Miguel Angel Carrasco Pérez

Expediente 1125/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1125/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Miguel Angel Carrasco Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo ****, para interponer recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. De conformidad con ....; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el presente asunto se desechó de plano la demanda y no existen documentos originales. Además que no es de relevancia documental. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro uno: registro de juicios de amparo como ********************/2023, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio.********************Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia.********************Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. ********************En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. ********************Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII-mayo de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:******************** "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". ********************Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: ********************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado.". ********************En el caso concreto, la quejosa señala como acto reclamado el proveído de once de julio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de controversia de arrendamiento ********************/2015 del índice del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que se ordenó llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, autorizando el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública, del inmueble ubicado en ********************.********************Se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV del numeral 107 interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución del que deriva, tal como se evidencia a continuación. ********************El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: ********************"Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente:******************** (.) ********************XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". ********************Del citado precepto, se extrae que el juicio de amparo es improcedente en los casos que resulten de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. ********************Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: ********************"Artículo. 107. El amparo indirecto procede: (.) ********************IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. ********************Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. ********************En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.).". ********************De la fracción invocada, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que por regla general, el juicio de amparo procede contra:********************Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural.********************Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. ********************Esto es, la causal que se actualiza en el particular, instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición legal, no establece una causal concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los establecidos concretamente en el propio artículo 61 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, sin que ello implique que se restrinja el acceso al juicio de amparo. ********************Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. XCI/2015 (10a.), de registro 2009938, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 690, libro 22-septiembre de 2015, tomo I, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es:********************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo.".********************Respecto a la hipótesis de procedencia señalada en el numeral 2, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "la última resolución" debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. ********************El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 32/2001 registro 190035, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31de rubro y texto siguiente:********************"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.".********************Así, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la constituye: ********************1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; ********************2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, ********************3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. ********************En estos casos, es posible reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y hayan trascendido al resultado de la resolución respectiva. ********************Cabe precisar que atento a la evolución que ha sufrido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se han establecido los supuestos de procedencia siguientes: ********************Resoluciones autónomas a la cosa juzgada.********************Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenos a lo que es materia de la cosa juzgada. ********************La interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. ********************Sobre dichos supuestos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia cuando tenga la característica de ejecución de imposible reparación, la cual se actualizará cuando exista la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, cuando el acto reclamado consista en una resolución que desestime excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, sin necesidad de combatirla como violación procesal al impugnar la última resolución dictada en dicha etapa; sin embargo, en el caso no se actualiza alguno de tales supuestos. ********************En la especie, como ha quedado establecido en líneas que anteceden el proveído de once de julio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de controversia de arrendamiento ********************/2015 del índice del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que se ordenó llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, autorizando el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública, del inmueble ubicado en ********************.********************Lo anterior tiene relevancia, toda vez que, en el juicio que ahora nos ocupa, se advierte que la orden de lanzamiento del inmueble que dice arrendar no es la última resolución en el procedimiento de ejecución. ********************Por tanto, este órgano jurisdiccional advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, puesto que no reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; aunado a que no goza de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia definitiva y tampoco afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada.********************Apoya la anterior consideración, la tesis I.3o.C.765 C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la cual sostiene:********************"AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías.". ********************Respalda lo antes dicho, la jurisprudencia P./J. 108/20102 , destacada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se insertan enseguida: ********************"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.".********************Apoya a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que establece: ********************"ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo.".********************Máxime, que en el caso la promovente no tiene el carácter de tercero extraño en estricto sentido, toda vez que del anexo que acompaña a su escrito inicial de demanda, consistente en el contrato de comodato de cuatro de mayo de dos mil veinte, suscrito por un parte por ********************, en su carácter de comodante y por la otra ********************, en su carácter de comodatario; se advierte que ********************, es comodatario de ********************, parte demandada en el juicio de origen, a través del cual transmitió al quejoso los derechos y la posesión del bien inmueble ubicado en ******************** ********************. ********************Por tanto, el quejoso ********************, le resulta el carácter de causahabiente de ********************, parte demandada en el juicio de origen, puesto que en su calidad de comodatario del inmueble controvertido fue escuchado mediante su comodante ********************, quien a su vez es parte demandada en autos del juicio de controversia de arrendamiento ********************/2015 del índice del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien resultó vencido en términos de la sentencia de veintinueve de junio de dos mil quince, ahí dictada, y por ende, no se le puede integrar a la relación jurídico procesal, al colocarse en la misma situación jurídica que tenía su causante en relación con un acto jurídico concreto, perdiendo el carácter de tercero extraño a juicio, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo promovido por éste, ya que no es tercero extraño a la citada controversia, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicada en sentido inverso, de la citada ley. ********************Sin que pase inadvertido que el contrato con el que pretende acreditar la posesión del referido inmueble fue suscrito el cuatro de mayo de dos mil quince, fecha posterior a la sentencia definitiva de veintinueve de junio de dos mil quince, en la que se condenó a su comodante a entregar el inmueble materia del juicio de controversia de arrendamiento ********************/2015.********************En efecto, si bien es cierto que el peticionario del amparo no es parte formal, ni material en el citado juicio, y por tanto se le podría considerar tercero extraño a juicio; también lo es que el quejoso al contar con el carácter de causahabiente de ********************, resultó vencido en la reconvención del juicio de controversia de arrendamiento ********************/2015.********************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.187 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo y rubro texto son: ********************"CAUSAHABIENTE. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CUANDO EL QUEJOSO NO DEFIENDE UN ESTADO JURÍDICO DIVERSO DEL OSTENTADO POR SU CAUSANTE SINO, INCLUSO, UNO DE RANGO MENOR (POSEEDOR POR COMODATO RESPECTO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD MATERIA DEL JUICIO NATURAL). Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio respecto del que se ostenta tercero extraño a juicio y aduce ser causahabiente del propietario del bien inmueble adjudicado, con quien dijo haber celebrado un contrato de comodato del que dedujo sus derechos, es evidente que el quejoso carece de legitimación en la causa para solicitar el respeto de derechos que ya fueron defendidos por su causante a través de la misma vía, sin obtener resolución favorable, pues sería inadmisible permitir que se ejerciera dos veces el juicio de amparo por la misma persona, al evidenciarse que el quejoso no defiende un estado jurídico diverso del ostentado por su titular sino, incluso, uno de rango menor (poseedor a título de comodatario sobre un derecho de propiedad que ya fue defendido en juicio por su causante); consecuentemente, el amparo indirecto promovido bajo ese supuesto, resulta improcedente.". ********************Así como por identidad de razón, la similar XVII.1o.C.T.54 C14, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, de contenido siguiente: ********************"CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006- PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: ********************"CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados.". ********************Asimismo, sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.828 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, agosto de 2010, visible a foja 2248, que dice: ********************"CAUSAHABIENCIA PROCESAL E INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA DE AMPARO. Por virtud de la causahabiencia, en términos generales, el causante es sustituido procesalmente por su causahabiente ya que éste queda sometido a las mismas obligaciones contraídas por aquél respecto de un derecho idéntico (causahabiencia procesal). En el amparo, el derecho invocado por el causahabiente no necesariamente debe ser idéntico del de su causante, como cuando el quejoso se ostenta como arrendatario del demandado en el juicio natural, que es propietario del inmueble objeto de litigio sobre el que se ostenta tercero extraño al juicio y que es a la vez materia del acto reclamado. Así, el hecho de que se pruebe ese derecho personal sólo se traduce en que el quejoso sí tenga interés jurídico, razón por la cual no puede sobreseerse en el juicio por falta de ese interés. Sin embargo, lo que ocurre es que en el amparo el causahabiente quejoso se posicionará en un estado jurídico igual al que tendría su causante, inclusive, respecto de las causas de improcedencia correspondientes, lo cual no significa que en el juicio natural pueda tomar la situación jurídica de su causante. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto el quejoso se ostenta como tercero extraño deduciendo su derecho de un contrato de arrendamiento cuya existencia demostró, y de autos se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, entonces la causa de improcedencia que se actualiza no es la de falta de interés jurídico, sino la relativa a que el quejoso debió esperarse a impugnar la "última resolución" que se dictara en esa fase ejecutiva (causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo), pues ésta es la hipótesis en que encuadraría también su causante, porque el causahabiente no puede tener más que éste.". ********************En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el diverso precepto 113 y 61, fracción XXIII de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza.********************Domicilio y autorizados. Sin lugar a tener como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones las listas que se encuentran en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el lugar señalado corresponde a la sede del Juzgado que actúa y no al lugar en que el citado ocursante habitualmente reside, tiene el principal asiento de sus negocios, ni el local de este juzgado puede señalarse como domicilio para oír notificaciones; por lo tanto, la notificación de este proveído y las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hágase a la referida parte tercera interesada por medio de lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.********************Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza solamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona.********************Autorización para obtener imágenes. Hágase del conocimiento de la promovente, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita.********************Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6 del ordenamiento reglamentario en cita.********************Exhortación. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente.********************Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique todos los proveídos y resoluciones que ameriten notificación personal.********************Se faculta a los actuarios y secretarios adscritos para que firmen todos los oficios que genere este sumario.********************Notifíquese por lista.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano