Miguel Ángel Contreras Sánchez

Expediente 1623/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1623/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Contreras Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que se requirió a la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo en los términos ahí planteados; sin que a la fecha haya remitido documentación alguna. En esas condiciones, previo a hacer efectivos los apercibimientos decretados en el citado proveído y con el animo de continuar procurando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como lo ordena el artículo 193, quinto párrafo, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, se requiere nuevamente a la Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, acredite con constancia fehaciente haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido de que la concesión del amparo; BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA LO REQUERIDO.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento de la sentencia; lo anterior agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, SE REQUIERE NUEVAMENTE al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días posteriores a que hayan fenecido los diversos términos que otorgados a las autoridades que requirió en el auto que dictó el diecinueve de julio del año en cuso, remitan copia certificada de la que se advierta las gestiones que realizó una vez vencido este, a fin de dar cumplimiento con al fallo protector; BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA LO REQUERIDO.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Atento a su contenido, se le tiene informando que otorgó acceso al expediente electrónico del juicio ejecutivo mercantil 64/2019, de su índice; al efecto, instrúyase al oficial judicial "A" para que realice el movimiento correspondiente en el Sistema de Seguimiento de Expedientes para su consulta. Por otra parte, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al oficiante remitiendo copia con firma electrónica de la resolución de siete de agosto dos mil veintitrés. Con lo anterior dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Luego, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Pues bien, en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Así, pues, para que sea aplicable esta causa de improcedencia del juicio de amparo es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido sean totalmente revocados, derogados o destruidos jurídica y materialmente por parte de la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, esto es, como si el acto reclamado jamás hubiera existido, es decir, el acto reclamado debe quedar insubsistente. Por lo mismo, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se destruye jurídica y materialmente el acto reclamado por la propia autoridad responsable que lo emite, esto es, surge una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Asimismo, cabe agregar, en torno a la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que el acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Luego, hay cesación de la violación alegada, cuando ha desaparecido la contravención, por haberse reparado por las propias autoridades responsables. Por lo mismo la pretensión ejercida en la demanda de amparo deja de tener razón de ser, ya que se perseguiría algo que ya está logrado: la restitución en el goce de la garantía violada. Sobre el mismo tema, se concluye que desde el enfoque del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone el quejoso que son violatorias de la Constitución y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de garantías. Por ello, si cesa la producción de tales consecuencias jurídicas y, por consiguiente, la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, como es la restitución a favor del quejoso en el goce de la garantía violada, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de que surgiera a la vida jurídica el acto contravenido de la garantía individual en cuestión. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2443). "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731). Con base en las acotaciones anteriores, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la propia autoridad responsable destruye material y jurídicamente el acto reclamado y todas sus consecuencias o efectos, esto es, crea una situación jurídica (revocación, derogación) que definitivamente destruye aquella otra que dio motivo al amparo y lo que permite volver las cosas al estado que guardaban, lo que permite que se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada con la inexistencia misma del acto reclamado, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo ningún efecto jurídico, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia del acto reclamado, así como de todos sus efectos, han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En este caso, la parte quejosa reclama la omisión de resolver el recurso de revocación planteado por la demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 64/2019. Ahora, toda vez que en esta fecha se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia con firma electrónica de la resolución relativa al recurso de revocación planteado por la demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 64/2019, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, se aprecia que, la responsable con fecha seis de agosto dos mil veintitrés resolvió el recurso de revocación planteado por la demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 64/2019; lo que sirve para tener por demostrado sin duda alguna que han cesado los efectos del acto que en vía constitucional se reclamaron consistentes en la omisión de resolver el recurso de revocación planteado por la demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 64/2019. Por tanto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así las cosas, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que aún de que se esperara a la celebración de la audiencia constitucional, los actos reclamados no podrían ser desvirtuado con prueba alguna, ni causaría agravio a la parte quejosa, por tanto, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la aludida audiencia constitucional, para dictar el fallo correspondiente. Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se ordena dejar sin efectos el señalamiento de fecha para el desahogo de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

  4. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, remite los autos originales del incidente de suspensión, contra actos del Secretario del Bienestar del Gobierno Federal y otras autoridades, copias certificadas del testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de doce de julio de dos mil veintitrés, por dicho Tribunal Colegiado en la revisión incidental, cuyos puntos resolutivos dicen: "[...] PRIMERO.- Se CONFIRMA la resolución recurrida. --- SEGUNDO.- Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada.". En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales procedentes.

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