Miguel Ángel Castellanos Pérez
Expediente 151/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Castellanos Pérez
Actuaciones
- Principal
El auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
cuenta con una demanda que tiene el número de registro interno siguiente: 2092. León, Guanajuato, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Castellanos Pérez, se acuerda. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 151/2023-VIII, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos que se reclaman fueron emitidos dentro de juicio, sin embargo, no son de aquéllos cuyos efectos son de imposible reparación. De dichos preceptos legales, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, para determinar la procedencia del amparo indirecto, debe analizarse si tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo indirecto resultará procedente; pero en caso contrario, será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada, para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Asimismo, que los actos dentro de juicio que tiene una ejecución irreparable, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, son aquellos que afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de los actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, porque en contra de éstos no procede el juicio de derechos fundamentales ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En esta línea de pensamiento, resulta que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos sustantivos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo. Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. Es necesario subrayar en este punto, que en la actualidad, las excepciones establecidas en antaño para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial, relativas a violaciones procesales que causan una afectación de grado predominante o superior, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito (107, fracción V) ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por?????????? dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; de ahí que puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En consecuencia, dada la nueva connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, ya no es aplicable el criterio que se desprendía de la jurisprudencia P.J. 4/20011 que admitía la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos procesales por violaciones de grado predominante o superior, ya que la interpretación referida se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente, como es el caso, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la referida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Esa interpretación hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan los actos irreparables es la afectación que producen a "derecho sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión que es antagónica con el concepto de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había calificado en la novena época. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2006589, en materia común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de tesis P./J. 37/2014 (10a.), cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el presente caso, la parte quejosa impugna a través de la vía de amparo indirecto la determinación dictada dentro de la audiencia preliminar de veintiséis de enero del presente año, dentro del juicio mercantil ejecutivo oral SOM204/2022; en la que el Juez responsable desechó la excepción de falta de personalidad, así como la inadmisibilidad de la prueba pericial en materias de contabilidad y finanzas, ofertadas por el quejoso. Lo anterior revela que los actos se dictaron durante el trámite de un juicio, y que no se trata de actos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues la desestimación de una excepción de falta de personalidad, ni el desechamiento de una prueba pericial en materia contable, no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales, y más tomando en consideración la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen -aún no se dicta la sentencia respectiva-; por ende, podría repercutir en perjuicio del quejoso si la resolución que se pronuncie en el citado juicio le fuera adversa, siendo éste el momento en el cual las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado habrían trascendido al resultado del fallo, en cuyo caso, estará en aptitud de reclamarlas al promover amparo directo en contra de la resolución final que le resultara desfavorable, alegando tales irregularidades cometidas durante el procedimiento para obtener su reparación. De ahí que no se puede concluir que los actos reclamados tengan efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que producen son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si el impetrante logra obtener una sentencia favorable, las violaciones de que ahora se queja se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Es decir, resulta factible que desaparezcan las violaciones de que se duele, ante la posibilidad de que la sentencia que se dicte en el juicio del que emana la determinación que se tilda de inconstitucional resulte favorable a sus intereses y, en caso contrario, tendrá expedito el derecho de reclamar tales violaciones a través de los conceptos de violación que formule en el juicio de amparo directo que promueva en caso de que le sea desfavorable tal decisión, o bien, en el amparo directo adhesivo que intente, en caso de que la sentencia resulte favorable a sus pretensiones, pero su contraparte sea la que ejercite la acción constitucional en la vía directa. De igual forma, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 24/2006, consultable en la página 297 del tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL QUEJOSO EN LA CONTABILIDAD DE SU CONTRAPARTE EN EL JUICIO NATURAL. CONTRA SU DESECHAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, con el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya?????????????? que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso." Por lo expuesto, toda vez que de la lectura de la demanda, se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio, en relación con los actos reclamados, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como dirección para oír y recibir notificaciones la cuenta electrónica correspondiente al usuario JCVILLAGRANC, a quien desde este momento se autoriza para que realice la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Amparo Electrónico. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Villagrán Cervantes, Mario César Guillen Sesma, Javier Enrique Alvarado Lozano y María Patricia García Hernández, pues demuestran estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, pues cuentan con sus cédulas profesionales 2872230, 934389, 7179633 y 1800287, respectivamente, registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto, así como las subsecuentes que resulten durante la tramitación del juicio. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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