Miguel Ángel Cárdenas Guatemala

Expediente 1162/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1162/2014
Año
2014
Actuaciones
5
Última actuación
28/08/2015

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Cárdenas Guatemala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación, se advierte que el término de quince días que concede la ley a las partes, a fin de que se inconformaran respecto al proveído de veintinueve de mayo del presente año, ha transcurrido. se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. envíese al archivo.

  2. Principal

    Glósese el oficio signado por la Encargada de la Administración del Servicio Postal Mexicano, solicita se le informe si ya obran en este Juzgado los acuses de recibo de los registrados oficiales depositado el veintisiete de octubre de dos mil catorce; comuníquesele que de una revisión de autos, se advierte que a fojas setenta y ocho y ochenta, obran los acuses de recibo de las referidas piezas postales, por lo que deberá suspender el trámite correspondiente...

  3. Principal

    NOTIFICO AL QUEJOSO, MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS GUATEMALA, el proveído de veintinueve de mayo del presente año...

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación que antecede que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, dentro del término legal que establece el dispositivo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de garantías (fojas 82 a 111); con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia concesoria ha causado ejecutoria, dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, del contenido de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa se desprende que los efectos de la protección constitucional son los siguientes: "(.) lo procedente es conceder al quejoso Miguel Ángel Cárdenas Guatemala, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a fin de que: 1. En lo futuro no se le aplique la disposición legal que se estima inconstitucional, consistente en el artículo 10 de la Ley de Hacienda Municipal número 677, del Estado de Guerrero, en relación con el diverso 13 de la Ley número 415 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2014, en tanto dure vigente. 2. Aunado a lo anterior, las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas y el Director de Ingresos Municipal, ambos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, deberán dejar insubsistente el pago que se consigna en el recibo oficial identificado con el número EE-682704, de catorce de octubre de dos mil catorce, expedido por concepto del pago de impuesto predial, así como los impuestos adicionales identificados como: "proeducación y asistencia social" y "proturismo", los cuales son accesorios del impuesto principal y que se declaró inconstitucional, además de los identificados como recargos actual y gastos de ejecución predial actual, por derivar del pago de ese tributo; en el siguiente orden: a) $555,436.20 (quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis pesos con veinte centavos, moneda nacional), por concepto del impuesto predial sobre predios suburbanos baldíos; b) $83,315.43 (ochenta y tres mil trescientos quince pesos con cuarenta y tres centavos moneda nacional), por concepto del impuesto adicional de "proeducación y asistencia social"; c) $83,315.43 (ochenta y tres mil trescientos quince pesos con cuarenta y tres centavos moneda nacional), por concepto del impuesto adicional de "proturismo"; y, d) $2,647.58 (dos mil seiscientos cuarenta y siete pesos con cincuenta y ocho centavos) y $4,813.30 (cuatro mil ochocientos trece pesos con treinta centavos), respectivamente por concepto de recargos actual y gastos de ejecución predial." En ese contexto, agréguese el oficio número DJUP-03/2149/2015, que suscribe Guadalupe López Pegueros, Delegada de la autoridades señaladas como responsables; en atención a su contenido, se le tiene exhibiendo el cheque de caja número 0005436, a nombre del quejoso Miguel Ángel Cárdenas Guatemala, con cargo a la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por la cantidad de $743,826.68 (setecientos cuarenta y tres mil ochocientos ventaseis pesos 68/100 moneda nacional), que erogó el impetrante de garantías por concepto de pago de impuesto predial e impuestos adicionales, así como su actualización; regístrese en el libro de control correspondiente el cheque de referencia. En tal virtud, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado o cualquiera de sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, o persona que tenga poder bastante para realizar este particular acto, con la finalidad de recoger el cheque que la responsable exhibió; apercibida que de no hacerlo así dentro de dicho término, este órgano jurisdiccional procederá a devolverlo, para que ante la dependencia correspondiente realice las gestiones necesarias con motivo de su entrega. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas, así como al Director de Ingresos, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, acrediten con documento fehaciente el cumplimiento que hayan dado a dicha ejecutoria, es decir:  Declaren que al quejoso en lo futuro no se le aplicara el artículo 10 de la Ley de Hacienda Municipal número 677, del Estado de Guerrero, en relación con el diverso 13 de la Ley número 415 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2014, en tanto dure vigente. Así también, con fundamento en los preceptos legales invocados, requiérase al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que en su carácter de superior jerárquico, de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, ordene a la autoridad responsable, cumplir con la ejecutoria de amparo, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponerle para conseguir ese cumplimiento, lo que deberá acreditar ante este Juzgado Federal, dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación. Apercibidas que de no acatar lo antes indicado; y así como, de no dar cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, se les impondrá a cada uno de ellos, multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de $6,729.00 (seis mil setecientos veintinueve pesos moneda nacional), y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Turno en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, de conformidad con el Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, se hace de conocimiento de las autoridades señaladas que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. En el entendido de que si en el plazo concedido, las autoridades responsables demuestran que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifican la causa del retraso, este órgano judicial de amparo, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados; pero de no cumplir el fallo en ese nuevo lapso se hará efectivo el apercibimiento señalado, esto es: 1) se impondrán las multas que procedan; y 2) se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo cual será notificado a la autoridad responsable, cuyo titular seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo. De igual forma, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Esto, ya que sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso se les determinara, podría incurrir asimismo en alguno de los delitos previstos en el capítulo III de la Ley de Amparo en vigor, específicamente en su artículo 267. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial P./J. 54/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 14 de noviembre de 2014 09:20 h, en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, la cual es de observancia obligatoria para este juzgado de distrito, así como para las autoridades responsables, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, únicamente comuníquese lo anterior al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, para los efectos legales procedentes; toda vez que es a las autoridades municipales, a quienes corresponde acatar en sus términos el fallo protector. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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