Miguel Ángel Castillo Jiménez
Expediente 416/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Ángel Castillo Jiménez
Actuaciones
- Principal
MESA I. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiocho de mayo del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido... este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden... háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA I. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el escrito de demanda de amparo presentado por ***, contra actos del Agente del Ministerio Público, Titular de la Carpeta de Investigación ***, adscrito a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles Agencia Investigadora 74, por violación a los derechos fundamentales previstos en el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RADICACIÓN... regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 416/2019-I-A. DESECHAMIENTO En principio, es necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone:... El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE..." Ahora bien, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en: 1) la omisión de solicitar copias certificadas al Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, de la totalidad de las actuaciones que integran el expediente ***, así como de los documentos base de la acción, este Juzgado de Distrito, considera que dicho acto no le causa agravio personal y directo porque no le causa una afectación real y actual a su esfera normativa del particular; por tanto, no le irroga perjuicio alguno. Se afirma lo anterior pues, el hecho de que la representación social no haya solicitado al Juez Civil, copias certificadas de todo lo actuado en el expediente ***, a efecto de integrar la carpeta de investigación, no implica indefectiblemente la afectación de sus derechos sustantivos y con ello su esfera jurídica, pues aun cuando la autoridad responsable no accedió a la petición de la parte quejosa - origen del acto reclamado - lo cierto es que ello no le causa perjuicio, dado que existe la posibilidad de que la representación social continúe con el trámite de la citada carpeta y, al final, determine la indagatoria de manera favorable a sus intereses. Por lo tanto, en el caso, el juicio de control constitucional no es el medio idóneo para tutelar la pretensión procesal del quejoso, dentro de la indagatoria penal respectiva, pues se itera, tal acto reclamado no afecta el interés jurídico del solicitante del amparo. Sobre esa base, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... En vinculación con lo anterior, resulta imprescindible traer a contexto el artículo 5º, fracción I, de la Ley de amparo, que dice: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:... La porción normativa que precede, contempla con mayor claridad la figura del quejoso en el juicio de amparo, estimando por tal a quien resiente en su esfera jurídica un acto lesivo. Bajo esa perspectiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tanto la integración, averiguación, consignación o determinación de una investigación ministerial, no son actos que hasta ese momento irroguen perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, por ende, estimar lo contrario sería tanto como entorpecer las facultades constitucional y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, ya que los actos acaecidos durante la carpeta de investigación es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria. El aserto que precede se encuentra contenido en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 351, del rubro y texto siguiente: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.... En esa línea de pensamiento, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito... procede desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado que la parte impetrante hizo consistir en: 1) La omisión de solicitar copias certificadas al Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, de la totalidad de las actuaciones que integran el expediente ***, así como de los documentos base de la acción; pues se itera, el acto reclamado no afecta el interés jurídico del solicitante del amparo. Debe destacarse que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el juicio de amparo *** del índice de este Juzgado, obra la resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dentro de la revisión penal 48/2019, ejecutoria en la que el Tribunal en cita, sostuvo, substancialmente, el criterio en mención. Por otra parte, respecto a los otros dos actos reclamados, consistentes en: 2. La omisión de citar a declarar a los indiciados ***; y, . 3. La dilación en el trámite de la carpeta de investigación ***, con motivo de las omisiones precisadas en los incisos 1 y 2. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece:... Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora de los actos reclamados, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular los actos reclamados. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige los actos, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia común, Tomo XXIII, Febrero de 2006, visible en la página 1624, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES..." En el presente caso, se actualiza la causal en estudio, dado que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso promueve el juicio de amparo contra los actos del Agente del Ministerio Público, Titular de la Carpeta de Investigación ***, adscrito a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles Agencia Investigadora 74. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa tenía la carga procesal, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece:... Del citado artículo, se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ahora bien, de los artículos 20, Apartado C, fracción VII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales , se advierte el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación en los términos previstos en ese código y demás disposiciones aplicables. Así, la afectación que sufre el gobernado cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones, es equiparable a dichas determinaciones, por similitud en sus efectos, por tanto, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo. En tales condiciones, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Encuentra apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 27/2018, el veintitrés de mayo pasado, en la cual determinó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales , permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Así, sostuvo que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal) si no en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese orden, este órgano jurisdiccional concluye que bajo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual manera puede interpretarse la fracción XXI, del artículo 109 del código único, con los diversos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el 258 de la citada legislación procesal, para concluir que los actos reclamados debieron analizarse por el juez de control previo a la promoción de este juicio de amparo. Así, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos. Cabe precisar que la omisión reclamada, no se encuentra en los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del citado numeral 61 de la ley de la materia. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO que se atiende... DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo y como autorizado para esos efectos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Hugo López Labra, en virtud de que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales...
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