Miguel Ángel Barra Cervantes
Expediente 221/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Ángel Barra Cervantes
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
(AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de mayo de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista; la demanda de amparo promovida por MIGUEL ÁNGEL BARRA CERVANTES, por propio derecho, contra actos del Titular de la Dirección General de la empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 221/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ESTUDIO Y DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". De la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "1.- TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, PETROLEOS MEXICANOS. Por lo que, manifiesto bajo protesta de decir verdad, en virtud que el día 29 de Abril de la anualidad, me presente a laborar en las instalaciones de Servicios Auxiliares C.P.G. POZA RICA, VERACRUZ, mismo que le comente a mi jefe inmediato, que el día de hoy me presento a laborar, pero es el caso que me siento mal de salud, mostrándole mis condiciones físicas, como son mi piernas, inflamadas y un dolor, tal como se pueden apreciar con las evidencias que exhibo en este escrito, manifestándole bajo protesta de decir verdad, que me negaron dicha petición o bien de acudir fuera a ver a un médico, y le comente que si me daba la oportunidad de ir al Hospital de esta Ciudad, as lo quieras, que al final de cuenta, ya eres una persona que no das el cien por ciento, largase a ver, con el Director del Hospital Regional y Jefe del Departamento de Personal del Hospital de Petróleos Mexicanos de esta ciudad, a solicitar unas incapacidades, el cual se ha negado en ocasiones, toda vez que soy una persona de grupo vulnerable con diabetes, con riesgo de contraer el contagio de covid 2019, es de manifestar bajo protesta de decir verdad, que hasta la fecha aún no cesado dicha enfermedad el cien por ciento, ya estoy en una etapa de contraerlo por cuestión de mis condiciones así como también le manifiesto bajo protesta de decir verdad, que labor social que realizo es de Categoría de Operador Especialista de plantas de fuerza y servicios auxiliares control distribuido avanzado, unos tanques de almacenamiento de condensado bajo mi responsabilidad ya que son de mucho responsabilidad y riesgo de causar un accidente grave, y por mis condiciones de mi debilidad de mi salud, es alto el riesgo de salud y accidente, ya que es mi departamento de áreas calderas donde se produce el vapor y tengo turbinas y motores bajo mi responsabilidad, así como hay escaleras marinas las cuales hay que subir también, soy un empleado de Pemex con base mediante ficha número 360376, ante esta situación de pandemia, de CORAVIRUS 2019, toda vez que me encuentro en el grupo de vulnerables, como lo he venido manifestando mis condiciones así como las evidencias que exhibo en este escrito, ya que me impide incorporar un cien por ciento a mis labores de trabajo, esto sin violentar derechos laborales, es decir que me encuentro con un Diagnóstico: de diabetes y con el fin de acreditar estos hechos paso exhibir las documentales y sean tomados en consideración, ya que la empresa me obliga a trabajar exigiéndome, diciéndome que me va a correr de la empresa, es por ello que acudo ante esta Autoridad Federal, a solicitar la Justicia de la protección, respecto de mi salud, ante el temor que me vaya a contaminar dicha pandemia, ajustándome así con el numeral 51.3 de la Ley Federal de Trabajo." Asimismo, dentro del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo se puede advertir que también señala como acto reclamado: ".falta de una estrategia integral dirigida a prevenir las infecciones del COVID-19, específicamente de la no detección ínmediata de las personas infectadas." En el caso, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, por la relación y trascendencia en el tema que nos ocupa, conviene relatar lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/2020, cuya materia consistió en determinar si el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, corresponde a un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo, o bien en materia administrativa. En dicha ejecutoria, la aludida Segunda Sala, con el propósito de contextualizar la temática de la contradicción de tesis, precisó que el treinta de enero de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. El once de marzo siguiente, como consecuencia de la rapidez de su propagación, así como por su gravedad, tal Organización la declaró como una pandemia. Posteriormente, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19). Como parte de las medidas contenidas en dicho documento, se instruyó a los sectores público, privado y social a evitar la asistencia a los centro de trabajo, de los adultos mayores de sesenta y cinco años o más, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes en todo momento conservarían su derecho a recibir su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad laboral vigente. De igual manera, se señaló que las medidas adoptadas se llevarían a cabo con estricto respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores en todos los sectores, además de que las relaciones laborales continuarían rigiéndose conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil vente, el Consejo General de Salubridad declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la implementación de acciones extraordinarias, entre las que destaca, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales durante el periodo del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como las de los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si bien se advertía que los acuerdos mencionados derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo. Ello lo estimó así, porque del análisis de su contenido, en particular, de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Lo anterior, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras, de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. Puntualizó que al respecto, destaca el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. En ese sentido, los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. Por ende, concluyó que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En ese contexto, a juicio de la Segunda Sala, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Las consideraciones expuestas dieron origen la jurisprudencia, de título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2022187 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 42/2020 (10a.) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras." Establecido el contexto anterior, como se anticipó, este órgano jurisdiccional estima se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De conformidad con el precepto legal transcrito en primer término, la improcedencia del juicio de amparo indirecto puede derivar de los demás supuestos en que la misma resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. En ese orden, del texto de esta fracción II del artículo 5, se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable: I. La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. II. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal, consideró que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo, que ofrece el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo -y las documentales que acompaña- se desprende que entre las autoridades responsables y la ahora quejosa existe una relación de naturaleza laboral, debido a que ésta manifestó: que trabaja en Petróleos Mexicanos, como operador especialista de plantas de fuerza y servicios auxiliares, y que acudió con su jefe inmediato a solicitar permiso para no laborar y que le fue negada dicha petición y, que tiene que laborar como siempre; de igual forma acudió con el Director del Hospital Regional y Jefe del Departamento de Personal del Hospital de Petróleos Mexicanos de esta ciudad y también le ha sido negada. Para demostrar sus afirmaciones, y en concreto la relación laboral, el solicitante de la protección constitucional ofreció como prueba -entre otras- la copia simple de la credencial de identificación como afiliado a Petróleos Mexicanos folio 360376, de la que se desprende que dicha persona es trabajadora de la empresa Petróleos Mexicanos. Asimismo, allegó en copia simple un resumen clínico expedido por el médico Jesús Zumaya Lizcano, en la que se precisó que cuenta con los siguientes padecimientos. "Diabetes mellitus tipo II + obesidad". Establecido lo anterior, el solicitante de amparo reclama la negativa de autorizar una incapacidad por padecer diabetes mellitus tipo dos y obesidad, así como su resguardo domiciliario, como medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19, derivadas de una política general de salud pública, dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive; empero lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad, por lo que aun cuando tales medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, pudieran encontrar fundamento en diversos decretos y acuerdos a nivel general, no pierde su naturaleza laboral, porque su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Ello es así, porque en su demanda de amparo manifestó que es operador especialista de plantas de fuerza y servicios auxiliares, por lo que es vulnerable al virus SARS-CoV2 (COVID-19), en tanto que padece de diabetes mellitus tipo dos y obesidad. Por ello, solicitó a la dependencia para la cual presta sus servicios su incapacidad o resguardo domiciliario, el cual le fue negado. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo precisó en su publicación relativa a las "Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote del COVID-19", principalmente en el capítulo denominado "Seguridad y salud en el trabajo", los derechos y responsabilidades que tienen los trabajadores, así como las obligaciones de los empleadores, ante el brote del denominado Sars-Cov2 (Covid-19). Que los empleadores tendrán la responsabilidad global de asegurar las medidas de prevención y protección para reducir al mínimo los riesgos profesionales, de conformidad con el artículo 16 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, y la obligación de velar por las medidas de seguridad e higiene laborales, así como suministrar, cuando sea requerido y de forma correcta, los medios de protección apropiados al trabajador sin costo alguno. Incluso la posibilidad del trabajador de alejarse de una situación de trabajo o a interrumpirla cuando tiene motivos razonables para creer que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud, y cuando un miembro del personal ejerza este derecho, a estar protegido de consecuencias injustificadas. En las disposiciones citadas, la Organización Internacional del Trabajo señala aspectos a considerar por parte del empleador a favor de sus trabajadores, por ejemplo, el derecho a una licencia con goce de sueldo, las consecuencias laborales de estar en cuarentena, de optar por vacaciones con motivo del virus, entre otras; mismas que pueden ser consultadas, en el capítulo denominado "Derecho a la licencia y modalidades de trabajo especial". Disposiciones que tienen su origen en los diversos convenios de la propia Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Estado Mexicano, es parte. Lo anterior revela que las políticas o indicaciones para mantener la salud de las personas ante el brote del virus COVID-19, no tienen únicamente un enfoque de salud de los Estados frente a sus gobernados, sino que también se observa que se encuentra obligado como empleador a cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene, entre las que se encuentran el otorgar permisos y licencias a sus trabajadores, lo cual se observa a través del nivel de coordinación que deriva de la relación laboral. En ese contexto, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, tienen una naturaleza laboral, dado que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, el acto que reclama la quejosa no constituye un acto de autoridad, sino actos entre particulares, porque las autoridades señaladas como responsables no obraron con el imperio de su soberanía, características de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos reclamados pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre el quejoso y la empresa Petróleos Mexicanos, cuyo propósito es que se le permita ausentarse de sus labores con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19; ello conlleva a determinar que se están en presencia de un motivo de improcedencia, por lo que lo reclamado no es susceptible de analizarse en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, las jurisprudencias siguientes: "Registro digital: 2022822 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: VII.2o.T. J/71 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2596 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." "Época: Décima Época Registro: 2013538 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo I Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 2/2017 (10a.) Página: 608 MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." Lo hasta aquí considerado permite concluir que, el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir el acto que se reclama en el presente sumario constitucional, en virtud de que el inconforme tiene a su alcance la justicia ordinaria, ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre aquél y las autoridades que señala como responsables. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común, Laboral Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Página: 1956 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." Entonces, si la procedencia de la acción constitucional de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo, y ello no acontece en el caso concreto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que surge de correlacionar lo que establece el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último, a contrario sensu. En esas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yara Cristina Martínez Borbonio, Adalberto Casanova Cruz y Reyes Salinas Santiago, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Se tiene por señalado el correo electrónico proporcionado por el impetrante, y agréguese como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,372 expedientes
- Michel Vicente Olmos675/2022
- Micol Guerrero Saavedra295/2018
- Miguel Adrían García Gutiérrez178/2023
- Miguel Ángel Alarcón Cano330/2019
- Miguel Ángel Andrade Silva289/2020
- Miguel Angel Andrade Valencia396/2019
- Miguel Ángel Bermudez Rosales126/2023
- Miguel Ángel Bernudez Rosales59/2023
- Miguel Ángel Butrón Baena104/2021
- Miguel Ángel Cobos Martínez332/2021
- Miguel Ángel Francisco Calvillo Hernández509/2019
- Miguel Ángel García Serrano738/2017