MIguel Angel Beltran Olguin
Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- MIguel Angel Beltran Olguin
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Beltrán Olguín, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario, del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 12/2022-4-B. Previamente, cabe señalar que, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Entonces, en consideración a que en el caso el promovente reclama la omisión de atención médica adecuada respecto al padecimiento de Miguel Ángel Beltrán Olguín, en el centro de reclusión en que se encuentra, es inconcuso, que respecto a dicho acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; lo anterior sin perjuicio de que algunos de los actos requieren atención urgente, pues no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo que motive el otorgamiento de la suspensión; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes como el que nos ocupa, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. Por tanto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. En ese orden, en la especie no se aprecia que el promovente en favor de Alberto Sánchez Hinojosa, haya agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duele en esta vía constitucional. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XX de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Miguel Ángel Beltrán Olguín. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Se tienen como autorizados de la parte promovente, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Salvador Acosta Rea, Jorge Alberto Larios Morales y Leobardo Ramírez Salazar, toda vez que su cédula profesional si se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que refiere, por así haberlo solicitado en su escrito inicial de demanda.
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