Miguel Ángel Chatu Albores

Expediente 884/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
884/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • José Guadalupe Ramos Santos
  • Miguel Ángel Chatu Albores
  • Raúl Martínez Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a los que haya lugar Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que, no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, por ende, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamente la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante David Vázquez Ruiz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, hora y día programados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 884/2022-V, promovido por Carlos Daniel Conde Ramírez, en representación de Miguel Ángel Chatú Albores, José Guadalupe Ramos Santos y Raúl Martínez Molina; se levanta la presente acta, al estar en audiencia pública Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. El Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado 4 Emplazamiento a las autoridades responsables 5 Informes justificados rendidos por las responsables. Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe: Autoridades responsables Sentido del informe Fecha de autos 1. Fiscal de Distrito Metropolitano, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. No es cierto 22/07/2022 2. Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Atención Temprana Número Nueve, adscrita a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. No es cierto 11/07/2022 3. Encargado de los Separos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. No es cierto 08/07/2022 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción No. Parte Pruebas Auto 1. Fiscal de Distrito Metropolitano, y 2. Fiscal del Ministerio Público Investigador Copia certificada de la carpeta de investigación 410-101-0205-2022. 11/07/2022 y 22/07/2022 de la Mesa de Atención Temprana Número Nueve, adscrita a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 2 3. Encargado de los Separos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Copia del oficio con detenido 05350/1605/2022, información general del detenido, dictamen médico, y oficios de libertad 04289/1607/2022 y 0492/1607/2022. 08/07/2022 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Acto seguido, se abre la etapa de alegatos; la secretaria hace constar, que ninguna de las partes los formularon, por lo que se cierra dicha etapa. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo número 884/2022-V, promovido por Carlos Daniel Conde Ramírez, en representación de Miguel Ángel Chatú Albores, José Guadalupe Ramos Santos y Raúl Martínez Molina. R E S U L T A N D O: I. Carlos Daniel Conde Ramírez, en representación de Miguel Ángel Chatú Albores, José Guadalupe Ramos Santos y Raúl Martínez Molina, mediante escrito presentado ante el Secretario de Guardia de este Juzgado de Distrito, el uno de julio de dos mil veintidós, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. II. Por auto de uno de julio de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 884/2022-V, se concedió la suspensión de plano solicitada y se requirió a los quejosos Miguel Ángel Chatú Albores, José Guadalupe Ramos Santos y Raúl Martínez Molina, para que ratificara el escrito presentado a su favor. III. Mediante acuerdo de cuatro de julio del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitaron los informes con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I,1 y 107, fracción I,2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV,3 35,4 375 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado se atribuye a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I,6 de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente reclama del 1. Fiscal de Distrito Metropolitano; 2. Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Atención Temprana Número Nueve, adscrita a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y 3. Encargado de los Separos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, todos con residencia en esta ciudad, lo siguiente: ? Privación de la libertad fuera de procedimiento, Tercero. Certeza de los actos reclamados. En el caso, resulta pertinente determinar, que si bien el 1. Fiscal de Distrito Metropolitano; 2. Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Atención Temprana Número Nueve, adscrita a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y 3. Encargado de los Separos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, todos con residencia en esta ciudad, al emitir sus respectivos informes justificados, manifestaron que no eran ciertos los actos que se les atribuyeron consistentes en privación de la libertad fuera de procedimiento; sin embargo, de la lectura de sus propios informes, se evidencia que manifestaron lo siguiente: Que el treinta de junio de dos mil veintidós, elementos de la Policía Especializada, pusieron a su disposición a los aquí quejosos por su posible participación en el hecho que la ley califica como delito de robo con violencia agravado, ilícito cometido en agravio de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, de hechos ocurridos en libramiento norte oriente, fraccionamiento el bosque, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, informó que esa autoridad decretó la libertad del quejoso Raúl Martínez Molina, a las doce horas con veinte minutos del dos de julio de dos mil veintidós, y de los diversos quejosos José Guadalupe Ramos Santo y Miguel Ángel Chatu Albores, a las veinte horas de esa misma data, por lo cual giró los oficios 04289/1607/2022 y 0492/1607/2022, a la Dirección General de la Policía Especializada, en donde se le ordenó se les permitirá retirarse de esas oficinas. Lo anterior lo corroboran con las copias certificadas de la carpeta de investigación número C.I. 0410-101- 0205-2022, constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129,7 y 202,8 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo9 , porque se tratan de actuaciones emitidas por la autoridad responsable en el ejercicio de su encargo. Resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. 10 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. 11 Las circunstancias anteriores, permiten establecer la certeza del acto arriba mencionado y tenerse así para los efectos legales procedentes. Cuarto. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo,12 se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.13 Ahora, de las constancias que obran en autos éste juzgador estima que en el caso particular se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo,14 como a continuación se verá. Del citado numeral se desprende que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraban los quejosos por virtud del acto que reclamaron en el amparo;c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto es aplicable la tesis con el rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.15 Así, se tienen acreditados los requisitos para actualizar la causa de improcedencia analizada, como se relatará a continuación: En primer término, se cumple el requisito precisado en el inciso a), pues el acto reclamado se hace consistir en la Privación de la libertad fuera de procedimiento, sin embargo, como quedo precisado del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se advierte que el dos de julio de dos mil veintidós, decretó la libertad de los quejosos, por lo cual se giraron los oficio 04289/1607/2022 y 0492/1607/2022, a la Dirección General de la Policía Especializada, en donde se le ordenó se les permitirá retirarse de esas oficinas; de ahí que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial. El requisito señalado en el inciso b), también se acredita, toda vez que mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veintidós, ante el Secretario de Guardia adscrito a este Juzgado, Carlos Daniel Conde Ramírez, en representación de Miguel Ángel Chatú Albores, José Guadalupe Ramos Santos y Raúl Martínez Molina, solicitaron el amparo y protección de la justicia Federal contra actos del 1. Fiscal de Distrito Metropolitano; 2. Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Atención Temprana Número Nueve, adscrita a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y 3. Encargado de los Separos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, todos con residencia en esta ciudad. También, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que el dos de julio de dos mil veintidós, siendo las doce horas con veinte minutos y las veinte horas, fueron puestos en libertad los quejosos; lo cual fue corroborado con la copia certificada de la carpeta de investigación C.I. 0410-101- 0205-2022, con lo que quedó acreditado el cambió de su situación jurídica, destacándose que con su puesta en libertad constituye una diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos. Por cuanto al requisito identificado en el inciso c), se actualiza, pues en virtud que el dos de julio de dos mil veintidós, siendo las doce horas con veinte minutos y las veinte horas, fueron puesto en libertad los quejosos; lo cual fue corroborado por la copia certificada de la carpeta de investigación C.I. 0410-101-0205-2022, por tanto no puede decidirse sobre su constitucionalidad, en razón de que en materia penal, la situación jurídica del quejoso deviene de las normas que afectan o restringen su libertad personal, llámense citación, comparecencia, aprehensión, detención, prisión preventiva o pena; por lo que la existencia de una de ellas, excluye la aplicación de las restantes. Finalmente, respecto al requisito señalado en el inciso d), existe autonomía entre el acto reclamado y la libertad en favor de los quejosos, toda vez que esta última actuación sustituye jurídica y procesalmente a la anterior situación en que se encontraba el mismo. Con lo anterior, se advierte que el 1. Fiscal de Distrito Metropolitano, con residencia en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional, que giro oficios 04289/1607/2022 y 0492/1607/2022, a la Dirección General de la Policía Especializada, en donde se le ordenó que pusiera en libertad a Miguel Ángel Chatú Albores, José Guadalupe Ramos Santos y Raúl Martínez Molina, lo cual aconteció a las doce horas con treinta minutos y a las veinte horas del dos de julio de dos mil veintidós. En tales condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que se han consumado irreparablemente las posibles violaciones del acto reclamado por virtud del cambio de situación jurídica acaecido, por tanto, lo procedente igualmente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en relación a que fue puesto en libertad el diecinueve de noviembre de dos mil veinte el quejoso, con apoyo en el numeral 63, fracción V,16de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencia: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada).17 Igualmente, por el contenido jurídico que la orienta, la tesis que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencialos mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados.18 Quinto. Transparencia y acceso a la información pública y notificación por el fenómeno de salud COVID-19. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Daniel Conde Ramírez, en representación de Miguel Ángel Chatú Albores, José Guadalupe Ramos Santos y Raúl Martínez Molina, contra los actos y autoridades, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos cuarto de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vistos, los oficios de cuenta signados por el Fiscal de Distrito Metropolitano, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, proporciona correo electrónico y anexa constancias al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos los oficios de cuenta. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. Con el contenido del referido informe, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Relaciónese en la audiencia constitucional. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación 0410-101-0205-2022, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante arriba citada, proporcionando el correo electrónico que al efecto señala, para que a través del mismo se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente; lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, para dar margen a lo anterior, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, se hace del conocimiento de las partes que para la consulta del expediente físico en el cual consta el informe justificado, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que de no hacerlo se considerará que no es su deseo imponerse del mismo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de julio de dos mil veintidós. Visto; el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico en el presente juicio, proporciona el nombre de usuario edith.salgado; de igual forma, señala el mismo para recibir notificaciones electrónicamente. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el pedimento de cuenta. Ahora, respecto a lo peticionado por dicha representante social, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa, por lo que se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a la antes citada, registrada con el nombre de usuario edith.salgado, para dichos efectos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario edith.salgado; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO.

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