Miguel Ángel Brizuela González

Expediente 1333/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1333/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Brizuela González

Actuaciones

  1. Principal

    cúmplase.

  2. Principal

    Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, acusa recibo e informa aceptó la competencia...

  3. Principal

    notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se notifica por medio de lista el acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, que dice: ". Visto el escrito inicial de demanda presentado por Miguel Ángel Brizuela González, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; fórmese y regístrese el mismo bajo el número de expediente 1333/2019. Al analizar el contenido íntegro de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa reclama a la citada sala responsable en esta instancia constitucional, lo siguiente: ".la sentencia dictada (dieciocho de octubre de dos mil diecinueve) en el toca civil 1408/2019, relativa al recurso de apelación interpuesto por Miguel Ángel Brizuela González, dentro del expediente 1543/2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Miguel Ángel Brizuela González, vs Dimas Campos Santiesteban, radicado ante el Juzgado Décimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, B.C., especializado en materia mercantil, mediante la cual se determinó confirmar la sentencia interlocutoria en materia mercantil, mediante la cual se determinó confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 20 de febrero de 2019, dictada por dicha juzgadora; lo anterior por estar inconforme con dicha resolución la cual estimo vulnera los preceptos constitucionales de nuestra ley suprema, así como dispositivos de la legislación mercantil aplicable. Así también reclamo la determinación de la Sala responsable, de condenar al pago de gastos y costas a la parte actora del referido juicio ejecutivo mercantil expediente 1543/2017, así como también en la segunda instancia, sin haber observado las disposiciones legales correspondientes. También se reclama de la responsable, todas las consecuencias que de hecho y por derecho pudieran resultar con motivo de la confirmación de la existencia de la figura jurídica de la caducidad de la instancia dentro del juicio mercantil expediente 1543/2017, del Juzgado Décimo del Partido Judicial de Tijuana, B.C., especializado en materia mercantil." Por otra parte, del contenido integral de la demanda, se infiere que el acto que el agraviado pretende controvertir en la presente instancia, constituye la resolución dictada en dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, en la que en grado de apelación, confirmaron la sentencia de dieciocho de febrero del año en curso, que fue dictada por el Juez Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1543/2017, así como diversas violaciones procesales durante la tramitación de dicho asunto. Destacado lo anterior, este Juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se atiende, toda vez que el acto que en esta instancia se reclama, constituye una sentencia definitiva y, por ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 34, 47 y 170, fracción I, todos de la Ley de Amparo, es competente para conocer del mismo, un Tribunal Colegiado de Circuito. Para una mejor apreciación de lo expuesto, resulta oportuno traer a colación el contenido del artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y.". Por su parte los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiado de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decirlo en lo principal lo den por concluido. [.] Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones que puedan ser modificados o revocados, salvo en caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.". De los preceptos legales invocados se desprende -en lo conducente-, que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. En ese sentido, cabe destacar que se considera que se está ante una sentencia definitiva: a) Cuando ésta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual puedan ser modificadas o recovadas, y; b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. Luego, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decirlo en lo principal, lo dan por concluido siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, -resulta oportuno recordar que conforme al principio de definitividad para efectos de la promoción del juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio constitucional; asimismo, el concepto de sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo que prevé el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Lo expuesto en párrafos precedentes, pone de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo, son únicamente tres: a) Sentencias definitivas. b) Laudos. c) Resoluciones que ponen fin al juicio. De ahí que, tomando en consideración que del análisis realizado al contenido de la demandad que se atiende, de la misma se desprende que la parte quejosa, pretende combatir por vía de amparo indirecto la sentencia definitiva de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del toca civil 1408/2019, por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante la cual resolvió el recurso de apelación que fue interpuesto en contra de la resolución de veinte de febrero del año en curso, pronunciada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1543/2018, del índice del Juzgado Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, determinación que constituye precisamente una resolución que pone fin al juicio, que es impugnable en amparo directo; ello es así, toda vez que nos encontramos en una de las hipótesis de procedencia que prevé el artículo 170 de la Ley de Amparo, en contra de las cuales la ley que rige el procedimiento no prevé medio de impugnación alguno en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior por el espíritu que la rige, la tesis VII.2º.C.85 C (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, visible en la página 2752, cuyo rubro y texto a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE CONTRAERSE PRIMERO A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE PREVÉ EL CÓDIGO DE COMERCIO EN EL ARTÍCULO 1339, PARA ESTABLECER SI EL ACTO RECLAMADO ES LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO. De una interpretación sistemática de la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 1, septiembre de 2012, página 428, de rubro: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE.", así como de su ejecutoria, es factible establecer que en un juicio ejecutivo mercantil, acorde con el artículo 1339 del Código de Comercio, la sentencia será apelable atendiendo al monto de la suerte principal; ahora bien, para efectos de la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito (en el entendido de que conforme al artículo 170 de la Ley de Amparo, éste conoce del juicio de amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio), debe contraerse primero a la procedencia o no del recurso de apelación que prevé el Código de Comercio para establecer si el acto reclamado es o no la sentencia o la resolución que puso fin al juicio. En ese tenor, pueden establecerse los siguientes supuestos: A) Si conforme al referido artículo 1339, la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil es apelable porque la cuantía rebasa el límite que el artículo establece, y el interesado hace valer el medio de impugnación, el cual es desechado o no se admite por determinada circunstancia que consideró la alzada, esa determinación debe considerarse como una resolución que puso fin al juicio, por tanto, contra ella procede el amparo directo, pues como se ha señalado, atendiendo al artículo aludido, sí era procedente contra la sentencia del Juez de origen el recurso de apelación, significa que esa resolución no era la definitiva, pues contra ella procede otra instancia. B) Si la suerte principal no excede el monto contemplado en la ley para la procedencia del recurso de apelación y, no obstante ello, el interesado interpone dicho medio de impugnación, el cual es desechado por la alzada bajo ese argumento, y en la demanda de amparo se combate, señalándola como acto reclamado (la que no admitía recurso de apelación), el Tribunal Colegiado de Circuito sí tiene la competencia legal para resolver lo relativo a ese juicio de amparo directo, siempre y cuando se haya presentado la demanda en el tiempo establecido en la ley, pues se está señalando como acto reclamado una sentencia definitiva. C) En el supuesto de que la sentencia no sea apelable por razón de la cuantía, pero se haga valer el medio de impugnación y la alzada lo admite y resuelve el fondo, contra esa resolución también será procedente el juicio de amparo directo, pues el respeto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la prosecución del proceso, independientemente de los errores en la admisión del recurso. D) En el caso en que la suerte principal no exceda el monto contemplado en la ley para la procedencia del recurso de apelación y, no obstante ello, el interesado lo interpone, el cual es desechado por la alzada bajo ese argumento y contra ese auto se promueve la demanda de amparo directo, debe considerarse que éste no es una resolución que hubiese puesto fin al juicio, sino un acto dictado fuera de juicio que es competencia de un Juez de Distrito en amparo indirecto, pues en esta última hipótesis si la ley que rige el acto no prevé el recurso de apelación, entonces el juicio terminó con el dictado de la sentencia." Asimismo, se cita en apoyo a los razonamientos que fueron expuestos en párrafos supra, la tesis VII.2o.C. 38 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, visible en la página 1923, con número de registro 2002981, que a la letra dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. HIPÓTESIS EN LA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO PUEDE PRONUNCIARSE AL RESPECTO EN EL AMPARO DIRECTO. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 57/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 249, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA DECLARACIÓN JUDICIAL RESPECTIVA NO ES UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DE ESA CONSECUENCIA PROCESAL, PERO SI HA DE EMITIRSE, DEBE PRONUNCIARSE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DE LA CAUSA.", corresponde a la autoridad que conozca del asunto emitir declaración respecto de la actualización o no de la caducidad de la instancia. Por tanto, si acorde con el artículo 1076 del Código de Comercio, la caducidad de la instancia opera por el simple transcurso del tiempo, es requisito ineludible que se dé conforme a una de estas dos hipótesis: 1. Que lo advierta de oficio el Juez y se pronuncie al respecto o, en su caso, el tribunal de alzada; y, 2. Que haya sido sometido a consideración por alguna de las partes durante el procedimiento o como agravio en la apelación. De estas dos formas debe necesariamente surgir el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, establecido en la jurisprudencia invocada, lo cual da materia para que el Tribunal Colegiado de Circuito se pronuncie al respecto en el juicio de amparo directo pues, de lo contrario, se sustituiría a la autoridad responsable en una cuestión procesal que debe ser previamente analizada por ella." En tales condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Brizuela González, por lo motivos expuestos con antelación. En ese tenor, remítase el escrito original de demanda, junto con las copias de traslado que se acompañaron al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado, para que se sirva turnarla al órgano jurisdiccional que por razón de turno corresponda, a fin de que se sirva emitir el pronunciamiento correspondiente en cuanto a la competencia declinada por este juzgado de distrito. Asimismo se solicita, al órgano colegiado que le competa conocer de la demanda que se atiende, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Jorge Gabriel Yepez Saucedo, dado que su cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco; por así haberlo solicitado el promovente. ." Se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de ley de amparo, en virtud de no haber comparecido a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal.

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