Miguel Ángel Canseco Mendoza y Otros.

Expediente 219/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
219/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Canseco Mendoza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo donde se tuvo por no presentada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de febrero del año en curso, sin que haya dado cumplimiento a la prevención ordenada en el citado auto; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santiago del Pinar, con sede en esa ciudad, por el cual informa que no existe negativa para dar cumplimiento a lo requerido por esta autoridad, sin embargo, se encuentra imposibilitada para observar la ejecutoria de amparo, toda vez que no cuenta con recursos económicos para realizar pagos de adeudos. Además, expone que sí realizara ajustes no previstos en el presupuesto de egresos, cometería violaciones de derechos humanos en agravio de la población de ***, toda vez que realizaría recortes a distintas partidas presupuestarias, y tendría como consecuencia afectar a la ciudadanía, además normativamente el Ayuntamiento no puede disponer de recursos del presupuesto que están etiquetados para un fin social en favor a la comunidad. Asimismo, mediante oficio *** de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dirigido al Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, solicitó le otorgara un recurso extraordinario, para efecto de cumplir con tal requerimiento, sin embargo, le hizo del conocimiento que no se cuenta con partida presupuestal autorizada para solventar su petición, ni cuenta con disponibilidad presupuestal para asignación de recursos extraordinarios. Ahora, si bien la responsable por conducto de la Presidente Municipal manifiesta que no cuenta con presupuesto para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cierto es que, únicamente se limita a expresar la existencia de una imposibilidad basada en la falta de recurso económico, sin justificar de forma alguna que ha realizado la modificación o adecuación presupuestaria de dos mil veintidós para tal efecto, o bien a través de los documentos correspondientes acreditar la insolvencia del ayuntamiento que representa. Lo anterior, en el entendido que el Ayuntamiento como ente cercano y conocedor de sus ingresos disponibles y de sus responsabilidades económicas, desde el ámbito de sus facultades tienen la obligación de programar, aprobar y presentar su presupuesto de egresos y sus adecuaciones una vez aprobados, y cuando por motivo de la aplicación de leyes, decretos, acuerdos o convenios posteriores a la aprobación del presupuesto de egresos se requiera de ingresos no previstos, ello para su registro y control al Congreso del Estado por conducto de la Secretaria de Hacienda, la cual es la instancia encargada de administrar los recursos públicos del Estado y de determinar todo lo relativo a la capacidad económica del erario Estatal, así como para autorizar los calendarios de gasto, ministraciones, ampliaciones y reducciones liquidas, liberaciones, retenciones, recalendarizaciones y traspasos presupuestarios de los organismos públicos -entre ellos los ayuntamientos-, con base a estudios y a la disponibilidad financiera. Así, ante el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, por la actitud contumaz de la autoridad responsable de conformidad con los artículos 193, primer párrafo, y 258 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; por ende, se impone a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Santiago el Pinar, con sede en esa localidad, multa por el equivalente a Cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización, respectivamente, en términos de lo establecido por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, a fin de estar en condiciones de comunicar a la autoridad hacendaria el nombre y domicilio de los funcionarios omisos, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, requiérase al Auditor Especial de Planeación e Informes, de la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, para que dentro del lapso de tres días, contados a partir del siguiente de la recepción del comunicado que al efecto se gire, informe de acuerdo al Registro de Firmas de Autoridades y Funcionarios Municipales que llevan bajo su cargo, los nombres, Registro Federal de Contribuyentes, fecha de nacimiento y domicilio de los funcionarios integrantes del Ayuntamiento Municipal de Santiago el Pinar (Presidenta, Síndico y los Regidores tanto propietarios como suplentes) que se encuentran en funciones a partir del uno de octubre del año en curso, quienes debieron atender el requerimiento formulado por el oficio 24810/2021 y 993/2022, de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, subsistiendo el apercibimiento que le fue decretado en el diverso auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, o bien, en caso de que ya no laboren en el referido ayuntamiento, haga del conocimiento el domicilio particular que tengan registrado en su base de datos, para apoyo a lo anterior remítase copia simple de constancia de mayoría proporcionada por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento responsable. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo establecido por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por tanto, una vez que se cuente con la información requerida al Auditor Especial de Planeación e Informes, de la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, remítase oficio a la autoridad hacendaria a fin de que proceda al cobro de las sanciones impuestas. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el precepto 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable 1. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Santiago El Pinar, residente en esa localidad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se notifique el presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo y: "Cumpla íntegramente con las obligaciones que derivan de la sentencia definitiva de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, entendiéndose como tales lo condenado como suerte principal y la accesoria ahí liquidas.". Por lo que se le precisa de nueva cuenta a la responsable que con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos pueden regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias, lo cual les permite adoptar una variedad de formas adecuadas para normar su vida interna, tanto en lo referente a su organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, como en la relación con sus gobernados, atendiendo a las características sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas, entre otras. De manera específica, la fracción II del precepto constitucional en cita, establece que los Ayuntamientos tienen la capacidad de manejar su patrimonio, por lo que pueden ajustar conforme a la ley su presupuesto asignado para poder cumplir con sus obligaciones, esto implica que disponen de autonomía para realizar los ajustes necesarios sin que medie autorización del Gobierno Estatal. Para dar claridad al alcance que dicha disposición de la Carta Magna, es oportuno citar la jurisprudencia P./J. 5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Adicionalmente, a nivel local, la facultad para modificar el presupuesto asignado, también se encuentra establecida en la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, específicamente por el precepto 45 que regula las Atribuciones y Obligaciones del Ayuntamiento en su fracción LXIV, que a la letra dice: "Autorizar al Presidente Municipal para que afecte los ingresos y/o el derecho a las participaciones y aportaciones federales susceptibles de afectación que correspondan al Municipio, como fuente de pago, garantía o ambos, respecto de las obligaciones a su cargo, así como para que constituya o celebre los mecanismos de fuente de pago, garantía o ambos a los que se afecten dichas participaciones y aportaciones, tales como fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresamente autorice el Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios;." (lo resaltado es propio). Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de incumplimiento a lo ordenado en líneas precedentes, en el término establecido para tal efecto, de acuerdo a los arábigos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a cada uno de sus integrantes, una multa por el equivalente a la suma de Quinientas Unidades de Medida Actualización, acorde a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por razón de la materia corresponda, para continuar con el trámite de inejecución. Toda vez, que el cumplimiento de las sentencias de amparo es un tema de orden público y no queda sujeto a la voluntad de las partes, por lo que deben ser acatadas a cabalidad; para el caso, resulta pertinente el criterio P. XX/2002, emitido por Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de rubro y contenido que siguen: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Notifíquese.

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