Miguel Ángel Ávila Méndez
Expediente 467/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 32 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Miguel Ángel Ávila Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
V.- CÚMPLASE.
- Incidental
V.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, imperantes circunstancias impuestas con las que funcionan actualmente los órganos jurisdiccionales federales, toda vez que el veintiocho de mayo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, ordenándose el archivo del mismo y que en los presentes autos se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada; en tal virtud, de conformidad con el artículo 20, inciso a) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el DUPLICADO de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción después de los SEIS MESES siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existe el cuaderno original. Ahora bien, por lo que ve al expediente ORIGINAL de este incidente de suspensión, conforme al artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, deberá conservarse hasta por tres años en el archivo de este órgano jurisdiccional, al término de los cuales deberá realizarse su destrucción, en virtud de que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Finalmente, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el incidente de suspensión derivado del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
V.- Visto el estado de autos, y la certificación de cuenta conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, imperantes circunstancias impuestas con las que funcionan actualmente los órganos jurisdiccionales federales, de la que se advierte que feneció el plazo otorgado a la partes respecto al proveído de diecinueve de octubre del año dos mil veinte, sin que hubieren realizado manifestación alguna. En tal virtud, se procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los efectos para los cuales en sentencia emitida por la Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este juzgado terminada de engrosar el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, fue concedido el amparo de la Justicia Federal a Miguel Ángel Ávila Méndez, en contra del acto que reclamó de la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos de la Dirección de Investigación y Acusación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, (en su correcta denominación) siendo éstos los siguientes: "(.)En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Miguel Ángel Ávila Méndez, por conducto de las defensoras públicas Leticia Evangelina Campos Tamayo y Amehirut Alejandra Bonilla Iglesias, para el efecto de que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos de la Dirección de Investigación y Acusación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, contenido en el oficio CHE/DIV/211/2019, emitido en la carpeta de investigación ATP/CHE/01/01854/6-2015, también identificada con el número CI/CHE/01/02/2553/10-2015, derivadas del número de caso QR/CHE/PGE/2015/01/02206. 2. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias formales que fueron estudiadas y destacadas en el presente fallo. (. )." Por auto de ocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, con el que remitió los autos originales del presente juicio de amparo y el testimonio de la resolución sesionada en el toca 492/2019 de su índice, de la que se advirtió que declaró firme la sentencia emitida por la Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este juzgado, por lo cual, se requirió a la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos de la Dirección de Investigación y Acusación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, (en su correcta denominación) para que acreditara con constancias fehacientes haber cumplido cabalmente con el fallo protector concedido. Por auto del diecinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio del Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Delitos Diversos de la Dirección de Investigación y Acusación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo el acuerdo dictado el quince de octubre del año en cita, en el número de caso QR/CHE/PGE/2015/01/02206 carpeta de investigación ATP/CHE/01/01854/6-2015, adjuntando las constancias respectivas para corroborar su dicho, mismas que obran glosadas en autos del presente expediente. Ahora bien, en la parte considerativa de la sentencia amparadora se determinó: si bien la autoridad responsable transcribió los artículos 77 a 82 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo; lo cierto es que, como bien lo aduce el quejoso, omitió expresar las razones por las cuales considera que el delito de abogados, defensores y litigantes se persigue de oficio y no por querella, así como el fundamento legal de esa determinación; asimismo, la responsable no señaló los motivos por los cuales estima que el referido delito es continuado, permanente o continuo, a fin de establecer el momento en que inicia el cómputo para la prescripción de la acción penal, así como tampoco realizó ninguna operación aritmética que sirviera de sustento para el cómputo de la aludida prescripción. Lo anterior revela que la autoridad responsable incurrió en una indebida fundamentación y motivación en la emisión de la resolución reclamada; puesto que si bien citó los fundamentos legales que consideró que eran aplicables al caso, omitió asentar las razones por las cuales consideró que la acción penal no está prescrita; ello implica que omitió exponer con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para emitir la determinación reclamada. Sin embargo, en acatamiento a los efectos concedidos y en observancia a las deficiencias formales destacadas, se aprecia que en el nuevo acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, el fiscal responsable: Dejó insubsistente el acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, contenido en el oficio CHE/DIV/211/2019, emitido en la carpeta de investigación ATP/CHE/01/01854/6-2015, también identificada con el número CI/CHE/01/02/2553/10-2015, derivadas del número de caso QR/CHE/PGE/2015/01/02206. Expresa las razones por las cuales considera que el delito de abogados, defensores y litigantes se persigue de oficio y no por querella, así como el fundamento legal de esa determinación; asimismo, señaló los motivos por los cuales estima que el referido delito es instantáneo y establece el momento en que inicia el cómputo para la prescripción de la acción penal, así como realizó la operación aritmética que sirve de sustento para el cómputo de la aludida prescripción. Asentó las razones por las cuales consideró que la acción penal no está prescrita. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, al estar certificadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituye documento oficial, el cual tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con el que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las aludidas constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, lo que se les notificó el diecinueve del mes y año en cita, tal y como se advierte de las constancias de notificación levantadas al efecto, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En este contexto, es inconcuso que la responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, subsanó las deficiencias formales que fueron estudiadas y destacadas en el fallo; de ahí que al no existir exceso o defecto en su cumplimiento, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales; por lo tanto, se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por Leticia Evangelina Campos Tamayo, defensora publica del directo quejoso, mediante escrito de veintitrés de octubre de dos mil veinte, registrado con el folio 3368, mediante el cual manifestó su inconformidad con el cumplimiento de la responsable, toda vez que aduce que la nueva determinación emitida viola en su perjuicio las garantías de motivación y fundamentación tuteladas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues a su juicio no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, ya que la responsable no acredita el precepto legal que sirvió de base para establecer que el delito de abogados, defensores y litigantes, se persigue de oficio y no por querella, así como tampoco determinó si ese delito es continuado, permanente o continuo, a fin de establecer el momento en el que se inicia el cómputo para la prescripción de la acción penal. Al respecto, debe decirse que el efecto del fallo protector fue para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de treinta de abril de dos mil quince, dictada en la carpeta de investigación ATP/CHE/01/01854/6-2015, de su índice, y en su lugar dictara otro en el que, con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias formales destacadas en el fallo protector, la cual podía ser el mismo sentido de la diversa determinación que se ha dejado sin efectos, o en diferente, siempre y cuando subsane los vicios destacados; de tal manera, que todas las manifestaciones que hace la defensora publica del directo quejoso, resultan inatendibles, pues precisamente se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie de manera fundada y motivada sobre lo peticionado, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, sin que ello implicase darle el valor que pretende el quejoso, pues ello dependía del análisis que realizara la responsable, lo que en el caso ya aconteció pues la responsable en su nueva determinación realizó lo antes señalado. Por tanto, tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el quince de octubre de dos mil veinte. Hágase saber a las partes que pueden inconformarse o no con esta resolución, para lo cual deberán presentar su escrito respectivo dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga a autoridad de cosa juzgada, el proveído de que se acuerde su archivo como asunto concluido y los demás documentos que considere el titular del órgano, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
V.- Agréguese a los autos el escrito signado por Leticia Evangelina Campos Tamayo, defensora pública del directo quejoso, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista que se le diera en proveído de diecinueve de octubre del año en curso. En tal virtud, se tienen por hechas las manifestaciones a que se contrae la ocursante en su escrito de cuenta, para ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
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