Miguel Angel Cortes Pineda
Expediente 515/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Angel Cortes Pineda
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de once de junio de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de esta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales conducentes. Anotaciones en el libro de gobierno. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este asunto; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. -Resolución a Disposición para consulta Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que tuvo por no presentada la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; once de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa con el objeto de que en el término de cinco días cumpliera con lo siguiente: "ÚNICO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si la constancia que adjuntó a su demanda que presentó en línea haciendo uso de la FIREL, es copia íntegra e inalterada del documento impreso, a fin de otorgarle el valor probatorio correspondiente y estar en aptitud de proveer lo conducente en torno a la demanda que nos ocupa, ya que con dicho documento se pretende probar su personalidad, para que a su vez este órgano jurisdiccional de trámite a la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad a que sea cumplido el requerimiento que antecede, se provea sobre el contenido de la misma verificándose si cumple con los requisitos de ley." Apercibiéndosele que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía y forma establecidos, se tendría por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la parte quejosa fue notificada veinte de mayo de este año, razón por la cual le surtió efectos dicha notificación el diez siguiente; lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 31, de la Ley de Amparo, por lo que el referido término de cinco días otorgado con el fin de que cumpliera con lo requerido, transcurrió del veinticuatro al veintiocho de mayo del año en curso, sin que haya cumplido con dicho requerimiento, ni tampoco manifestó su imposibilidad para atender lo pedido. Por tanto, es inconcuso que el promovente del amparo tuvo oportunidad suficiente para cumplir a cabalidad con lo ordenado en acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, subsanando las irregularidades respectivas y cubriendo los requisitos que este Juzgado de Distrito consideró insatisfechos en la demanda de amparo o exponiendo lo que a su derecho legal conviniera. En ese contexto, cabe precisar que el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece la facultad de los Jueces de Distrito de tener por no presentada la demanda de amparo cuando la parte quejosa no subsane las omisiones o deficiencias que en ésta se hubieran advertido o no exhiba las copias que resulten necesarias para la tramitación del juicio de amparo. Bajo esa tesitura y ante la omisión de la parte quejosa de desahogar en sus términos la prevención formulada por este órgano de control constitucional el dieciocho de mayo de la presente anualidad, y ser omisa en atender un mandato jurisdiccional, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fue conminada en el auto de referencia, por lo que, con fundamento en el artículo 114 párrafo segundo de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, para los efectos legales a que haya lugar1. Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, los principios de certidumbre jurídica y buena fe, así como la trascendencia que puede tener para los intereses de la parte quejosa el no subsanar dentro del término legal tales irregularidades, habida consideración que este juzgado federal, previo a la aplicación del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende del auto de prevención antes aludido, hizo saber expresamente a la parte promovente, mediante el apercibimiento respectivo, las consecuencias legales que derivarían de su incumplimiento, en la especie, el tener por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el treinta de agosto de dos mil diecinueve, este juzgado de distrito pronunció sentencia en el presente juicio (foja 78 a 86), en la que se hicieron diversas precisiones de estudio, de las que destacan las siguientes: Que el régimen de sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y ésta nace al celebrarse el matrimonio o durante él, se colige que la quejosa al estar casada con el demandado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, bajo ese régimen, los bienes recaudados posteriormente a la celebración de su matrimonio forman un patrimonio común, incluyendo aquél cuya titularidad en la parte alícuota reclama la quejosa. Que no está demostrado que en dicha sociedad conyugal se hayan pactado capitulaciones matrimoniales para reglamentar lo relativo a su administración, por lo que la proporción de la misma es partes iguales para cada uno de los consortes. Que debe concluirse que al demostrarse el matrimonio entre la quejosa y el demandado del juicio de origen, Bernardo Castañeda Flores, bajo el régimen de sociedad conyugal, es evidente el dominio del bien común sobre el inmueble objeto de embargo, tratándose de la sociedad conyugal residirá en ambos cónyuges, mientras tal sociedad subsista, de ahí que si se adquirió en los años posteriores a la celebración del matrimonio, es decir, durante su vigencia, asiste el derecho de propiedad, en lo que hace al cincuenta por ciento del bien embargado en el juicio de origen dado que pertenece a la sociedad conyugal que la une con el demandado. Que el embargo y eventual remate, afectan los derechos de propiedad de la quejosa, afectando el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Carta Magna, al ser persona extraña al juicio de origen y no habérsele dado la oportunidad de ser oída ni vencida en el juicio en mención; en específico de demostrar que el inmueble involucrado forma parte de la sociedad conyugal, a través de los medios probatorios correspondientes. En consecuencia de lo anterior, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la jueza responsable: ".a).- Dé intervención a la quejosa en el procedimiento de remate y una vez constatado que el bien raíz involucrado ubicado en calle Amapola número 9, Colonia Satélite en Cuernavaca, Morelos, forma parte de la sociedad conyugal, determine con libertad de jurisdicción si debe excluirse del embargo y de su eventual remate, el cincuenta por ciento que corresponde a *******." (foja 86). Determinación que causó ejecutoria el tres de octubre de dos mil diecinueve y se requirió a la autoridad responsable el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a la misma, la jueza responsable remitió copia certificada del acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual, se dio intervención a la aquí quejosa en el expediente natural 666/16 a fin de que en el plazo de tres días demostrara que el bien embargado al codemandado Bernardo Castañeda Flores, forma parte de la sociedad conyugal, lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se continuaría el procedimiento de remate respecto de la totalidad del bien inmueble materia de análisis (foja 117). El acuerdo citado en el párrafo que antecede, fue notificado a la parte quejosa el treinta de octubre de dos mi diecinueve (foja 190), razón por la cual, se requirió a la autoridad responsable allegara copia certificada de lo proveído respecto al plazo concedido a la quejosa ************(foja 195). En cumplimiento al requerimiento formulado, la Jueza Vigésimo Cuarto de lo Civil de cuantía Menor en la ciudad de México, remitió copia certificada del acuerdo dictado el once de marzo de dos mil veinte, del que se advierte lo siguiente: ".toda vez que **********, no dio cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el sentido de acreditar que el bien inmueble embargado forma parte de la sociedad conyugal del codemandado ***********, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído citado, y se ordena continuar con el procedimiento de remate del referido bien; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar." (foja 219). Documentales anteriormente relatadas a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, atendiendo a que la Jueza responsable dio intervención a la quejosa en el procedimiento de remate haciéndolo de su conocimiento, se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que la autoridad responsable no haya realizado pronunciamiento alguno relativo a que si debe excluirse del embargo y de su eventual remate, el cincuenta por ciento de*********, toda vez que como se desprende de las constancias que remitió dicha autoridad, en cumplimiento a la ejecutoria constitucional, se otorgó su derecho de audiencia a la impetrante del amparo, sin que haya realizado manifestación alguna, y la autoridad tuvo por continuado el procedimiento ante la falta de acreditamiento de que el inmueble forma parte de la sociedad conyugal. Se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, sin que sea necesario refoliar el mismo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto de dicho capítulo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo, en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Destino del cuaderno incidental Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente destrucción, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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