Miguel Angel Bautista Santos

Expediente 54/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
54/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Bautista Santos

Actuaciones

  1. Principal

    i) Toluca, Estado de México; doce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa a quien se considera podría perjudicarle la sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del Acuerdo de referencia), pues se concedió al quejoso la suspensión de oficio del acto reclamado. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese.

  2. Principal

    I. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 54/2019-I, promovido por **********, contra actos del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" y otras autoridades. R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra los actos, las autoridades y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    i)Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los oficios signados por la Directora y Presidenta del Consejo Interdisciplinario del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México, así como por el Subjefe de Vigilancia en suplencia y ausencia del Jefe de Vigilancia de dicho Centro Penitenciario, mediante los cuales rinden sus informes de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio concedida al quejoso Miguel Ángel Bautista Santos, mediante proveído de veintiuno de enero pasado; asimismo, dichas autoridades en diversos oficios rinden sus respectivos informes justificados. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los informes de referencia, efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda promovida por Miguel Ángel Bautista Santos, contra actos del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 54/2019-I. Acto reclamado. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, se hace consistir en: * Segregación, incomunicación, aislamiento y privación de la libertad ambulatoria. Suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se suspende de plano y oficio para el efecto de que los actos reclamados consistentes en segregación, incomunicación, aislamiento y privación de la libertad ambulatoria cesen de inmediato, en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud del quejoso; y para que el quejoso pueda comunicarse con sus familiares, abogados y las demás personas que tengan el derecho legalmente de asistirlo. Asimismo, la suspensión concedida, es para el efecto de que cese cualquiera de los actos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que dicha suspensión no surtirá efecto alguno si ocurre alguno de los supuestos siguientes: 1. Si el acto reclamado no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o bien, no producen algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como los identifique el quejoso. 2. Si dicho acto deriva de alguna disposición de seguridad que las autoridades responsables hayan emitido en el interior del centro donde se encuentra recluido el quejoso. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]". Cabe resaltar que la suspensión de oficio no tendrá como efecto extraer al quejoso del lugar en el cual se encuentra, en atención a que ese efecto jurídico no se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1°, párrafo primero, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo en mención. Incidente de suspensión. Sin que se apertura el incidente de suspensión, en virtud que ya se proveyó respecto de la suspensión de los actos reclamados. Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al artículo 26 fracción III, de la ley de la materia, notifíquesele por lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el presente acuerdo; dejando a su disposición en este órgano judicial, copia simple de la demanda y auto admisorio. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con diez minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento a las responsables. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causas de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Prevención de autoridades inexistentes. En diverso aspecto, se previene al quejoso para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrán como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso las notificaciones del presente asunto en el lugar donde se encuentra recluido. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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