Miguel Angel Castro Gonzalez
Expediente 2029/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2029/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/05/2018
Partes del expediente
- Miguel Angel Castro Gonzalez
- Myriam Alejandra Olguin Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio que remite el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en autos y señala que respecto del contribuyente xxxxxxxxxxxxx, quejoso en el juicio de amparo 2031/2015, por el que fue requerido no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por tanto se deja sin efectos el apercibimiento dictado en autos. Por otro lado, visto el estado procesal de autos se advierte que en auto de nueve de mayo pasado, se tuvieron a la vista las copias certificadas del oficio remitido por la autoridad responsable, así como de los autos de dos y veintiséis de abril de dos mil dieciocho y demás constancias relativas al Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte, entre otras cosas, que a la diversa contribuyente en el juicio de amparo 2029/2015, no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En tal virtud, en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Por tanto, si la autoridad responsable no realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes en este asunto, no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; y personalmente a las quejosas.
- Incidental
Ciudad de México, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio remitido por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual remite diversa promoción, al respecto se provee: Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual pretende rendir el informe previo que le fue requerido; toda vez que en el incidente de suspensión que nos ocupa ya se resolvió lo conducente a la suspensión definitiva. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
En nueve de marzo de dos mil dieciocho, se notifica a la parte quejosa el proveído de cinco de marzo de dos mil dieciocho, mismo que precisa: Ciudad de México, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por quien se ostenta como *********************, representante legal de la quejosa en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, requiérase al promovente, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, se presente en las instalaciones de este juzgado a efecto de que reconozca y ratifique la autenticidad de la firma estampada en el ocurso de cuenta, en virtud de que difiere ostensiblemente con la estampada en el escrito inicial de demanda, y una vez hecho lo anterior se proveerá lo que en derecho corresponda en relación al contenido de su escrito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, página 385, del rubro y contenido siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Finalmente, toda vez que del escrito de expresión de agravios, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en autos, se advierte que señala domicilio para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de junio de dos mil diecisiete. Visto el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; se le tiene acusando recibo del diverso con el que se remitieron el cuaderno principal relativo al juicio de amparo en que se actúa, así como original y copia del escrito de expresión de agravios, con motivo del recurso de revisión interpuesto e informa que lo admitió. Notifíquese.
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