Miguel Ángel Chávez López
Expediente 836/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Chávez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Mediante auto de tres de diciembre de dos mil veinte, por una parte se concedió la suspensión provisional y mediante resolución interlocutoria de quince de enero de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que resulta innecesaria la retención de la causa penal 415/2020 que remitió la autoridad responsable anexo a su informe justificado, se ordena su devolución.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUINETE ROVEÍDO Y SENTENCIA : Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la cuenta que antecede, se advierte que se han superado diversas circunstancias que habían disminuido la capacidad operativa de este órgano jurisdiccional para actualizar la integración del expediente físico del asunto en que se actúa, hasta glosar al mismo la más reciente determinación judicial, como es la sentencia correspondiente; circunstancias entre las que se encuentran: a) la atención prioritaria a la integración de expedientes con recursos y su envío al órgano revisor; b) el rezago prexistente; c) las nuevas y elevadas cargas de trabajo; d) la constante disminución de personal operativo por licencias personales, médicas o contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), vacaciones, días económicos; y, e) la depuración y destrucción de expedientes que se llevó a cabo entre el ocho de noviembre y diez de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento estricto al requerimiento formulado a este juzgado por la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal en el dictamen de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 501/2020-DV. En consecuencia, una vez que se ha producido la glosa al expediente físico de la sentencia en cita, cuya emisión con firmas autógrafas constituyó una medida necesaria, racional y proporcional para abatir el rezago precisamente en la integración del citado cuaderno (atraso producido por la atención a otras actividades jurisdiccionales que se consideraron prioritarias), procédase a notificar dicho fallo como legalmente corresponda y a integrar la resolución al expediente electrónico, a fin de que exista coincidencia con el impreso. 2. Se informa a Juzgado de origen. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente como constancia el oficio suscrito por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, toda vez que en párrafos anteriores, se ordena notificar la sentencia dictada en autos. SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 836/2020, promovido por José Luis Becerril García, por conducto del defensor público, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 apartado B, fracción V y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con el carácter de Juez de Control, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de vinculación a proceso pronunciado el nueve de noviembre de dos mil veinte en el proceso penal 415/2020, por los hechos señalados en los artículos 195 bis del Código Penal Federal, en relación con 193 del mismo ordenamiento, 245 y 247 de la Ley General de Salud, que tipifican el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple del psicotrópico denominado clonazepam. TERCERO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 51, fracción I, y 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Es cierta la resolución que se reclama Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con el carácter de Juez de Control, ya que así se desprende del contenido del informe justificado y se corrobora con las copias certificadas que remitió como complemento del informe, así como del contenido del disco versátil digital, los que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye presupuesto procesal que debe estudiarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de observa que en el caso se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Ahora, en principio debe decirse que con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, y éstas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, de lo que en principio existe una prohibición de tomar en cuenta aquellas rendidas con posterioridad, también lo es, que tratándose de la procedencia del juicio de amparo que constituye un presupuesto procesal, se constituye una excepción a regla general, de manera que cuando existen pruebas de la improcedencia del juicio de amparo producidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, no existe ningún impedimento para incorporarla al proceso de amparo. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 25/2012 (10a.) que establece: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Y en el caso, la audiencia constitucional fue celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en tanto que, el once de mayo del mismo año, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con el carácter de Juez de Control, informó que el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado; sentencia que fue recurrida en apelación y modificada por el Segundo Tribunal Unitario del Decimoprimer Circuito con residencia en Morelia, Michoacán, únicamente en lo relativo al otorgamiento de los beneficios substitutivos de la pena corporal; por tanto, por resolución de seis de mayo de dos mil veintiuno, se otorgó al quejoso los beneficios de la substitución de la pena de prisión y de la condena condicional. En ese orden, tenemos un proceso penal en el que se dictó auto de vinculación a proceso (acto reclamado) por un hecho que la ley señala como delito, y sentencia pronunciada con posterioridad a la promoción del juicio de amparo la que causó estado por ministerio de ley, porque si bien fue sujeta a un recurso de apelación la materia de éste versó únicamente sobre los beneficios de la substitución de la pena de prisión y de la condena condicional; por tanto en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de amparo, porque el juicio se promovió en contra de un auto de vinculación a proceso, cuyas bases de reglamentación se encuentra prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y existe una sentencia que se pronunció con posterioridad a la promoción del juicio de amparo que modificó de forma definitiva la situación jurídica del quejoso de imputado a sentenciado. En tal virtud, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto se refiere. Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Chávez López, contra el acto que reclamó Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con el carácter de Juez de Control por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión de este fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, y da fe el secretario Javier Iván Contreras Osorio.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 836/2020, promovido por José Luis Becerril García, por conducto del defensor público, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 apartado B, fracción V y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con el carácter de Juez de Control, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de vinculación a proceso pronunciado el nueve de noviembre de dos mil veinte en el proceso penal 415/2020, por los hechos señalados en los artículos 195 bis del Código Penal Federal, en relación con 193 del mismo ordenamiento, 245 y 247 de la Ley General de Salud, que tipifican el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple del psicotrópico denominado clonazepam. TERCERO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 51, fracción I, y 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Es cierta la resolución que se reclama Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con el carácter de Juez de Control, ya que así se desprende del contenido del informe justificado y se corrobora con las copias certificadas que remitió como complemento del informe, así como del contenido del disco versátil digital, los que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye presupuesto procesal que debe estudiarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de observa que en el caso se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Ahora, en principio debe decirse que con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, y éstas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, de lo que en principio existe una prohibición de tomar en cuenta aquellas rendidas con posterioridad, también lo es, que tratándose de la procedencia del juicio de amparo que constituye un presupuesto procesal, se constituye una excepción a regla general, de manera que cuando existen pruebas de la improcedencia del juicio de amparo producidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, no existe ningún impedimento para incorporarla al proceso de amparo. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 25/2012 (10a.) que establece: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Y en el caso, la audiencia constitucional fue celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en tanto que, el once de mayo del mismo año, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con el carácter de Juez de Control, informó que el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado; sentencia que fue recurrida en apelación y modificada por el Segundo Tribunal Unitario del Decimoprimer Circuito con residencia en Morelia, Michoacán, únicamente en lo relativo al otorgamiento de los beneficios substitutivos de la pena corporal; por tanto, por resolución de seis de mayo de dos mil veintiuno, se otorgó al quejoso los beneficios de la substitución de la pena de prisión y de la condena condicional. En ese orden, tenemos un proceso penal en el que se dictó auto de vinculación a proceso (acto reclamado) por un hecho que la ley señala como delito, y sentencia pronunciada con posterioridad a la promoción del juicio de amparo la que causó estado por ministerio de ley, porque si bien fue sujeta a un recurso de apelación la materia de éste versó únicamente sobre los beneficios de la substitución de la pena de prisión y de la condena condicional; por tanto en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de amparo, porque el juicio se promovió en contra de un auto de vinculación a proceso, cuyas bases de reglamentación se encuentra prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y existe una sentencia que se pronunció con posterioridad a la promoción del juicio de amparo que modificó de forma definitiva la situación jurídica del quejoso de imputado a sentenciado. En tal virtud, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto se refiere. Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Chávez López, contra el acto que reclamó Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con el carácter de Juez de Control por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión de este fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, y da fe el secretario Javier Iván Contreras Osorio.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se obtiene que en el juicio de amparo II-836/2020, se celebró la audiencia constitucional a las catorce horas con cuarenta minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, quedando los autos para dictar resolución sin que a la fecha se haya emitido; en consecuencia, fórmese cuadernillo de antecedentes relativo a dicho juicio. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con carácter de Juez de Control, mediante el cual informa que se verificó la audiencia de procedimiento abreviado, en la que se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, y que la misma causó ejecutoria el mismo día dado que las partes renunciaron al plazo para interponer el recurso de apelación, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto y agregarse en el expediente físico.
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