Miguel Ángel Climaco Barete
Expediente 1109/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1109/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Ángel Climaco Barete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio 16015, con el que se le devolvió el original del expediente penal 06/2015 del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, y el toca penal 87/2018 de su índice; lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1109/2019; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Miguel Ángel Climaco Barete, por derecho propio, mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta localidad, promovió juicio de amparo contra el acto de los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en: "La resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 87/2018, en la que modifican la resolución apelada y dictan Auto de Formal Prisión contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía, en agravio de quien en vida se llamó Beatriz López Hernández." Que estima violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, bajo el número de expediente 1076/2019 de su índice, quien en auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve declinó conocimiento previo del asunto a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 25-26). TERCERO. Este Juzgado de Distrito aceptó la competencia declinada en proveído de once de diciembre de dos mil diecinueve, y admitió la citada demanda, radicándose con el número de amparo indirecto 1109/2019, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio en su carácter de terceros interesados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, señalándose hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se ordenó la suspensión total de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, con excepción de los casos previstos en el citado Acuerdo; razón por la cual, se decretó la suspensión de los plazos procesales, audiencias y sesiones de los Plenos de Circuito. Posteriormente, mediante Acuerdo General 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reformó y adicionó su similar 4/2020, decretando que la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se extendería hasta el cinco de mayo de dos mil veinte, con las excepciones previstas en el citado Acuerdo General. En seguida, mediante Acuerdo General 8/2020, emitido por el Pleno del citado Consejo, de veintisiete de abril de dos mil veinte, el cual entró en vigor el seis de mayo posterior, fueron decretados los postulados mediante los cuales se debía regir la función jurisdiccional durante el periodo del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. El veinticinco de mayo de dos mil veinte el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del diverso 8/2020, hasta el quince de junio de dos mil veinte. Por Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se prorrogó la suspensión de labores del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, con el esquema de contingencia allí establecido. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se continuó con la suspensión de labores hasta el quince de julio de dos mil veinte, reanudándose las actividades jurisdiccionales contempladas en dicho acuerdo plenario. Posteriormente se prorrogó tal circunstancia hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Finalmente, por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020; en específico en su artículo 2, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 02 de agosto de 2020. Por lo que en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de plazos y términos y se prosiguió con la tramitación del presente juicio de amparo. QUINTO. En proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se ordenó emplazar en su carácter de tercera interesada a la menor S.L.A. L., hija de la víctima del delito, quien fue notificada de la apelación por conducto de sus abuelos, en los estrados de la oficina de la Sala Penal responsable. Lo que se hizo en sus términos. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 5°, 35, 107, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, convinieron en la existencia de la resolución reclamada. Lo que se corrobora con las constancias originales del toca penal 87/2018 de su índice, y causa penal 6//2015 del índice del Juzgado Mixto de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 206, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado." De la anterior transcripción, se observa que el citado dispositivo constitucional, exige para el dictado de un auto de formal prisión los siguientes requisitos: a) El delito que se impute al inculpado. b) Los elementos que lo constituyen. c) Los requisitos de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. d) Los datos que arroje la averiguación previa. e) Que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. La autoridad judicial, al pronunciar el auto de formal prisión, debe cumplir con los requisitos de forma que se precisaron en los incisos a), b), c) y d), además de los de fondo que se enunciaron en el último inciso; en virtud de que, es en esta resolución donde se fija la litis del proceso penal y, de esta manera, se otorga al inculpado la posibilidad de contar con los elementos suficientes para su defensa. El auto de formal prisión de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en contra del quejoso se emitió por los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes en el recurso de apelación 87/2018 de su índice, formulado por la representación social, modificaron el auto de libertad decretado por el Juez de Primera Instancia; Tribunal que fundó y motivó su competencia para emitir la resolución reclamada; de igual forma, en esta resolución la Sala responsable especificó el delito que se atribuye al quejoso y los preceptos legales que lo establecen -transcribiendo los artículos que invocó- como sigue: ".es legalmente competente para resolver este recurso de apelación, por razón de la materia, grado, territorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, último párrafo, y 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza penal y el domicilio de la autoridad que emitió la resolución apelada se localiza en este Estado, dentro de la circunscripción territorial en la que este Tribunal ejerce su jurisdicción. . Contrario a lo señalado por el Juez de Primera Instancia, el cuerpo del delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía, no así con premeditación, cometido en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de Beatriz López Hernández, ilícito previsto en el artículo 285, en relación con los artículos 299, 301, fracción II, 302 y 303, todos del Código Penal, sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 291 del mismo ordenamiento punitivo citado, se encuentra comprobado en autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Código de Procedimientos Penales." Y precisó los elementos que constituyen el tipo penal cuya comisión se atribuye al quejoso: "En efecto, el elemento que integra el delito que nos ocupa y que es que alguien prive de la vida a otro, y los elementos que integran las circunstancias agravantes que son que el activo sea superior a su víctima por el arma empleada o por el número de acompañantes; y que la acción se lleve a cabo sorprendiendo intencionalmente de improviso a la víctima o empleando asechanza o algún otro medio que no le dé lugar a defenderse ni a evitar el mal que se le quiere hacer." Respecto a los requisitos de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, entendiéndose por lugar, el sitio determinado donde ocurrió el hecho atribuido; por tiempo, el momento en que éste aconteció; y circunstancias de ejecución de delito, la expresión clara y detallada del modo en que el evento sucedió; la Sala Penal responsable expuso: ".de las constancias que integran los mismos, se viene en conocimiento que el día veintisiete de septiembre de dos mil diez, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, sobre la calle La Soledad del barrio San Jacinto, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, un sujeto del sexo masculino y otros, a bordo de una camioneta roja, con vidrios polarizados y batea californiana, efectuaron diversos disparos sobre la corporeidad de Beatriz López Hernández, misma que se encontraba conduciendo su unidad de motor, causándole así diversas heridas que provocaron su deceso; actividad que los sujetos realizaron aprovechando su superioridad por el arma empleada y el número de acompañantes y empleando asechanza, sin darle lugar a la víctima de defenderse; con todo lo cual se transgredió el bien jurídico protegido por la norma penal que es la vida humana." Luego, en cuanto a los restantes requisitos que debe contener todo auto de formal prisión, es decir, los relativos a la existencia de datos que acrediten el cuerpo del delito de homicidio con las agravantes de alevosía y ventaja, y hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión, se estima necesario tomar en cuenta lo que dispone el artículo 25 del Código de Procedimientos Penales vigente; numeral que establece los extremos que se deben colmar para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, que establece lo siguiente: "ARTICULO 25. El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de los elementos objetivos o externos y normativos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determina la Ley de la materia y los siguientes elementos: I. La existencia de la correspondiente acción u omisión; II. La lesión o en su caso, la puesta en peligro del bien jurídico protegido; III- La calidad específica de los sujetos activo y pasivo; IV. El resultado material y su atribuibilidad a la acción u omisión; V. El objeto material; VI. Los medios utilizados; VII. Las circunstancias de lugar, tiempo y ocasión; y, VIII. Cualquier otra circunstancia objetiva que la ley prevea. Tales elementos podrán acreditarse, en su caso, con los medios específicos de prueba a que se refieren los artículos siguientes. La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su forma de intervención en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad". La lectura del precepto transcrito permite establecer que el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de los elementos objetivos o externos y normativos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determina la ley de la materia, así como, la existencia de la correspondiente acción u omisión; la lesión o en su caso, la puesta en peligro del bien jurídico protegido; y cuando sea necesario, la calidad especifica de los sujetos activo y pasivo; el resultado material y su atribuibilidad a la acción u omisión; el objeto material; los medios utilizados; las circunstancias de lugar, tiempo y ocasión; y cualquier otra circunstancia objetiva que la ley prevea. En cuanto a la probable responsabilidad del indiciado, dicho precepto establece que se tendrá por comprobada cuando de los medios probatorios existentes, se deduzca su forma de intervención en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad. Así, como en el caso se está en el supuesto de un delito doloso, los elementos del cuerpo del delito de homicidio en estudio derivan del artículo 8, fracción I y 285 del Código Penal del Estado, que disponen lo siguiente: "8o.- Los delitos sólo pueden cometerse dolosa o culposamente: . II.- Obra dolosamente el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico quiso y aceptó su realización." "Art. 285.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro". Luego, acorde con lo dispuesto en el artículo 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en la especie también se requiere que se acredite la existencia de los elementos siguientes: I. La existencia de la correspondiente acción u omisión, consistente en que el sujeto activo prive de la vida a otro. II. La lesión del bien jurídico protegido, que en el caso se trata de la vida del pasivo. III. El resultado material, la privación de su vida con motivo del actuar doloso del inculpado ahora quejoso Miguel Ángel Climaco Barete. IV. El objeto material del delito, que en el caso se trata del ente corpóreo de la pasivo. V.- Los medios utilizados, las armas usadas para alcanzar ese fin. VI.- La calidad especifica de los sujetos activos.- Dada la naturaleza de la causa de la muerte, en la especie, no se requiere calidad específica. Ahora bien, de la lectura de la determinación reclamada, revela que la Sala determinó: Que Beatriz López Hernández, fue privada de la vida por unos sujetos del sexo masculino, que iban armados de pistolas y le efectuaron diversos disparos, provocándoles heridas que le causaron su muerte, esto cuando la víctima se encontraba conduciendo su unidad de motor; lo que acreditó se demuestra con: la diligencia de levantamiento de cadáver, de veintisiete de septiembre de dos mil diez, llevada a cabo por la representación social, en la que en el hospital rural de oportunidades del Seguro Social, certificó y dio fe de tener a la vista al cuerpo de una mujer, en posición de cúbito dorsal, de aproximadamente treinta años de edad, complexión robusta, raza mestiza, tez moreno obscuro, aproximadamente de un metro con sesenta centímetros de estatura, cabello negro ondulado, boca mediana, labios gruesos, que presenta huellas de lesiones visibles por impacto de disparos de arma de fuego, encontrándose el cuerpo cubierto de sangre, con ausencia de latidos cardiovasculares, presentando una muerte real y verdadera. La diligencia de identificación de cadáver, de veintisiete de septiembre de dos mil diez, llevada a cabo por la representación social ante quien se presentó Silvia López Hernández quien reconoció el cuerpo sin vida de su hermana Beatriz López Hernández, manifestando en ese momento que con posterioridad rendiría su declaración ya que en ese acto se encontraba muy mal emocionalmente y expresó temer por su vida, no obstante formuló denuncia contra quienes fueran los asesinos de su hermana. Ambas actuaciones ministeriales que se siguieron conforme a los lineamientos de los artículos 370, 372 y 374, por remisión del numeral 59 Bis, todos del Código adjetivo Penal, que se practicaron de oficio en términos de los dispuesto en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales. Dictamen de reconocimiento médico exterior y necropcia de ley, de veintisiete de septiembre de dos mil diez, emitido por el perito médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que concluyó que la muerte de Beatriz López Hernández, fue por hemorragia interna y externa masivas, lesión a víscera cardiaca producidas por proyectiles de arma de fuego disparada; diligencia que asentó la Sala Penal responsable satisface las exigencias de los numerales 396 y 403 del Código de Procedimientos Penales y cuenta con valor indiciario conforme lo dispuesto en el artículo 354 del mismo código. Conjunto de probanzas que dijo la Sala responsable, valoradas en lo individual en términos de lo dispuesto en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales, en su conjunto, permiten concluir que Beatriz López Hernández fue privada de la vida por unos sujetos del sexo masculino, mismos que armados con pistolas le efectuaron diversos disparos, provocándole heridas que le causaron el deceso, cuando la víctima se encontraba conduciendo su unidad de motor; siendo el objeto material sobre el cual recayó dicho proceder el ente corpóreo de la víctima del delito con lo cual es indudable que con la conducta señalada, se le lesionó el bien jurídico protegido por la norma penal prevista en el artículo 285 del Código punitivo del Estado que protege la vida humana. Respecto a las agravantes de ventaja y alevosía, a las que hacen referencia los numerales 301 fracción II, 302 y 303 del Código Penal del Estado de Oaxaca, precisó la Sala Penal responsable que la ventaja considerada en virtud de que las lesiones se causaron a la víctima mediante la utilización de armas de fuego y además del dicho de la testigo presencial Silvia López Hernández, se advierte fueron cuatro personas los que participaron en la comisión del delito, quienes iban a bordo de una camioneta doble cabina en su calidad respectivamente de piloto, copiloto y pasajeros, efectuaron los disparos a la víctima cuando conducía su camioneta, quien no pudo hacer nada pues se encontraba sola y desarmada; siendo los sujetos activos conscientes de su superioridad por las armas empleadas y el número de los acompañantes, además dijo que no corrieron riesgo de ser muertos o heridos por la pasivo, tendiendo los activos consciencia de su superioridad actualizándose su conducta ventajosa. Por lo que hace a la alevosía, dijo que el ataque a la víctima fue intencional dado que los activos acecharon a la pasivo, cuando se encontraba comiendo con su familia momentos antes en una taquería y al arribar a su domicilio, esperando precisamente la oportunidad para atacarla, aprovechando el momento en que terminó de comer, fue a dejar a su familia a su hogar y se dirigió sola a bordo de su camioneta a casa de sus padres, para así atacarlas y privarla de la vida; lo que demuestra la conducta alevosa de los sujetos activos. Hecho antisocial y calificativas que la Sala Penal responsable consideró se acreditan con: la declaración ministerial de Vicente Salomé Andrade Rosiles, rendida el veintiocho de septiembre de dos mil diez en la que manifestó que el día veintisiete de septiembre de dos mil diez, aproximadamente a las seis y media de la tarde fue en compañía de su esposa Beatriz López Hernández, su empleada Cirila y su menor hija S.L.A.L., a la taquería "Bety", ubicada en el retén de la Comisión Federal de Electricidad en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, que mientras ingerían sus alimentos, pasó por la calle una camioneta roja con vidrios polarizados con batea californiana, la cual bajó su vidrio del lado del conductor hasta la mitad, asomándose el conductor hacia donde estaban ellos y fue que enseguida su esposa le dijo: "oye ese jijo de su pinche madre porqué se nos queda viendo", contestando a su esposa que ella siguiera comiendo, que dejara eso, observando el testigo que la camioneta circulaba despacio y luego siguió su camino hacia la carretera federal tomando con dirección hacia Pinotepa Nacional, por lo que le restó importancia y siguió comiendo; que al terminar se dirigieron a su casa ubicada en calle de la Soledad barrio San Jacinto en la sección tercera, siendo aproximadamente las diecinueve horas, que él se bajó en compañía de su menor hija y la empleada y se dirigieron al interior de su domicilio, ya que su esposa le comentó que iba a casa de su mamá, por lo que aproximadamente a las siete y media de la noche escuchó varios disparos, lo que le sorprendió y le dijo a su muchacha que se quedara con su nena porque iba a ver qué pasaba, que al ir sobre el camino para llegar a la calle se topó con un muchacho "Moy" quien le dijo que se apresurara porque acababan de balear a su esposa; que atrás de él iba otra persona a quien conoce como "el Vicky y la Kinga", quien también le dijo que se apurara porque acababan de balear a Bety, por lo que apresuró el paso y vió el vehículo de su propiedad con diversos impactos de bala y corriendo hacia el lado del chofer vió a su esposa inclinada con perforaciones en la cabeza y al ser la función de él, de policía ministerial, se percató de que ya se encontraba muerta, por lo que pidió apoyo a sus compañeros, que al mismo tiempo llegaron sus cuñadas, quienes argumentando que estaba viva su esposa llegó una ambulancia y se la llevaron al hospital. Denuncia a la que la Sala responsable consideró satisface las exigencias legales de la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, al ser emitida por persona capaz de declarar quien por su edad contó con criterio necesario para juzgar el hecho sobre el que declaró y del que tuvo conocimiento a través de sus sentidos de la vista y el oído, por lo que le otorgó valor probatorio indiciario en términos del artículo 354 del Código adjetivo penal; lo que concatenó con lo manifestado por la ateste Silvia López Hernández, el veinticinco de noviembre de dos mil diez, quien dijo que el veintisiete de septiembre de dos mil diez, siendo aproximadamente las diecinueve treinta horas, tras cerrar su negocio "boutique Zamille" que se encuentra a la vuelta de su domicilio, al dirigirse a éste, sobre la calle principal Ignacio López Rayón, cerca de la posada San Jacinto, al incorporarse caminando sola sobre la calle de la Soledad, vio bajando de frente una camioneta color rojo, marca Chevrolet, sin observar el número de placas, era de doble cabina polarizada con batea californiana, con defensa delantera color negro, observando en ese momento que el copiloto de esa unidad de motor realizaba disparos de arma de fuego con una pistola a la camioneta Explorer beige, de su hermana Beatriz López Hernández, vio enseguida que la persona que iba atrás del copiloto disparó su pistola que portaba, por lo que al verso eso, ella se escondió detrás de una camioneta estacionada en ese lugar, y después de que terminaron de disparar en varias ocasiones, esa camioneta pasó frente a ella, por lo que pudo observar que en esa camioneta viajaban varias personas a quienes identificó porque son personas que regularmente andan en Jamiltepec, que quien conducía la camioneta fue Sóstenes Riaño Corcuera, alias "El Rojo", quien vió que portaba una pistola, y el copiloto es Miguel Ángel Climaco Barete, quien también portaba otra pistola en la mano derecha, y atrás de estas personas del lado izquierdo iba Daniel Barete o Daniel Climaco Barete alias "El Lagrimón", quien portaba otra pistola en su mano derecha, y del lado derecho iba Rodolfo Domínguez alias "El Guacho", quien también llevaba pistola en su mano derecha, que lo pudo observar porque pasaron a una distancia de entre tres o cuatro metros de donde ella estaba escondida, y porque esas personas iban con los vidrios abajo, que al irse esas personas se acercó y vio en el interior de la camioneta beige marca Explorer a su hermana a quien le habían disparado dichas personas, quien tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo y se encontraba bañada en sangre a consecuencia de los disparos de arma de fuego, que al ver la gravedad de las lesiones pidieron apoyo al municipio de Jamiltepec, y los apoyaron a llevar a su hermana al hospital del IMSS de esa población, quien llegó sin vida; agregó que no había declarado anteriormente por miedo ya que esas personas son de alta peligrosidad y siempre andan armados, y se escucha en el pueblo que constantemente han privado de la vida a otras personas, por lo que tiene miedo por su integridad física y por su vida. Testimonio a la que la Sala responsable consideró que satisface las exigencias formales de la fracción VI, del artículo 355 del Código adjetivo pena, y por lo que cuenta con valor probatorio indiciario en términos de los dispuesto en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales. Declaraciones que adminiculó con el parte informativo de veintiocho de septiembre de dos mil diez, en que los Agentes Estatales de Investigación informaron que recibieron llamada telefónica a la oficina de su adscripción por parte de Vicente Andrade Rosciles, informando que sujetos desconocidos habían disparado con armas de fuego a su esposa Beatriz López Hernández; por lo que se trasladaron al lugar indicado, lo aseguraron observando que el vehículo de motor marca Ford, tipo Explorer, color champagne, estacionado sobre la calle La Soledad, barrio San Jacinto, sección tercera, de la referida población, presentaba varios impactos de arma de fuego, en la ventana, parabrisas, cofre y salpicadera del lado del copiloto, con salpicadura y embarramiento hemático en el asiento y puerta del lado del conductor un lago hemático en el suelo, con todos los orificios con trayectoria de derecha a izquierda, y se enteraron que familiares de Beatriz López Hernández la había trasladado al hospital IMSS, a bordo de una ambulancia, falleciendo a causa de las lesiones producidas por arma de fuego; que levantaron seis casquillos de calibre trescientos ochenta, y nueve casquillos de calibre treinta y ocho súper, y fijaron cada uno de los indicios con placas fotográficas. Parte informativo al que se le otorgó valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales, al tratarse de una documental pública suscrita por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo que pone en evidencia, que efectivamente según lo narrado por las citadas personas, estuvieron en el lugar del hecho ilícito momentos antes, durante e inmediatamente después; informando el esposo de la víctima, el ateste Vicente Andrade Rosciles, de la presencia de sus cuñadas instantes posteriores al hecho delictivo -como lo es la ateste Silvia López Hernández-; de igual forma ésta manifestó que al ver la gravedad de las lesiones pidieron apoyo al municipio de Jamiltepec, y los apoyaron a llevar a su hermana al hospital del IMSS de esa población; corroborando su presencia como familiares de la víctima, lo informado en el parte informativo de los Agentes Estatales de Investigación al referir que se enteraron que familiares de Beatriz López Hernández la había trasladado al hospital IMSS, a bordo de una ambulancia. De lo que deriva que como testigos sí estuvieron en el lugar de los hechos en los términos que los relatan. Finalmente, respecto a la probable responsabilidad penal de Miguel Ángel Climaco Barete, en la comisión del citado delito, la Sala Penal responsable la tuvo comprobada en autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 in fine del Código de Procedimientos Penales, con las probanzas ya narradas, de las que dijo destaca el señalamiento preciso y categórico que realizó la ateste Silvia López Hernández, al ahora quejoso, de ser quien acompañado de otros sujetos, portando armas de fuego, y a bordo de una camioneta, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, del veintisiete de septiembre de dos mil diez, sobre la calle La Soledad del barrio San Jacinto, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, efectuaron diversos disparos sobre el cuerpo de la víctima, hiriéndola causándole la muerte; empleando asechanza en los términos ya precisados; ello, adminiculado con lo declarado por Vicente Salomé Andrade Rosiles, quien también informó de la existencia del mismo vehículo de motor en que se transportaban los sujetos activos, y que observó que momentos antes los miraron mientras comían tacos. Por lo que consideró la Sala Penal responsable, que el procesado es coautor material en términos de la fracción III, del artículo 11 del Código Penal del Estado, pues conjuntamente con otros sujetos llevó a cabo el antisocial que nos ocupa. Siendo imputable porque no se desvirtuó que al momento de la comisión del ilícito no contara con las condiciones psíquicas de salud mental y madurez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Código Penal del Estado de Oaxaca. También precisó la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado que la conducta que se analiza fue a título doloso, porque conociendo el procesado los elementos objetivos del delito de homicidio, quiso y aceptó su realización, pues sabía que al agredir con un arma de fuego a una persona, podría causarle heridas de gravedad e incluso su muerte, por lo que adecuó su conducta a la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 8 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Fundamentos y motivaciones, que este Juzgado Federal considera se realizaron por la Sala Penal responsable, conforme a derecho. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 103-108, Cuarta Parte, página 166, también consultable en el IUS, con número de registro 24110, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA. El juzgador tiene la facultad de valorar la prueba testimonial conforme a su prudente arbitrio, según lo establece el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, lo cual significa que al hacerlo debe tomar en cuenta todas las circunstancias que puedan influir en la independencia de criterio de los testigos; esto es, debe examinar si por su probidad e independencia de su posición y por sus antecedentes personales tienen completa imparcialidad; además, debe apreciar que el testigo no sea inhábil en los términos legales; que por su edad, capacidad e instrucción, está dotado del criterio necesario para juzgar el acto; que el hecho de que se trate sea susceptible de ser conocido por los sentidos y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por referencia o inducciones, de otra persona; que el testigo en su declaración sea claro, preciso y se exprese sin dudas o reticencias; que la sustancia del hecho declarado establezca la firme convicción de ser verdad que efectivamente ocurrió, así como la cualidad en cuanto a las circunstancias que enmarcaron el hecho materia del testimonio, aun cuando no es indispensable la absoluta precisión de los detalles accesorios, por la imposibilidad psíquica -retentiva y reproductiva- de la persona, de percibir y recordar totalmente todas las circunstancias de un suceso". Al respecto es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIV, página 2091, también consultable en el IUS, con número de registro 363170, de rubro y texto siguientes: "TESTIGOS SINGULARES, DECLARACIONES DE LOS. Las declaraciones de testigos singulares, que versan sobre actos sucesivos, relativos a un mismo hecho, pueden integrar, cuando reúnen los requisitos de ley, la prueba presuntiva del acto que trata de justificarse en el proceso". Probanzas de las que se desprende que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado basó su determinación sobre los hechos básicos conocidos y los desconocidos cuya verdad se busca; con qué medios probó cada uno de esos hechos, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios descritos y cómo enlazados uno con otro llegó a la conclusión a la que arriba. Igualmente precisó el actuar que tuvo el procesado ahora quejoso, en concreto. En esa medida, atendiendo a todo lo expuesto y detallado en líneas que anteceden, la resolución reclamada de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 87/2018 de su índice, cumple con los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, al estar debidamente fundada y motivada. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial, número XXI 1º 92 K, consultable en la página trescientos treinta y cuatro, del Tomo XIV, Septiembre, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En tales condiciones, lo procedente es negar al quejoso Miguel Ángel Climaco Barete, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 87/2018 de su índice. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Ángel Climaco Barete, contra la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 87/2018 de su índice, en la que dicta en su contra Auto de Formal Prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito homicidio calificado con ventaja y alevosía, en agravio de Beatriz López Hernández; conforme a lo expuesto y fundado en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Ángel Climaco Barete, contra la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 87/2018 de su índice, en la que dicta en su contra Auto de Formal Prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito homicidio calificado con ventaja y alevosía, en agravio de Beatriz López Hernández; conforme a lo expuesto y fundado en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Asunción Suárez Romero, Secretaria que autoriza y da fe, hoy cinco de octubre de dos mil veinte, en que se engrosó esta sentencia.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Secretario Encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, toda vez que dicha autoridad no está señalada como responsable en el presente juicio de control constitucional, si bien, en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, se le giró oficio fue para el efecto de suspender el procedimiento dentro de la causa penal 06/2015, de su índice, hasta en tanto le sea notificada la resolución que recaiga en el presente juicio de control constitucional, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
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