Miguel Ángel Carbajal Hernández

Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
377/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Carbajal Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Conforme a la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III y 20, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa se valora como DESTRUIBLE en el plazo de tres años. Asimismo, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en cita, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual comunica el proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés dictado dentro del juicio de amparo directo 268/2023 de su índice, en el que entre otros aspectos comunica que el citado órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por ** Con lo anterior este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo determinado por el Tribunal Colegiado oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Queja fundada Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrense a los presentes la ejecutoria remitida vía interconexión por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja ********************, de la que se desprende que el citado Tribunal Colegiado resolvió: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que devuelve la copia certificada del juicio de amparo en que se actúa Acuse de recibo En consecuencia, con fundamento en los artículos 8 y 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, acúsese el recibo correspondiente de la ejecutoria de mérito y de la copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, mediante oficio vía electrónica. Destrucción de expedientillo Respecto del expedientillo formado con motivo del recurso de queja, agréguese únicamente la carátula y las actuaciones posteriores a la certificación por la que se integró el aludido cuadernillo; en el entendido de que las restantes deberán destruirse, en términos del artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Procedencia de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en contra de los actos de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación Y Arbitraje y otra autoridad, se provee: Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese a las partes para que señalen números telefónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en el artículo 263, fracción II del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 55 y 57 del acuerdo general 12/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Actos reclamados De la lectura de la demanda de amparo se advierte que ********************, reclama lo siguiente: La interlocutoria de veintidós de abril de dos mil diecinueve, por la que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla declaró fundado el incidente de competencia por razón de materia que hizo valer el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del expediente ********************. La resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por la que la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aceptó la competencia planteada. La resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, por la que, el Magistrado Instructor de la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la demanda de origen. Antecedentes de los actos reclamados Previo al estudio de los actos reclamados, se estima necesario traer a contexto los siguientes antecedentes del caso. 1. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil diecisiete ante la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ******************** promovió juicio laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social a quien reclamó las siguientes prestaciones: - El reconocimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Puebla, de haber omitido atender quirúrgicamente a la hija del actor de nombre ********************, lo que provocó que esta última tuviera que ser consultada en un hospital particular. - El reintegro de los gastos médicos efectuados por concepto de honorarios quirúrgicos, consultas médicas, medicamentos y desechables por la cantidad de ********************, con motivo de la omisión de otorgar la prestación médica correspondiente a ********************. 2. La Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje radicó el asunto bajo el número de expediente ********************, en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo valer incidente de competencia por razón de materia, el cual se declaró fundado en interlocutoria de veintidós de abril de dos mil diecinueve. En dicha resolución, la junta citada determinó que debía conocer del asunto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque se reclamaba la reintegración de honorarios quirúrgicos. Por ello, ordenó remitir los autos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que se avocara a su conocimiento. 3. Del asunto correspondió conocer a la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien lo radicó bajo el número de expediente ********************y por unanimidad de votos de los integrantes de esa sala, en resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, aceptó la competencia planteada, lo que se sigue de la siguiente transcripción: ".ESTA SALA ACEPTA LA COMPETENCIA MATERIAL PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO (.) Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Sala Regional de Tlaxcala y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Magistrado PEDRO MARTÍN IBARRA AGUILERA, Instructor adscrito a la Primera Ponencia de esta Sala Regional de Tlaxcala y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del acuerdo G/JGA/20/2021 por el que se da a conocer la adscripción y suplencia de Magistrados en diversas Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, en sesión extraordinaria de o3 de mayo de 2021, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2021; Magistrado por Ministerio de Ley CARLOS CAMARGO CORREA, Presidente de esta Sala y en suplencia definitiva del Magistrado Titular de la Segunda Ponencia de esta Sala, a partir del 11 de mayo de 2021, de conformidad con el Acuerdo G/JGA/21/2021, dictado en sesión extraordinaria de fecha 07 de mayo de 2021, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal y publicado en la página Web Institucional de este Tribunal; y la Magistrada por Ministerio de Ley MARÍA GABRIELA OLGUÍN ARELLANO, en suplencia temporal de la Magistrada de la Tercera Ponencia de esta Sala, a partir del 1 de febrero de 2019, de conformidad con el Acuerdo G/JGA/15/2019, dictado en sesión de fecha 15 de enero de 2019 emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal y publicado en la página Web Institucional de este Tribunal; ante el Secretario de Acuerdos, Lic. Ismael Posada Arévalo, quien da fe." 4. Mediante resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, el Magistrado Instructor de la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la demanda por considerar que en esta última lo que en realidad se pretendió combatir fueron aspectos sobre responsabilidad patrimonial del Estado, sin que de forma previa al juicio de nulidad, el quejoso hubiera iniciado el procedimiento correspondiente para solicitar esa responsabilidad patrimonial, a través de la reclamación respectiva ante la dependencia presuntamente responsable, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Análisis de desechamiento En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Causal de improcedencia En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria de veintidós de abril de dos mil diecinueve, por la que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla declaró fundado el incidente de competencia por razón de materia que hizo valer el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del expediente ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, ambos preceptos legales de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y." Del precepto legal transcrito en primer término se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; el segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, la última disposición referida no puede interpretarse literalmente, y aseverar que, por el solo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá, indefectiblemente, cuando se reclame ese tipo de actos de autoridad. Estimar lo contrario, soslayaría los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. Lo anterior, considerando que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio biinstancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales previsto en la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo; para ello, en principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Lo anterior, se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento indagatorio. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para conocer de un determinado asunto y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. En ese sentido, el acto que aquí se analiza consistente en la resolución de veintidós de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral ********************, por la que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla declaró fundado el incidente de competencia por razón de materia que hizo valer el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta ese momento, no puede considerarse que el acto de que se trata fuera definitivo y, por ende, produjera una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualiza, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y, además, es congruente la Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio biinstancial, el acto que se reclame debe ser aquel en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. En conclusión, en el caso en que nos ocupa, la resolución emitida por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por la que se declaró legalmente incompetente, no resulta procedente el juicio de amparo, sin que obste que también reclame la diversa resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por la que la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aceptó la competencia planteada, pues tal circunstancia no torna procedente la primera resolución. Ello, porque el Alto Tribunal del país, sostuvo que tratándose de actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento del asunto, solo es cuando la acepte o bien la rechace y no antes, es decir, cuando se tornen definitivas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: Registro digital: 2009721 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En las relatadas consideraciones, por las razones expuestas es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha de plano la demanda en esos términos. Por otro lado, respecto al acto reclamado consisten en la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por la que la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" Como se advierte de la transcripción de mérito, la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia se debe tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; así, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, que condicionan ésta a la circunstancia que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es ilegal, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia: Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189 Tipo: Jurisprudencia "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por la que la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Sin embargo, la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, posteriormente en proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, desechó la demanda de origen. Lo que implica que el acto que por esta vía se combate reviste el carácter de aquéllos que formalmente subsisten pero cuyo objeto o materia dejó de existir, porque procesalmente quedó sustituido por el desechamiento decretado. Lo anterior, porque aun cuando subsiste el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por la que la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, ya que materialmente o expresamente no se dejó sin efecto por parte del tribunal responsable, lo cierto es que en cuanto a su contenido, jurídicamente no podría analizarse si fue correcto o no que la autoridad responsable haya aceptado la competencia planteada por la Junta responsable, sin afectar la situación jurídica actual; es decir, el desechamiento de la demanda acontecida el cinco de enero de dos mil veintitrés. Por lo que el auto recurrido, ya no surte ningún efecto, por regir actualmente el desechamiento de la demanda de origen dictado el cinco de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Desechamiento En las relatadas consideraciones, por las razones expuestas es evidente que en el caso se actualizan las causas de improcedencia, previstas en las fracciones XXII y XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, por tanto con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo. Incompetencia respecto del acto reclamado consistente en la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Magistrado Instructor de la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, por tanto, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen en el juicio de amparo, se realizará el análisis correspondiente. En ese sentido, cabe mencionar que la competencia, entendida como la facultad del órgano jurisdiccional para conocer y resolver determinado asunto, en términos generales, puede ser en razón de materia, territorio, grado, e inclusive, cuantía. Cabe precisar que el tema atinente a la figura jurídica procesal de la competencia por razón de territorio, no concierne a las partes en el juicio constitucional, por constituir aspecto litigioso, sino es de índole intraprocesal, que, por ende, atañe exclusivamente a los órganos de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, por vía de acción; por lo cual, el legislador no legitima procesalmente a las partes para que la puedan controvertir. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Registro digital: 218721 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Penal Tesis: I.2o.P. J/40 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 36 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que el conocimiento del presente juicio de amparo, corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la vía directa. Esto es así, debido a que los artículos 34 y 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)." [Lo resaltado no es de origen] Como puede verse, del primer numeral reproducido se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. Así, conforme al segundo artículo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo que las sentencias definitivas y los laudos son las determinaciones que deciden el juicio en lo principal, en tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que lo dan por concluido, sin pronunciarse sobre lo principal. Este órgano jurisdiccional estima que el conocimiento respecto del acto reclamado consistente en la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, por la que, el Magistrado Instructor de la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la demanda de origen, compete al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, en vía de amparo uni-instancial. La anterior determinación se adopta, en virtud de que la resolución reclamada sin resolver el fondo del asunto dio por concluido el expediente de origen; por tanto, es susceptible de ser impugnada mediante juicio de amparo directo. Resulta aplicable, por analogía la jurisprudencia: Registro digital: 194715 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 87/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, página 56 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." En ese orden de ideas y atento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con los artículos 47 y 170 de la ley de la materia, este Juzgado de Distrito DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, por la que, el Magistrado Instructor de la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la demanda de origen promovida por el quejoso. No se omite indicar que, independientemente de que proceda o no algún medio de defensa ordinario previsto por la legislación local y que éste se haya o no agotado, el Tribunal Colegiado es competente para conocer de la presente demanda de amparo porque el acto reclamado reviste las características de sentencia definitiva por concluir un juicio decidiéndolo en lo principal -como quedó apuntado en líneas anteriores-. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 2008791 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 6/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95 Tipo: Jurisprudencia TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, se ordena remitir el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que la turne al Tribunal Colegiado que deba conocer del citado acto reclamado. Debiendo quedar copia certificada del presente juicio de amparo, para formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Solicitándose, remita el acuse de recibo de estilo acostumbrado. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Integración de expediente físico Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la papeleta de turno, la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual comunica el contenido del auto dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ********************, de su índice, en el que informa -entre otras cosas- el Tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************en contra del auto emitido el diez de marzo de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito se da por enterado de la admisión a trámite del recurso de queja referido por el Tribunal oficiante. Noti...

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