Miguel Ángel Ayaquica Vargas

Expediente 1951/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1951/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ayaquica Vargas
  • Miguel Ángel Ayaquica Vargas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio con anexos signados por el Magistrado representante del Estado y el Secretario General en suplencia del Magistrado Representante de los Trabajadores, ambos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual remite el acuerdo con firma autógrafa de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio D-77/2011, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: -Recibió el oficio 37019/2023 derivado del juicio de amparo 1341/2023 del índice de este Juzgado, en el cual se concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables no dispongan de los recursos económicos contenidos en las cuentas bancarias 0120675644 y 1236267603. -En consecuencia de lo anterior, ordenó suspender el procedimiento de ejecución por lo que hace a la medida de embargo de las cuentas bancarias 0120675644 de BBVA México Sociedad Anónima de Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México y 1236267603 de Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a nombre del demandado Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, hasta en tanto deje de surtir efectos dicha suspensión. En ese sentido, con apoyo en el 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en cuanto tenga conocimiento sobre si la medida cautelar citada se concedió de forma definitiva o ha dejado de surtir sus efectos, lo informe de manera inmediata, a fin de que proceda a dar cumplimiento en su totalidad al fallo protector esto es: (.) 3. Tome todas las medidas necesarias, para lograr la reinstalación de los quejosos y materializar las prestaciones (salarios caídos y otras prestaciones), que fueron señaladas en el laudo del que derivan las omisiones reclamadas. (Lo resaltado es propio) En ese sentido, se apercibe a María Susana Herrera Berra Magistrada Presidenta, José Héctor López Abasolo Secretario General en su carácter de encargado de despacho en suplencia del Magistrado Representante de los Trabajadores y Juan Carlos Lezama Beristain, Magistrado representante del Estado, todos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que de no hacerlo así se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y JECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa las partes no se inconformaron en contra de la resolución de dos de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Intégrense los cuadernos incidentales respectivos. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso a), fracción III, del artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es CONSERVABLE en el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, ya que se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se concedió la protección constitucional. Con relación al cuaderno incidental, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 20, fracción III del referido Acuerdo General, pues en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 19 del citado Acuerdo General, el duplicado del cuaderno incidental -una vez desglosado- deberá ser DESTRUIDO en el plazo de seis meses. En tales condiciones, una vez concluido el plazo establecido en el párrafo precedente, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Y verifíquese que todas las constancias y documentos del expediente físico estén digitalizados e incorporados al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del artículo 3 fracción XVIII del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Asimismo, se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Por tanto, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en el que aparece inserta la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión RT-91/2023 y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníquese que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia que se recurre. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la persona moral denominada SPORT CITY, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de los actos y autoridades que se señalaron en el considerando segundo de la sentencia recurrida, para los efectos precisados por la juez de Distrito." Acúsese el recibo de estilo vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Respecto del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, agréguese únicamente la carátula y las actuaciones posteriores a la certificación por la que se integró el aludido cuadernillo; en el entendido de que las restantes deberán destruirse, en términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Intégrense los cuadernos incidentales respectivos. En vista de lo resuelto por el Tribunal Colegiado en cita, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: "Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral D-6/50/2021, de su índice, promovido por Héctor Flores Zárate en contra de la persona moral denominada Sport City, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, por tanto, reponga el procedimiento hasta la diligencia de citatorio de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y ordene el emplazamiento de la aquí parte quejosa. En el entendido de que la responsable, debe dejar sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado del laudo, sino también los efectuados en la etapa de ejecución. (.) La concesión del amparo debe hacerse extensiva a las actuaciones practicadas por el Presidente, Auxiliar en sustitución del Presidente Ejecutor, Actuario, Actuario Carlos Alejandro Ramírez García y Actuaria Mónica Oroza Romero, todos adscritos a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y, por la Institución Bancaria Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, debido a que su inconstitucionalidad se hizo depender de las diligencias de citatorio y emplazamiento reclamadas." Para lo cual deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Por tanto, se apercibe a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al representante de los trabajadores y al representante de los patrones, una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que la Junta responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011(10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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