Miguel Ángel Bello Camacho
Expediente 1598/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1598/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/01/2021
Partes del expediente
- Miguel Ángel Bello Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Téngase por recibido el oficio ++, remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mismo que se ordena agregar sin mayor acuerdo en lo substancial, en virtud de que, por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido un oficio con idéntica información a la que ahora se proporciona, respecto de la cual se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: De una revisión efectuada a los presentes autos se advierte que en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, se fijaron las diez horas con treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el día de hoy se encuentra de licencia el Titular de este órgano judicial. Por ende, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad responsable, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Actuario de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legamente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, informe las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo o en su defecto acredite fehacientemente la causa legal que le impida hacerlo. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la Se requiere cumplimientoautoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibida(s) que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). En el entendido de que si nuevamente es omiso en el cumplimiento del fallo protector, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Sin que por ahora se esté en condiciones de remitir el expediente para el trámite del incidente de inejecución, porque la multa y el inicio del procedimiento de inejecución son medidas de apremio de distinta gravedad, ya que no es lo mismo una sanción económica que la destitución del cargo y la consignación ante las autoridades penales, de manera que al establecer que primero debe imponerse la multa, y después requerir nuevamente el cumplimiento, dejando transcurrir un tiempo razonable, antes de iniciar el procedimiento de inejecución, tiene como finalidad el vencer la rebeldía de las autoridades responsables, sin tener que llegar a la máxima sanción, pues finalmente el objeto de dichas medidas es obtener el cumplimiento del fallo protector y no sancionar a la autoridad respectiva. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada ????????? en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Ahora bien, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el comunicado por el cual dé respuesta a este mandato judicial federal, deberá contener
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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