Miguel Angel Ceseña Aviles

Expediente 954/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
954/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Angel Ceseña Aviles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha en que se actúa ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, ríndase informe al Tribunal sobre la materia de la queja hecha valer, desglósese el escrito original de expresión de agravios correspondiente, previa copia que del mismo quede agregado en autos y remítase junto con las demás constancias que prevé dicho numeral, al Tribunal Colegiado de este Circuito, en turno, a fin de substanciar el recurso de queja. Con independencia de lo anterior, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran éste, a fin de que sean consultadas por el órgano colegiado.

  2. Principal

    agréguense escrito del autorizado de la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las demás partes, para el efecto de que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación del presente juicio, señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal Colegiado de este Circuito, en turno; y, una vez que transcurra dicho término, remítase el citado escrito -previa copia que del mismo quede agregada en autos para constancia-, copia del auto recurrido, el informe materia de la queja, las constancias que señalen las partes y las demás que este órgano judicial estime pertinentes a dicho tribunal colegiado, para la substanciación del citado recurso. Por otro lado, es facultad de este juzgado de Distrito ordenar la suspensión del procedimiento en caso de que las resoluciones dictadas durante la tramitación del presente juicio de amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave causen un perjuicio no reparable a alguna de las partes con relación a la interposición de la queja y de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Amparo; por tanto, una vez que este juzgado considere que se actualizan dichos supuestos, ordenará la suspensión del procedimiento y en acatamiento a numeral en cita a efecto de no causar daños irreparables a las partes. Con independencia de lo anterior, se comisiona a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran este y del escrito de expresión de agravios, a fin de que sean remitidas al órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del referido medio de impugnación. Por consiguiente, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  3. Principal

    agréguese oficio del Director Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Los Cabos, con residencia en San José del Cabo, Baja California Sur, por el que acusa de recibo del oficio 41761/2023, el cual contiene la sentencia dictada en el presente asunto. se tiene a la referida responsable acusando recibo del oficio 41761/2023, en el que se le hace del conocimiento la sentencia dictada en el presente asunto; por lo que este juzgado federal se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto fenezca el plazo de diez días, previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    agréguese escrito del quejoso, por el que da cumplimiento al requerimiento de tres de octubre de dos mil veintitrés, con motivo de la ampliación de demanda que hizo valer en este asunto. Ahora bien, previo a proveer lo relativo a la ampliación de la demanda hecha valer por la parte quejosa, resulta procedente transcribir la parte conducente de los actos reclamados a las autoridades responsables NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO y NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECISIETE, AMBOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON RESIDENCIA EN CABO SAN LUCAS. (se transcribe...). Atento a la transcripción anterior, debe decirse que tales actos no deben considerarse como de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo, pues para quien ahora resuelve estima que en la especie se actualiza una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción ll, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte..." Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) Il. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Establecido lo anterior, es oportuno señalar que la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad o de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que vulneren derechos fundamentales de los gobernados. A ese respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta pertinente atender al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Común, página 118, de rubro y texto siguientes:"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. (...) Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de una autoridad; y dado que un ente público puede obrar como autoridad y como ente de derecho privado, es necesario distinguir los actos que emite como uno y otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.Por tanto, si la relación jurídica de supra a subordinación repercute en los derechos fundamentales, por colocarse el gobernado como titular frente a los actos unilaterales de las autoridades como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, debe concluirse que, en el caso, la naturaleza jurídica de la relación entre la promovente y el funcionario a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En suma, para que el acto de un particular pueda llegar a equipararse al emitido por una autoridad es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso a estudio, de la lectura integral del escrito de ampliación de demanda de amparo se advierte que el acto reclamado al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO y NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECISIETE, AMBOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON RESIDENCIA EN CABO SAN LUCAS, consistente en: (...) Al efecto, debe señalarse que los notarios tienen una función de orden público, toda vez que actúan por delegación del Estado, con el fin de satisfacer a los gobernados respecto a sus necesidades de interés social como son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de actos y hechos jurídicos, por lo que la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Pues, el notario público actúa en el trámite solicitado, como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten o le han sometido los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. Atento a lo anterior, se estima que en el caso a estudio, los Notarios Públicos señalados no son autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, porque evidentemente no derivan de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de igualdad en el que las partes decidieron contratar ciertos servicios, porque únicamente dan fe y protocolizan el acto que le fue sometido por los particulares; lo que demuestra ser una relación de coordinación derivada de la prestación del servicio encomendado a los citados Notarios; por tanto, los actos reclamados no constituyen un acto de autoridad, por estar dirigidos a un ente que en el caso concreto, actúan en un plano de coordinación y, por ende, no tiene el carácter de autoridad para el juicio de amparo. En esa tesitura, válidamente puede afirmarse que los actos que reclama la quejosa no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de autoridad para efectos del juicio constitucional, sino que son acciones derivadas de manera voluntaria por las partes que así lo solicitaron. Máxime que en el escrito de interposición de la ampliación de la demanda, la parte quejosa expresó como actos reclamados la orden de desalojo del inmueble que afirma es de su propiedad, la falta de notificación del juicio o resolución que determine la desposesión de dicho inmueble; así como la ejecución de desalojo referido; por lo que es incuestionable que la ampliación de demanda de amparo, en la que se reclaman actos de esta especie, emitidos por el NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO y NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECISIETE, AMBOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON RESIDENCIA EN CABO SAN LUCAS, resulte improcedente. En ese tenor, se desecha la ampliación demanda de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo.

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