Miguel Angel Avila Ramírez
Expediente 946/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Angel Avila Ramírez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta, signados por la Apoderada General para la defensa jurídica y el Director General de Finanzas, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio de los cuales, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de dieciséis del mes y año que transcurre, informan las gestiones realizadas para dar cumplimiento con el fallo protector dictado en el presente asunto, y al efecto remiten copia constatada del Contra Recibo de Cuenta por Liquidar Certificada número de folio 103248, de catorce de los corrientes, a favor de la quejosa y solicita que se le dé vista para que se presente en las instalaciones donde se encuentra la oficina de la Unidad Departamental de Cumplimiento de Sentencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia por el contra recibo expedido a su favor, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, Ahora bien, en atención a lo manifestado por la oficiante, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal adjetivo, con copia del oficio de cuenta, dese vista y requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya en las oficinas de la citada autoridad en el domicilio indicado en el oficio de mérito, en un horario de nueve a quince horas, con copia de una identificación oficial vigente con fotografía, y copia del ultimo recibo de pago, a efecto de recoger el documento crediticio y una vez hecho lo anterior, acredite dicha circunstancia ante este juzgado con constancia fehaciente, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se entenderá que existe desinterés de su parte y en su momento se declarará cumplida la sentencia. En mérito de lo anterior, requiérase al Titular de la Unidad Departamental de Cumplimiento de Sentencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que una vez que se presente la quejosa a recoger el documento en cuestión, remita de inmediato a este juzgado las constancias que lo acrediten, apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y 259 Ley de Amparo, y se continuará con el procedimiento establecido en los artículos 192 y 193 de la ley adjetiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por Miguel Ángel Ávila Ramirez por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 946/2020-IX. Con fundamento en los artículos 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Del estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por la parte promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114, fracción I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Toda vez que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que causó baja desde el uno de enero de dos mil veinte, sin embargo de la documental que exhibe se advierte que causó baja de la ahora Guardia Nacional el quince de ese mismo mes y año; a manera de antecedentes deberá informar la fecha en que causó baja, la última institución para la cual laboró, y el motivo de su baja. Precise si presentó alguna petición dirigida a la autoridad responsable para solicitar su pensión por jubilación. En el caso deberá remitir el acuse de recibo respectivo, e informar si es su deseo señalar como acto reclamado la omisión en dar contestación a ese derecho de petición, y atribuirlo a la autoridad a quien dirigió y recibió tal escrito. Deberá informar los efectos para los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, en razón de que fue omiso. Se apercibe que en caso de omisión, se postergará la apertura del incidente hasta en tanto sean los precisados los efectos de la suspensión. Asimismo, deberá exhibir original y cuatro copias de su escrito aclaratorio, una para emplazar a la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para tramitar el incidente de suspensión. Lo anterior, con el apercibimiento que de no desahogar las prevenciones de los numerales 1), 2), Y 4) en los términos precisados, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el promovente no así por las personas que éste autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Asimismo, en atención a las solicitudes del quejoso, con fundamento en el artículo 3, 26, fracción IV, 30, párrafo primero fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así´ como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, numerales 35, a 38 y 55, en relación con el diverso 23 del citado Acuerdo General 21/2020, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto del usuario "VHMAYA", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorización que de conformidad con el último párrafo del artículo 57 del primero de los Acuerdos citados, lleva implícita la necesaria para la consulta del expediente electrónico. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Maya Bernal, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, así como a Rafael Lara Liy, limitación que se le establece hasta en tanto el profesionista registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y hecho lo anterior lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
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