Miguel Angel Baez Jimenez
Expediente 1392/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Angel Baez Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS. Agréguese a los presentes autos la comparecencia llevada a cabo con el promovente ***, quien en cumplimiento a lo requerido el tres de enero del año en curso, reconoce como suya la firma que calza el escrito registrado con el número de folio 14, así como su contenido; ahora bien, en atención al escrito aclaratorio de demanda, se provee lo siguiente: Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento preventivo formulado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, y manifestando, que a la autoridad por la cual se le realizó la prevención, la señala con el carácter de autoridad tercera interesada; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto, se provee: Del contexto integral de la demanda de amparo, se advierte que M***, reclama del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Celestino Martínez Bones), dentro de la capeta judicial administrativa 3993/2022/PUEBLA, la resolución en la cual se calificó de ilegal la detención del quejoso sin que se declara la nulidad de los actos de investigación y en consecuencia, el señalamiento para la celebración de la audiencia de imputación para el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a las trece horas, solicitada por la Agente del Ministerio Público. Este juzgador de amparo advierte de oficio, que respecto del acto reclamado en la presente instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En el caso, el quejoso reclama la resolución en la cual se calificó de ilegal la detención del quejoso sin que se declara la nulidad de los actos de investigación y en consecuencia, el señalamiento para la celebración de la audiencia de imputación para el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a las trece horas, solicitada por la Agente del Ministerio Público. Dicha determinación define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, lo que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme; pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, ya que sólo se traducen, en su caso, en violaciones de carácter adjetivo, al versar el agravio que hace valer, sobre cuestiones relativas a que se declaró la ilegalidad de la detención pero no así, la nulidad de los actos de investigación y que se señaló día y hora para la formulación de imputación. De ahí que, esa resolución no constituya un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues no afecta derecho sustantivo alguno, toda vez que de obtener resolución favorable en la audiencia inicial, las consecuencias jurídicas del acto aquí reclamado, quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte quejosa podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo indirecto. Ello, porque en el desahogo de la audiencia inicial, existe el supuesto legal que el Ministerio Público al momento de la formulación de imputación podría no ofrecer los datos de prueba que, en su caso se tomaron en consideración para declarar la ilegalidad de la detención, y la siguiente hipótesis que el juez de Control al momento de resolver no tome en consideración esos datos de prueba que sustentaron la ilegalidad de la detención. Por lo que, el resultado de esa audiencia, es la que en su caso de no resultar favorable a sus intereses es la que puede combatir en amparo indirecto, en donde se pueden hacer valer todas las violaciones que en su caso, considere se cometieron en su agravio. Se invoca en apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis XVIII.2o.P.A.4 P (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito que establece: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (INADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA). DEBEN RECLAMARSE, EN SU CASO, CUANDO SE IMPUGNE DICHO AUTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la inadmisión de pruebas por el Juez de control, previo al dictado del auto de vinculación, sólo produce efectos procesales, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente si el fallo que resuelve sobre la vinculación es desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Entonces, si el proceso acusatorio se compone de etapas que tienen un principio y fin, debe estimarse que para que las incidencias acaecidas durante su desahogo puedan ser combatidas, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución culminatoria de esa fase; en el caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, pues ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primera etapa de investigación, por lo que su inadmisión, aunque susceptible de incidir en prerrogativas del quejoso, sólo producirá efectos en el auto que vincula a proceso. Por ende, es mediante el amparo indirecto que se promueva contra dicho auto, como puede examinarse el actuar previo del Juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Más aún, porque no es viable el estudio posterior a la conclusión de esa etapa, ya que continuaría la investigación formalizada o complementaria, que una vez concluida, el Ministerio Público podrá formular acusación, dando pauta a la apertura de la etapa intermedia, donde sólo podría abordarse el estudio de la exclusión probatoria. Asimismo, sólo las pruebas que se llegasen a admitir en el auto de apertura a juicio oral, serán las que podrán ser desahogadas por el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, no sería posible que los medios de prueba inadmitidos durante la primera fase de la etapa inicial, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, sean objeto de estudio como violaciones al analizar la sentencia de primer grado, pues la primera etapa procedimental (investigación) ya habría concluido y, en su caso, de no impugnarse con el auto de vinculación a proceso, quedarían irremediablemente consumadas. Considerar lo contrario, sería admitir la posibilidad de que por medio del amparo se ordenara reabrir etapas anteriores, con el consecuente menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Ahora bien, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Esto, siempre y cuando, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, hayan sido materia de debate entre las partes ante el Juez de control, y con el objeto de que dichas violaciones queden debidamente analizadas en vía constitucional, para que no tengan que ser motivo de análisis en posteriores etapas. Sin que lo anterior obstaculice la procedencia del amparo contra actos distintos de los precisados, cuando sí sean de ejecución irreparable." Por tanto, es incuestionable que la resolución reclamada, en esas porciones, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
(CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 09 DE ENERO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS. Agréguese a los presentes autos la comparecencia llevada a cabo con el promovente ***, quien en cumplimiento a lo requerido el tres de enero del año en curso, reconoce como suya la firma que calza el escrito registrado con el número de folio 14, así como su contenido; ahora bien, en atención al escrito aclaratorio de demanda, se provee lo siguiente: Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento preventivo formulado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, y manifestando, que a la autoridad por la cual se le realizó la prevención, la señala con el carácter de autoridad tercera interesada; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto, se provee: Del contexto integral de la demanda de amparo, se advierte que M***, reclama del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Celestino Martínez Bones), dentro de la capeta judicial administrativa 3993/2022/PUEBLA, la resolución en la cual se calificó de ilegal la detención del quejoso sin que se declara la nulidad de los actos de investigación y en consecuencia, el señalamiento para la celebración de la audiencia de imputación para el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a las trece horas, solicitada por la Agente del Ministerio Público. Este juzgador de amparo advierte de oficio, que respecto del acto reclamado en la presente instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En el caso, el quejoso reclama la resolución en la cual se calificó de ilegal la detención del quejoso sin que se declara la nulidad de los actos de investigación y en consecuencia, el señalamiento para la celebración de la audiencia de imputación para el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a las trece horas, solicitada por la Agente del Ministerio Público. Dicha determinación define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, lo que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme; pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, ya que sólo se traducen, en su caso, en violaciones de carácter adjetivo, al versar el agravio que hace valer, sobre cuestiones relativas a que se declaró la ilegalidad de la detención pero no así, la nulidad de los actos de investigación y que se señaló día y hora para la formulación de imputación. De ahí que, esa resolución no constituya un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues no afecta derecho sustantivo alguno, toda vez que de obtener resolución favorable en la audiencia inicial, las consecuencias jurídicas del acto aquí reclamado, quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte quejosa podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo indirecto. Ello, porque en el desahogo de la audiencia inicial, existe el supuesto legal que el Ministerio Público al momento de la formulación de imputación podría no ofrecer los datos de prueba que, en su caso se tomaron en consideración para declarar la ilegalidad de la detención, y la siguiente hipótesis que el juez de Control al momento de resolver no tome en consideración esos datos de prueba que sustentaron la ilegalidad de la detención. Por lo que, el resultado de esa audiencia, es la que en su caso de no resultar favorable a sus intereses es la que puede combatir en amparo indirecto, en donde se pueden hacer valer todas las violaciones que en su caso, considere se cometieron en su agravio. Se invoca en apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis XVIII.2o.P.A.4 P (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito que establece: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (INADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA). DEBEN RECLAMARSE, EN SU CASO, CUANDO SE IMPUGNE DICHO AUTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la inadmisión de pruebas por el Juez de control, previo al dictado del auto de vinculación, sólo produce efectos procesales, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente si el fallo que resuelve sobre la vinculación es desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Entonces, si el proceso acusatorio se compone de etapas que tienen un principio y fin, debe estimarse que para que las incidencias acaecidas durante su desahogo puedan ser combatidas, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución culminatoria de esa fase; en el caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, pues ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primera etapa de investigación, por lo que su inadmisión, aunque susceptible de incidir en prerrogativas del quejoso, sólo producirá efectos en el auto que vincula a proceso. Por ende, es mediante el amparo indirecto que se promueva contra dicho auto, como puede examinarse el actuar previo del Juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Más aún, porque no es viable el estudio posterior a la conclusión de esa etapa, ya que continuaría la investigación formalizada o complementaria, que una vez concluida, el Ministerio Público podrá formular acusación, dando pauta a la apertura de la etapa intermedia, donde sólo podría abordarse el estudio de la exclusión probatoria. Asimismo, sólo las pruebas que se llegasen a admitir en el auto de apertura a juicio oral, serán las que podrán ser desahogadas por el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, no sería posible que los medios de prueba inadmitidos durante la primera fase de la etapa inicial, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, sean objeto de estudio como violaciones al analizar la sentencia de primer grado, pues la primera etapa procedimental (investigación) ya habría concluido y, en su caso, de no impugnarse con el auto de vinculación a proceso, quedarían irremediablemente consumadas. Considerar lo contrario, sería admitir la posibilidad de que por medio del amparo se ordenara reabrir etapas anteriores, con el consecuente menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Ahora bien, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Esto, siempre y cuando, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, hayan sido materia de debate entre las partes ante el Juez de control, y con el objeto de que dichas violaciones queden debidamente analizadas en vía constitucional, para que no tengan que ser motivo de análisis en posteriores etapas. Sin que lo anterior obstaculice la procedencia del amparo contra actos distintos de los precisados, cuando sí sean de ejecución irreparable." Por tanto, es incuestionable que la resolución reclamada, en esas porciones, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Notifíquese personalmente al quejoso.
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PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS. Agréguese a los presentes autos la comparecencia llevada a cabo con el promovente ***, quien en cumplimiento a lo requerido el tres de enero del año en curso, reconoce como suya la firma que calza el escrito registrado con el número de folio 14, así como su contenido; ahora bien, en atención al escrito aclaratorio de demanda, se provee lo siguiente: Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento preventivo formulado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, y manifestando, que a la autoridad por la cual se le realizó la prevención, la señala con el carácter de autoridad tercera interesada; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto, se provee: Del contexto integral de la demanda de amparo, se advierte que M***, reclama del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Celestino Martínez Bones), dentro de la capeta judicial administrativa 3993/2022/PUEBLA, la resolución en la cual se calificó de ilegal la detención del quejoso sin que se declara la nulidad de los actos de investigación y en consecuencia, el señalamiento para la celebración de la audiencia de imputación para el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a las trece horas, solicitada por la Agente del Ministerio Público. Este juzgador de amparo advierte de oficio, que respecto del acto reclamado en la presente instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En el caso, el quejoso reclama la resolución en la cual se calificó de ilegal la detención del quejoso sin que se declara la nulidad de los actos de investigación y en consecuencia, el señalamiento para la celebración de la audiencia de imputación para el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a las trece horas, solicitada por la Agente del Ministerio Público. Dicha determinación define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, lo que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme; pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, ya que sólo se traducen, en su caso, en violaciones de carácter adjetivo, al versar el agravio que hace valer, sobre cuestiones relativas a que se declaró la ilegalidad de la detención pero no así, la nulidad de los actos de investigación y que se señaló día y hora para la formulación de imputación. De ahí que, esa resolución no constituya un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues no afecta derecho sustantivo alguno, toda vez que de obtener resolución favorable en la audiencia inicial, las consecuencias jurídicas del acto aquí reclamado, quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte quejosa podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo indirecto. Ello, porque en el desahogo de la audiencia inicial, existe el supuesto legal que el Ministerio Público al momento de la formulación de imputación podría no ofrecer los datos de prueba que, en su caso se tomaron en consideración para declarar la ilegalidad de la detención, y la siguiente hipótesis que el juez de Control al momento de resolver no tome en consideración esos datos de prueba que sustentaron la ilegalidad de la detención. Por lo que, el resultado de esa audiencia, es la que en su caso de no resultar favorable a sus intereses es la que puede combatir en amparo indirecto, en donde se pueden hacer valer todas las violaciones que en su caso, considere se cometieron en su agravio. Se invoca en apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis XVIII.2o.P.A.4 P (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito que establece: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (INADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA). DEBEN RECLAMARSE, EN SU CASO, CUANDO SE IMPUGNE DICHO AUTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la inadmisión de pruebas por el Juez de control, previo al dictado del auto de vinculación, sólo produce efectos procesales, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente si el fallo que resuelve sobre la vinculación es desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Entonces, si el proceso acusatorio se compone de etapas que tienen un principio y fin, debe estimarse que para que las incidencias acaecidas durante su desahogo puedan ser combatidas, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución culminatoria de esa fase; en el caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, pues ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primera etapa de investigación, por lo que su inadmisión, aunque susceptible de incidir en prerrogativas del quejoso, sólo producirá efectos en el auto que vincula a proceso. Por ende, es mediante el amparo indirecto que se promueva contra dicho auto, como puede examinarse el actuar previo del Juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Más aún, porque no es viable el estudio posterior a la conclusión de esa etapa, ya que continuaría la investigación formalizada o complementaria, que una vez concluida, el Ministerio Público podrá formular acusación, dando pauta a la apertura de la etapa intermedia, donde sólo podría abordarse el estudio de la exclusión probatoria. Asimismo, sólo las pruebas que se llegasen a admitir en el auto de apertura a juicio oral, serán las que podrán ser desahogadas por el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, no sería posible que los medios de prueba inadmitidos durante la primera fase de la etapa inicial, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, sean objeto de estudio como violaciones al analizar la sentencia de primer grado, pues la primera etapa procedimental (investigación) ya habría concluido y, en su caso, de no impugnarse con el auto de vinculación a proceso, quedarían irremediablemente consumadas. Considerar lo contrario, sería admitir la posibilidad de que por medio del amparo se ordenara reabrir etapas anteriores, con el consecuente menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Ahora bien, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Esto, siempre y cuando, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, hayan sido materia de debate entre las partes ante el Juez de control, y con el objeto de que dichas violaciones queden debidamente analizadas en vía constitucional, para que no tengan que ser motivo de análisis en posteriores etapas. Sin que lo anterior obstaculice la procedencia del amparo contra actos distintos de los precisados, cuando sí sean de ejecución irreparable." Por tanto, es incuestionable que la resolución reclamada, en esas porciones, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Notifíquese personalmente al quejoso.
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