Miguel Ángel Colchado Méndez

Expediente 878/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
878/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Colchado Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado y recibido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, sede en esa misma ciudad, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número ********************/2023. Sin que pase desapercibido que la autoridad oficiante adjunta al oficio de cuenta el exhorto electrónico 258/2023 y número de orden 744/2023 de su registro, enviado para notificar al quejoso ********************, el auto de trece del actual, dictado en el juicio de amparo ********************/2023, de su propio índice, así como copia autorizada de dicho acuerdo (13 de septiembre de 2023), pues se advierte que la citada comunicación oficial no fue dirigida a este Juzgado de Distrito para su diligenciación. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 19, fracción I, incisos a) y b), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, - que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Este cuaderno de antecedentes resulta DESTRUIBLE de ahí que transcurridos seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme a lo establecido en el artículo 19, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo antes invocado. Anotación en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por********************, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 878/2023. Análisis de la demanda Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso********************, reclama del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante de Puebla, Puebla: La omisión de resolver el incidente no especificado de abono de prisión preventiva relativo a la causa penal ********************/********************, del extinto Juzgado Noveno Penal de Puebla, Puebla. Incompetencia por razón de territorio Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. En ese contexto, es necesario establecer que de acuerdo con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. En el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en los tres ámbitos siguientes: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo directo o indirecto). Reglamentado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Amparo. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). Regulado en materia penal por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio. Establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo, así como las constancias de autos, y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. La competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". (.) XII.********************(.) Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca." La norma constitucional establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva, siendo que el artículo 37 de la Ley de Amparo concreta estas reglas de competencia en los siguientes términos: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" El citado precepto, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo), a saber: a) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto combatido pueda tener ejecución en más de un distrito, haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir, ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las dos primeras reglas, se aprecia que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la previene. Por tanto, es trascendente determinar si los actos reclamados tienen o tendrán ejecución material, para lo cual se considera necesario distinguir la naturaleza positiva, negativa y omisiva de los actos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 478/2018, que dio origen a la jurisprudencia obligatoria número 1a./J. 24/2021, de rubro "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL).", sostuvo lo siguiente: "[.] Primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos, de forma genérica, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias, para lo cual se acude a lo establecido por esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos, y éstos a su vez en:  Actos negativos simples  Actos negativos con efectos positivos  Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones En primer lugar tenemos los actos positivos, que son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: Actos negativos simples; Actos negativos con efectos positivos; y, Actos negativos prohibitivos. . . los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. El estudio de la presente resolución se circunscribirá a éstos. Ahora para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, debemos acudir a lo que esta Primera Sala resolvió en el amparo en revisión 1241/1997. En este caso, se puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007 esta Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En ese orden, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. [.]". Ahora bien, en el caso, la parte quejosa, en el presente juicio, reclama: La omisión de resolver el incidente no especificado de abono de prisión preventiva relativo a la causa penal ********************/********************, del extinto Juzgado Noveno Penal de Puebla, Puebla.******************** El cual atribuye al: Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante de Puebla, Puebla. Luego, de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que sería obligación de la autoridad jurisdiccional de resolver de manera breve el citado incidente no especificado; lo cual a su vez constituye una garantía procesal, en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, prevista en el numeral 17 Constitucional, derivado de lo cual la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el procedimiento de ejecución dentro de los términos y plazos previstos legalmente; esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del o tramitación del procedimiento respectivo. En ese sentido, es posible establecer que el acto reclamado en la demanda de amparo en cuestión, si bien es de carácter omisivo, de cualquier forma genera una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, precisamente dentro del trámite que se le sigue. Lo anterior, porque mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le atribuye, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos del impetrante, como es el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita); ya que al demorarse en resolver legalmente, retarda la decisión final en el procedimiento que se le sigue y, con ello, se trasgrede, como ya se dijo, de manera directa el derecho fundamental de acceso a la justicia y en general el debido proceso. De modo que los actos materia de estudio, conlleven un principio de ejecución, por lo cual la regla de competencia aplicable es aquélla en la que el juez competente es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ello, a partir de que como se ha dicho, el acto reclamado conlleva un principio de ejecución; en la especie, que el Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante de Puebla, Puebla, omita resolver dentro de los plazos legales el incidente no especificado de abono de prisión preventiva relativo a la causa penal ********************/********************, del extinto Juzgado Noveno Penal de Puebla, Puebla; además, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al procedimiento, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Por tanto, la jurisdicción rectora reside en la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer lo que las leyes procesales le imponen, lo que tiene como objeto la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en el caso en concreto, se surte el supuesto precisado en el inciso a), del citado artículo 37 de la Ley de la materia, consistente en que será competente para conocer una demanda el juez que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución. Así, se insiste, la omisión de emitir resolución respecto al incidente no especificado de abono de prisión preventiva relativo a la causa penal ********************/********************, del extinto Juzgado Noveno Penal de Puebla, Puebla, del cual conoce el Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante de Puebla, Puebla, es una omisión con ejecución material, y corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado, esto es, en Puebla, Puebla, que se encuentra ubicada fuera del territorio en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Sin que obste a lo anterior que se reclame una omisión en un juicio de amparo, en que la persona sentenciada se encuentre compurgando la pena impuesta en un centro que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando la ejecución de la misma, pues en ese caso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce de dicho procedimiento penal, en virtud de que el lugar en donde acontece la ejecución de la pena impuesta a la parte quejosa, es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. En apoyo de lo anterior, se cita por el principio de identidad de razón, la jurisprudencia obligatoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 24/2021, que dice: «OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario.» En el entendido que, dicho criterio jurisprudencial es aplicable al caso, pues aun cuando se refiere a la omisión de dictar sentencia, lo cierto es que la omisión de dictar resolución en un incidente en un plazo razonable, también se trata de una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Y lo más importante, en dicho criterio jurisprudencial se determinó que el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique la autoridad jurisdiccional que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Por lo que, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su procedimiento, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce precisamente del proceso penal, en el caso de la carpeta de ejecución. Luego, si en el caso que se analiza, se reclama la omisión del juez responsable en emitir resolución respecto del incidente no especificado de abono de prisión preventiva relativo a la causa penal ********************/********************, del extinto Juzgado Noveno Penal de Puebla, Puebla, entonces, atendiendo al sentido de dicha jurisprudencia, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique la autoridad judicial responsable que ha incumplido dichas obligaciones constitucionales (omisión de dictar resolución), será el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto.******************** En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado resulta legalmente incompetente para conocer del juicio remitido; por tanto, en términos del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito", que en lo que interesa señala: "(.) VI. SEXTO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. (.)" En consecuencia, envíese el presente asunto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en esa misma ciudad, para que se realice el turno correspondiente********************al Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno en el Estado de Puebla, con residencia en esa misma ciudad, para que conozca del mismo, por ser el que ejerce jurisdicción, sobre la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante de Puebla, Puebla, que conoce de la causa penal ********************/********************, del extinto Juzgado Noveno Penal de Puebla, Puebla, en el cual, refiere el peticionario del amparo se ha omitido emitir resolución en el incidente no especificado de abono de prisión preventiva. Por tanto, solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, así como el acuerdo que recaiga a la incompetencia planteada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes, realizar las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena notificación En razón a que el quejoso********************, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-OAXACA", con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario notifique personalmente la anterior determinación al interno de que se trata.******************** Por último, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.******************** Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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