Miguel Angel Bello Piza
Expediente 666/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Angel Bello Piza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
OFICIO
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: 666/2023 Parte quejosa: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 666/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el mismo día, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades y actos reclamados: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES A. El Congreso del Estado de Morelos, en su carácter de autoridad ordenadora en los términos que más adelante se precisarán; B. La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora; C. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su carácter de autoridad ejecutora; D. El Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, por sí y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", en su carácter de autoridad ejecutora; E. La Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en su carácter de autoridad ejecutora; F. La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en su carácter de autoridad ejecutora; G. Secretario de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través y por conducto de su Dirección General de Recursos Humanos, en su carácter de autoridad ejecutora: IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1) De las autoridades: Congreso del Estado de Morelos y Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, reclamo los siguientes actos: a) Por vicios propios el estudio, análisis y dictamen efectuado por la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, respecto a la procedencia de mi pensión por jubilación, donde se soslayó realizar un análisis minucioso de los años efectivos laborados por el suscrito en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, cuenta habida que, hasta hoy sigo laborando y prestando mis servicios como elemento policial en la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por lo tanto, mi antigüedad es mayor a la establecida en el decreto de marras, además, actualmente percibo un salario mensual por mis servicios de: ********************, por esta razón, deviene la arbitrariedad del acto reclamado. b) La arbitraria discusión y aprobación del DECRETO DE PENSIÓN número OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, aprobado en SESIÓN ORDINARIA DE PLENO del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el veintitrés de febrero y concluida el tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual, con base en un cálculo erróneo respecto a los años que llevo laborando para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se me concedió pensión por jubilación, a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente.(sic) Lo cual me causa perjuicio pues actualmente percibo un salario mensual por mis servicios en el Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, como elemento policial, la cantidad de ********************, monto que en relación a los más de 22 años de servicio efectivos (salvo error aritmético a favor del suscrito) que llevo laborando para la administración pública municipal, y del Estado de Morelos, corresponde en concordancia al artículo 16, fracción I, inciso i) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de la Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el ******************** (sesenta por ciento) de dicha cantidad, que correspondería a ********************Lo anterior sin contar, la equidad de género respecto al porcentaje de pensión por jubilación, pues lo correcto sería que se tomara como parámetro para hacer el cálculo respectivo, en razón del inciso g), fracción II, del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que corresponde al ********************, porcentaje que arroja la cantidad de ********************De las cantidades antes precisadas, se aprecia evidentemente que el parámetro utilizado por parte de las autoridades responsables en el DECRETO (sic) de pensión combatido, para determinar el monto de mi pensión por jubilación, consistente en los cuarenta salarios mínimos, es menor en comparación a la cantidad que resulta de la operación aritmética que se realice con base en los porcentajes previstos en el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el último salario que me encuentro percibiendo, lo que sin duda me depara perjuicio, como se advierte en la siguiente tabla: PARAMETRO CANTIDAD ********************SALARIOS MÍNIMOS ******************** ******************** ******************** ********************(EQUIDAD DE GÉNERO) ******************** c) Por vicios propios, el inconstitucional DECRETO DE PENSIÓN número OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, aprobado en SESIÓN ORDINARIA DE PLENO, iniciada el veintitrés de febrero y concluida el tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se me concedió pensión por jubilación, con base en un error de cálculo en relación a los años efectivos que llevo laborando para el gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y sin considerar la equidad de género respecto al porcentaje de pensión por jubilación, acto que atenta contra mis derechos laborales y de seguridad social, así como de igualdad y no discriminación. (sic) d) La expedición del DECRETO DE PENSIÓN número OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, aprobado en SESIÓN ORDINARIA DE PLENO del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el veintitrés de febrero y concluida el tres de marzo de dos mil veintitrés; en razón del cálculo mal realizado por cuanto a los años laborados por el suscrito, y sin considerar la equidad de género respecto al porcentaje de pensión por jubilación, acto que atenta contra mis derechos laborales y de seguridad social, así como de igualdad y no discriminación. (sic) e) La aplicación de la inconstitucional e inconvencional porción normativa consistente en el artículo 16 fracción I inciso i) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el DECRETO DE PENSIÓN número OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, aprobado en SESIÓN ORDINARIA DE PLENO del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el veintitrés de febrero y concluida el tres de marzo de dos mil veintitrés; (sic) f) La discusión, aprobación y expedición de la porción normativa consistente en el artículo 16 fracción I inciso i) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública (lo transcribe). (sic) g) En ese orden de ideas, constituye el acto de aplicación de la precitada norma, el ilegal y arbitrario DECRETO DE PENSIÓN número OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, aprobado en SESIÓN ORDINARIA DE PLENO del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el veintitrés de febrero y concluida el tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual de manera arbitraria, y tomando como parámetro un cálculo erróneo respecto a los años laborados por el suscrito en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y aplicando la referida norma inconstitucional, se decretó mi pensión por jubilación a razón de 20 años, 11 meses, 08 días, conforme al inciso k), fracción I, del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, además, con base en un parámetro inexacto consistente en cuarenta veces el salario mínimo vigente. (sic) Determinación que, sin lugar a dudas, me causa perjuicio, pues como ya se dijo, el suscrito llevo laborando para la administración municipal y del estado de Morelos, más de 22 años y mi salario actual es de: ********************, lo cual resulta inconstitucional por contravenir los artículos 1, 4 y 123 apartado B, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo correcto era, para un mayor y efectivo beneficio, que las autoridades responsables decretaran a mi favor el porcentaje de ******************** (sesenta por ciento) respecto al salario que actualmente percibo, o en su caso, en un ejercicio de equidad de género, el ********************(setenta por ciento) de mi actual sueldo. (sic) 2) De la autoridad ejecutora: Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, reclamo los siguientes actos: a) La sanción y promulgación del Decreto de pensión número OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, aprobado en SESIÓN ORDINARIA DE PLENO del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el veintitrés de febrero y concluida el tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se me concedió pensión por jubilación en razón de un cálculo inexacto realizado por cuanto a los años laborados por el suscrito, y tomando como parámetro cuarenta salarios mínimos, asimismo, sin considerar la equidad de género respecto al porcentaje de pensión por jubilación, acto que atenta contra mis derechos laborales y de seguridad social, así como de igualdad y no discriminación. (sic) b) Al ser el titular del poder Ejecutivo del estado de Morelos, la ejecución y cumplimiento de los efectos del DECRETO DE PENSIÓN número OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, aprobado en SESIÓN ORDINARIA DE PLENO del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el veintitrés de febrero y concluida el tres de marzo de dos mil veintitrés, donde arbitrariamente se decretó que mi jubilación por pensión fuera en razón de cuarenta salarios mínimos, tomando únicamente en consideración 20 años, 11 meses, 08 días de servicio activo, y (sic) c) La promulgación, expedición y orden de publicación de la porción normativa consistente en el artículo 16 fracción I inciso i) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; (sic) 3) De la autoridad ejecutora: Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, por sí y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", reclamo los siguientes actos: a) El refrendo y publicación respectivamente, del DECRETO DE PENSIÓN número OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, aprobado en SESIÓN ORDINARIA DE PLENO del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el veintitrés de febrero y concluida el tres de marzo de dos mil veintitrés, y (sic) b) El refrendo del decreto promulgatorio y publicación respectivamente de la porción normativa consistente en el artículo 16 fracción I inciso i) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. (sic) 4) De las autoridades ejecutoras: Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Secretaría de Hacienda del poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través y por conducto de su Dirección General de Recursos Humanos, reclamo los siguientes actos: d) La ejecución y cumplimiento de los efectos del DECRETO DE PENSIÓN número OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, aprobado en SESIÓN ORDINARIA DE PLENO del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el veintitrés de febrero y concluida el tres de marzo de dos mil veintitrés, donde arbitrariamente se decretó que mi jubilación por pensión fuera en razón de cuarenta salarios mínimos, tomando únicamente en consideración 20 años, 11 meses, 08 días de servicio activo. (sic)" 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 4, 14, 16 y 123 de la Constitución Federal. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, no advirtió que le asistiera el carácter de tercer interesado a alguna persona, sin perjuicio de que con posterioridad surgiera alguno, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto; y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Finalmente el doce de julio de dos mil veintitrés, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados son atribuidos a autoridades que tienen su residencia en la circunscripción de este Juzgado Federal que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Congreso; [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso; [3] Gobernador; [4] Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; Todas del Estado de Morelos. a) Análisis y dictamen; sanción, promulgación; refrendo y publicación del Decreto de pensión ********************, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos, ejemplar ********************, de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual se concedió pensión por jubilación al quejoso a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente. b) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y su primer acto de aplicación en el Decreto antes mencionado. [5] Comisión Estatal de Seguridad Pública; [6] Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo; [7] Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo, por conducto de su Dirección General de Recursos Humanos. Todas del Estado de Morelos. c) La ejecución del decreto de pensión ********************, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. No se inadvierte que en el decreto reclamado, al quejoso le fue aplicado el último párrafo del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pero no lo señaló como acto reclamado aun y cuando tenía pleno conocimiento del contenido íntegro del decreto que reclama ya que así lo manifestó en su demanda inicial, pues indicó que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés le fue notificado personalmente el decreto de pensión que en esta instancia impugna. Además, lo anterior se encuentra corroborado con las constancias que integran el diverso juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que se concedió el amparo al aquí quejoso para que las autoridades responsables le dieran respuesta a su solicitud de jubilación, por lo que, en la etapa de cumplimiento la autoridad responsable remitió la cédula de notificación que se entendió directamente con el aquí quejoso, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, respecto del decreto en cuestión; lo cual constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con el numeral 2º, de esta última, al haber sido consultada del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Asimismo, no se inobserva que el artículo que establece el porcentaje de pensión de forma diferenciada entre el hombre y la mujer -el cual no le fue aplicado- es el artículo 16, fracción I, en sus diversos incisos, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, respecto del cual reclama un inciso en específico -que incluso no le resulta aplicable-. No obstante lo anterior, en todo caso, aun cuando se tuviera como acto reclamado dicho precepto legal, en el inciso que correspondía y conforme a los años de servicio que le fueron computados al quejoso, esto es, el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el juicio de amparo sería improcedente conforme al artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, -este último aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, porque no se acreditó un acto de aplicación. Ello ya que en el caso, al quejoso le fue aplicado en el decreto impugnado, el último párrafo del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual señala que el monto de la pensión mensual a que se refiere dicho artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, por lo que le aplicaron dicha porción normativa, al establecerle su pensión a razón de la cantidad antes mencionada, mismo que no fue impugnado por el impetrante. Aunado a que, en todo caso, aun cuando se tuviera como acto reclamado el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el quejoso no podría obtener una sentencia favorable, ya que respecto a la constitucionalidad de la norma existe la jurisprudencia temática 2a./J. 140/2019 (10a.), con registro digital 2020994, emanada de la contradicción de tesis 128/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de aplicación obligatoria para este juzgado, en términos de los artículos 217 y 223 de la Ley de Amparo, de rubro: "PENSIÓN POR JUBILACIÓN. LAS LEYES BUROCRÁTICAS QUE BENEFICIAN A LAS MUJERES AL ESTABLECER MENOS AÑOS DE SERVICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA ACCEDER AL PORCENTAJE MÁXIMO DE AQUÉLLA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, NI EL QUE ORDENA QUE A TRABAJO IGUAL CORRESPONDERÁ SALARIO IGUAL, SIN TENER EN CUENTA EL SEXO, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 4o., PRIMER PÁRRAFO, Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESPECTIVAMENTE." Consecuentemente, se tienen como actos reclamados los que han quedado fijados en el cuadro que precede. IIl. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable [5] Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, negó los actos de ejecución que la parte quejosa le atribuyó. Así, dichas manifestaciones no fueron desvirtuadas por el quejoso, a pesar de que se le dio vista con esos informes para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. En estas condiciones, sin prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, acorde al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos de ejecución reclamados a la autoridad antes mencionada. IV. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al [1] Congreso; [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho órgano legislativo; [3] Gobernador; [4] Secretario de Gobierno y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como los actos de ejecución atribuidos a la [6] Secretaría de Hacienda y [7] Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo, por conducto de su Dirección General de Recursos Humanos, todas del Estado de Morelos, en el respectivo ámbito de sus competencias, pues así lo afirmaron la tercera y cuarta de las autoridades indicadas y, con independencia de lo manifestado por las restantes, las leyes no son objeto de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la certeza del acto reclamado se advierte de la publicación del decreto impugnado, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", pues esa divulgación constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que las autoridades [1] Congreso y [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho órgano legislativo, allegaron copias certificadas que contienen el decreto pensionario en cuestión, las cuales tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y las cuales igualmente corroboran la existencia del acuerdo referido También son ciertos los actos de ejecución reclamados a la [6] Secretaría de Hacienda y [7] Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo, por conducto de su Dirección General de Recursos Humanos, ambas del Estado de Morelos; pues su negativa se desvirtúa con base en la lectura al decreto reclamado, en el cual, en su artículo 2, dispone que la pensión decretada en favor del quejoso deberá ser cubierta por la primera de las mencionadas, además conforme a la fracción VI del artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, establece la atribución a la segunda de las autoridades señaladas, de realizar la inclusión del personal activo, jubilado y pensionado en las nóminas respectivas, de ahí que resulte cierto el acto que se les reclama. Por tanto, se desestima la causa de sobreseimiento invocada por las autoridades [6] Secretaría de Hacienda y [7] Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo, por conducto de su Dirección General de Recursos Humanos, ambas del Estado de Morelos, respecto a que se actualiza la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, al ser cierto el acto reclamado. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. 1) Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, -este último aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el acto señalado con el inciso b), consistente en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por otro lado, en el presente caso, se advierte que respecto del acto marcado con el inciso b) consistente en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y su primer acto de aplicación en el decreto en cuestión, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, -este último aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, porque no se acreditó un acto de aplicación. Lo anterior, pues el citado artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca un interés jurídico o legítimo, es decir, la parte quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa; en consecuencia, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Asimismo, las bases que regulan el amparo contra leyes se establecen en los artículos 17, fracción I, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, fundamentalmente tales disposiciones ubican el momento en que la norma tildada de inconstitucional ocasiona a la persona un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo cual conlleva a determinar a partir de qué momento y de qué plazo dispone el impetrante para ejercer la acción constitucional. También, de esos artículos invocados se sigue que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir: a) Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al quejoso (autoaplicativas); o bien, b) Si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad; es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para las personas a quienes están destinadas. El plazo para impugnar las normas de tal naturaleza es de treinta días a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Por cuanto al segundo supuesto, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa. El término con que cuenta el quejoso para promover el juicio de amparo, en ese caso, será de quince días, según se advierte del artículo 17, párrafo primero, de la ley citada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 198200, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Así, por cuanto al acto reclamado marcado con el inciso b), relativo al artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y su primer acto de aplicación en el decreto pensionario concedido a favor del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia explicada, dado que ésta fue reclamada con motivo de su primer acto de aplicación, que el quejoso precisó en la demanda de amparo se realizó por su aplicación en el decreto pensionario concedido a su favor; es decir, la citada norma general fue impugnada con el carácter de heteroaplicativa. Sin embargo, en el caso, no le fue aplicada la porción del precepto legal reclamado, que establece un porcentaje de pensión a favor del jubilado a razón del sesenta por ciento por veintidós años de servicio; pues la referida norma se impugnó con motivo de su aplicación en el decreto pensionario a favor del quejoso; y, de la lectura del mismo, se aprecia que no le fue aplicada dicha porción del artículo que reclama. Ello ya que al quejoso le fue aplicado en el decreto impugnado, el último párrafo del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual señala que el monto de la pensión mensual a que se refiere dicho artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, por lo que le aplicaron dicha porción normativa, al establecerle su pensión a razón de la cantidad antes mencionada, mismo que no fue impugnado por el impetrante. Y el precepto que reclama es el que pretende que se le adapte -en tanto que no se le aplicó-, de ahí que su reclamo sea sobre una indebida fundamentación del acto, ya que el quejoso sostiene que el último párrafo del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública no le resultaba aplicable, ya que por sus años de servicio -que aduce que fueron más- señala que le debieron aplicar el diverso inciso i) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública -el cual no le fue aplicado-. Así, toda vez que a la parte impetrante correspondía probar los hechos de sus afirmaciones de conformidad con el artículo 81 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que no se demostró en el presente juicio de amparo conforme a los medios de prueba que obran en autos; entonces considerando que la impugnación de una ley heteroaplicativa debe ser a partir del primer acto de aplicación en perjuicio del particular, si en el caso no se advierte aplicación alguna de la norma tildada de inconstitucional, en perjuicio de la parte quejosa, el juicio de amparo que se promueve en su contra es improcedente. Máxime que, tratándose de las autoridades [3] Gobernador y [4] Secretario de Gobierno y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", ambos del Estado de Morelos, a quienes se les reclama el refrendo y publicación de la norma, no se les atribuyó vicios propios. Así, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo, respecto del precepto legal reclamado, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, dado el sobreseimiento del juicio de amparo respecto de la norma reclamada, procede a desvincular el acto de aplicación también impugnado por vicios propios, y a analizarlo como un acto autónomo, verificando la existencia de algún motivo de improcedencia respecto del mismo, incluyendo el cumplimiento al principio de definitividad, resultando aplicable al respecto la tesis XXX.3o.2 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con registro 2017401, del contenido siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO SE SOBRESEE RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, EL ACTO DE APLICACIÓN SE DESVINCULA DE ÉSTE Y ELLO GENERA QUE EL ANÁLISIS POR VICIOS PROPIOS QUEDE SUPEDITADO A QUE NO SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, INCLUSO, LA RELATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conjunta de las fracciones XIV y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se reclama una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que no puede exigirse al quejoso que agote los medios de defensa ordinarios que procedan contra el propio acto, al no poder desvincular éste de aquélla. Sin embargo, esa circunstancia no impide que se actualice alguna causa de improcedencia contra el estudio de inconstitucionalidad del precepto impugnado, como por ejemplo, cuando no se señalan como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomienda su promulgación, o bien, cuando no se exponen conceptos de violación para controvertirlo, lo cual llevará a que se decrete el sobreseimiento respecto de aquél. En este caso, el acto de aplicación de la ley reclamada queda desvinculado de ésta, lo cual genera que su análisis se efectúe de manera independiente y, por tanto, previo a examinar los vicios propios que en su caso se hagan valer, debe verificarse que no exista algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, incluso, el consistente en agotar los medios de defensa ordinarios, pues en esa hipótesis habrá dejado de existir la condición que permitía acceder a la vía constitucional de manera privilegiada, sin observar el principio de definitividad. Estimar lo contrario, haría permisivo el uso excesivo y arbitrario del juicio de amparo, pues en los casos en que sí procede un medio de defensa ordinario contra el acto que pretende reclamarse, el quejoso podría invocar la inconstitucionalidad de una norma general, aun cuando realmente no fuera su voluntad impugnarla, sino únicamente eludir el principio citado." 2. Definitividad en cuanto al acto reclamado marcado con el inciso a), consistente en el decreto de pensión ********************, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos, ejemplar ********************, de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual se concedió pensión por jubilación al quejoso a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente. En tales términos, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia por falta de acatamiento del principio de definitividad, contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa debió promover un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, conforme a los artículos 1º y 18 de la Ley Orgánica del citado tribunal en relación con el ordinal 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y el diverso precepto 36 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En efecto, acorde a la normatividad citada, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es el competente para resolver respecto de las controversias que se generen con motivo de las prestaciones sociales de seguridad social de los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Estado. Es decir, en lo que interesa, el juicio de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es procedente contra las determinaciones emitidas por el Congreso del Estado respecto al otorgamiento de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez u orfandad y ascendencia, ya que las mismas son reconocidas como prestaciones sociales de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Estado conforme al artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y en el caso, el quejoso señaló como acto reclamado el decreto de pensión ********************, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos, ejemplar ********************, de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual se concedió pensión por jubilación al quejoso a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente, con último cargo de Policía Tercero adscrito en la Dirección General de Proximidad Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Por tanto, el quejoso forma parte de las instituciones policiales en materia de seguridad pública en el Estado, a las cuales, además, les es aplicable la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en términos de su numeral 2º. En consecuencia, contra ese acto, en acatamiento del principio de definitividad antes aludido, el quejoso debió agotar un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y al no haberlo hecho, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sin que en el caso, nos encontremos ante alguna excepción al principio de definitividad, de las que alude el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado lo siguiente: 1).- Porque para la concesión de la suspensión del acto reclamado, los artículos 109 a 127 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exigen al demandante mayores requisitos que la Ley de Amparo, ni plazo mayor al que esta última establece para otorgar la suspensión provisional y aquella suspensión tiene los mismos alcances que la prevista en el juicio de amparo; en efecto, ambas normativas exigen para la concesión de la suspensión que la solicite el accionante y que no se siga perjuicio al orden público o al interés social, además de que en el juicio local se concede la suspensión de inmediato y tiene la finalidad de suspender el acto impugnado para mantener las cosas en el estado que se encuentran. 2).- El acto reclamado no carece de manera absoluta de fundamentación y motivación. 3).- El quejoso no alegó violaciones exclusivas a la Constitución Federal, pues en sus conceptos de violación, controvierte que la autoridad responsable no realizó de manera correcta el cómputo de los años de servicio prestados por el aquí quejoso, por lo que debió aplicarle diverso porcentaje de pensión de conformidad con el salario que actualmente tiene, cuestiones que constituyen un planteamiento jurídico de legalidad. 4).- El juicio del que se ha hablado no está previsto en un reglamento sino en leyes de carácter local como lo son la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Por otro lado, en razón de la actualización de las causas de improcedencia aludidas, es innecesario analizar las que hicieron valer las diversas autoridades responsables, pues ningún fin práctico tendría, toda vez que es suficiente con acreditar una de ellas para sobreseer en el juicio. Finalmente, no se inadvierten los alegatos formulados por la parte quejosa, empero, no resulta obligación de este juzgado su estudio, en tanto que los mismos no forman parte de la litis en este juicio de amparo, conforme a la jurisprudencia P.J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO", ello aunado a que resultó improcedente el presente juicio de amparo. En esos términos, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, debe sobreseerse en el juicio de amparo, también respecto al acto marcado con el inciso a), con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo respecto a los actos de ejecución atribuidos a la [6] Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y [7] Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo, por conducto de su Dirección General de Recursos Humanos, ambas del Estado de Morelos, toda vez que, el quejoso no los reclamó por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y por las razones precisadas en los considerandos II, III y V de este fallo. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy siete de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente determinación se genera de manera electrónica. En Cuernavaca Morelos, a las once horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes, no obstante de encontrarse debidamente notificados de ello del juicio de amparo 666/2023, promovido por Miguel Ángel Bello Piza; sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas que anexó el quejoso Miguel Ángel Bello Piza y las que adjuntaron las autoridades responsables a sus informes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que ofreció el quejoso y las autoridades responsables. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por la parte quejosa, así como las de las autoridades responsables y la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que ofreció que el quejoso y las autoridades responsables. Se cierra el presente periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: Se da cuenta que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara. Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos. (Firmado electrónicamente) Arnulfo Torres García Secretario del Juzgado.
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