Miguel Angel Cobo Rodríguez
Expediente 65/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguel Angel Cobo Rodríguez
- Juez de Ejecución de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias en Catazaja, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 3-A. Vista la razón actuarial que antecede, por medio de la cual la fedataria de la adscripción informa la imposibilidad que tuvo para poder notificar a la parte quejosa Miguel Ángel Cobo Rodríguez, el contenido del auto de veinticinco de septiembre del año en curso, por las razones siguientes: ".me atendió el encargado de la guardia del área jurídica de ese centro de reclusión, quien me manifestó lo siguiente: "no es posible realizar la notificación al interno de nombre Miguel Ángel Cobo Rodríguez, (Exp. 273), toda vez que fue egresado de este centro penitenciario y llevado a otro centro de reclusión, pero por el momento no tengo el dato del lugar donde fue llevado ." Ahora bien, tomando en consideración que en proveído quince de enero de dos mil veinte, se tuvo al licenciado Luis Alberto del Rosario Fierro, Coordinador en Materia Penal Zona Costa, del Instituto de la Defensoría Pública, con residencia esta ciudad, designado como defensor público para que represente al quejoso Miguel Ángel Cobo Rodríguez, en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, en diligencia de diecisiete de enero de dos mil veinte, aceptó el cargo conferido como defensor público del aquí quejoso. En ese contexto, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa Miguel Ángel Cobo Rodríguez, por conducto de su defensor público, el presente proveído así como el diverso de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, por el que se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido.
- Incidental
Agréguese al sumario el pedimento 486 signado por signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que formula, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia incidental. Finalmente, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse las copias certificadas de la resolución que se dicte en el presente incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Vista la diligencia de notificación personal suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, por el cual desahoga la prevención que se le formuló en auto de doce de diciembre del año en curso (fojas 244 a 246). Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Cobo Rodríguez, contra actos de las siguientes autoridades: 1 Juez de Ejecución de Sentencias, con sede en Catazajá, Chiapas. 2 Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias de los Distritos Judiciales de Tapachula, Huixtla, Acapetahua y Motozintla. Consistentes de manera destacada: La negativa a dar el descuento de la prisión preventiva. Con fundamento en los artículos 107, 108, 112 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Miguel Ángel Cobo Rodríguez, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1 Juez de Ejecución de Sentencias, con sede en Catazajá, Chiapas. 2 Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias de los Distritos Judiciales de Tapachula, Huixtla, Acapetahua y Motozintla. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet ... con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 número de registro 2002576. Requiérase a las responsables rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rindan oportunamente dicho informe, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, por cuanto que el quejoso solicita se le designe un defensor público, para que lo asista y represente en el presente juicio de amparo, y toda vez que el mismo actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, gírese oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en Tuxtla Gutiérrez, esto para que en el ámbito de sus atribuciones de ser procedente, designe profesionista que patrocine al aquí quejoso en la tramitación del presente juicio de amparo; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Federal de la Defensoría Pública. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a la agente del ministerio público de la federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 65/2019, promovido por Miguel Ángel Cobo Rodríguez, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1 Juez de Ejecución de Sentencias, con sede en Catazajá, Chiapas. 2 Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias de los Distritos Judiciales de Tapachula, Huixtla, Acapetahua y Motozintla. El acto que hizo consistir en: La negativa a dar el descuento de la prisión preventiva. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 125, 128, 129, 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo vigente, se requiere a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de su recibo. Se les apercibe de que en caso de que no rinda oportunamente el informe previo requerido, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet . con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576. Ahora bien, cabe precisar que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que tiene como objeto mantener un estado de cosas mientras se resuelve el juicio en lo principal y, cuando la naturaleza del acto lo permita, material y jurídicamente, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho cuya tutela pretende, con la finalidad de que su posible violación no se consume durante la tramitación del proceso, afectando de manera irreversible la esfera jurídica del particular. Conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, la procedencia de la suspensión del acto reclamado y/o sus consecuencias está supeditada a que la solicite la parte quejosa, la naturaleza del acto permita su otorgamiento y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el entendido que la suspensión no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda y al analizarse la posible afectación al orden público o al interés social con su otorgamiento, debe también ponderarse la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, como presupuestos de la medida cautelar, a fin de resolver si tal afectación es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pudiere sufrir el quejoso. En el caso, la parte quejosa reclama la negativa a dar el descuento de la prisión preventiva. Con fundamento en los artículos 128, 129 y 130 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la parte quejosa del acto reclamado consistente en la negativa a dar el descuento de la prisión preventiva, toda vez que dada su naturaleza se traduce en un acto negativo, que no puede ser materia de la medida cautelar solicitada, ya que de concederse, equivaldría a darle efectos restitutorios que únicamente son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo de donde deriva este incidente. Resulta aplicable la tesis mil noventa y seis, visible en la página setecientos cincuenta y nueve, Tomo VI, materia común, Quinta Época, 1995, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión"." Además, dicha negativa será materia del fondo del asunto en el juicio principal, en donde se analizará la legalidad o ilegalidad de la misma. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro penitenciario donde se encuentra recluido el quejoso, a quien deberá realizarse las notificaciones en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. (.) Notifíquese; y mendiante oficio a las responsables.
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