en la demanda-hoja 9/22-). 5. Al no recibir más notificaciones y no saber del trámite dado al recurso de apelación interpuesto sin que hasta el momento bajo protesta de decir verdad haya recibido notificación alguna es que procedo a demandar el amparo y protección de la justicia contra la omisión del Juez de Control." Ahora, el artículo 61 (XXIII), de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Lo transcrito alude al principio de definitividad, ateniente a la obligación del gobernado de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, cuya naturaleza corresponde a un medio extraordinario de defensa. Dicho principio, contiene un presupuesto procesal que se justifica en el hecho de evitar la proliferación innecesaria y simultánea de acciones legales tendientes a un mismo fin. Como excepción, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento y sin que la ley aplicable contemple su existencia. Nuestro Máximo Tribunal ha determinado que si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse, es decir tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los mismos y, con ellos, deberá analizarse la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. Además, señaló que, si la parte interesada tiene a su disposición un recurso existente, adecuado, eficaz, expedito, oportuno y obligatorio, para ser oído y, eventualmente, protegido por la misma autoridad judicial o por el órgano superior y no lo agotó, entonces, será contrario a derecho dejar de observar el principio de definitividad. En el caso, previo a la instauración del juicio de amparo, la negativa de la responsable debió impugnarse en términos del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." Lo anterior, porque las omisiones reclamadas no se encuentran en ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en tanto que en su contra existe un recurso, previsto en una ley formal y material. Resta destacar, que es innecesario solicitar informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y citar a la audiencia constitucional, porque el presente expediente llegaría a similar resultado, en la medida que la causa de improcedencia es de obvia resolución. En consecuencia, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. Se tiene señalado el correo electrónico *** como contacto para el trámite del presente asunto, en la inteligencia que, por tratarse de un medio no regulado por la Ley de Amparo y aplicable solo a esta etapa de contingencia por el covid19, los plazos procesales contarán a partir de la publicación por lista que también se haga del asunto. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo ténganse por autorizadas a las personas que refiere, siempre y cuando estén registradas en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal (REGPROF), de no ser así, solo lo estarán para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, conforme al párrafo segundo del mismo numeral. Acorde con el artículo 21 (3) de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Notifíquese, y por vía correo electrónico al promovente.
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