Miguel Ángel Cervantes Vargas
Expediente 256/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/10/2019
Partes del expediente
- Miguel Ángel Cervantes Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO QUE LA LEY CONCEDE A LAS PARTES INTERESADAS, PARA QUE SE INCONFORMARAN, SI A SU DERECHO CONVENÍA, CONTRA LA DETERMINACIÓN PRONUNCIADA EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A TRAVÉS DE LA CUAL, SE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN AUTOS; POR TANTO, ENVÍENSE MATERIALMENTE LAS ACTUACIONES AL ARCHIVO. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES. EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, TODA VEZ QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL. SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA NO MANIFESTÓ OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES. HÁGASE SABER PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN DICHO ACUERDO QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. EL PRESENTE EXPEDIENTE NO EXISTE DOCUMENTO ALGUNO, EN ORIGINAL, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN A LA PARTE QUEJOSA. ACUÉRDESE LO CORRESPONDIENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. POR RESULTAR INNECESARIA LA RETENCIÓN DE LAS CONSTANCIAS ALLEGADAS AL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, REMÍTANSE A SU LUGAR DE ORIGE.
- Incidental
VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, Y ATENTO AL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ORDENA ARCHIVAR LOS CUADERNOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN LOS QUE SE ACTÚA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE MEDIANTE ACUERDO DICTADO EL DÍA DE HOY, SE DECLARÓ CONCLUIDO EL EXPEDIENTE PRINCIPAL RELATIVO. EL CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, ES DECIR, DEBERÁ CONSERVARSE LA RESOLUCIÓN RELATIVA AL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS; POR SU PARTE, EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN EL PLAZO DE SEIS MESES. LA PRESENTE INCIDENCIA NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO, CITADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. SE HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PARTES ALLEGÓ DOCUMENTOS PROBATORIOS ORIGINALES A LA INCIDENCIA EN QUE SE ACTÚA.
- Principal
De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes interesadas, por auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, para desahogar la vista ordenada respecto del cumplimiento que las autoridades responsables adujeron dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Ángel Cervantes Vargas, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: Se tuvo como acto reclamado: Del Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. - El informe que emitió bajo misiva CESP/CEECC/1516/2018, con el que informó y remitió copias certificadas de la evaluación efectuada, así como el oficio CESP/CEECC/RI/NA/1373/2016, que informó el resultado de la evaluación del examen de control y confianza para conservar la permanencia dentro de la institución de seguridad pública. - La falta de observancia de las formalidades esenciales de la legalidad practicada en los exámenes de control y confianza y en la expedición de resultados al tenor de los artículos 10, 11, 13, 17 y 18 de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. - Emitir un resultado sin fundamentación y motivación, ni legal, ni lógico, ni congruente ni probado en su totalidad. Del Comisario de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. - La orden del inicio del Procedimiento Administrativo Especial de Separación por medio de oficio 005/2019 de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dirigido al Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. - Acta administrativa de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por no haber aprobado las evaluaciones de permanencia para ejecutar la separación del cargo de policías de la Comisaría de Tlaquepaque, Jalisco, mediante procedimiento administrativo 049/2018 de veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Del Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. - El acuerdo inicial de diecisiete de enero de dos mil diecinueve y la instauración del procedimiento especial de separación 049/2018 de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dejando de observar la ilegalidad e inconsistencias de las evaluaciones que se practicaron por el Centro Estatal de Control y Confianza del estado de Jalisco. Sentencia de amparo. En la revisión principal 200/2019, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se resolvió: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. --- SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Cervantes Vargas, contra los actos que reclama del Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Comisario de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, señalados en el considerando quinto de la resolución recurrida, en los términos y para los efectos precisados en la sentencia recurrida." En proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se requirió por el cumplimiento a las autoridades responsables, para que acataran los lineamientos del fallo protector En la sentencia autorizada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se determinó que la autoridad señalada como responsable, debía realizar lo siguiente: Dejen sin efectos el acta administrativa de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, a través del cual se dio inicio al procedimiento de origen, así como el proveído de diecisiete de enero último, así como el emplazamiento de veintitrés de enero de esta anualidad, practicado al quejoso por el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, y todo el trámite que se generó como consecuencia de la emisión del referido auto de inicio en el procedimiento administrativo 49/2018, y; Con libertad de jurisdicción, de considerarlo procedente, emita un nuevo acuerdo de inicio y analice, de forma expresa, lo concerniente a la prescripción de la facultad de la responsable para incoar el procedimiento administrativo en relación con la separación del ahora quejoso. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de registro 14451, en el cual comunicó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector por parte de las autoridades responsables, lo cual realizaron de la siguiente forma: Mediante oficio de registro 14451, derivado del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, las autoridades, informaron haber dejado insubsistente el acta administrativa de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, a través del cual se dio inicio al procedimiento de origen, así como el proveído de diecisiete de enero del presente año, el emplazamiento de veintitrés de enero de esta anualidad y todo el trámite que se generó como consecuencia de la emisión del referido auto de inicio en el procedimiento administrativo 49/2018; así mismo, se analizó la cuestión de prescripción concluyendo que la misma no ha operado, por lo que ordenó notificar y emplazar al aquí quejoso para que de forma escrita dé contestación a la reposición del procedimiento administrativo especial. Con lo anterior, se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hubiese desahogado la misma. Consideraciones sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, o bien, determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse el argumento toral por el que se concedió la protección constitucional. Ahora bien, de la sentencia protectora se advierte la siguiente consideración toral: "[. ] En congruencia con lo anterior, debe destacarse que del contenido del acuerdo de inicio combatido de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía de Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el procedimiento administrativo 49/2018, mismo que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, se inadvierte que dicha autoridad haya hecho pronunciamiento alguno en torno a la prescripción de la facultad de la responsable para incoar procedimiento en relación con la pretendida responsabilidad administrativa del ahora quejoso, pues dicho tema no fue puesto a su consideración; tópico que, a diferencia de aquella instancia en sede administrativa, sí se plantea en este juicio de amparo, aunque de manera deficiente; de ahí que se supla tal deficiencia. Consecuentemente, en acato a la jurisprudencia a la que se ha hecho mención, esta juzgadora no puede emprender un análisis respecto de la prescripción de las facultades sancionadoras en el procedimiento administrativo de origen en sustitución de la responsable, pues independientemente de lo que se alegue, en estricta aplicación de la jurisprudencia antes aludida, este órgano jurisdiccional sólo podrá realizar su estudio, hasta que exista pronunciamiento expreso en ese sentido por parte de la autoridad. En ese orden de ideas, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, contra el acta administrativa de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que dio origen a la apertura del procedimiento administrativo radicado bajo el expediente 49/2018, así como contra todo lo actuado con posterioridad, tal como es el auto de diecisiete, emplazamiento de veintitrés, ambos de enero de dos mil diecinueve, todas las actuaciones que se generaron como consecuencia de la emisión del auto que dio origen al procedimiento natural, para los efectos que más adelante se precisan, ello al ser el inicio de un acto inconstitucional." La Sala del Alto Tribunal consideró que conforme a los artículos 113 y 114, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos -federal y del Estado de Jalisco-, el servidor público no tiene la carga procesal de alegar la prescripción de la facultad sancionadora del procedimiento respectivo ante la autoridad responsable, en tanto que sólo constituye una posibilidad de defensa que tiene a su alcance, por lo que puede exponer dicho aspecto en el juicio de amparo, a pesar de que no lo haya realizado ante la autoridad administrativa, en cuyo caso el Juez de Distrito no debe calificar de inoperantes los conceptos de violación relativos, pero tampoco estudiar el fondo de la problemática, acorde con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo vigente, sino conceder el amparo para el efecto de que la responsable examine esa cuestión. Sentado lo anterior, tenemos que el artículo 77 de la Ley de Amparo estable: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: --- I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y --- II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. --- En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. --- (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) --- En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. --- En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. --- En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional al quejoso, es para restituirlo en el goce de sus garantías individuales violadas, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. V. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias certificadas allegadas por las autoridades responsables, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Mediante oficio de registro 14451, derivado del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, las autoridades, informaron haber dejado insubsistente el acta administrativa de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, a través del cual se dio inicio al procedimiento de origen, así como el proveído de diecisiete de enero del presente año, así como el emplazamiento de veintitrés de enero de esta anualidad y todo el trámite que se generó como consecuencia de la emisión del referido auto de inicio en el procedimiento administrativo 49/2018; analizó la cuestión de prescripción, concluyendo que la misma no ha operado, por lo que se ordenó notificar y emplazar al aquí quejoso para que de forma escrita dé contestación a la reposición del procedimiento administrativo especial. En términos del artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, en el presente asunto, se desprende de actuaciones del juicio de origen, que se estableció como lineamientos en la concesión de amparo, el dejar insubsistente la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, ordenó la reposición del procedimiento del incidente de liquidación de alimentos definitivos a efecto de que la juez, con plenitud de jurisdicción, resolviera el incidente de cancelación de pensión alimenticia. Así, se aprecia que el Juez responsable, dejó insubsistente el acta administrativa de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, a través del cual se dio inicio al procedimiento de origen, así como el proveído de diecisiete de enero último, así como el emplazamiento de veintitrés de enero de esta anualidad, practicado al quejoso por el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, y todo el trámite que se generó como consecuencia de la emisión del referido auto de inicio en el procedimiento administrativo 49/2018, y; con libertad de jurisdicción, emitió un nuevo acuerdo de inicio, analizó, de forma expresa, lo concerniente a la prescripción de la facultad de la responsable para incoar el procedimiento administrativo en relación con la separación del ahora quejoso, concluyendo que en el caso no ha operado. Luego, se considera que con ello, se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, ya que si los efectos concesorios del amparo se constriñen a que la autoridad responsable dejara insubsistente el acta administrativa de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, a través del cual se dio inicio al procedimiento de origen, así como el proveído de diecisiete de enero último, así como el emplazamiento de veintitrés de enero de esta anualidad, practicado al quejoso por el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, y todo el trámite que se generó como consecuencia de la emisión del referido auto de inicio en el procedimiento administrativo 49/2018, y; con libertad de jurisdicción, de considerarlo procedente, emitiera un nuevo acuerdo de inicio y analizara, de forma expresa, lo concerniente a la prescripción de la facultad de la responsable para incoar el procedimiento administrativo en relación con la separación del ahora quejoso. De ahí que se considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector, toda vez que se realizaron los lineamientos que se precisaron a las autoridades responsables. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a las autoridades responsables obligadas dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia. Notifíquese.
- Principal
CITAORIO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL DICE: Agréguese a las presentes actuaciones de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, el comunicado y anexo, suscrito por el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado por este órgano de control constitucional en auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, en relación a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con dichas constancias por el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exprese lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 293, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Es aplicable el criterio sustentado en la tesis 2a. CXIV/2013 (10a.), emitida en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes diez de enero de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, con registro 2005257, titulada: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO".
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