Miguel Ángel Bejinez Prado

Expediente 55/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
55/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Bejinez Prado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los autos, de los acules se advierte que, la autoridad responsable Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, no obstante estar debidamente notificada del auto en que se le formuló tal requerimiento, según se advierte de la constancia que obran en el expediente electrónico. REQUERIMIENTO. En tal sentido, con fundamento en el artículo 192 de Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que, dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se le remitió copia oportunamente. Lo que deberá informar a este órgano de control constitucional, por una sola vía, al correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO. Se le apercibe a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de abril pasado, esto es, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta, MULTA de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalente a ******************** ******************** ********************, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En catorce de julio de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de julio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los autos, de los acules se advierte que, la autoridad responsable Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, no obstante estar debidamente requerida para ello, según se advierte de la constancia de notificación que obran en el expediente electrónico. REQUERIMIENTO. En tal sentido, con fundamento en el artículo 192 de Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que, dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se les remitió copia oportunamente. Lo que deberá informar a este órgano de control constitucional, por una sola vía, al correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO. Se le apercibe a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de abril pasado, esto es, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta, MULTA de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalente a ******************** ******************** ********************, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    En esta misma fecha, con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que concedió el amparo y protección a la parte quejosa; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se les remitió copia oportunamente. No obstante, se le reitera que los efectos de la sentencia amparadora, son: EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante *******, para el efecto de que: La Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo: - De inmediato dé respuesta por escrito, congruente, fundada y motivada al escrito presentado por el quejoso ***, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; y, se lo notifique personalmente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con veinticinco minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruiz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************2023, sin la asistencia de las partes. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; e, Informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su respectivo informe de ley. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos en su favor; a lo que el Juez acuerda: se tiene a las partes por precluido su derecho para formular alegatos en su favor, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar. En consecuencia, se declara el cierre de esta etapa y se procede al dictado de la sentencia correspondiente, lo que se hace a continuación. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo ********************2023, promovido por ********************, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de autoridad que a continuación se describen: "II. Autoridades Responsable.- Tiene tal carácter la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán (.). (.) IV. Acto Reclamado: Lo constituye la omisión de las autoridad responsable de dar contestación a mi escrito de petición presentado con fecha del 24 veinticuatro de octubre del año dos mil veintidós." (Sic). El promovente del amparo consideró que se violaron los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales previstos en los artículos 1°, 8°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que en auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, admitió la demanda de amparo y ordenó registrarla con el número ********************2023, requirió de la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 14 a 16). Agotado el juicio por su cauce legal, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, lo anterior, tomando en consideración lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción primera, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los artículos Primero, fracción XI, Segundo, fracción XI, punto 3, y Cuarto, fracciones XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que el acto reclamado es atribuido a una autoridad administrativa, residente dentro de la circunscripción territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a lo solicitado en escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, donde el quejoso pidió copias de un acta de cabildo y otra información, respecto de la Tesorería Municipal de aquel Ayuntamiento. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado (fojas 22 a 23). En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto impugnado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que exhibió la autoridad responsable en su informe de ley, de las que no se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de enero de dos mil veintitrés), la aludida autoridad responsable se hubiera pronunciado sobre la petición presentada por el quejoso el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Documentales con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, a excepción de las últimas (fojas 27 a 31) que se valoran como indicio, en términos del artículo 217 del referido Código, por tratase de copias simples. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como, la jurisprudencia número 193, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro IUS 394149, del mismo Apéndice, tomo y materia, página 132, que indica: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." CUARTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Al no existir diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor del concepto de violación, sin que sea necesario transcribirlo, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". } QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. El concepto de violación es fundado. El quejoso reclama, en esencia que la autoridad responsable vulnera su derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no dio contestación a su escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. En efecto, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto dispone: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En esa tesitura, el derecho de petición consignado en el artículo invocado consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 9/2004, señaló que el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. Además, indicó que, el titular de ese derecho subjetivo público individual de petición, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política los ciudadanos de la República; por consiguiente, cualquier extranjero o mexicano no ciudadano que eleve a cualquier autoridad una solicitud de índole política, no puede exigir que a su instancia recaiga un acuerdo escrito en los términos del segundo párrafo del artículo 8 Constitucional. De tal forma que, con la excepción antes apuntada, todo gobernado (que habite en territorio nacional) tiene la facultad de ocurrir a cualquiera autoridad, formulando una solicitud o instancia escritas que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8 constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud. Ahora bien, resulta pertinente resaltar, que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente, pues no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada. Tiente aplicación la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de que la respuesta emitida sea contraria a los intereses del peticionario, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por aquél, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Resulta aplicable, lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia 2a./J.1/2001 establecida por esa Segunda Sala de la Suprema Corte, que dice: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." N Finalmente, además de la obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, en los términos establecidos, el artículo 8 constitucional también le impone la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con dicha respuesta, y en su caso, impugnarla. Empero, para cumplir con esta segunda obligación, la segunda Sala del Máximo Tribunal, ha indicado que, es inconcuso que se requiere del señalamiento de un domicilio donde la autoridad pueda notificar al gobernado, la resolución recaída a la petición que le formuló. Sobre este último, es aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SE DA POR SATISFECHA SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AGOTÓ LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA NOTIFICAR LA CONTESTACIÓN AL QUEJOSO. Cuando se concede la Protección Federal por violación al derecho de petición, determinándose que la autoridad responsable, desde luego, debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, en su domicilio, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, de modo que ante esa circunstancia y a fin de no demorar el cumplimiento de la sentencia, el Juez de Distrito determina darle vista al quejoso con la contestación; de esta manera, se estiman satisfechos los extremos del artículo 8o. constitucional, sin que para arribar a tal conclusión sea óbice que el quejoso haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de garantías por medio del juzgador de amparo y no a través de la autoridad responsable, ya que ello no le es reprochable a ésta, dada la circunstancia advertida con antelación, que es reveladora de que la responsable agotó los medios a su alcance encaminados a cumplimentar en su integridad el fallo protector." + De modo que, la autoridad señalada como responsable, debe acreditar que cumplió con la obligación establecida en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dictar el acuerdo correspondiente, así como, en el supuesto de que el peticionario no haya señalado domicilio, acreditar que agotó los medios a su alcance para notificarle dicha contestación. Así, es dable llegar a la conclusión de que, la autoridad ante la que se realice la petición se encuentra vinculada en tres aspectos: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado. 2. De que la respuesta sea congruente. 3. Dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 54 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 931, del libro VI, tomo 2, marzo de dos mil doce, décima época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 160206, del texto siguiente: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido". Ahora, de las constancias que integran la presente controversia constitucional, se advierte que, mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el quejoso solicitó a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo, copia certificada del acta de cabildo donde se acordó su destitución del cargo de Tesorero Municipal y la asignación de la persona quien fungiría para dicho cargo, a efecto de realizar la Entrega-Recepción de la Tesorería Municipal, lo cual hizo en los términos siguientes: " El que suscribe C. ******************** ,en mi carácter de Tesorero Municipal, debidamente acreditado con nombramiento y autorizado por el Cuerpo de Ayuntamiento, en acta número 2 de sesión extraordinaria de fecha 2 de septiembre del 2021. Me dirijo a usted con el debido respeto que se merece y con fundamento en el Art. 8 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SOLICITO COPIA DE ACTA DE CABILDO CERTIFICADA, dónde se acuerda mi destitución con fundamento en el Art. 74 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. Así mismo tengo conocimiento que posterior a la fecha del 26 de septiembre del 202 donde Usted, por medio de un oficio y con asunto de CARTA DE DESPIDO, se han efectuado pagos por parte de la Tesorería Municipal de lo cual me deslindo de responsabilidad de los mismos, con fundamento en el Art 73 fracción V de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, también hago mención que de acuerdo a la mismo Ley antes mencionada con fundamento en el Art. 75 fracción V, yo tengo una fianza de responsabilidad para garantizar el buen desempeño de mis funciones y atribuciones. Le solicito se me indique por escrito y con copia de acuerdo de cabildo la asignación dé la persona (Tesorero Municipal) con quien me dirigiré para realizar la Entrega Recepción de la Tesorería Municipal. Lo anterior con el fin de deslindarme de posibles responsabilidades por el órgano fiscalizador; como es de su conocimiento esta próximo el plazo a vencer para la entrega del tercer trimestral 2022. (.)" Por otro lado, de lo señalado por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, se desprende en lo que interesa lo siguiente: "ES CIERTO, el escrito que presento el quejoso con fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2022. (.)" Empero, de las constancias anexas a dicho informe de ley, se puede advertir que al día en que se dicta esta resolución, la autoridad responsable no ha emitido respuesta alguna en los términos y con las formalidades descritas, por lo que es dable afirmar que no se ha dado cumplimiento a la obligación que impone el artículo 8 Constitucional. Sin que con lo manifestado por la autoridad responsable, respecto a que en varias ocasiones giró oficio, así como mensajes al peticionario de amparo, a fin de que acudiera para hacer la entrega-recepción correspondiente, pueda considerarse acreditada la obligación establecida en el multicitado artículo 8 Constitucional, pues no cumple con los términos y condiciones previamente establecidos, esto es, dar respuesta por escrito a la petición formulada por el quejoso, congruente con lo solicitado y en breve término. Lo cual, en el caso particular no sucedió, pues se reitera que, de los anexos a su informe de ley, la autoridad responsable fue omisa en remitir constancia alguna que acredite que subsanó la omisión reclamada por el quejoso, pues no ha dado contestación a su escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, Máxime que, la petición formulada por el quejoso, se realizó con la exigencia constitucionalmente establecida, toda vez que se formuló por escrito, de manera pacífica y respetuosa. No es óbice de lo anterior, que el peticionario de amparo, haya sido omiso en señalar un domicilio donde la autoridad pueda notificarle la resolución a su solicitud, pues como se precisó con anterioridad, dicha formalidad no impide que la autoridad responsable dicte el acuerdo correspondiente a dicha solicitud, estando obligada a comprobarlo ante este Órgano de Control Constitucional. Aunado a que, la autoridad responsable, indicó en su informe de ley que en repetidas ocasiones remitió oficios y mensajes al peticionario, por lo que, nada le impedía darle a conocer, en breve término, la respuesta recaída a su solicitud. Por ende, si en el caso la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo, fue omisa en acreditar ante esta Instancia Constitucional la respuesta que recayó al escrito de petición formulada por el quejoso, presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, debe estimarse que existe la omisión atribuida a dicha autoridad. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante MIGUEL ÁNGEL BEJINEZ PRADO, para el efecto de que: La Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo: - De inmediato dé respuesta por escrito, congruente, fundada y motivada al escrito presentado por el quejoso ********************, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; y, se lo notifique personalmente. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión, ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Aguililla, Michoacán de Ocampo, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, por las razones expuestas en el considerando quinto y, para el efecto precisado en el considerando sexto, de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe. Asmm

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