Miguel Ángel Burgos Rivero

Expediente 285/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
285/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán
  • Miguel Ángel Burgos Rivero

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la ciudad de México; por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 23/2023-E-IV, del índice de este Juzgado Federal. Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el exhorto de cuenta se advierte que no fue posible el llevar acabo la diligencia ordenada en autos, por los motivos que se exponen, esto es, emplazar a juicio al tercero interesado Titular de la Notaria Numero Setenta y Nueve del Distrito Federal. En tales condiciones, con transcripción del presente acuerdo y el diverso de veinticuatro de febrero del año en curso, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese nuevo exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil, con residencia en la Ciudad de México, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva notificar al citado tercero interesado el presente acuerdo, el auto admisorio y lo emplace a juicio; asimismo, lo prevenga para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, las restantes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le hará por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la ley de la materia aplicable; sin necesidad de posterior acuerdo y hasta en tanto subsanen su omisión. Para tal efecto, se habilitan días y horas inhábiles a fin que el actuario adscrito al Juzgado exhortado realice a cualquier hora las diligencias encomendadas; sin perjuicio de tomar todas las medidas que estime pertinentes el referido Juez de Distrito en Materia Civil, con residencia en la Ciudad de México, para el debido cumplimiento de lo solicitado. Ahora bien, toda vez que obra en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ponen a la vista de la parte tercero interesada, para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Hágase del conocimiento de la parte tercero interesada, que la audiencia constitucional está señalada para tener verificativo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese y por exhorto a la parte tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el oficio signado por ********************, quien se ostenta Delegada de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), en el que reitera su domicilio oficial para efectos procesales en el presente juicio. Lo anterior sin hacer pronunciamiento, toda vez que la ocursante no ha sido señalada como delegada de la referida autoridad en los presentes autos incidentales. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 1867/2022-IV, promovido por Patricia Lucelly Pérez Castellanos, por sí y en representación de su hijo menor de edad de iniciales J.L.M.P., contra actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, (en su correcta denominación), que consideraron violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, mediante buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y ante este juzgado al día siguiente, Patricia Lucelly Pérez Castellanos, por sí y en representación de su hijo menor de edad de iniciales J.L.M.P., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, (en su correcta denominación). Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la federación adscrita la intervención legal que le compete, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y emplazó a la parte tercero interesada; todo lo cual se hizo en sus términos y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó conforme al acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se trata de un juicio de amparo donde se reclama el embargo de un bien inmueble que se encuentra ubicado en esta Entidad, es decir, con ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, (en su correcta denominación): a). La orden y ejecución del embargo trabado sobre el predio número trescientos letra "A" de la calle cuarenta, de la localidad y municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 1046544, en autos del juicio ejecutivo mercantil 853/2021, promovido por María Teresa Uscanga Hernández en contra de José Luis May Pérez. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, (en su correcta denominación), por así manifestarlo el Juez responsable y adherirse el citado Actuario, al rendir sus respectivos informes justificados, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó el citado Juez, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de ellas se advierte que en el citado juzgado se ventila el juicio ejecutivo mercantil 853/2021 promovido por María Teresa Uscanga Hernández en contra de José Luis May Pérez, en el que se decretó el embargo del cincuenta por ciento sobre los derechos que le corresponden a José Luis May Pérez, sobre el predio número trescientos letra "A" de la calle cuarenta, de la localidad y municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 1046544; en consecuencia, se tienen por ciertos tales actos. Cuarto. Estudio de fondo. No existiendo causales de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso. La peticionaria del amparo, aduce que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que se embargó un predio de la propiedad de su menor hijo en el juicio ejecutivo de origen sin ser parte formal, debido a que la parte demandada en el juicio de origen se llama igual que su hijo, por lo que se trata de un homónimo. Resulta fundado el anterior concepto de violación. Al afirmar lo anterior, en principio, se considera que la peticionaria del amparo, con el propósito de acreditar la afectación a su interés jurídico, aportó los siguientes documentos: - Copia certificada del acta número sesenta y cuatro de nueve de agosto de dos mil once, pasada ante la fe del escribano público número uno en el municipio de Izamal, Yucatán, pues en ella consta la división de un predio urbano en dos partes, el primero ubicado en la manzana cuarta, cuartel cuatro, marcado con el número trescientos cincuenta y uno letra "A", de la calle treinta y uno, del municipio de Izamal, Yucatán; y el segundo predio ubicado en la manzana cuarta, cuartel cuatro, marcado con el número trescientos letra "A" de la calle cuarenta del municipio de Izamal, Yucatán; siendo que respecto de este segundo predio se realizó una venta por parte del señor Luis Edilberto May Hu, de manera total y definitiva e irrevocable a favor de Israel May Miranda y Patricia Lucelly Pérez Castellanos, siendo que el usufructo vitalicio o dominio útil del referido predio y a favor de sus nietos menores de edad Lesli Abigail May Pérez y José Luis May Pérez, quedando como propietarios los citados menores de edad de la nuda propiedad y los ciudadanos Israel May Miranda y Patricia Lucelly Pérez Castellanos, como usufructuarios del predio número trescientos letra "A" de la calle cuarenta del municipio de Izamal, Yucatán. - Copia certificada del acta de nacimiento del menor José Luis May Pérez, en la cual se hizo constar que el referido menor nació el día dieciocho de junio de dos mil cinco, siendo sus padres Israel May Miranda y Patricia Lucelly Pérez Castellanos. Instrumentos públicos que son jurídicamente aptos para justificar en el juicio de amparo el interés jurídico de la quejosa en relación con el mencionado inmueble al haber sido adquirido el nueve de agosto de dos mil once, por medio de un contrato de compraventa celebrado ante un funcionario investido de fe pública y dentro del contexto de las funciones que desarrolla, esto en términos de los artículos 1402, 1406 y 1407 del Código Civil del Estado, así como la copia certificada del acta de nacimiento del menor José Luis May Pérez, en la cual se hizo constar que el referido menor nació el día dieciocho de junio de dos mil cinco, siendo sus padres Israel May Miranda y Patricia Lucelly Pérez Castellanos, con las que se demuestra que el copropietario del predio en cuestión es el menor de edad José Luis May Pérez; de ahí que dichos documentos tengan el valor de documentos públicos con valor de prueba plena, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, adminiculándose los documentos públicos que se hicieron mención, con las constancias remitidas por la Juez responsable, se evidencia que el predio embargado en el juicio ejecutivo mercantil 853/2021 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, es el mismo bien inmueble que defiende la ahora quejosa en su calidad de propietaria, lo cual acredita a través del señalado documento que tiene fecha cierta. Se afirma lo anterior, pues al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se da alguna de las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Esto, en el entendido de que, si no se da alguno de estos supuestos, al documento no se le puede otorgar valor probatorio en relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica. Ahora, como se señaló en el supuesto segundo, un documento adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado o celebrado el acto ante un notario, en virtud de que dicho funcionario está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar (en los términos que disponga la ley) los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten, por lo cual su intervención conduce a otorgar certidumbre de la fecha de su celebración o ratificación, por ser quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados y que estos en su presencia reconocieron el contenido del documento; de ahí que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un fedatario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo. Es por ello, que el contrato de compraventa de una parte resultante con reserva de usufructo respecto del predio número trescientos letra "A" de la calle cuarenta, de la localidad y municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 1046544 contenido en el acta sesenta y cuatro de nueve de agosto de dos mil once, pasada ante la fe del escribano público número uno del municipio de Izamal, Yucatán, exhibido por la parte quejosa, se estima suficiente para acreditar su interés jurídico, toda vez que posee fecha cierta, en la medida que fue formalizado dicho acto de compraventa ante un funcionario investido de fe pública; asimismo, está acreditado en autos del juicio de origen que la parte demandada de nombre José Luis May Pérez, se trata de un homónimo del menor aquí quejoso del mismo nombre. En efecto, en el presente caso quedó debidamente acreditado que el menor quejoso es el copropietario del predio número trescientos letra "A" de la calle cuarenta del municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 1046544 desde el nueve de agosto de dos mil once, cuando él contaba con la edad de seis años de edad; asimismo, está acreditado que en el juicio de origen la pate demandada se llama igual que el aquí menor quejoso José Luis May Pérez; sin embargo, se puede afirmar que se trata de un homónimo, ya que como se ha visto el menor quejoso nació el día dieciocho de junio de dos mil cinco; y el demandado del juicio de origen del mismo nombre nació el día dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, ya que en la diligencia de uno de junio de dos mil veintidós, realizada por el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, dijo que la entendió con el directo demandado quien se identificó con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de clave de elector MYPRLS58121631H400, de la cual se aprecia la fecha de nacimiento del demandado en el juicio de origen, siendo ésta el día dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho; por tanto, es que se puede afirmar que se trata de un homónimo del menor quejoso, y por tanto, se considera ilegal el embargo que se practicó sobre el inmueble de su propiedad situado en el predio número trescientos letra "A" de la calle Cuarenta, de la localidad y municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 1046544 ya que dicho acto restringe a la peticionaria del amparo en representación de su menor hijo del derecho de propiedad que tiene respecto del predio en cuestión, lo cual resulta contrario al derecho humano de seguridad jurídica, que prevé el artículo 14 de la Constitución General de la República, ya que dicho precepto constitucional protege precisamente la propiedad que se tenga sobre un bien inmueble. Para una mejor comprensión y como apoyo, se cita la jurisprudencia P./J. 1/2002 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, bajo el rubro y texto siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En las relatadas condiciones, al resultar esencialmente fundado uno de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita, en contra del acto reclamado consistente en el embargo trabado el uno de junio de dos mil veintidós por el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, sobre el predio número trescientos letra "A" de la calle cuarenta del municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 1046544. Quinto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso las autoridades responsables deberán realizar lo siguiente: El Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, deberá dejar insubsistente el embargo judicial que se trabó sobre el predio número trescientos letra "A" de la calle cuarenta del municipio de Izamal, Yucatán, inscrito a folio electrónico 1046544; determinación que deberá realizar bajo la consideración de que dicho inmueble resultó ser de una persona extraña a la controversia, como lo es la quejosa. En el entendido que si se ordenó la inscripción del embargo, el Juez responsable deberá comunicar lo anterior a la autoridad registral; en el entendido que no debe limitarse al libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar su oportuna notificación al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIV.2o.92 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la página novecientos noventa y tres, del Tomo XI, Enero de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMBARGO, CANCELACIÓN DE. ÚNICAMENTE PUEDE ORDENARLA EL JUEZ QUE ORDENÓ SU INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). La interpretación armónica de los artículos 2177 y 2189 del Código Civil del Estado de Yucatán, en cuanto permiten, el primero, cancelar la inscripción de una anotación en el Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento administrativo que corresponde, y el segundo, cancelar dichas inscripciones por consentimiento de las partes o bien, por mandato judicial, conducen a este tribunal a concluir que cuando los solicitantes de la cancelación de una inscripción son las propias partes que celebraron el acto jurídico de que se trate, bien puede el director del Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento respectivo ordenar su cancelación, porque en ese caso no existe controversia alguna y sí una voluntad plenamente manifestada; empero, ello no sucede en el caso de que la inscripción de un embargo se efectúe por mandato de un Juez y quien solicite la cancelación sea un tercero ajeno a la relación contractual, porque es evidente que en ese supuesto debe respetarse y acatarse la orden del Juez por constituir un mandato judicial. De ahí que ante ese evento, la intervención del director del Registro Público de la Propiedad debe circunscribirse a la tramitación del procedimiento de cancelación, sin emitir ninguna decisión al respecto, ya que ésta se tomará, en su caso, por el Juez que ordenó la inscripción, una vez que sea informado del estado del procedimiento llevado al efecto". Sexto. Publicidad. Con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo que disponen los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión ampara y protege a Patricia Lucelly Pérez Castellanos, por sí y en representación de su hijo menor de edad de iniciales J.L.M.P., contra los actos que reclamó del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, (en su correcta denominación), por los motivos expuestos en el considerando cuarto, y para los efectos señalados en el considerando quinto de la presente sentencia. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta hoy veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario con quien actúa licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que da fe.

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