Miguel Ángel Bernal Martínez

Expediente 916/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
916/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Bernal Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos de los que se aprecia que no obra en autos la notificación personal del parte quejosa del proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se ordenó notificar el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, para evitar mayores dilaciones en el procedimiento, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional encargado del presente asunto, para que a la brevedad posible notifique el referido auto descrito en líneas que anteceden; lo anterior, para estar en condiciones de pronunciarse sobre la ejecutoria de merito Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos presentados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, remitiendo para ello diversas copias fotostáticas certificadas relativas al juicio laboral 709/2011. Sin que haya lugar a otorgar vista en razón de las consideraciones que a continuación se expresan. A dichas constancias, este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, del contenido de la demanda de amparo, de su anexo y de las documentales que remite la autoridad responsable, se advierte que la quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar lo siguiente: La omisión de acordar el escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el cual solicita se le requiera a la demandada el cumplimiento del convenio del laudo de once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 709/2011. Luego, la autoridad responsable en su oficio de cuenta, remite copia certificada del auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 709/2011, en el que dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y requirió a la demandada para que informe en relación a la alta de Miguel Ángel Bernal Martínez; así también lo requirió para que exhiba la cantidad pactada en el convenio por la suma de $391,192.43, para ser entregado al aquí quejoso, también la requirió para que informe en relación a la recategorización de "SALVA VIDAS", lo cual deberá hacer en un terminó de veinte días hábiles, con el apercibimiento a la demandada que de no cumplir con tales requerimientos se le aplicará una multa de diez veces el salario mínimo por conducto de su titular, además la responsable se pronunció con respecto a la solicitud del aquí quejoso referente a la actualización del de planilla de liquidación. De esta manera, si la parte quejosa acudió a la presente vía constitucional a señalar como acto reclamado la omisión de acordar el escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el cual solicitó se le requiriera a la demandada el cumplimiento del convenio del laudo de once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 709/2011 y en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, la responsable proveyó lo aludido en el párrafo que antecede, es inconcuso que se ve actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que para el caso sea procedente esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio de las constancias remitidas por la responsable, toda vez que el análisis de éstos deben realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Mariana Patricia Gómez Mora, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *** por propio derecho, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 916/2022 y fórmese el expediente respectivo. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran el juicio laboral de origen 709/2011, a partir del laudo. (no originales) - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. TERCERO INTERESADO: De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le surte el carácter de tercero interesado al Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre con domicilio en esta ciudad; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la parte quejosa no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Finalmente, en acatamiento al artículo 2º del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las demás partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano