Miguel Ángel Campos Echeverría
Expediente 132/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Ángel Campos Echeverría
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, téngasele remitiendo el original de la ejecutoria pronunciada en la queja ******************** así como las actuaciones del juicio de amparo ********************. En ese sentido, no es necesario emitir mayor pronunciamiento en relación con la ejecutoria en mención, cuenta habida que ésta ya fue recibida vía interconexión, en tanto que, respecto de las copias certificadas de las actuaciones del juicio en que se actúa, glósense al presente para que surta la suerte de éste. Finalmente, acúsese recibo de estilo vía interconexión. Notifíquese.
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Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio recibido vía electrónica, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, téngase comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de desechamiento dictado el veinticuatro de febrero de este año, en el presente asunto; radicándose al efecto la queja 98/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. AMH/cpg*
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Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por Luis Alberto Martín Capistrán, autorizado con facultades amplias de la parte quejosa; atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de veinticuatro de febrero del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; por consiguiente, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase sin dilación alguna el escrito original de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como copia certificada del juicio de amparo 132/2023, para los efectos legales a que haya lugar; y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto, se desechó la demanda de amparo al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 113, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se estima conveniente destacar, que el motivo del desechamiento de la demanda fue que el acto reclamado en la demanda de amparo, no podía ser calificado como de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos, por lo que no es susceptible de análisis constitucional en la vía indirecta. Notifíquese.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 24/02/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ********************y diez copias; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio ********************y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama la resolución de treinta y uno de enero de este año, emitida en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en el que declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte actora contra el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, que declaró la caducidad de la instancia y, en consecuencia, revocó dicho acuerdo para la continuación del procedimiento del mencionado juicio ejecutivo mercantil. Atento a lo anterior, el que suscribe considera que respecto a dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza, no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1/2016, con número de registro electrónico 2011428, consultable en la página 15, tomo I, Libro 29, abril 2016, materia común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 en relación con el numeral el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". DOMICILIO, AUTORIZADOS Y ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Téngase por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y por autorizados únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a las demás personas indicadas en la demanda de amparo, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. De conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario ******************** para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de René Antonio Sorcia Galván, secretario con quien actúa y da fe.
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