Miguel Angel Contreras Dorantes
Expediente 907/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2013.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/10/2013
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Miguel Angel Contreras Dorantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA CON LA RESOLUCION QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE ASUNTO; POR TANTO, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCION.- FINALMENTE REMITANSE POR INCOMPETENCIA EL OFICIO CON EL QUE LA RESPONSABLE ENVIO EL CUADERNO DE AMPARO QUE CONTIENE EL ESCRITO DE PRESENTACION Y ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL OFICIO DE CUENTA REMITIDO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, TÉNGASE A LA AUTORIDAD OFICIANTE INFORMANDO QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, LA COMISIÓN DE ADSCRIPCIÓN SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DETERMINAR LA CONCLUSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ EN EL DÉCIMOPRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Y SE ACORDÓ SU READSCRIPCIÓN, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD CAPITAL, EN SUSTITUCIÓN DEL MAGISTRADO FEDERICO JORGE MARTÍNEZ FRANCO, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. DICHA PROPUESTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, ESTE ÓRGANO COLEGIADO QUEDARÁ INTEGRADO A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LOS MAGISTRADOS: GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA (PRESIDENTE), MIGUEL VÉLEZ MARTÍNEZ Y JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA CONFORME AL 2º, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, DESE VISTA A LAS PARTES PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de septiembre de dos mil trece. Visto el oficio 1823/2013, del Juez Segundo Civil y Familiar de Apan, Hidalgo, por el que remite cuaderno de amparo el cual contiene original de la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, auto de dos de septiembre del año en curso y, constancia de emplazamiento de la pate tercera interesada, así mismo remite el oficio 1824/2013, con el que rinde informe justificado, seis copias de la demanda y, expediente 367/2012; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo ***, por propio derecho, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- EN ESTE CASO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO ES EL C. JUEZ SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE APAN, HGO. CON DOMICILIO PÚBLICAMENTE CONOCIDO EN DICHA LOCALIDAD. (.).- "IV.- ACTO RECLAMADO.- EL ACTO RECLAMADO EN ESTA DEMANDA DE GARANTIAS, SE HACE CONSISTIR EN EL AUTO, DE FECHA 07 SIETE DE AGOSTO DE 2013 DOS MIL TRECE.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, se advierte que el diez de julio de dos mil doce, el Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, resolvió el juicio especial hipotecario promovido por ***, en contra de ***, ***, *** y ***, en el juicio especial hipotecario 367/2012, seguido por todos los trámites procesales, el siete de agosto de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de primera almoneda de remate, ante el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. En contra de la citada diligencia ***, por propio derecho y como representante común de la parte demandada, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En ese orden de ideas, se evidencia que la resolución reclamada no es una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, dado que ésta se encuentra emitida después de concluido el juicio natural, es decir, en ejecución de sentencia; en consecuencia, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto y, su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y, por autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º , 3º , 5º , 6º , 7º y 8º del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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