Miguel Ángel Bouchot Mollinedo

Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
810/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Bouchot Mollinedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente juicio de amparo; asimismo adjuntó copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 191/2022; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Miguel Ángel Bouchot Mollinedo, contra el auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 810/2022-3 por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en funciones de Jueza de Distrito." En consecuencia, acúsese recibo; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, la ejecutoria de mérito para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por lo que, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, once de julio de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de siete de julio de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 191/2022 de su índice, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Miguel Ángel Bauchot Mollinedo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, uno de julio de dos mil veintidós. Vistos; el escrito de cuenta signado por Cristobal Sánchez Sánchez, en su carácter de apoderado legal del quejoso Miguel Ángel Bouchot Mollinedo, y en atención a su contenido se acuerda: se tiene a la parte promovente interponiendo recurso de queja en términos de los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Amparo y expresando agravios en contra del auto de veinte de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Sin que sea el caso proceder acorde a lo establecido por el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto impugnado se refiere al desechamiento de la demanda promovida por la parte quejosa, por lo que, resulta innecesario correr traslado con el escrito de queja a las partes y dar vista a fin de que señalen constancias, al no haberse dado trámite a la demanda de mérito. En consecuencia, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veinte de junio año en curso, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa Cristobal Sánchez Sánchez, en su carácter de apoderado legal del quejoso Miguel Ángel Bouchot Mollinedo, contra los actos que reclama de la Junta Especial número Tres de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, en virtud de considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, en términos del diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo. Asimismo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y remítase el original del expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, adjuntándole el original del escrito de expresión de agravios; dejándose cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto; se integra a los autos el escrito aclaratorio de demanda, signado electrónicamente por Cristóbal Sánchez Sánchez, quien se ostenta como apoderado legal del quejoso Miguel Ángel Bouchot Mollinedo, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diez de junio del año en curso, toda vez que acredita su personalidad con copia con evidencia criptográfica de la carta poder de quince de junio de dos mil veintidós, misma que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se trata de un documento integró e inalterado del original que obra en su poder. En consecuencia, se tiene a Cristóbal Sánchez Sánchez, como apoderado legal del quejoso Miguel Ángel Bouchot Mollinedo, en términos del artículo 10 de Ley de Amparo, con la carta poder antes descrita misma que cumple con las exigencias del artículo, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Se invoca la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, de registro digital 180663, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. ACTO RECLAMADO En este sentido, en términos de las facultades que otorga el artículo 74 de la Ley de Amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las manifestaciones que generen oscuridad o confusión, así como en observancia a los anexos que adjuntó, se precisa como acto reclamado el siguiente: El acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, por el cual se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en los autos del expediente laboral 749/2016 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Bajo esta perspectiva, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la propia ley de amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Concatenado con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, el cual dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y..." Debiendo destacarse además el contenido de los artículos 171 y 172, fracción V de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;" (Lo resaltado es propio) De esta manera, se advierte que de acuerdo a la legislación vigente, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; sin que haya la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia. La procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparables, son aquéllos que no tocan por sí tales valores, sino sólo afectan derechos adjetivos o procesales cuyos efectos de carácter formal o intraprocesal inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, dichas consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 107, fracción V, en comentario. Tal proceder encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, de registro digital 193829, publicada en la página trescientos setenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En este sentido, como quedó precisado en párrafos precedentes, el acto que se reclama en el presente asunto es: El acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, por el cual se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en los autos del expediente laboral 749/2016 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Bajo esa óptica, al respecto se estima que el citado acto reclamado no es de los considerados de imposible reparación, ya que esa determinación, tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio a la impetrante de garantías. Por tanto, el acto que en esta vía se impugna no constituye de los actos reclamables en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales. Además, el no haberse admitido el incidente de nulidad planteado, tiene efectos meramente procesales, y por ende constituye una violación combatible, en todo caso, en el juicio de amparo directo que se intente en contra del laudo que se pronuncie, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó a la particular trascendiendo al resultado del fallo; habida cuenta que pudiera ser que le beneficie y por tanto las violaciones procedimentales quedarán reparadas, o en su caso, de serle desfavorable ello podría ser todavía cuestionado en el juicio de amparo directo y obtener su reparación. Encuentra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.T. J/84, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia(s): Laboral, Página: 2403, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad." En tal virtud, el acto que reclama el promovente en el presente juicio de amparo no lo dejan sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable. Se citan en apoyo a lo expuesto la Jurisprudencia de la Novena Época Registro: 170244 Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 23/2008 Página: 593, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Así como la diversa Jurisprudencia perteneciente a la Novena Época Registro: 167896 Instancia: Primera Sala Tipo de Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 94/2008 Página: 256, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Asimismo, cobra aplicación por su contendido la jurisprudencia 24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, visible en la página once, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, si por el contrario, el promovente no llegara a obtener laudo favorable, entonces el perjuicio que le origine la resolución reclamada podrá ser reparada como ya se indicó, por medio del amparo directo, tal y como lo prevé la fracción III, inciso a) del artículo 107 de la Carta Magna, en términos de los diversos 170, 171 y 172, fracción V de la Ley de Amparo, previo agotamiento del recurso ordinario si lo hubiere y fuese necesario su interposición previo el juicio de amparo directo y así obtener lo que aquí se busca. Pero, como se ha sostenido pudiera suceder que obtenga el hoy promovente un laudo favorable en el expediente natural y entonces quedarían reparadas la violaciones que se duele. En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, en términos del diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoria e indudable su improcedencia. Se invoca la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, de registro digital 180663, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Máxime que dar trámite a la demanda de que se trata, vulneraría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional, y las garantías de justicia pronta y justicia completa a más del debido acceso a la justicia, dado que retrasaría el dictado de la resolución que al efecto se vaya a pronunciar en el expediente laboral natural, lo que este resolutor considera le depararía mayor perjuicio a la garante, al no resolver lo conducente en el expediente de mérito. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 14/2012 (9a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 62, tomo 1, correspondiente al mes de agosto de 2012, libro XI, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR. La reserva de ley establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", responde a la exigencia razonable de ejercer la acción en lapsos determinados, de manera que, de no ser respetados, podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales, lo cual constituye un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, la indicada prevención otorga exclusivamente al legislador la facultad para establecer plazos y términos razonables para ejercer los derechos de acción y defensa ante los tribunales." INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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