Miguel Ángel Contreras Regalado

Expediente 126/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
126/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
18/07/2017

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Contreras Regalado
  • Misael Martínez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del cuatro al diecisiete de julio del año en curso, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintidós de junio de la presente anualidad (fojas 106 a la 115), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 126/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; además no existe recurso alguno pendiente de resolver en el citado incidente. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintidós de junio del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración de que se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 126/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Angel Contreras Regalado y Misael Martínez Rivera demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de la autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. Acto reclamado: Resolución dictada por el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, el veintiséis de enero del dos mil diecisiete dentro de la causa penal oral 276/2016, que se sigue contra los quejosos, por los delitos de violación, secuestro agravado y robo calificado, cometidos en perjuicio de Elvia Alba Elías y Daniel Alba Vital mediante la cual se les negó el sobreseimiento de dicha causa penal. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo cual en proveído de siete de febrero de dos mil diecisiete se admitió a trámite, se registró con el expediente 126/2017, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad que reside en esta ciudad, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Juez de control del distrito judicial de la capital. La resolución dictada por el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, el veintiséis de enero del dos mil diecisiete dentro de la causa penal oral 276/2016, que se sigue contra los quejosos, por los delitos de secuestro agravado y robo calificado, cometidos en perjuicio de Elvia Alba Elías y Daniel Alba Vital, mediante la cual reitero la decisión de negarles el sobreseimiento de dicha causa penal. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital aceptó la existencia de la resolución reclamada, pues así lo manifestó en su informe con justificación (foja 24). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por el juez responsable, consistentes en copia certificada de audio y video en formato DVD, de la audiencia celebrada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, donde consta la resolución que constituye el acto reclamado, como la anterior a ella, de la misma fecha, asimismo adjunta copia certificada del escrito de acusación presentado por la fiscalía y copias también certificadas, de la transcripción tanto de la resolución que declaró improcedente la petición de sobreseimiento como de la relativa al recurso de revocación interpuesto contra la antes mencionada, emitidas en la causa penal 276/2016 de su índice (fojas 23 y de la 26 a la 35). Documentales, tanto las consistentes en los formatos DVD, que se consideran como tales, como las copias certificadas antes mencionadas a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, respecto a los formatos DVD, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, tampoco la suscrita Juez de Distrito, advierte de oficio su actualización, en consecuencia al no haber operado ninguna causa de improcedencia, resulta conducente emprender el estudio de fondo planteado en la demanda. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los quejosos señalan, en esencia, en sus conceptos de violación, que la autoridad responsable viola el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento, la presunción de inocencia y la inexacta aplicación de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 constitucionales, en relación con los numerales 1, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 324, 327, 328, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo siguiente: a) Si bien el ministerio público cumplió con lo dispuesto por el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales dado que presentó, dentro de los quince días siguientes al cierre de la investigación, la acusación respectiva, la misma no reúne todos los requisitos que deben cubrirse conforme a lo establecido por el diverso numeral 335 del mencionado código adjetivo, concretamente el señalado en la fracción III de dicho ordinal. b) El incumplimiento al requisito mencionado en el inciso precedente, se traduce en un vicio formal de fondo que afecta la esencia del acto jurídico, es decir, que está viciado de nulidad absoluta toda vez que no atribuye de manera clara y específica delito alguno a los aquí quejosos, ni precisa día, hora, lugar, ni narra la conducta que desplegaron, en concreto, pues ni siquiera menciona sus nombres, ya que solo refería hechos cometidos por otras personas relativos a una privación ilegal y violación. c) Causa agravio a los amparistas la circunstancia de que el juez responsable les haya negado el sobreseimiento solicitado en términos de los artículos 327, 328 y 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la deficiencia en que incurrió la representación social de no precisar los hechos que se les atribuyen; debido a que el juez responsable refiere que tal situación solo fue falta de precisión por parte del ministerio público y que los temas de inocencia y de valoración de pruebas serán valorados en la etapa intermedia y eventual juicio oral, ya que más adelante en el escrito de acusación se hace mención a encuadramiento de delitos y de coautoría en la participación. Son infundados los conceptos de violación expresados por los quejosos. Ahora bien previo análisis respectivo, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. En diez de enero de dos mil diecisiete, se recibió en el juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, acusación formulada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación al Combate del Secuestro, contra los ahora quejosos Miguel Angel Contreras Regalado y Misael Martínez Rivera así como dos diversas personas, en su calidad de coautores; los dos primeros por los delitos de secuestro agravado y robo calificado, cometido en perjuicio de Elva Alba Elías y Daniel Alba Vital. 2. En veintiséis de enero del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia relativa a la solicitud de sobreseimiento de la causa penal que se instruye a los quejosos, en la que se declaró improcedente la petición de mérito por las razones que la responsable indicó de la siguiente manera: ".El Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la posibilidad de que exista un sobreseimiento, de que la causa se dé por terminada. Existen supuestos, es decir hay razones que establece el Código para darla por terminada. Del escrito presentado para audiencia, lo que se está manifestando es que la razón por la cual se solicita es el supuesto establecido en la fracción III del artículo 327 del Código de Procedimientos Penales: que aparece claramente establecido que don Miguel Contreras y don Misael Martínez son inocentes. Lo que se está invocando es que son inocentes porqué existe una falta de precisión en la acusación en cuanto a cómo participaron. Se están manejando dos temas distintos: que tiene que ver con que la falta de formalidad trae como consecuencia en el fondo; es decir, creo que son dos niveles de discusión. La inocencias tiene que ver con el fondo, la inocencia debe argumentarse en función de las pruebas que puedan existir, así se establecerá ante un juez la inocencia de una persona a través de pruebas. La formalidad no es el contenido, es el continente. Se dice que no fue expresado debidamente, pues no se dice cómo participaron; luego entonces, se llega a la conclusión que son inocentes. No asiste la razón a la Defensa en ese sentido: la inocencia de la que habla el artículo 327 del referido Código se prueba a través de argumentos que tiene que ver con las pruebas recabadas por la Fiscalía. El Ministerio Público señala unos hechos y habla de coautoría. En efecto, no se mencionan los nombres, se establece en la narración de los hechos cómo participan otras dos personas. Entendido que los hechos que se les atribuyen, en su intervención el día 27 de mayo del 2017, alrededor de las 21:00 horas, una persona del sexo femenino que iba en un vehículo es privada de su libertad, llevada a otro sitio donde se abusa sexualmente de ella, confinándola, y al parecer las personas que además de privarla de su libertad le quitaron un vehículo. Pues esos son los hechos que se le atribuyen. Si hay un error y si este error resulta trascendente o no, ese es un tema que valorara un Juez distinto. Yo tendría que valorar, en este caso, si existe el supuesto de la inocencia y si a través de las pruebas se logra demostrar plenamente. Es decir que el Ministerio Público no tenga ningún dato en contra de las personas acusadas. Eso no lo puedo decidir porque no se expone, de todos modos lo que vaya a debatirse considero que debe hacerse ante un Tribunal de Juicio Oral. Este supuesto no ésta configurado, porque la forma no puede influir en el fondo; el fondo: la inocencia, tendría que justificarse a través de argumentos relacionados con las pruebas que tenga el Ministerio Público; no es el caso, por lo tanto no se ajusta la petición a este supuesto y se declara improcedente." 3. En la misma audiencia de veintiséis de enero del dos mil diecisiete al notificar a los quejosos la determinación antes mencionada, su defensor público interpuso recurso de revocación, el cual al ser resuelto por la responsable, reiteró su decisión en el sentido de que no era procedente la solicitud de la defensa en cuanto a que se decretara el sobreseimiento de la causa; resolución que en su parte conducente es del tenor siguiente: ".Se pide que se vuelva a revisar la decisión; se insiste en que el que los hechos descritos no se encaminen contra Miguel Ángel Contreras Regalado y Misael Martínez Rivera es trascendente para considerar que no se está acusando, que no existe acusación, por lo tanto que se trata de una grave omisión por parte del Ministerio Público, de tal manera que el Tribunal que vaya a enjuiciar a los acusados, no tendría ni siquiera base para condenarlos y que se está dejando en indefensión. En este sentido, reitero mi decisión, el motivo por el cual se ésta emitiendo la decisión es que no se ajusta la hipótesis que se ésta invocando al supuesto del 327 fracción III del Código Nacional, que es que se demuestra la inocencia. No se está demostrando nada, porque la única forma de demostrarla es a base de pruebas o datos de prueba, y es una circunstancia que no está ocurriendo en este momento. Según lo establece el Código, tendría que apreciarse claramente establecida la inocencia de los imputados, esto no puede ocurrir si no se observa qué existe en el legajo, y esto tendría que haberse debatido. Ahora, se señala que la omisión deficiencia del Ministerio Público trae como consecuencia la inocencia: insisto, la forma no puede influir en el fondo. El fondo se aprecia a través de las pruebas. En cuanto a que el Tribunal que vaya a juzgarlos puede considerar en su momento que no existe base para condenarlos: ese es un tema que debe exponerse ante el tribunal y si el tribunal así lo considera emitirá una decisión. Los hechos que el Ministerio Público señala no generan indefensión por otro lado, porque está especificándolos, aun cuando no relacione concretamente cómo se lleva a cabo la conducta..." La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. De los antecedentes narrados, así como de las transcripciones que anteceden, las cuales derivan de las audiencias que en formato DVD remitió la responsable, se advierte, que como ya quedó precisado en párrafos precedentes, los conceptos de violación expresados por los quejosos, resultan infundados. En efecto, por lo que se refiere a los sintetizados con los incisos a) y b), en los que refieren incumplimiento por parte del ministerio público del requisito establecido en la fracción III del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que no señala de manera clara y especifica el delito que atribuye a cada uno de los quejosos, ni precisa día, hora y lugar, ni narra la conducta que desplegaron, dado que ni siquiera menciona sus nombres, sino que únicamente hace referencia a hechos cometidos por otras personas, relativos a privación ilegal y violación; son infundados, si se atiende a que: Como lo indica el juez responsable, la solicitud de los imputados, aquí quejosos, no se ajusta a la hipótesis que invocan, es decir, al supuesto del 327 fracción III del Código Nacional, el cual establece: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. . II. . III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; [.]" Ello, toda vez que como también lo aduce la responsable, para que el sobreseimiento que con apoyo en tal dispositivo y fracción piden, sea procedente, se requiere que esté demostrada claramente la inocencia de los impetrantes del amparo, lo que no ocurre en el caso, porque la única forma de demostrarla es a base de pruebas o datos de prueba, circunstancia que no se observa en el legajo, y no a través de lo que, en concepto de los quejosos, constituye una omisión en el escrito que contiene la acusación . En efecto, la razón principal por la cual los imputados quejosos pretenden sea decretado el sobreseimiento, la basan en una omisión o deficiencia del Ministerio Público de que adolece el escrito de acusación, a saber, no precisó, entre otras circunstancias, la conducta que desplegaron en los hechos que se les imputan, el lugar, hora y día en que tal situación sucedió, lo cual, consideran, trae como consecuencia su inocencia, sin embargo, como acertadamente lo señala el juez de la causa, las anteriores omisiones son requisitos de forma que de ninguna manera pueden influir en el fondo, pues éste se aprecia a través de las pruebas. Por otra parte, como lo menciona la responsable, los hechos que el ministerio público señala en su acusación, no generan indefensión para los quejosos, dado que aun cuando no relacione concretamente cómo se lleva a cabo su conducta, sí menciona sus nombres y especifica los delitos que se les atribuyen. Sin que pueda decirse que dejaron de aplicarse en favor de los amparistas los artículos 324 y 325 del mencionado Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen: "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento". Pues si bien es cierto, en el primero de dichos numerales se establece el término de quince días para que el ministerio público formule acusación, mientras que en el segundo se impone la extinción de la acción penal para el caso de incumplimiento de dicho término, también lo es, que el procedimiento es distinto al que iniciaron los promoventes del amparo para obtener el sobreseimiento, pero principalmente, en el caso si existe acusación, como los propios quejosos lo admiten, la cual solamente adolece de algunos requisitos de forma, de acuerdo a lo indicado por el juez de la causa. En razón de lo expuesto, resulta igualmente infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso c), ya que como lo refiere el juez de la causa en la resolución reclamada, los temas de inocencia y de valoración de pruebas, en relación con la acusación del ministerio público, serán considerados en la etapa intermedia y eventual juicio oral, pues así lo establecen los diversos ordinales 334 y 335 del código adjetivo en mención, el primero de los cuales aduce al objeto de la etapa intermedia y el segundo al contenido de la acusación, como se aprecia de la siguiente transcripción: "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios". Además, en el artículo 336 del código en referencia, establece, que una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su notificación a las partes al día siguiente, asimismo, se les entregará copia de la acusación, al acusado y a su defensor, así como a la víctima u ofendido por conducto de su Asesor jurídico, a fin de estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia; y, que el ministerio público deberá poner a disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación, lo que significa que, como también lo dijo la responsable, la acusación puede ser motivo de debate ante la autoridad que conozca de la mencionada etapa intermedia. En las condiciones asentadas, cabe concluir que la autoridad responsable no incurrió en las violaciones que refieren los quejosos, dado que de lo expuesto se desprende que cumplió con el debido proceso, es decir el establecido en el establecido en el artículo 327, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, con las formalidades esenciales del procedimiento, que del propio precepto se desprenden, no violó la presunción de inocencia porque, como lo indicó, ésta es materia de fondo, por lo que dicha inocencia amerita estar claramente establecida, y en el escrito de solicitud de sobreseimiento se alegaron omisiones de requisitos de forma de la acusación formulada, sin que existieran pruebas que demostraran la inocencia de los quejosos; y, sin que por otra parte, las omisiones del ministerio público tengan como consecuencia la inocencia de que se trata. La resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, dado que en ella se citaron los preceptos aplicables, esto es, 465 y 366, así como 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales; la detención o privación de la libertad de los amparistas no deriva de la resolución reclamada, por lo que no resultan aplicables los artículos 18 y 19 constitucionales, la audiencia relativa a la propia resolución se llevó a cabo con la presencia del juez como lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Magna, por lo que no se transgredieron en perjuicio de los peticionarios del amparo los derechos humanos que reconoce el artículo 1 de la propia Ley Suprema. Así pues, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la resolución emitida en el recurso de revocación interpuesto por el defensor público de los quejosos contra la determinación que les negó el sobreseimiento de la causa que solicitaron, viole en su perjuicio derecho fundamental alguno, ni advertida queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Angel Contreras Regalado y Misael Martínez Rivera, contra el acto reclamado del Juez de Control del distrito judicial de la capital, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese vía oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa y da fe hasta hoy veintidós de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS LA SENTENCIA DE 22 DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO:"V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 126/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Angel Contreras Regalado y Misael Martínez Rivera demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de la autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. Acto reclamado: Resolución dictada por el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, el veintiséis de enero del dos mil diecisiete dentro de la causa penal oral 276/2016, que se sigue contra los quejosos, por los delitos de violación, secuestro agravado y robo calificado, cometidos en perjuicio de Elvia Alba Elías y Daniel Alba Vital mediante la cual se les negó el sobreseimiento de dicha causa penal. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo cual en proveído de siete de febrero de dos mil diecisiete se admitió a trámite, se registró con el expediente 126/2017, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad que reside en esta ciudad, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Juez de control del distrito judicial de la capital. La resolución dictada por el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, el veintiséis de enero del dos mil diecisiete dentro de la causa penal oral 276/2016, que se sigue contra los quejosos, por los delitos de secuestro agravado y robo calificado, cometidos en perjuicio de Elvia Alba Elías y Daniel Alba Vital, mediante la cual reitero la decisión de negarles el sobreseimiento de dicha causa penal. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital aceptó la existencia de la resolución reclamada, pues así lo manifestó en su informe con justificación (foja 24). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por el juez responsable, consistentes en copia certificada de audio y video en formato DVD, de la audiencia celebrada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, donde consta la resolución que constituye el acto reclamado, como la anterior a ella, de la misma fecha, asimismo adjunta copia certificada del escrito de acusación presentado por la fiscalía y copias también certificadas, de la transcripción tanto de la resolución que declaró improcedente la petición de sobreseimiento como de la relativa al recurso de revocación interpuesto contra la antes mencionada, emitidas en la causa penal 276/2016 de su índice (fojas 23 y de la 26 a la 35). Documentales, tanto las consistentes en los formatos DVD, que se consideran como tales, como las copias certificadas antes mencionadas a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, respecto a los formatos DVD, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, tampoco la suscrita Juez de Distrito, advierte de oficio su actualización, en consecuencia al no haber operado ninguna causa de improcedencia, resulta conducente emprender el estudio de fondo planteado en la demanda. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los quejosos señalan, en esencia, en sus conceptos de violación, que la autoridad responsable viola el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento, la presunción de inocencia y la inexacta aplicación de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 constitucionales, en relación con los numerales 1, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 324, 327, 328, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo siguiente: a) Si bien el ministerio público cumplió con lo dispuesto por el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales dado que presentó, dentro de los quince días siguientes al cierre de la investigación, la acusación respectiva, la misma no reúne todos los requisitos que deben cubrirse conforme a lo establecido por el diverso numeral 335 del mencionado código adjetivo, concretamente el señalado en la fracción III de dicho ordinal. b) El incumplimiento al requisito mencionado en el inciso precedente, se traduce en un vicio formal de fondo que afecta la esencia del acto jurídico, es decir, que está viciado de nulidad absoluta toda vez que no atribuye de manera clara y específica delito alguno a los aquí quejosos, ni precisa día, hora, lugar, ni narra la conducta que desplegaron, en concreto, pues ni siquiera menciona sus nombres, ya que solo refería hechos cometidos por otras personas relativos a una privación ilegal y violación. c) Causa agravio a los amparistas la circunstancia de que el juez responsable les haya negado el sobreseimiento solicitado en términos de los artículos 327, 328 y 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la deficiencia en que incurrió la representación social de no precisar los hechos que se les atribuyen; debido a que el juez responsable refiere que tal situación solo fue falta de precisión por parte del ministerio público y que los temas de inocencia y de valoración de pruebas serán valorados en la etapa intermedia y eventual juicio oral, ya que más adelante en el escrito de acusación se hace mención a encuadramiento de delitos y de coautoría en la participación. Son infundados los conceptos de violación expresados por los quejosos. Ahora bien previo análisis respectivo, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. En diez de enero de dos mil diecisiete, se recibió en el juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, acusación formulada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación al Combate del Secuestro, contra los ahora quejosos Miguel Angel Contreras Regalado y Misael Martínez Rivera así como dos diversas personas, en su calidad de coautores; los dos primeros por los delitos de secuestro agravado y robo calificado, cometido en perjuicio de Elva Alba Elías y Daniel Alba Vital. 2. En veintiséis de enero del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia relativa a la solicitud de sobreseimiento de la causa penal que se instruye a los quejosos, en la que se declaró improcedente la petición de mérito por las razones que la responsable indicó de la siguiente manera: ".El Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la posibilidad de que exista un sobreseimiento, de que la causa se dé por terminada. Existen supuestos, es decir hay razones que establece el Código para darla por terminada. Del escrito presentado para audiencia, lo que se está manifestando es que la razón por la cual se solicita es el supuesto establecido en la fracción III del artículo 327 del Código de Procedimientos Penales: que aparece claramente establecido que don Miguel Contreras y don Misael Martínez son inocentes. Lo que se está invocando es que son inocentes porqué existe una falta de precisión en la acusación en cuanto a cómo participaron. Se están manejando dos temas distintos: que tiene que ver con que la falta de formalidad trae como consecuencia en el fondo; es decir, creo que son dos niveles de discusión. La inocencias tiene que ver con el fondo, la inocencia debe argumentarse en función de las pruebas que puedan existir, así se establecerá ante un juez la inocencia de una persona a través de pruebas. La formalidad no es el contenido, es el continente. Se dice que no fue expresado debidamente, pues no se dice cómo participaron; luego entonces, se llega a la conclusión que son inocentes. No asiste la razón a la Defensa en ese sentido: la inocencia de la que habla el artículo 327 del referido Código se prueba a través de argumentos que tiene que ver con las pruebas recabadas por la Fiscalía. El Ministerio Público señala unos hechos y habla de coautoría. En efecto, no se mencionan los nombres, se establece en la narración de los hechos cómo participan otras dos personas. Entendido que los hechos que se les atribuyen, en su intervención el día 27 de mayo del 2017, alrededor de las 21:00 horas, una persona del sexo femenino que iba en un vehículo es privada de su libertad, llevada a otro sitio donde se abusa sexualmente de ella, confinándola, y al parecer las personas que además de privarla de su libertad le quitaron un vehículo. Pues esos son los hechos que se le atribuyen. Si hay un error y si este error resulta trascendente o no, ese es un tema que valorara un Juez distinto. Yo tendría que valorar, en este caso, si existe el supuesto de la inocencia y si a través de las pruebas se logra demostrar plenamente. Es decir que el Ministerio Público no tenga ningún dato en contra de las personas acusadas. Eso no lo puedo decidir porque no se expone, de todos modos lo que vaya a debatirse considero que debe hacerse ante un Tribunal de Juicio Oral. Este supuesto no ésta configurado, porque la forma no puede influir en el fondo; el fondo: la inocencia, tendría que justificarse a través de argumentos relacionados con las pruebas que tenga el Ministerio Público; no es el caso, por lo tanto no se ajusta la petición a este supuesto y se declara improcedente." 3. En la misma audiencia de veintiséis de enero del dos mil diecisiete al notificar a los quejosos la determinación antes mencionada, su defensor público interpuso recurso de revocación, el cual al ser resuelto por la responsable, reiteró su decisión en el sentido de que no era procedente la solicitud de la defensa en cuanto a que se decretara el sobreseimiento de la causa; resolución que en su parte conducente es del tenor siguiente: ".Se pide que se vuelva a revisar la decisión; se insiste en que el que los hechos descritos no se encaminen contra Miguel Ángel Contreras Regalado y Misael Martínez Rivera es trascendente para considerar que no se está acusando, que no existe acusación, por lo tanto que se trata de una grave omisión por parte del Ministerio Público, de tal manera que el Tribunal que vaya a enjuiciar a los acusados, no tendría ni siquiera base para condenarlos y que se está dejando en indefensión. En este sentido, reitero mi decisión, el motivo por el cual se ésta emitiendo la decisión es que no se ajusta la hipótesis que se ésta invocando al supuesto del 327 fracción III del Código Nacional, que es que se demuestra la inocencia. No se está demostrando nada, porque la única forma de demostrarla es a base de pruebas o datos de prueba, y es una circunstancia que no está ocurriendo en este momento. Según lo establece el Código, tendría que apreciarse claramente establecida la inocencia de los imputados, esto no puede ocurrir si no se observa qué existe en el legajo, y esto tendría que haberse debatido. Ahora, se señala que la omisión deficiencia del Ministerio Público trae como consecuencia la inocencia: insisto, la forma no puede influir en el fondo. El fondo se aprecia a través de las pruebas. En cuanto a que el Tribunal que vaya a juzgarlos puede considerar en su momento que no existe base para condenarlos: ese es un tema que debe exponerse ante el tribunal y si el tribunal así lo considera emitirá una decisión. Los hechos que el Ministerio Público señala no generan indefensión por otro lado, porque está especificándolos, aun cuando no relacione concretamente cómo se lleva a cabo la conducta..." La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. De los antecedentes narrados, así como de las transcripciones que anteceden, las cuales derivan de las audiencias que en formato DVD remitió la responsable, se advierte, que como ya quedó precisado en párrafos precedentes, los conceptos de violación expresados por los quejosos, resultan infundados. En efecto, por lo que se refiere a los sintetizados con los incisos a) y b), en los que refieren incumplimiento por parte del ministerio público del requisito establecido en la fracción III del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que no señala de manera clara y especifica el delito que atribuye a cada uno de los quejosos, ni precisa día, hora y lugar, ni narra la conducta que desplegaron, dado que ni siquiera menciona sus nombres, sino que únicamente hace referencia a hechos cometidos por otras personas, relativos a privación ilegal y violación; son infundados, si se atiende a que: Como lo indica el juez responsable, la solicitud de los imputados, aquí quejosos, no se ajusta a la hipótesis que invocan, es decir, al supuesto del 327 fracción III del Código Nacional, el cual establece: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. . II. . III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; [.]" Ello, toda vez que como también lo aduce la responsable, para que el sobreseimiento que con apoyo en tal dispositivo y fracción piden, sea procedente, se requiere que esté demostrada claramente la inocencia de los impetrantes del amparo, lo que no ocurre en el caso, porque la única forma de demostrarla es a base de pruebas o datos de prueba, circunstancia que no se observa en el legajo, y no a través de lo que, en concepto de los quejosos, constituye una omisión en el escrito que contiene la acusación . En efecto, la razón principal por la cual los imputados quejosos pretenden sea decretado el sobreseimiento, la basan en una omisión o deficiencia del Ministerio Público de que adolece el escrito de acusación, a saber, no precisó, entre otras circunstancias, la conducta que desplegaron en los hechos que se les imputan, el lugar, hora y día en que tal situación sucedió, lo cual, consideran, trae como consecuencia su inocencia, sin embargo, como acertadamente lo señala el juez de la causa, las anteriores omisiones son requisitos de forma que de ninguna manera pueden influir en el fondo, pues éste se aprecia a través de las pruebas. Por otra parte, como lo menciona la responsable, los hechos que el ministerio público señala en su acusación, no generan indefensión para los quejosos, dado que aun cuando no relacione concretamente cómo se lleva a cabo su conducta, sí menciona sus nombres y especifica los delitos que se les atribuyen. Sin que pueda decirse que dejaron de aplicarse en favor de los amparistas los artículos 324 y 325 del mencionado Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen: "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento". Pues si bien es cierto, en el primero de dichos numerales se establece el término de quince días para que el ministerio público formule acusación, mientras que en el segundo se impone la extinción de la acción penal para el caso de incumplimiento de dicho término, también lo es, que el procedimiento es distinto al que iniciaron los promoventes del amparo para obtener el sobreseimiento, pero principalmente, en el caso si existe acusación, como los propios quejosos lo admiten, la cual solamente adolece de algunos requisitos de forma, de acuerdo a lo indicado por el juez de la causa. En razón de lo expuesto, resulta igualmente infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso c), ya que como lo refiere el juez de la causa en la resolución reclamada, los temas de inocencia y de valoración de pruebas, en relación con la acusación del ministerio público, serán considerados en la etapa intermedia y eventual juicio oral, pues así lo establecen los diversos ordinales 334 y 335 del código adjetivo en mención, el primero de los cuales aduce al objeto de la etapa intermedia y el segundo al contenido de la acusación, como se aprecia de la siguiente transcripción: "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios". Además, en el artículo 336 del código en referencia, establece, que una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su notificación a las partes al día siguiente, asimismo, se les entregará copia de la acusación, al acusado y a su defensor, así como a la víctima u ofendido por conducto de su Asesor jurídico, a fin de estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia; y, que el ministerio público deberá poner a disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación, lo que significa que, como también lo dijo la responsable, la acusación puede ser motivo de debate ante la autoridad que conozca de la mencionada etapa intermedia. En las condiciones asentadas, cabe concluir que la autoridad responsable no incurrió en las violaciones que refieren los quejosos, dado que de lo expuesto se desprende que cumplió con el debido proceso, es decir el establecido en el establecido en el artículo 327, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, con las formalidades esenciales del procedimiento, que del propio precepto se desprenden, no violó la presunción de inocencia porque, como lo indicó, ésta es materia de fondo, por lo que dicha inocencia amerita estar claramente establecida, y en el escrito de solicitud de sobreseimiento se alegaron omisiones de requisitos de forma de la acusación formulada, sin que existieran pruebas que demostraran la inocencia de los quejosos; y, sin que por otra parte, las omisiones del ministerio público tengan como consecuencia la inocencia de que se trata. La resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, dado que en ella se citaron los preceptos aplicables, esto es, 465 y 366, así como 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales; la detención o privación de la libertad de los amparistas no deriva de la resolución reclamada, por lo que no resultan aplicables los artículos 18 y 19 constitucionales, la audiencia relativa a la propia resolución se llevó a cabo con la presencia del juez como lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Magna, por lo que no se transgredieron en perjuicio de los peticionarios del amparo los derechos humanos que reconoce el artículo 1 de la propia Ley Suprema. Así pues, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la resolución emitida en el recurso de revocación interpuesto por el defensor público de los quejosos contra la determinación que les negó el sobreseimiento de la causa que solicitaron, viole en su perjuicio derecho fundamental alguno, ni advertida queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Angel Contreras Regalado y Misael Martínez Rivera, contra el acto reclamado del Juez de Control del distrito judicial de la capital, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo." SENTENCIA DE VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos.

  4. Principal

    Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Zacatecas (fojas 24-25) y de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la Juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes y por emplazados a los terceros interesados Daniel Alba Vital y Elvia Alba Elías (fojas 72 y 74). En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a la juez con la documental remitida por la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación. A lo que la Juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida por la parte procesal citada, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que la Juez determina: Al no haber alegatos que tener por reproducidos se da por concluida la presente etapa, y al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia firmando los que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. DOY FE. LA JUEZ. LIC. ISAURA ROMERO MENA. LA SECRETARIA. LIC. MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA JACOBO. Josué

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