Miguel Ángel Cadena Flores
Expediente 738/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Cadena Flores
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ************* en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas, formado con las constancias que anexó a su informe justificado el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por tanto, se ordena su devolución a la citada responsable.
- Principal
Visto el oficio signado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y arbitraje, con residencia en esta ciudad, se desprende que el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, emitió sentencia interlocutoria en el incidente de liquidación presentado por ********** representante legal de **********, el treinta y uno de enero del año en curso, ante la autoridad responsable. En consecuencia, con tales manifestaciones y probanzas se advierte que en la especie se surte de manera notoria y evidente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia consiste precisamente en la omisión de emitir resolución interlocutoria en el incidente de liquidación que presentó el quejoso por conducto de su representante legal, acto que reclama a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Ahora, de las manifestaciones hechas valer y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que: La parte quejosa promovió incidente de liquidación. El doce de marzo de dos mil diecinueve la secretaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, emitió acuerdo, por el que informa el trámite que se le dio al incidente de liquidación, y fijó como fecha para la audiencia incidental el veintiséis de marzo del año en curso. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó turnar los autos del expediente *** al pleno de la autoridad responsable a efecto de emitir la resolución incidental correspondiente. Asimismo, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje remitió constancias a este juzgador mediante oficio registrado bajo el número 9990, con las que acredita que emitió resolución interlocutoria en el incidente de liquidación promovido por la parte quejosa y con ello se restituyó su derecho de petición y cesaron los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.--- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: 1. Dictar el acuerdo correspondiente; 2. Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y 3. Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Lo que patentiza que la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para resolver la solicitud presentada por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a la petición del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio promovido por *********** En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes. Finalmente, de las constancias actuariales que anteceden se desprende que no fue posible llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados, sin embargo, dado el sentido de la presente determinación, este juzgador considera que la falta de emplazamiento no les causa perjuicio alguno a los terceros interesados. Tiene ilustrativa aplicación, la jurisprudencia P. V/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado ".
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que firma el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, se recibe la documental consistente en la copia certificada del expediente ***del índice de la responsable; probanza que con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia en este juicio. Dado lo voluminoso de las constancias y para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo de pruebas. Ahora bien, de las constancias que anexa la citada autoridad, se advierte que le resulta el carácter de terceo interesado en términos del artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo al Instituto de Seguridad Pública dependiente de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato y Hospital Comunitario de Apaseo el Alto, Guanajuato. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a la citada autoridad, por medio de oficio que derive del presente acuerdo, misiva a la que se deberá acompañar copia simple de la demanda de amparo y del auto de admisión.
- Principal
Recepción de la demanda Vista la demanda de amparo formulada por ********* en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 738/2019-IV. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo respecto del acto reclamado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. Intervención de fiscal adscrito. Dese la intervención que corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberá hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, deberá tomar en consideración el artículo 17 constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establecen: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)" Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Pronunciamiento de incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Domicilio y autorizados. El promovente señala para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, por tanto, se ordena notificar el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a ************se tiene como autorizada en términos restringidos del citado numeral, por no encontrarse en dicho supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Ahora bien, respecto de los terceros interesados se reserva hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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