Miguel Angel Cervantes Saenz
Expediente 175/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Angel Cervantes Saenz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a quince de marzo de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Finalmente, como de la constancia secretarial del cuenta se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dado que se desechó la demanda de Amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta se aprecia que la parte quejosa no realizó manifestaciones? respecto al cumplimiento de la ejecutoria en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ... por lo que se procede a dictar la resolución relativa en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000 de la Novena Época, Segunda Sala, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, página doscientos cuarenta y tres, que al rubro dice:???? "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)".? Atento a la constancia secretarial, se obtiene que los efectos de la concesión?de amparo a favor de ...consistieron en que la autoridad responsable dentro del plazo de tres días siguientes a que cause ejecutoria el fallo, deberá: Emitir la respuesta correspondiente al escrito de la parte quejosa fechado el veintisiete de abril del año en curso, de manera congruente con lo solicitado, y Notificar personalmente los acuerdos respectivos en el domicilio señalado en los referidos ocursos. Resolución que causó ejecutoria el veintisiete de diciembre del dos mil veintiuno, y se requirió a la responsable el cumplimiento al fallo protector.? Por su parte, la autoridad responsable en cumplimiento, realizó las actuaciones siguientes:??? Mediante acuerdo de diecinueve de enero del dos mil veintidós, dio respuesta a la solicitud de veintisiete de abril del dos mil veintiuno, en el que hizo del conocimiento de la parte quejosa que deberán estarse a lo acordado a través del acuerdo emitido el tres de septiembre de dos mil veintiuno, por medio del cual ordenó dejar sin efectos cualquier determinación administrativa análoga emitida con anterioridad a esa época y ordenó la reapertura del Mercado Municipal "Morelos", ubicado sobre ...En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, al no advertirse excesos ni defectos en su acatamiento, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo,?archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de depuración, y los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Se comisiona al Actuario judicial adscrito para realizar la notificación del presente proveído de manera personal a la parte quejosa, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós... Vista la demanda de amparo promovida por la quejosa en cita, en contra de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruandiro, Michoacán y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número V-175/2022-2. Luego, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a éste juzgador a desechar de plano la demanda, cuando al examinarla encuentra motivo manifiesto e indubitable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos a ésta se anexen; en tanto que lo indubitable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señaló en el capítulo de hechos en el punto tercero que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, presentó demanda en la vía ordinaria civil registrada con el número -, sobre prescripción positiva ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Puruandiro, Michoacán, misma que fue admitida el veinticinco siguiente; además, afirmó que no tenía conocimiento de que el señor -, había iniciado un trámite para adjudicarse la propiedad ubicada en las calles-y que fue hasta el día diez de agosto de dos mil veintiuno, cuando se enteró y se percató que la citada persona había tramitado las diligencias de AD-PERPETUAM sobre el inmueble materia de la litis. Por tanto, la demanda en cita se aprecia claramente fue presentada de forma extemporánea. Así, en torno a los actos precisados el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. [.] "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" De la lectura de dichos preceptos legales, se advierte que la demanda de amparo se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Así, de conformidad con lo establecido en el segundo de los supuestos precisados, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que se advierte que la parte promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados, actualizándose en el particular el referido segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con ellos. Ahora, de lo precisado en los párrafos precedentes, se pone de manifiesto que cuando menos la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el diez de agosto de dos mil veintiuno, fecha en la que se percató que -, había tramitado las diligencias de jurisdicción voluntaria número -, sobre información testimonial AD-PERPETUAM, para suplir el título de dominio, respecto del predio que se ubica en la esquina que forman las calles -En relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, desde la fecha que se precisó en el párrafo que antecede; esto es, desde el diez de agosto de dos mil veintiuno, el cómputo del plazo para la interposición de la demanda debe realizarse a partir del día siguiente en que se aprecia que tuvo conocimiento de los mismos; por tanto, a la fecha en que la quejosa presento su demanda (dieciséis de febrero de dos mil veintidós), ya había transcurrido en exceso el plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la presentación del juicio biinstancial. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Igualmente, se cita diversa emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, que a la letra dice: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicas a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías respecto de los actos precisados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 del ordenamiento legal en cita. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el precisado en su ocurso de cuenta. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, y anexos que acompaña al mismo, virtud a que, como se desprende de la constancia secretarial que antecede, en proveído de once de febrero del año en curso, se dio vista por el término de tres días a la parte quejosa con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, por lo que, una vez que transcurra dicho término se proveerá al respecto. Notifíquese.
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