Miguel Ángel Colmenero García
Expediente 428/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel Colmenero García
- Titular de Unidad de Detenidos de la Fiscalía de la Mujer, dependiente de la Fiscalía General de la Mujer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el presente expediente se dictó un acuerdo en el que además de ordenarse el archivo de este expediente por encontrarse concluido se ordenó hacer la anotación en la carátula de que este asunto es destruible, pese a que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, por lo que se ordena regularizar el citado acuerdo, para adecuarlo a las indicaciones establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En razón de lo anterior, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General previamente citado. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena reemplazar la anotación hecha en la carátula por la diversa en la que se indique que este asunto es depurable. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de junio de dos mil veintiuno. Vistos el oficio y anexos remitidos por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Detenidos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, en ausencia de la Coordinadora de la Unidad de Detenidos de dicha fiscalía, con residencia en ésta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se le tiene remitiendo documentales de su parte. En las constancias certificadas que remite la citada autoridad, se aprecia que mediante acuerdo de tres de junio del presente año, emito en la carpeta de investigación con número único de caso 37-2021-0017695, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de delitos con detenido FEM, con fundamento en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el numeral 140 del mismo ordenamiento legal, ordenó la inmediata libertad del directo quejoso Miguel Ángel Colmenero García, girándose en esa misma fecha el oficio UIDET-12043/2021 al Encargado de los separos de la Unidad de Control de Detención para tales efectos. Cabe mencionar que el acto reclamado por el quejoso es el siguiente: ".privación ilegal de la libertad, incomunicación y malos tratos". En esa asociación de ideas, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, del tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese contexto, atento a lo manifestado por la parte promovente de amparo señaló que el directo quejoso Miguel Ángel Colmenero García, se encontraba privado de la libertad, incomunicado y con malos tratamientos, en los separos de la Unidad de detenidos de la Fiscalía de la Mujer, dependiente de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, a disposición del Titular y Agente del Ministerio Público Coordinador de la mencionada Unidad de Detenidos de la Fiscalía de la Mujer, dependiente de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con residencia en esta ciudad; sin embargo, como bien lo precisa el la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Detenidos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, en ausencia de la Coordinadora de la Unidad de Detenidos de dicha fiscalía, con residencia en ésta ciudad, mediante acuerdo de tres de junio del presente año, emito en la carpeta de investigación con número único de caso 37-2021-0017695, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de delitos con detenido FEM, con fundamento en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el numeral 140 del mismo ordenamiento legal, ordenó la inmediata libertad del directo quejoso Miguel Ángel Colmenero García. En consecuencia, atento a lo manifestado por citada responsable, y de las constancias que anexó, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las quince horas con veinticinco minutos del primero de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de junio de dos mil veintiuno. Vistos el oficio y anexos remitidos por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Detenidos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, en ausencia de la Coordinadora de la Unidad de Detenidos de dicha fiscalía, con residencia en ésta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se le tiene remitiendo documentales de su parte. En las constancias certificadas que remite la citada autoridad, se aprecia que mediante acuerdo de tres de junio del presente año, emito en la carpeta de investigación con número único de caso 37-2021-0017695, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de delitos con detenido FEM, con fundamento en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el numeral 140 del mismo ordenamiento legal, ordenó la inmediata libertad del directo quejoso Miguel Ángel Colmenero García, girándose en esa misma fecha el oficio UIDET-12043/2021 al Encargado de los separos de la Unidad de Control de Detención para tales efectos. Cabe mencionar que el acto reclamado por el quejoso es el siguiente: ".privación ilegal de la libertad, incomunicación y malos tratos". En esa asociación de ideas, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, del tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese contexto, atento a lo manifestado por la parte promovente de amparo señaló que el directo quejoso Miguel Ángel Colmenero García, se encontraba privado de la libertad, incomunicado y con malos tratamientos, en los separos de la Unidad de detenidos de la Fiscalía de la Mujer, dependiente de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, a disposición del Titular y Agente del Ministerio Público Coordinador de la mencionada Unidad de Detenidos de la Fiscalía de la Mujer, dependiente de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con residencia en esta ciudad; sin embargo, como bien lo precisa el la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Detenidos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, en ausencia de la Coordinadora de la Unidad de Detenidos de dicha fiscalía, con residencia en ésta ciudad, mediante acuerdo de tres de junio del presente año, emito en la carpeta de investigación con número único de caso 37-2021-0017695, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de delitos con detenido FEM, con fundamento en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el numeral 140 del mismo ordenamiento legal, ordenó la inmediata libertad del directo quejoso Miguel Ángel Colmenero García. En consecuencia, atento a lo manifestado por citada responsable, y de las constancias que anexó, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las quince horas con veinticinco minutos del primero de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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