Miguel Angel Beltran Bahena
Expediente 1089/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Angel Beltran Bahena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. CON INCIDENTE. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c) el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, se determinó negar la suspensión definitiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
VISTO, para resolver el juicio de amparo 443/2021, promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos del Congreso Constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los Congresos, Gobernadores, Presidentes Municipales, Tesoreros de las entidades federativas que a continuación se mencionarán: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como de la CFE Suministrador de Servicios Básicos ubicada en los distintos municipios de los estados mencionados. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el número 173/2021, y previa aclaración de demanda, decretó oficiosamente la separación de autos por número de servicios de suministro de energía eléctrica, dado que se reclamó la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversos municipios. TERCERO. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio signado por la secretaria adscrita a este juzgado, que contenía inserto el auto por el que se realizó la separación de juicios; un ejemplar de la demanda de amparo recibida vía electrónica y la boleta de turno respectiva en la que se precisó que el número de suministro de energía eléctrica relativo a este expediente es el 610090200367. CUARTO. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda de amparo con el número 443/2021, precisó que el presente juicio versaría respecto de las autoridades, actos y servicio de suministro de energía eléctrica siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso Constitucional del Estado de Coahuila ".las leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, mismas que prevén el derecho de alumbrado público que por esta vía se reclama su inconstitucionalidad." "Cabe señalar que la quejosa únicamente reclama de inconstitucionalidad los preceptos legales a través de los cuales le es aplicado el cobro del derecho de alumbrado público que se establece a través de las Leyes Municipales y Estatales reclamadas," "Ley de ingresos del Municipio de Parras, para el ejercicio fiscal de 2021." "Lo anterior, toda vez que mi poderdante desconoce la cuantía por Municipio, ya que únicamente realiza un pago por servicio de energía eléctrica de manera centralizada por todas las unidades que opera, y del mismo únicamente se desprende el cobro del concepto de derecho de alumbrado público, desconociendo por completo el mecanismo de cobro del mismo, así como la cuantía que se divide para pagar cada uno de los Municipios (destino final)." Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila Ayuntamiento de Parras del Estado de Coahuila Tesorero del Ayuntamiento de Parras del Estado de Coahuila Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 610090200367 Asimismo, desechó la demanda por cuanto a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos del Municipio de Parras, del Estado de Coahuila de Zaragoza, y la admitió por cuanto a las restantes autoridades, requirió los respectivos informes justificados, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que en la demanda que dio origen a este juicio se reclamó el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados por transferencia electrónica derivada de ese cobro centralizado, además de que se señalaron como autoridades responsables a los tesoreros municipales de varios ayuntamientos de diferentes entidades federativas. En ese sentido, la competencia recae en este juzgado por ser el que previno en conocimiento, pues tiene jurisdicción sobre los municipios del estado de Morelos; entidad en la cual se prestan los servicios municipales de alumbrado público que también fueron combatidos por la parte quejosa. Esto es acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 165/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUELLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL". Asimismo, el juicio de amparo indirecto es procedente por razón de vía, en virtud de que este medio de control constitucional procede contra normas generales que se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que, tratándose de leyes que deben impugnarse con motivo de su acto de aplicación, es necesario demostrar la individualización de la norma, pues será hasta ese momento que se afectarán los intereses jurídicos de la quejosa y se estará en aptitud de impugnar la norma. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por las anteriores consideraciones, si la parte quejosa reclama una serie de disposiciones, con motivo de su primer acto de aplicación, resulta procedente el juicio de amparo indirecto para combatirlas. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: Del Congreso y Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza: La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos para el municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Del Presidente Municipal y del Tesorero de Parras, Coahuila de Zaragoza: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente a enero de dos mil veintiuno (del pago del servicio de energía eléctrica), en relación con el establecimiento comercial que cuenta con número de servicio 610090200367. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se tiene que las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados que se le atribuyeron. Conviene precisar que, las leyes no son objeto de prueba. Por tanto, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Dicha circunstancia se corrobora con la publicación de la ley impugnada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, la certeza del primer acto de aplicación de la ley se corrobora con la captura de pantalla del Sistema Comercial (SICOM), a cargo de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Máxime que para el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley impugnada, se requiere la acreditación del acto de cobro, para corroborar el resentimiento en la esfera jurídica del particular, lo cual acontece en este juicio atento a las documentales mencionadas en el párrafo anterior. Esto es acorde a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 356/2013, en la cual, se sostuvo que las normas que regulan el cobro de la contribución por alumbrado público requieren de un acto posterior para que las personas resientan un perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, la decisión de este juzgador encuentra sustento en la jurisprudencia VI.3o.A. J/10, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que dice lo siguiente: "DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. La ley que establece este tipo de derechos, a diferencia de los que se generan por la obtención de un servicio público que presta el Estado en sus funciones de derecho público, tiene el carácter de autoaplicativa para todas aquellas personas que se encuentren dentro de la hipótesis de causación, como lo es, por ejemplo, la que establece el pago de cuotas por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en la que basta que se acredite que se cuenta con el título de concesión correspondiente y que se efectúa el pago de este tipo de derechos o que se tiene la obligación de hacerlo por su explotación, para que la norma, por su sola entrada en vigor, afecte los intereses jurídicos del usuario por estar en presencia de un acto de permisión del Estado por el cual los particulares llevan a cabo tales usos privativos o aprovechamientos, por lo que en estas circunstancias, no se necesita de ninguna condición adicional para justificar la individualización de la ley que establece o incrementa el pago de los derechos por esa actividad; de tal manera que para este tipo de personas las obligaciones que impone la norma surgen en forma automática, nacen con ella misma, sin que se requiera, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación. Hipótesis distinta sucede tratándose de la ley que establece el pago de los derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, en la que sí es necesario demostrar el acto de aplicación de la norma para estar en aptitud de impugnarla, ya que cuando se recibe la contraprestación del servicio por parte del Estado es que, en su caso, se causa la afectación a los intereses jurídicos del usuario y se estará en aptitud de reclamarla si es que se estima inconstitucional, porque en esta hipótesis las obligaciones de hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, es decir, se trata de una disposición heteroaplicativa". CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador no advierte que se surta algún supuesto de improcedencia de los establecidos en el artículo 61, de dicho ordenamiento. Cabe señalar que las partes tampoco invocaron alguna causal susceptible de ser analizada, razón por la cual, a continuación se procede con el estudio de fondo del presente asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Para un mejor entendimiento de este asunto, a continuación se sintetizarán los conceptos de violación que el quejoso hizo valer en su escrito de demanda: Considera que la ley impugnada y el respectivo cobro por concepto de derecho de alumbrado público es contrario a lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución general. Esto debido a que el Congreso de la Unión es el órgano facultado para establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. En consecuencia los congresos locales se encuentran impedidos para legislar sobre energía eléctrica, pues de hacerlo, se invadiría una facultad exclusiva de la federación. Afirma que la inconstitucionalidad planteada contraviene el artículo 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en virtud de que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio de alumbrado público y tendrán derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, los cuales, al tener la naturaleza de derechos, deberán ser establecidas en Ley mediante la aprobación de las Legislaturas locales. Para sostener esta afirmación, aduce que, a pesar de que la contribución se le denominó "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Ahora bien, esta contribución es violatoria de los principios de legalidad tributaria, ya que no contienen los elementos básicos de las contribuciones, como son el objeto, sujeto, base gravable, tasa o tarifa y la época de pago. Manifiesta que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio ni mucho menos al beneficio obtenido por el particular al cual se cobran los citados derechos, toda vez que el Legislador pierde de vista que la prestación del servicio de alumbrado público es un servicio indivisible, respecto del cual no se puede cuantificar su uso, goce o los beneficios derivados del mismo por un contribuyente determinado. Asimismo, afirma que los preceptos reclamados violan el principio de equidad tributaria a que hace alusión el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el monto a cubrir por la prestación de ese servicio no es igual para todos los usuarios del servicio, sino únicamente para aquellos que son propietarios de predios o que son consumidores de energía eléctrica. Estima que el cobro del derecho de alumbrado público resulta ser inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público a que hace referencia en ellos, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio, sino al consumo de energía eléctrica que realiza el contribuyente. Reitera que el cobro de la contribución impugnada es inconstitucional ya que el precepto reclamad obliga únicamente a un tipo de contribuyentes a realizar el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, no obstante que dicho servicio se presta a, y es aprovechado por, todos y cada uno de los habitantes del municipio. Considera que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, no obstante que estos no tienen el carácter de sujetos de dicha contribución y aun cuando no son necesariamente los beneficiarios del servicio de alumbrado público, son obligados a pagarlo. Afirma que el cobro del derecho de alumbrado público es violatorio a la garantía de legalidad tributaria, toda vez que se establece la obligación de realizar el pago de una contribución, sin que se fije la tasa o la tarifa aplicable para efectos del cálculo de dicha contribución en una Ley en sentido formal y material. Máxime que si bien se establece un porcentaje máximo, la aplicación de este tornaría a los derechos en cuestión en un verdadero impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Considera que en el caso concreto se configuró la figura de la cosa juzgada refleja, en tanto que los actos reclamados que originalmente adujo la quejosa ya fueron decretados inconstitucionales anteriormente (derecho de alumbrado público). En primer lugar, este juzgador procederá al estudio y análisis del concepto de violación reseñado con el número 1, en el cual se reclama la inconstitucionalidad del derecho de alumbrado público por invadir la esfera de competencias exclusivas del Congreso de la Unión. En caso de resultar infundado el concepto de violación anterior, se seguirá con el análisis de argumentos reseñados con los números 2 a 7, en los cuales reclama la inconstitucionalidad de la ley de ingresos reclamada. Por último, de resultar infundado lo anterior, se dilucidará si se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja conforme a lo propuesto en el último de los conceptos de violación sintetizado en el número 8. Esto, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". 1. El Congreso local al determinar la contribución por concepto de "derecho de alumbrado público" no invade facultades reservadas al Congreso de la Unión En atención a la metodología de estudio propuesta para este asunto, se procede al análisis del concepto de violación sintetizado con el número 1. Dicho argumento resulta infundado en atención a que si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el pago del "Derecho de Alumbrado Público", es inconstitucional cuando se toma como base el consumo eléctrico, dicha circunstancia no acontece en el presente asunto. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal del país sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica. Por tanto, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. Las consideraciones anteriores se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P. 6, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República". Sin embargo, esa circunstancia no acontece en este asunto. Para ello, es pertinente acudir al procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2021 el cual prevé la forma en cómo se obtendrá la tarifa mensual correspondiente al derecho de alumbrado público: Primero, se obtendrá el "costo anual global general actualizado erogado" del alumbrado público. Este concepto será el resultado de la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por ese servicio, actualizadas. El costo anual global general actualizado erogado por el municipio en la prestación de este servicio, se dividirá entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos o urbanos detectados que no están registrados en la CFE. El resultado será dividido entre 12, y lo que de cómo resultado de esta operación se cobrara en cada recibo que la CFE expida y su monto no podrá ser superior al 9% de las cantidades que deban pagar los contribuyentes en forma particular, por el consumo de energía eléctrica. Este monto no deberá exceder del 9% del consumo de energía eléctrica. En caso de que existan predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, también pagarán la tarifa anterior. Con base en lo anterior puede concluirse que la determinación y el cobro del derecho de alumbrado público no resultan inconstitucionales, pues esa contribución no se está calculando a partir en la cantidad de que los usuarios registrados de la Comisión Federal de Electricidad pagan por el consumo de energía eléctrica. En todo caso, el convenio suscrito con la Comisión Federal de Electricidad faculta a dicha empresa a retener el pago correspondiente por ese concepto. La afirmación anterior se justifica con el contenido del artículo 115, fracción III, inciso b) y IV, inciso c) de la Constitución general, el cual establece que, las legislaturas de los Estados podrán fijar las contribuciones que correspondan a los municipios por concepto de los servicios que deben prestar (entre los que se encuentra el de alumbrado público). Es decir, el Congreso local tiene facultades para implementar el pago del derecho de alumbrado público, no obstante, la contribución por ese concepto no podrá calcularla con base en el consumo de energía eléctrica de las y los gobernados, pues no existe ninguna relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público. De ahí que no exista una invasión de facultades por parte del Congreso Local a aquellas que se encuentra reservadas al Congreso de la Unión. 2. El cobro del derecho de alumbrado público previsto en la ley reclamada, no es contrario a los principios de legalidad tributaria A continuación, este juzgador analizará los conceptos de violación planteados por la quejosa con los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la demanda. Dichos argumentos resultan infundados para conceder el amparo y protección solicitado en atención a lo siguiente: El artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como local, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad. Estos principios, además de ser derechos fundamentales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación: a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c) Sólo se pueden crear mediante ley. d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De acuerdo con estas características previstas por la Constitución general, podemos esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federación, Ciudad de México, estados o municipios-, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que este se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales. Tales elementos, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Los elementos esenciales de las contribuciones, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y época de pago. Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que esta lo ha descrito o tipificado. c) Base Imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o Tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y e) Época de Pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas, y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como la Ciudad de México y cada estado para sí y para sus municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad. Sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Una vez sentadas las bases anteriores, cabe señalar que en nivel federal el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber: 1.- Impuestos: son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo. 2.- Aportaciones de seguridad social: son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3.- Contribuciones de mejoras: son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4.- Derechos: son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Por su parte, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, reconoce como ingresos municipales, particularmente en el rubro de contribuciones, a los impuestos, las contribuciones especiales y a los derechos, definiendo a estos últimos en su artículo 8. De lo expuesto, podemos afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación. Mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No está por demás agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie más importante, este aspecto cobra mayor relevancia. Al respecto, cabe señalar que el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter especial entre los componentes que integran el tributo. En efecto, este elemento no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues en una situación de normalidad evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece. Esta situación de normalidad tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situación, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigiéndose en premisa para la determinación en cantidad líquida de la contribución. En este sentido, el hecho imponible otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto, o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hipótesis, y no una consecuencia jurídica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria. Conforme a los anteriores razonamientos, resulta lógico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria. De esta forma, se respeta el derecho de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible. Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existirá imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula. Ello inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues esta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto. En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base, normalmente nos llevará a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto. Sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues siendo el tributo una prestación pecuniaria, debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinación pecuniaria del tributo, pues es la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa, razón por la cual podrá revelarnos el verdadero aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador, que se encuentra oculto en la base y que, inclusive, no necesita de la realización del hecho imponible ficticio para materializar el surgimiento de la obligación, lo cual en algunas ocasiones podrá revelarnos que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere su hecho imponible o que una contribución es un impuesto o una contribución de mejoras y no un derecho y viceversa. Como se adelantó anteriormente, la contribución prevista en el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2021, analizado en párrafos anteriores, constituye un derecho. Sin embargo, para explicar esta afirmación, a continuación se analizarán los elementos que componen a este derecho. De la lectura a ese precepto, se advierte que el objeto o hecho imponible, lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público, entendiéndose por tal servicio el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. Dispone que la tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público, será por la prestación de este servicio. Esta se obtendrá como resultado de dividir el costo anual global general actualizado erogado por el Municipio en la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y los no registrados ante esa empresa, cuyo importe será cobrado en cada recibo expedido por esta. Por cuanto a los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en dicha Comisión, pagarán la tarifa resultante mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. Además, establece el precepto que dicho servicio de alumbrado público, no podrá ser superior al 9% de las cantidades que deban pagar los contribuyentes en forma particular. De lo anterior se desprenden los elementos integrantes del tributo analizado: Sujetos: los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos en el área territorial municipal, estén o no registrados en la Comisión Federal de Electricidad. Objeto: la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. Base: el costo global del servicio de alumbrado público. Tarifa (importe): el resultado de dividir el monto correspondiente a la base (costo global del servicio de alumbrado público), entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos o urbanos detectados que no están registrados en la CFE. Época de pago: el monto a pagar será cobrado en cada recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, para el caso de los usuarios registrados y, en el caso de los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados ante dicha Comisión, pagarán la cantidad resultante mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal, dentro de los primeros diez días siguientes al mes en que se cause el pago. Ahora bien, con base en una interpretación conforme al texto constitucional, se infiere que el artículo 11 de la ley impugnada regula uno de los denominados "derechos por servicios", pues establece una contribución cuya actualización deriva de la prestación de un servicio por parte del municipio. Ello según se advierte de la redacción del propio artículo, que prevé la obligación de pagar un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes el municipio, entendiéndose por tal servicio, el que el municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. De este modo, se afirma que la contribución analizada constituye un derecho. Debe enfatizarse la dificultad para apreciar la existencia de un servicio de alumbrado público individualizado en un destinatario concreto. Más bien se trata de un servicio con carácter de universal dirigido a los habitantes del municipio, ya que el derecho por servicio es una especie de contribución que tiene su origen en la recepción por parte de los particulares de una actividad del Estado -en este caso del municipio-, por la cual se genera una relación entre sus habitantes obligados al pago y la administración de aquel, que justifica precisamente dicha remuneración por ese concepto. Así, debe estimarse que al quedar fijada la base imponible para calcular dicha contribución conforme al costo global generado por la prestación del servicio otorgado por el ente público (municipio), en efecto se trata de un derecho y no de un impuesto. En ese entendido, en relación con los derechos fiscales, debe tenerse en cuenta que: a) conforme al principio de proporcionalidad tributaria que los rige, este se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas respectivas guarden una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el ente público (Municipio); b) el costo que para este tenga la ejecución del servicio; y c) la correspondencia entre dicho costo y el monto de la cuota o tarifa no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. De todo lo expuesto, puede advertirse que el precepto impugnado regula un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a cabo el municipio, cuya cuantificación deberá efectuarse conforme a los términos que se establecen en ese precepto. Esto significa, de acuerdo con una interpretación acorde con el texto constitucional, que debe dividirse el costo global generado por la prestación del servicio aludido entre el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos o urbanos detectados que no están registrados en ella. El importe será cobrado en cada recibo expedido por la empresa productiva mencionada y, para el caso de los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en dicha Comisión, pagarán la cantidad resultante mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. Como ejemplo de aplicación de la contribución en análisis, puede considerarse un municipio que tiene 100,000 habitantes, de los cuales 10,000 se encuentran registrados en la Comisión Federal de Electricidad, y otros son propietarios o poseedores de predios rústicos y urbanos. El costo global por la prestación del servicio es de $100,000.00 (cien mil pesos). Esta cantidad se dividirá entre los 10,000 habitantes registrados ante la Comisión y los predios no registrados, lo cual arrojará una tarifa (importe) a pagar de $10 (diez pesos). Tal importe se cobrará a los usuarios registrados ante la Comisión, de manera conjunta en el recibo que esta expida con motivo del cobro por el consumo individual. Ahora bien, los usuarios no registrados ante la Comisión deberán realizar ese pago mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. De este modo, tenemos existe una armonía en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho, con respecto al contenido del artículo reclamado. Al regular que la tarifa correspondiente al servicio de alumbrado público se distribuirá entre los usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos y urbanos detectados que no estén registrados ante dicha empresa, se establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva el costo global originado por la prestación del servicio de alumbrado público a cargo del Municipio. Por tanto, la base del tributo se encuentra relacionada con un hecho imponible que sí responde a una actividad del ente público, que es precisamente la prestación del servicio señalado. En caso de existir un conflicto entre el aspecto objetivo que denota el hecho imponible y el que denota la base para descubrir la verdadera naturaleza de la contribución, se resuelve en favor del contemplado en la base, pues es este elemento el que servirá para el cálculo del tributo. En el caso particular, dicha contribución se liquidará dividiendo el costo global del servicio de alumbrado público entre el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad. Esto es acorde a la jurisprudencia P./J. 2/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". Con base en lo hasta aquí expuesto, puede afirmarse lo infundado de los argumentos expresados por la quejosa, pues, además de que el Congreso local legisló una contribución en uso de sus facultades residuales, estableció un derecho a favor del municipio por la prestación del servicio de alumbrado público que tiene a su cargo, cumpliendo con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Lo anterior en razón de que, la intención del Congreso local con la mecánica de cálculo descrita en el precepto 11 de la Ley de Ingresos del ayuntamiento de Parras, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2021, fue que todos los habitantes de ese municipio pagaran por concepto de ese servicio, ya que se benefician del servicio de alumbrado público, cuenten o no con una toma de corriente eléctrica registrada a nivel individual. Asimismo, debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el segundo párrafo del propio artículo 11, conforme al cual se establece un tope para cuantificar el monto del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público -9% (nueve por ciento de la cantidad que deban pagar los contribuyentes en forma particular por concepto de energía eléctrica-. Ese beneficio ocasiona que el Municipio no recupere el cien por ciento del costo global del servicio porque, la tarifa resultante para cada uno de los usuarios inscritos en el padrón de la Comisión Federal de Electricidad podría disminuir en razón de su bajo consumo individual de energía eléctrica. Es decir, el precepto reclamado admite la posibilidad de que, si el monto del derecho previamente calculado es superior al tope aludido, el municipio no podrá cobrar sino la cantidad que como máximo resulte de aplicar el porcentaje correspondiente. Esto significa que, en última instancia, a los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, les será cobrada la cantidad que entre ambas (monto del derecho, o bien, el tope máximo), resulte ser la menor. Por tal motivo -en principio-, se verá disminuido el ingreso del municipio en ese rubro, lo cual ocasionaría que no recuperara la totalidad del costo global generado por la prestación del servicio de alumbrado público. Sin embargo, el faltante en la percepción de ingresos del municipio para cubrir el costo global generado por la prestación del servicio de alumbrado público, con motivo del tope señalado, se recupera con los pagos recibidos por parte de aquellos propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados ante la Comisión, igualmente beneficiados con el servicio prestado por el Municipio. En tales condiciones, lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 11 impugnado, no implica una transgresión a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. Respecto del tope máximo señalado en el artículo 11 reclamado, basado en el consumo de energía eléctrica, este juzgador sostiene que de ninguna manera convierte al derecho mencionado en un impuesto que corresponda a la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, ya que sólo se utiliza para llevar a cabo una comparación entre el monto resultante de calcular la tarifa a pagar conforme al párrafo segundo de dicho precepto y el tope máximo aludido para efectos de precisar la cantidad que habrá de ser pagada con motivo del servicio de alumbrado público prestado por el Municipio. El tope máximo descrito en la legislación reclamada implica una reducción en el monto definitivo del derecho por la recepción del servicio de alumbrado público que deberán pagar los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad que consuman una menor cantidad de energía eléctrica de forma individual. Pero esto no implica que la contribución referida se convierta en un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Al consumir menos energía eléctrica, si el monto del derecho previamente calculado excede al tope máximo permitido por el artículo 11 de la legislación que se analiza, esa contribución disminuirá hasta un monto igual al máximo correspondiente. Por otro lado, en caso de que los usuarios consuman mayor fluido eléctrico, si el monto del derecho es inferior al que resulte de aplicar los porcentajes respectivos, sólo deberá pagarse aquel, de modo que, en cualquiera de los supuestos señalados, el pago corresponderá al monto que resulte ser menor. Por tanto, el tope máximo contenido en el artículo 11 impugnado, no implica que se establezca materialmente un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica ya que, en todo caso, solo sirve como parámetro de reducción del monto definitivo a pagar por el servicio de alumbrado público, a cargo de los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad. Esto es acorde a lo razonado en la acción de inconstitucionalidad 15/2007, en la cual se analizó la constitucionalidad de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, en la cual se sostuvo lo siguiente: ".Cabe señalar en esta parte que, el tope máximo señalado en el párrafo final del artículo 13 impugnado, basado en el consumo de energía eléctrica, en modo alguno convierte al derecho mencionado en un impuesto que corresponda a la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, ya que sólo se utiliza para llevar a cabo una comparación entre el monto resultante de calcular la tarifa a pagar conforme al párrafo segundo de dicho precepto y el tope máximo aludido para efectos de precisar la cantidad que habrá de ser pagada con motivo del servicio de alumbrado público prestado por el Municipio. En efecto, como se señaló antes, el tope máximo descrito significa sólo una reducción en el monto definitivo que por derechos por la recepción del servicio de alumbrado público deberán pagar los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad que lleven a cabo un menor consumo de energía eléctrica a nivel individual, sin que ello implique que la contribución en comento se convierta en un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Lo anterior es así, porque al realizar un menor consumo de dicha energía, si el monto del derecho previamente calculado resulta ser excedente al tope máximo permitido por el precepto, aquél se verá disminuido hasta un monto igual al máximo correspondiente; en contrapartida, en caso de realizarse un mayor consumo de fluido eléctrico, si el monto del derecho viene a ser inferior al que resulte de aplicar los porcentajes respectivos, sólo deberá pagarse aquél, de modo que en cualquiera de los supuestos señalados, el pago corresponderá al monto que resulte ser menor. En tales condiciones, el tope máximo contenido en el párrafo final del artículo 13 impugnado, no implica que se establezca materialmente un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica ya que, en todo caso, sólo sirve como parámetro de reducción del monto definitivo a pagar por el servicio de alumbrado público, a cargo de los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad.". Por las consideraciones anteriores, este juzgador sostiene que el derecho de alumbrado público contenido en el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2021 es constitucional por cuanto a los principios de equidad y proporcionalidad. No se pierde de vista el argumento del quejoso en el sentido de que el derecho de alumbrado público impugnado no puede realmente individualizarse, y que por ende, no existiría una proporcionalidad entre la contribución reclamada y el servicio. Sin embargo, tal argumento debe desestimarse pues, como se sostuvo en las líneas que preceden, el derecho de alumbrado público es un servicio universal dirigido a los habitantes del municipio, el cual difícilmente puede ser individualizado en un destinatario concreto. Por esa circunstancia, el Congreso local creó este tributo, dirigido a los habitantes obligados al pago, con base en el costo global generado por la prestación del servicio otorgado por el ente público (municipio). En atención a lo antes expuesto, resultan infundados los conceptos de violación en estudio. 3. El cobro de derecho de alumbrado público es inconstitucional Este juzgador procederá al estudio y análisis del concepto de violación reseñado con el número 7, suplido en su deficiencia. Lo anterior, es acorde a la jurisprudencia P./J. 104/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico". La justificación para suplir la deficiencia de los conceptos de violación planteados se encuentra en que este juzgador tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto. En el presente asunto, se advierte que el cobro del derecho de alumbrado público se realizó en contravención a la Constitución general y a la ley de ingresos municipal. En efecto, el artículo 14, de dicho ordenamiento, establece, los elementos esenciales del tributo. Conviene prestar especial atención a la tarifa (importe), misma que será obtenida como resultado de dividir el costo anual global general actualizado erogado por el Municipio en la prestación de este servicio entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos o urbanos detectados que no están registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado será dividido entre 12 y la cantidad obtenida de esta operación se cobrará en cada recibo que la Comisión Federal de Electricidad expida. El monto obtenido por concepto de derecho de alumbrado público no podrá ser superior al 9% de las cantidades que deban pagar los contribuyentes en forma particular, sobre el consumo de energía eléctrica. Ahora bien, la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos remitió la captura del Sistema Comercial SICOM, respecto del número de servicio en cuestión, en el cual se advierte que se efectuó a la quejosa un cobro por concepto de derecho de alumbrado público equivalente al 9% (nueve por ciento) de su consumo de energía eléctrica. Para una pronta referencia, a continuación se insertará la imagen aludida: Como puede apreciarse de la digitalización anterior, el cobro por concepto de derecho de alumbrado público fue contrario a lo previsto en la Constitución general y en la ley de hacienda local, contraviniendo el principio de legalidad tributaria, pues la quejosa realizó un pago por una contribución que gravó un porcentaje de su consumo de energía eléctrica. La afirmación anterior se sostiene en que la ley de hacienda analizada prevé que la tarifa por concepto de derecho de alumbrado público será el resultado de dividir el costo anual global general actualizado erogado por el Municipio en la prestación de este servicio entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios rústicos o urbanos detectados que no están registrados en la Comisión Federal de Electricidad. Luego esa cantidad será dividida entre doce y la cantidad obtenida de esta operación se cobrará en cada recibo que la Comisión Federal de Electricidad expida. Con la precisión de que el monto obtenido por concepto de derecho de alumbrado público no podrá ser superior al 9% (nueve por ciento) de las cantidades que deban pagar los contribuyentes en forma particular, sobre el consumo de energía eléctrica. Sin embargo, con base en la información proporcionada por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos se aprecia que ese organismo retiene una cantidad equivalente al 9% (nueve por ciento) del importe mensual a pagar por el suministro de energía eléctrica; cuando la intención del legislador fue que ese porcentaje fuera el tope máximo a pagar por ese derecho. Como se explicó en líneas anteriores, el tope máximo del 9% (nueve por ciento) implica una reducción en el monto definitivo del derecho por la recepción del servicio de alumbrado público que deberán pagar los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad que consuman una menor cantidad de energía eléctrica de forma individual. Pero esto no implica que el cobro por esa contribución deba ser por ese porcentaje. Al consumir menos energía eléctrica, si el monto del derecho previamente calculado excede al tope máximo permitido, esa contribución disminuirá hasta un monto igual al máximo correspondiente. Por otro lado, en caso de que los usuarios consuman mayor fluido eléctrico, si el monto del derecho es inferior al que resulte de aplicar los porcentajes respectivos, sólo deberá pagarse aquel, de modo que, el pago corresponderá al monto que resulte ser menor. Por tanto, el tope máximo sirve como parámetro de reducción del monto definitivo a pagar por el servicio de alumbrado público, a cargo de los usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, mas no como la tarifa a pagar por el derecho de referencia. De este modo, se sostiene que el cobro por derecho de alumbrado público se realizó en contravención al principio de legalidad tributaria. Para ello, conviene transcribir el artículo 31, fracción IV de la Constitución general, que establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." El artículo transcrito refiere que las personas mexicanas están obligadas a contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa en los términos que dispongan las leyes. El principio de legalidad tributaria es aquel conforme al cual, deben constar en una ley formal y material todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, como los sujetos obligados, el hecho, acto o circunstancia gravado, la base del tributo, la tasa o tarifa que debe aplicarse y el momento en que se realizará el pago respectivo Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2012, sostuvo que el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución general, exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esenciales, para que el sujeto obligado conozca con certeza la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras. Tratándose de un gravamen de cuota fija puede prescindirse de ese elemento cuantificador del tributo, sin que ello implique una violación al indicado principio de justicia fiscal, al ser la propia ley la que proporciona la cantidad a pagar. De esta forma, el gobernado conocerá en todo momento la forma en que debe contribuir al gasto público. En cambio, si se trata de una contribución de cuota variable, debe verificarse que el mecanismo conforme al cual se mide o valora la capacidad contributiva descrita en el hecho imponible, no dé margen al comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades exactoras, sino que genere certidumbre al causante sobre la forma en que debe cuantificar las cargas tributarias que le corresponden, independientemente de que el diseño normativo pueda infringir algún otro postulado constitucional. Sin embargo, el derecho de alumbrado público que aquí se analiza, si bien, se encuentra previsto en la ley de hacienda local, lo cierto es que la tarifa por concepto de derecho de alumbrado público gravó el importe a pagar de la quejosa por el suministro de energía eléctrica. Esa situación vicia de inconstitucionalidad el cobro del mencionado derecho y por ende, debe concederse el amparo y protección de la justicia federal. Es decir, a pesar de que la ley de hacienda local impone un tope máximo del 9% (nueve por ciento), por concepto de derecho de alumbrado público, en relación con el suministro de derecho de energía eléctrica, la realidad es que la empresa productiva retiene una cantidad equivalente a ese porcentaje. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a. LXII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA BASE GRAVABLE DE LAS CONTRIBUCIONES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esenciales, para que el sujeto obligado conozca con certeza la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras. En tal sentido, para verificar si determinada prestación pública patrimonial viola el mencionado principio por considerar que su base gravable no está debidamente establecida, debe partirse del análisis de la naturaleza jurídica de la contribución relativa, pues si constituye un gravamen de cuota fija puede prescindirse de ese elemento cuantificador del tributo, sin que ello implique una violación al indicado principio de justicia fiscal, al ser la propia ley la que proporciona la cantidad a pagar, por lo que el gobernado conocerá en todo momento la forma en que debe contribuir al gasto público; en cambio, si se trata de un impuesto de cuota variable, debe verificarse que el mecanismo conforme al cual se mide o valora la capacidad contributiva descrita en el hecho imponible, no dé margen al comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades exactoras, sino que genere certidumbre al causante sobre la forma en que debe cuantificar las cargas tributarias que le corresponden, independientemente de que el diseño normativo pueda infringir algún otro postulado constitucional". Debe mencionarse que la parte quejosa acreditó haber cubierto la contribución impuesta mediante el cobro del porcentaje relativo a la cuantificación del consumo de energía eléctrica establecido en el mencionado precepto. Dicha situación se corrobora con las constancias que remitió la CFE Empresa Productiva Subsidiaria, con las cuales se aprecia el pago por concepto de "Importe DAP", realizado de manera conjunta con el correspondiente al servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa hubiere realizado un pago centralizado, pues en todo caso, al realizar esa erogación, también cubrió lo correspondiente por el derecho de alumbrado público relacionado con el número de suministro de energía eléctrica motivo de este juicio. Por lo antes expuesto, este juzgador estima innecesario entrar al estudio del resto de los conceptos de violación formulados en el escrito de demanda, en virtud de que en nada variaría el sentido de la presente sentencia, además de que no se obtendría un mayor beneficio al alcanzado en esta determinación. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.2o.J/7, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia". SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado lo procedente es conceder el amparo solicitado por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para los siguientes efectos: 1. El Tesorero de Parras, Coahuila de Zaragoza, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 610090200367, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de $93.31 (noventa y tres pesos 31/100 m.n.), actualizada, de conformidad con lo previsto en el artículo 15-A, del Código Fiscal para el estado de Coahuila de Zaragoza que dice lo siguiente: "Artículo 15-A. - El monto de los contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco estatal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco estatal, no se actualizarán por fracciones de mes. (.)" Del artículo anterior se desprende que el monto de las contribuciones, de los aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del Fisco estatal, se actualizará por el transcurso del tiempo, para lo cual deberá aplicarse el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período. En virtud de lo anterior, la actualización deberá comprender desde el mes anterior a aquel en que se realizó el pago respectivo, y hasta aquel en que la devolución esté a disposición del contribuyente, conforme a lo previsto en el artículo 15-A, del Código Fiscal para el estado de Coahuila de Zaragoza. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XXVII. J/1 A (11a.), del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito que dice: "DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO POR LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD POR JURISPRUDENCIA TEMÁTICA, SE AGOTAN CON LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD ENTERADA ACTUALIZADA, SIN QUE PROCEDA EL PAGO DE INTERESES Y RECARGOS (CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios divergentes respecto del alcance de los efectos restitutorios de la sentencia que concedió el amparo contra el derecho de alumbrado público declarado inconstitucional por jurisprudencia temática, pues uno de los Tribunales Colegiados sostuvo que tales efectos se cumplen con el reintegro al quejoso de la cantidad enterada actualizada, sin que proceda el pago de intereses y recargos, mientras que los otros sostuvieron que además de la devolución del pago actualizado, deben sumarse el pago de intereses y recargos. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito determina que los efectos de la sentencia que otorga el amparo contra el derecho de alumbrado público declarado inconstitucional por jurisprudencia temática, están satisfechos con la devolución al quejoso de la cantidad enterada con su respectiva actualización, sin que sea procedente el pago de intereses y recargos. Justificación: En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de una sentencia de amparo contra una ley fiscal se agota al devolver al quejoso la cantidad enterada actualizada, de ahí que no puede comprender el pago de intereses y recargos pues además de que ello rebasaría el objeto de la protección federal, los artículos 25 a 28 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, no prevén expresamente la procedencia del pago de intereses y recargos como indemnización al contribuyente por el retardo en la devolución del derecho de alumbrado público declarado inconstitucional en la sentencia de amparo". Asimismo se precisa que, la concesión del amparo no exime a la parte peticionaria de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de aplicación al caso concreto, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de la Ley de Ingresos para el municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, atribuida al Congreso y al Gobernador, ambos del estado de Coahuila de Zaragoza, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto del cobro del derecho de alumbrado público atribuido al ayuntamiento y al tesorero, ambos de Parras, Coahuila de Zaragoza, por los motivos y para los efectos señalados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia, respectivamente. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria que da fe, hasta hoy diez de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha no obra la constancia de notificación a la parte quejosa del auto de uno de septiembre de dos mil veintidós; por tal motivo, requiérase al Coordinador de Actuarios de este juzgado, para que a su vez, solicite al Actuario encargado de realizar la formalidad encomendada, para que a la brevedad posible realice las gestiones que sean necesarias y vincule al expediente electrónico la notificación ordenada, asimismo, la entregue en la mesa de trámite, ello para estar en condiciones de continuar con el trámite del presente incidente; por tal motivo, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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