Miguel Ángel Arriaga Ortega
Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel Ángel Arriaga Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el secretario de juzgado Juan García Trejo, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del cinco al dieciséis de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de febrero del año que transcurre. No existen constancias que devolver a las autoridades responsables. Se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva; no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 723/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Ángel Arriaga Ortega demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: juez de Control del distrito judicial de la capital. Notificadores del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. Acto reclamado: La fijación de la audiencia de vinculación a proceso señalada para el quince de agosto de dos mil diecisiete, en el proceso penal 664/2017 instruido en su contra y la falta de notificación de esta. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 98 a 103), se decretó la separación de los autos para un mejor estudio y se estableció que en el presente asunto únicamente se tomaría como actos reclamados la fijación de la audiencia de vinculación a proceso señalada para el quince de agosto de dos mil diecisiete en el proceso penal 664/2017, instruido contra del quejoso y la falta de notificación de esta y como responsables al juez de Control del distrito judicial de la capital y Notificadores de su adscripción; no así, el diverso acto consistente en la falta de notificación dentro del incidente de pago de pensiones vencidas y no pagadas dentro del expediente 658/2013, relativo al juicio especial de divorcio voluntario. La audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que los actos se reclaman a autoridades que tienen su residencia dentro del territorio donde tiene competencia este Juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del juez de Control del distrito judicial de la capital y Notificadores de su adscripción. La fijación de la fecha para la audiencia de vinculación a proceso señalada para el quince de agosto de dos mil diecisiete, en el proceso penal 664/2017 instruido en contra del quejoso y la falta de notificación de esta. Sin que en el caso se tenga como acto reclamado la audiencia de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecisiete, pues a la fecha de presentación de la demanda (uno de agosto de dos mil diecisiete), no existía la misma porque no se había celebrado. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos. La fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". A su vez, tiene sustento la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Notificadores del Juzgado de Control del distrito judicial de la capital (foja 131) negó el acto que el quejoso le reclama, toda vez que según informa, la citación para que acudiera a la audiencia de vinculación que tendría lugar el quince de agosto de dos mil diecisiete a las once horas fue realizada por el propio juez que presidió la audiencia de formulación de imputación que fuera celebrada el diez del mencionado mes y año, sin que el quejoso desvirtuara tal negativa, en razón de que no ofreció algún medio de convicción que acreditara lo contrario; por tanto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio, lo procedente es decretar el sobreseimiento por lo que respecta a dicha responsable con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, aceptó la existencia del acto que se le reclama (foja 60). Además, la existencia del mismo se encuentra corroborada con las documentales que adjuntó la responsable a su informe; así como con los dos discos compactos que contienen la copia certificada del audio y video de las audiencias celebradas en fechas diez y quince de agosto de la pasada anualidad (fojas 62 a 66). Documentales públicas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: El veintitrés de octubre de dos mil trece, el quejoso y la ahora tercero interesada Irma Guadalupe García Prieto se divorciaron voluntariamente, lo que dio origen al expediente 658/2013 del índice del juez Segundo del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital, en el que convinieron en la forma que en el mismo se estableció. El nueve de junio de dos mil dieciséis, la tercero interesada Irma Guadalupe García Prieto inició un incidente de liquidación de pensiones alimenticias, hecho del que según manifiesta el quejoso hasta el diez de agosto de la pasada anualidad, mismo que dice nunca le fue notificado. El diez de agosto de dos mil diecisiete, le fue notificada al promovente la audiencia de formulación de imputación por el delito de abandono de familiares cometido en perjuicio del menor cuyo nombre se suprime y se le citó para la audiencia de vinculación a proceso que fue señalada por el juez de Control de Enjuiciamiento Oral del distrito judicial de la capital para el martes quince de agosto de dos mil diecisiete a las once horas. La fijación de la audiencia de vinculación a proceso y la falta de notificación de la misma constituyen la materia de la presente instancia constitucional. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el primer párrafo de la fracción citada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En esta instancia constitucional el quejoso combate la fijación de la celebración de la audiencia de vinculación a proceso en su contra. Sin embargo, en quince de agosto de dos mil diecisiete se llevó a cabo la vinculación a proceso del quejoso según lo manifestó la responsable. En efecto, de las constancias que remitió la responsable en su informe justificado se advierte que el quince de agosto de dos mil diecisiete se dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso Miguel Ángel Arriaga Ortega por el delito de abandono de familiares cometido en perjuicio de su menor hijo (cuyo nombre se suprime). Lo expuesto trae como consecuencia que exista un cambio de situación jurídica en el juicio de origen que impide el análisis del acto reclamado, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, como quedó asentado, se dictó el auto de vinculación a proceso. De ahí que las posibles violaciones contenidas en la fijación de la celebración de la audiencia de vinculación a proceso reclamada se encuentren irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ésta sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen (vinculación a proceso). En ese contexto, si se dictó auto de vinculación contra del quejoso, ello imposibilita el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la fijación de la celebración de la vinculación a proceso en su contra, de tal forma que no sería posible analizarlos sin afectar la nueva situación jurídica que impera. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página: 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por tanto, al ser patente que fue decretada la vinculación a proceso, con ello se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la fijación de la misma, materia del acto reclamado. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En conclusión, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Arriaga Ortega contra los actos reclamados del juez de Control del distrito judicial de la capital y Notificadores de su adscripción, consistentes en la fijación de la celebración de la vinculación a proceso en contra del quejoso y la falta de notificación de esta; por las razones expuestas en los considerandos tercero y sexto de la presente resolución. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe, hasta el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. LJJMT/Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 6673 y 6674
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 723/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Ángel Arriaga Ortega demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: juez de Control del distrito judicial de la capital. Notificadores del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. Acto reclamado: La fijación de la audiencia de vinculación a proceso señalada para el quince de agosto de dos mil diecisiete, en el proceso penal 664/2017 instruido en su contra y la falta de notificación de esta. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 98 a 103), se decretó la separación de los autos para un mejor estudio y se estableció que en el presente asunto únicamente se tomaría como actos reclamados la fijación de la audiencia de vinculación a proceso señalada para el quince de agosto de dos mil diecisiete en el proceso penal 664/2017, instruido contra del quejoso y la falta de notificación de esta y como responsables al juez de Control del distrito judicial de la capital y Notificadores de su adscripción; no así, el diverso acto consistente en la falta de notificación dentro del incidente de pago de pensiones vencidas y no pagadas dentro del expediente 658/2013, relativo al juicio especial de divorcio voluntario. La audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que los actos se reclaman a autoridades que tienen su residencia dentro del territorio donde tiene competencia este Juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del juez de Control del distrito judicial de la capital y Notificadores de su adscripción. La fijación de la fecha para la audiencia de vinculación a proceso señalada para el quince de agosto de dos mil diecisiete, en el proceso penal 664/2017 instruido en contra del quejoso y la falta de notificación de esta. Sin que en el caso se tenga como acto reclamado la audiencia de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecisiete, pues a la fecha de presentación de la demanda (uno de agosto de dos mil diecisiete), no existía la misma porque no se había celebrado. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos. La fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". A su vez, tiene sustento la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Notificadores del Juzgado de Control del distrito judicial de la capital (foja 131) negó el acto que el quejoso le reclama, toda vez que según informa, la citación para que acudiera a la audiencia de vinculación que tendría lugar el quince de agosto de dos mil diecisiete a las once horas fue realizada por el propio juez que presidió la audiencia de formulación de imputación que fuera celebrada el diez del mencionado mes y año, sin que el quejoso desvirtuara tal negativa, en razón de que no ofreció algún medio de convicción que acreditara lo contrario; por tanto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio, lo procedente es decretar el sobreseimiento por lo que respecta a dicha responsable con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, aceptó la existencia del acto que se le reclama (foja 60). Además, la existencia del mismo se encuentra corroborada con las documentales que adjuntó la responsable a su informe; así como con los dos discos compactos que contienen la copia certificada del audio y video de las audiencias celebradas en fechas diez y quince de agosto de la pasada anualidad (fojas 62 a 66). Documentales públicas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: El veintitrés de octubre de dos mil trece, el quejoso y la ahora tercero interesada Irma Guadalupe García Prieto se divorciaron voluntariamente, lo que dio origen al expediente 658/2013 del índice del juez Segundo del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital, en el que convinieron en la forma que en el mismo se estableció. El nueve de junio de dos mil dieciséis, la tercero interesada Irma Guadalupe García Prieto inició un incidente de liquidación de pensiones alimenticias, hecho del que según manifiesta el quejoso hasta el diez de agosto de la pasada anualidad, mismo que dice nunca le fue notificado. El diez de agosto de dos mil diecisiete, le fue notificada al promovente la audiencia de formulación de imputación por el delito de abandono de familiares cometido en perjuicio del menor cuyo nombre se suprime y se le citó para la audiencia de vinculación a proceso que fue señalada por el juez de Control de Enjuiciamiento Oral del distrito judicial de la capital para el martes quince de agosto de dos mil diecisiete a las once horas. La fijación de la audiencia de vinculación a proceso y la falta de notificación de la misma constituyen la materia de la presente instancia constitucional. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el primer párrafo de la fracción citada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En esta instancia constitucional el quejoso combate la fijación de la celebración de la audiencia de vinculación a proceso en su contra. Sin embargo, en quince de agosto de dos mil diecisiete se llevó a cabo la vinculación a proceso del quejoso según lo manifestó la responsable. En efecto, de las constancias que remitió la responsable en su informe justificado se advierte que el quince de agosto de dos mil diecisiete se dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso Miguel Ángel Arriaga Ortega por el delito de abandono de familiares cometido en perjuicio de su menor hijo (cuyo nombre se suprime). Lo expuesto trae como consecuencia que exista un cambio de situación jurídica en el juicio de origen que impide el análisis del acto reclamado, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, como quedó asentado, se dictó el auto de vinculación a proceso. De ahí que las posibles violaciones contenidas en la fijación de la celebración de la audiencia de vinculación a proceso reclamada se encuentren irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ésta sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen (vinculación a proceso). En ese contexto, si se dictó auto de vinculación contra del quejoso, ello imposibilita el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la fijación de la celebración de la vinculación a proceso en su contra, de tal forma que no sería posible analizarlos sin afectar la nueva situación jurídica que impera. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página: 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por tanto, al ser patente que fue decretada la vinculación a proceso, con ello se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la fijación de la misma, materia del acto reclamado. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En conclusión, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Arriaga Ortega contra los actos reclamados del juez de Control del distrito judicial de la capital y Notificadores de su adscripción, consistentes en la fijación de la celebración de la vinculación a proceso en contra del quejoso y la falta de notificación de esta; por las razones expuestas en los considerandos tercero y sexto de la presente resolución. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe, hasta el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. LJJMT/Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 6673 y 6674
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las once horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Notificadores del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Juan García Trejo En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las once horas de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Notificadores del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
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