Miguel Angel Ambriz Canchola

Expediente 1069/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1069/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Ambriz Canchola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL.- POR ÉSTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA QUE SE INDICA EN EL ANVERSO DEL CITATORIO JUDICIAL, EL PROVEÍDO DE FECHA ONCE DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, MISMO QUE EN LO QUE INTERESA DICE: ...VISTO EL ESTADO DE AUTOS SE ADVIERTE QUE EN ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JULIO PASADO SE REANUDÓ EL PROCEDIMIENTO Y SE ADMITIÓ LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA QUE SE ENCONTRABA PENDIENTE DE PROVEER, SIN EMBARGO SE OMITIÓ EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL DESISTIMIENTO PARCIAL QUE PRESENTÓ LA PARTE QUEJOSA, EN ESE SENTIDO SE PROVEE: SE TIENE A LA QUEJOSA DESISTIENDO DE LOS ACTOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PRECISA EN SU ESCRITO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LAS PARTES ESTÉN ENTERADAS DE LOS ALCANCES DEL MISMO, SE ORDENA REMITIR DE INMEDIATO COPIA DEL MISMO ANEXOS A LOS COMUNICADOS QUE DEL PRESENTE DESPRENDAN, PARA QUE LOS ACTOS Y CONCEPTOS AHÍ REFERIDOS, NO FORMARÁN PARTE DE LA CONSECUCIÓN DEL PRESENTE ASUNTO. EN CONSECUENCIA, SE TIENE A LA PARTE QUEJOSA; DESISTIENDO EN SU PERJUICIO ÚNICAMENTE RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTENIDOS Y SEÑALADOS EN SU ESCRITO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR LO QUE SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. LUEGO, TÉNGASE A LA AUTORIDAD SEÑALADA, INTERPONIENDO RECURSO DE QUEJA, EN CONTRA DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR TANTO, RÍNDASE EL INFORME CORRESPONDIENTE, MANIFESTÁNDOLE QUE ES CIERTO EL HECHO QUE DIO ORIGEN AL RECURSO ALUDIDO. EN ESE CONTEXTO, POR MEDIO DE OFICIO ELECTRÓNICO QUE SE ENVIÉ AL CORREO ELECTRÓNICO, SE SOLICITA A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO; A EFECTO DE QUE EN SU MOMENTO, DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN SEA REMITIDO AL ÓRGANO QUE CORRESPONDA CONOCER DEL MISMO, Y PUEDA VINCULARSE EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA SU CONSULTA. CONSECUENTEMENTE, SE SOLICITA REMITA LA BOLETA DE TURNO A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL 3JDO3CTOA@CORREO.CJF.GOB.MX, Y UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA MISMA, SIN NECESIDAD DE ULTERIOR ACUERDO REMÍTANSE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS AL MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE SE HACE VALER AL ÓRGANO COLEGIADO QUE CORRESPONDA CONOCER DEL MISMO Y EL INFORME RELATIVO, A TRAVÉS DEL MÓDULO DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). FINALMENTE, DÍGASE A LA AUTORIZADA DE LOS TERCEROS INTERESADOS QUE SE ESTÉ A LO ACORDADO EN LÍNEAS PRECEDENTES...

  2. Principal

    AVISO PRINCIPAL.- POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE FECHA VEINTE DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, AL HABERLE DEJADO AVISO EN SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL VEINTIUNO DE JULIO SIGUIENTE Y NO ACUDIR AL JUZGADO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS HABILES POSTERIORES, PROVEIDO QUE EXPONE: Visto el oficio de cuenta que suscribe el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral ************; en consecuencia, agréguese el comunicado de cuenta para que obre como corresponda, se tiene informando lo anterior, en el entendido de que este juzgado está a la espera del cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que por sentencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ************************, en contra de los actos que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para el efecto de que: '.que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y Actuario Notificador adscrito al anterior, de no haberlo hecho ya, de manera inmediata proceda a notificar a las partes el contenido del acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, y proceda a continuar con los trámites correspondientes a la etapa de ejecución del laudo en el expediente ************, hasta su conclusión sin que sea necesaria la intervención de la aquí quejosa" Por acuerdo de cinco de agsoto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria el fallo y se requirió por su cumplimiento a la autoridad responsable. Después de múltiples requerimientos formulados al Tribunal responsable, de las actuaciones que obran en el juicio de origen, se desprende la imposibilidad para hacer efectivos los apercibimientos decretados en dicho procedimiento burocrático, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ahora bien, dado el tiempo transcurrido, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen (dictado desde el ocho de febrero de dos mil trece) y por ende, tampoco se haya cumplimentado la ejecutoria de amparo, conforme a lo previsto en el artículo 193, cuarto párrafo, en relación con el 66 primer párrafo in fine, ambos de la Ley de Amparo, de plano y de oficio, este Juzgado Federal, estima necesario establecer en forma incidental, la forma y términos adicionales que deberán realizarse para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Conforme a las siguientes consideraciones: De la ineficacia de las medidas de apremio concedidas a la autoridad responsable en el dispositivo 143 de la Ley Burocrática del Estado de Jalisco. El artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dispone: 'Art. 143. Notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 días siguientes. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones de diez hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (REFORMADO, P.O. 17 DE NOVIEMBRE DE 2001) Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el Tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. (REFORMADO, P.O. 17 DE NOVIEMBRE DE 2001) La suspensión empezará a partir del día siguiente de su notificación y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo serán nulos. El cumplimiento del laudo interrumpe la suspensión. (REFORMADO, P.O. 17 DE NOVIEMBRE DE 2001) Si no obstante la sanción prevista en el párrafo segundo y subsecuentes, se persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes les sustituyan. (REFORMADO, P.O. 17 DE NOVIEMBRE DE 2001) Los magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los laudos. La negativa de decretar la suspensión temporal de algún servidor público que incurriere en alguna de las causas señaladas en el presente artículo, será motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sanción que corresponda en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o municipios, en cuyo caso remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente.' Como se desprende de lo anterior, notificado el auto de ejecución el condenado deberá cumplir el laudo dentro de los treinta días siguientes. Para hacer cumplir sus determinaciones, el Tribunal podrá imponer sanciones económicas por el importe que va desde los diez hasta cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. El monto de dichas sanciones, deberá cubrirse por la dependencia o entidad demandada. Cuando exista negativa reiterada a cumplir, el Tribunal resolverá sobre la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento; en este supuesto, cuando se trate de otros poderes, niveles de gobierno o municipios, se remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente. Como se desprende de lo anterior, las sanciones por incumplimiento de un laudo, van desde la imposición de multas que deberán pagarse con el patrimonio de la entidad pública demandada, hasta la solicitud -en la especie- al Congreso del Estado de Jalisco, para la suspensión del funcionario que debió cumplir con la resolución. En ambos supuestos, el Tribunal debe solicitar el apoyo de diversas autoridades a fin de efectivizar los medios de apremio que se encuentran dispuestos en la legislación aplicable; verbigracia, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por conducto de las Oficinas Recaudadoras respectivas (para la aplicación de multas), así como el Congreso del Estado de Jalisco para la solicitud de suspensión. No obstante, en la práctica, tanto en el juicio de origen, como en diversos procedimientos burocráticos, de los que derivaron sendos amparos que se encuentran en la etapa de cumplimiento en este Juzgado Federal, destaca la imposibilidad de que los referidos medios de apremio se cumplimenten. Efectivamente, al llevarse a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, a fin de cubrir el importe de las multas impuestas por el Tribunal, los ejecutores respectivos, se encuentran con la manifestación de las personas que atienden la diligencia, en el sentido que no señalan bienes para su embargo, en virtud de que estos son de dominio público. En ese contexto, la Ley que Divide los Bienes Pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de Dominio Privado, en su artículo 5, establece que los bienes así determinados, son inalienables e imprescriptibles y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, entre otros Bajo ese contexto, es evidente que, si el artículo 143 de la Ley Burocrática señala que las multas deben pagarse con el patrimonio de la entidad demandada, que por regla general es una dependencia gubernamental o el Ayuntamiento de un municipio, es inconcuso que los bienes con que cuenta serán del dominio público y por ende, inembargables, razón por la que se evidencia que la imposición de multas como medida efectiva para vencer la contumacia de la parte condenada, resulta ineficaz, pues a nada práctico conduce su imposición, cuando a la postre no existe un medio coercitivo que pueda aplicarse para su observancia. Por otro lado, la suspensión de un funcionario público municipal, previa petición formulada por el Tribunal responsable, debe ventilarse por el Congreso del Estado bajo las reglas procedimentales contenidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que señala: '(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Capítulo VII Substanciación del trámite para la desintegración de ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato de munícipes. (REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Artículo 204. 1. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desintegración de los ayuntamientos y concejos municipales, así como la suspensión o revocación del mandato de algún munícipe, previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa de los afectados. (REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Artículo 205. 1. Cuando el Congreso del Estado reciba alguna denuncia o queja contra ayuntamientos o munícipes por alguna de las causas graves tipificadas por la ley que establece las bases generales de la administración pública municipal, se procede conforme al presente capítulo. (REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Artículo 206. 1. Una vez ratificada la queja o denuncia ante el Secretario General, se presenta a la Asamblea para turnarse a la comisión competente. 2. La comisión debe calificar si la causa corresponde a las previstas por la ley y si la denuncia reúne los requisitos de procedencia, y en consecuencia proponer a la Asamblea el dictamen de acuerdo legislativo correspondiente, sobre la procedencia o no de la queja o denuncia, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a que se turne. 3. Si la Asamblea aprueba la substanciación del procedimiento, el presidente de la comisión competente, instruye la notificación al denunciante y a los denunciados. (REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Artículo 207. 1. El ayuntamiento o munícipe denunciados, pueden manifestar lo que a su derecho convenga y presentar pruebas, en el término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que fueron notificados. (REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Artículo 208. 1. La comisión competente, actúa como instancia instructora del Congreso del Estado, la cual sustancia la causa, se allega y recibe información, argumentos, declaraciones, reconocimientos y en general las pruebas necesarias y desahoga las mismas para el esclarecimiento de los hechos. 2. En cualquier tiempo la comisión puede recabar información o hacer los requerimientos que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. (REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Artículo 209. 1. Dentro de los quince días naturales siguientes a que fenezca el plazo para que los denunciados presenten pruebas, se señala día y hora para que ante la comisión instructora se celebre una audiencia, misma que se debe efectuar dentro de los quince días naturales siguientes y notificarse al denunciante y al denunciado. 2. En dicha audiencia se desahogan las pruebas ofrecidas y se expresan los alegatos. Concluida la audiencia, la comisión presenta a la Asamblea, dentro de los cinco días hábiles siguientes, el acuerdo legislativo que proponga la resolución correspondiente, para que sea discutida y votada por la Asamblea. (REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Artículo 210. 1. Si el Congreso del Estado aprueba la desintegración del ayuntamiento y esto ocurre durante el primer año de ejercicio, se comunica mediante oficio al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el resultado de la resolución y los términos de la convocatoria a elecciones extraordinarias. 2. Si no procede que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designa de entre los vecinos del municipio, a propuesta de la comisión competente, a los integrantes del Concejo Municipal que concluyen el periodo respectivo, en los términos de la Constitución Política del Estado y la ley estatal de la materia. 3. El Congreso del Estado nombra una comisión especial encargada de instalar de inmediato el Concejo Municipal. (REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Artículo 211. 1. Cuando la queja o denuncia sea por la ausencia absoluta de la mayoría de los munícipes propietarios y suplentes, de manera que no pueda integrarse el ayuntamiento, basta que la comisión competente constate el hecho y que sometan su dictamen al Congreso del Estado, para que éste declare la desintegración del ayuntamiento y se proceda a la designación de un concejo municipal o se convoque a la celebración de elecciones extraordinarias si así procede. (REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019) Artículo 212. 1. Si el Congreso del Estado suspende o revoca el mandato de un munícipe mediante acuerdo legislativo, se notifica al ayuntamiento para que llame al suplente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no puede exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato. [.]' De los numerales transcritos, se observa el procedimiento para la suspensión en el cargo de algún miembro de los ayuntamientos de esta entidad federativa o munícipes, cuyo trámite compete al Congreso del Estado de Jalisco, estipulando que una vez ratificada la queja o denuncia correspondiente, serán las Comisiones competentes, las que aprueben la sustanciación del trámite, mismas que actuarán como instancias instructoras del Congreso del Estado, encargándose de substanciar el procedimiento en el desahogo de pruebas, las cuales se desahogarán en una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes a la presentación de pruebas por parte de los denunciados. Una vez desahogada la audiencia de referencia, las comisiones aludidas presentarán dentro de los cinco días hábiles siguientes, un acuerdo legislativo en el que propondrán el sentido de la resolución que deberá adoptar el Congreso del Estado, según sea el caso. Luego, el Congreso del Estado una vez que cuente con el dictamen de las Comisiones, emitirá una resolución por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para lo cual si se refiere a la suspensión o revocación del mandato, se notificará para que se llame al suplente correspondiente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no podrá exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato. En ese contexto, es de explorado derecho para este Juzgador y un hecho notorio que se invoca conforme a lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que en la mayoría de los casos, sino es que en todos, el Congreso del Estado de Jalisco, que goza de plena jurisdicción para la imposición de la sanción correspondiente, descarta las solicitudes planteadas, al determinar, en el mejor de los casos, que quedaron sin materia o bien, al considerar que la falta no es grave y no amerita la suspensión correspondiente. De ahí que, a consideración de este Juzgado Federal, las medidas de apremio previstas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no son eficaces para los fines pretendidos, es decir, para la plena ejecución de los laudos. Pues como se desprende de lo hasta aquí inserto, ambos medios de apremio implican la apertura de un nuevo procedimiento administrativo, ante terceras autoridades, en el que se deben respetar diversas formalidades procedimentales y que, aun en caso de prosperar su procedencia, no llegan a materializarse. Máxime que, aún de llegar a ese término (materialización), ello no le reporta ningún beneficio a quien obtuvo fallo favorable, pues aunque se hiciera efectivo el medio de apremio, ni el monto de la multa, ni el que dejó de percibir el funcionario suspendido, se incorporan al patrimonio del beneficiario de la condena laudada. Cuestiones las anteriores, que se corroboran con el proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen ************, en el que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, razonadamente expuso que ha formulado veinticuatro requerimientos al Ayuntamiento demandado, sin que se hubiera logrado vencer la contumacia de la parte ahí demandada. Del derecho a la ejecución de las resoluciones de los Tribunales, como parte integral de la tutela jurisdiccional efectiva. No obstante lo hasta aquí expuesto, es evidente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce en favor de los gobernados el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, pues el artículo 17 de nuestra Carta Magna, en lo que interesa, dispone: 'Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. --- [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.]' Del análisis del precepto constitucional de referencia se aprecia, que el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, consiste en: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del Estado competentes, previamente establecidos, para intentar una acción en demanda de una pretensión. b) La obligación por parte de los tribunales jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver las controversias que ante ellos se diriman, de manera pronta, completa e imparcial. Cuando la norma constitucional en comento establece como garantía para el gobernado, que la impartición de Justicia debe ser pronta o expedita, significa que la autoridad tiene la obligación de resolver dicha controversia dentro de los plazos y términos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso; es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. c) Acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, obligando al poder legislativo federal o estatal, según sea el caso, a establecer en los ordenamientos jurídicos los medios necesarios para garantizar el cumplimiento a las resoluciones dictadas por los órganos impartidores de justicia. Cabe agregar que, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", se funda en la necesidad de que no transcurra un tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia, o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. En esta tesitura, el incumplir con una justicia pronta se manifiesta a través de dos vertientes: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio y la tramitación del procedimiento respectivo. Es pues que, si se toma en consideración que en atención a los principios de la tutela judicial efectiva y el de in dubio pro actione o favor actionis, implica que los órganos jurisdiccionales, deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción, porque si bien es cierto que han de ajustar sus actos a las disposiciones legales aplicables, también lo es que en la interpretación para sustentar sus actuaciones deben favorecer la eliminación de actos u omisiones innecesarias que obstaculicen la indicada prerrogativa o la hagan nugatoria. Esto es, lo que protege el derecho de seguridad jurídica consagrado en el artículo 17 constitucional, es que el acceso a la justicia no se convierta en una inconducente sucesión de actos que retarden inoficiosamente el proceso jurisdiccional y no conlleven al fin deseado por los accionantes del mecanismo judicial del estado, que en todo caso es la obtención de una resolución favorable y además, que dicha determinación se materialice en la esfera jurídica de los justiciables, incorporándose efectivamente al patrimonio de estos, pues de poco sirve una sentencia que no será cumplida. Ahora, respecto al tercero de los elementos inmersos en el referido numeral 17 de la máxima norma del país, se destaca que el derecho a la tutela judicial efectiva, debe complementarse con la debida ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales, para generar la certeza en quien se vio favorecido por dichas resoluciones, de que lo obtenido a través de los órganos de justicia, no quede en una actuación de buena fe de estos, con el propósito de no dejar al vencedor a expensas de que el condenado decida cumplir espontáneamente con la obligación impuesta por la norma jurídica individualizada. Por el contrario, del precepto en estudio, se desprende que la labor de los órganos jurisdiccionales no cesa al resolver el caso concreto sometido a su potestad, sino que constriñe a las autoridades correspondientes a velar por el cumplimiento efectivo de sus fallos, para lo cual deberán hacer uso de los mecanismos establecidos en las leyes, apremiando al condenado a cumplir la obligación impuesta y materializarla a favor de quien se benefició con la decisión de la controversia. Apoya lo anterior, por los motivos que la contienen, la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, registro digital 2018637, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: 'DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.' También, se cita por su aplicación al caso, la tesis 2a. XXI/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2019663, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: 'DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS.' Cuestiones que desde luego han sido analizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que deben garantizarse los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por las autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos o reconocidos, véase 'Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72', así como 'Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144', en relación con el artículo 25.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. De ahí que, no puede satisfacerse la prerrogativa de tutela judicial efectiva, si no existen actuaciones tendentes a la materialización del derecho declarado en el fallo dictado por la autoridad jurisdiccional, pues no puede quedar al libre arbitrio de las partes el cumplimiento a la calidad de cosa juzgada de una resolución, ni ésta puede únicamente limitarse a permanecer como una obra jurídica inacabada, pues en aras de salvaguardar el estado de derecho y la paz social (mediante el cumplimiento a la prohibición de hacerse justicia de forma autocompositiva), dichas determinaciones deben traducirse en un beneficio perceptible en la esfera jurídica del gobernado beneficiario de la condena. En la especie, no sólo el laudo emitido en el juicio de origen cuenta con la calidad de cosa juzgada, sino la sentencia ejecutoria emitida en el juicio de amparo que nos ocupa, resoluciones ambas que no han sido cumplimentadas ante la conducta contumaz asumida por la parte demandada y tercera interesada, respectivamente. De las diversas medidas que puede y debe llevar a cabo el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, así como el Congreso del Estado de Jalisco, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a fin de satisfacer la pretensión del aquí quejoso y actor en el juicio de origen. Ahora bien, aun cuando algunos de los medios de apremio establecidos en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, hayan resultado ineficaces para lograr la plena ejecución del laudo, la propia legislación, en sus artículos 56, fracción VII, 140 y 141, prevé: 'Art. 56. Son obligaciones de las Entidades Públicas, en las relaciones laborales con sus servidores: --- [.] VII. Acatar en sus términos los laudos que emita el Tribunal de Arbitraje y Escalafón;[.]' 'Art. 140. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello.' 'Art. 141. El Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes.' De lo antes inserto se colige que las entidades públicas están obligadas a acatar en sus términos los laudos que emita el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; por su parte, las autoridades (es decir cualquier organismo público con facultades de imperio), están obligadas a prestar auxilio al Tribunal, para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello. En tanto que, el citado Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, pudiendo dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes. Con base en lo anterior, se evidencia que el Tribunal responsable, no sólo tiene a su alcance los medios de apremio que, expresamente prevé la legislación burocrática (multa a la entidad demandada y suspensión en el cargo del funcionario), sino que cuenta con la más amplia gama de facultades a fin de hacer cumplir sus laudos y para ello, cualquier autoridad que sea requerida al efecto, deberá prestar el auxilio que sea necesario. Apoya lo antes expresado, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 168880, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: 'LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa.' Por ende, se concluye que el órgano jurisdiccional de origen, debe actuar con plenitud y creatividad, a fin de lograr la ejecución de sus laudos, ante la evidente ineficacia de los medios de apremio, pues así lo obliga la Constitución, la ley y la jurisprudencia aplicable al caso. En la medida que, la parte obligada al pago de la condena laudada, no se encuentra en posibilidad de desconocer la eficacia jurídica de la cosa juzgada y la obligación impuesta en el laudo y sus consecuentes liquidaciones. De la necesidad de solicitar al Congreso y éste realizar las acciones necesarias para implementar una partida presupuestal para el cumplimiento del laudo dictado en el juicio burocrático ************, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Conforme a lo expuesto, al fracasar la imposición de medidas de apremio expresamente previstas en la ley y conforme a las facultades jurídicas otorgadas al Tribunal responsable, es evidente que, entre otras facultades y previendo que se traduzca en un beneficio para el trabajador, debe solicitarse al Congreso del Estado de Jalisco, la creación de una partida presupuestal para el pago del referido laudo, ello en relación con el presupuesto que se asigne al Municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, siempre y cuando, si al finalizar el mes de noviembre del año en curso, el ente condenado no haya cumplido con la totalidad de la condena laudada. En efecto, los artículos 89 y 115 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, disponen: 'Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así como las obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras formas de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. En caso de que algún Municipio por razones excepcionales incurra en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo deberá someter a la aprobación del Congreso del Estado la autorización correspondiente. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; así como los ingresos derivados de financiamiento. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley.' 'Art. 115. Ninguna autoridad impondrá préstamos forzosos, ni las dependencias harán gasto alguno que no conste en los presupuestos o que no sea aprobado por el Congreso. La infracción de este artículo hace responsables tanto a las autoridades que la manden, como a los servidores públicos que la obedezcan.' De lo anterior se sigue, que si bien los ayuntamientos aprobarán los presupuestos de egresos de los municipios, también lo es que en los casos de incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá someter la aprobación del presupuesto al Congreso del Estado para la aprobación correspondiente. Así también, se establece que no podrán imponerse préstamos forzosos y que no se harán gastos no previstos en los presupuestos de egresos o que no sean aprobados por el Congreso. Por tanto, se concluye que el Congreso del Estado de Jalisco, está facultado para establecer y aprobar partidas adicionales a los presupuestos de egresos que les presenten los Ayuntamientos, cuando incurran en balances presupuestarios negativos. Igualmente, se invoca como hecho notorio que el Ayuntamiento demandado en el juicio de origen, aquí tercero interesado (constantemente en este o en diversos juicios de amparo que promovió en su calidad de quejoso), aduce que no cuenta con suficiencia presupuestaria para cumplir sus obligaciones en torno al pago de la condena laudada. De ahí que, resulte indispensable que el Congreso del Estado dentro del marco de sus atribuciones, establezca y prevea con la anticipación necesaria, la implementación de una partida presupuestal a la que le llegue a presentar el Ayuntamiento demandado a fin de que haga frente a sus obligaciones contraídas, pues como se relató en párrafos previos, el cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales, contiene una obligación de carácter constitucional, que no puede soslayarse ni por las autoridades municipales, ni por el Congreso del Estado de Jalisco. Pues si bien, conforme a las previsiones establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la diversa de esta entidad federativa, se desprenden los principios de autonomía municipal en el manejo de los recursos que le son asignados, también lo es que dicha autonomía, no es absoluta, máxime cuando se confronta con el cumplimiento de una obligación establecida no solo en las leyes estatales, sino en la propia Constitución General, como lo es obedecer un laudo y por ende, pagar las cantidades a que fue condenado, ya que de considerarse lo contrario, se dejaría a discreción del Ayuntamiento respectivo, tomar la decisión de cumplir o no sus obligaciones constitucionales, lo que llevaría al extremo de colocarlos en un estado de excepción en que el que les permita inobservar y contradecir los postulados y principios que establece la propia Carta Magna. De ahí que, esta determinación judicial no pretende desconocer en ningún aspecto la referida autonomía municipal, pues es evidente que ésta encuentra su límite en la inclusión en su presupuesto de egresos de partidas especiales para cumplir sus obligaciones constitucionales, en términos de los aludidos numerales 89 y 115 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación con el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación, por los motivos que la contienen y por analogía al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 49/2011 (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 160871 del Semanario Judicial de la Federación, que lleva los siguientes rubro y texto: 'DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL. LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 115, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CONSISTENTE EN ENTENDER COMO INCLUIDAS Y AUTORIZADAS LAS PARTIDAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR, AJUSTÁNDOSE SU MONTO EN FUNCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN CASO DE SER OMITIDAS POR EL MUNICIPIO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA PREVISTO EN EL DIVERSO 115, FRACCIONES II Y IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto de la Constitución local prevé que en caso de que, por cualquier circunstancia, los Ayuntamientos omitan incluir y autorizar en el presupuesto de los Municipios las partidas necesarias y suficientes para cubrir en su totalidad el pago de obligaciones derivadas de empréstitos o de contratos de colaboración público-privada que, en términos de la legislación aplicable, impliquen obligaciones constitutivas de deuda pública, se entenderán como incluidas y autorizadas las partidas que hubieren sido autorizadas en el presupuesto anterior, ajustándose su monto de manera automática en función de las obligaciones contraídas. Lo anterior tiene su origen en el hecho de que entre los conceptos que integran la hacienda municipal se ubican algunos que no están sujetos al principio de libre administración hacendaria como sucede en el caso de las deudas de los Municipios, razón por la cual determinados ingresos municipales deben destinarse a cubrir aspectos específicos, por lo cual aquéllos no podrán dejar de pagar, justificándose en el referido principio la deuda que hubieran contratado para financiar obras y servicios. Por ende, la previsión contenida en el artículo 115, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos no vulnera el diverso 115, fracciones II y IV, de la Ley Fundamental, pues si bien los Municipios tienen la facultad para administrar libremente su hacienda, necesariamente, su presupuesto de egresos debe contemplar partidas especiales para cumplir con sus obligaciones constitucionales, máxime que la norma constitucional local mencionada, en principio, reconoce la libertad de los Municipios para definir las partidas que han de integrar su presupuesto de egresos y únicamente atiende a situaciones excepcionales a efecto de salvaguardar el equilibrio financiero de la administración pública municipal.' (Destacado propio). También aplica al caso, por los motivos que la contienen y por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2009, del Pleno del Más Alto Tribunal, con registro digital 167568 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: 'AUTONOMÍA FINANCIERA LOCAL. SE DESPRENDE DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 41, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La autonomía financiera de los Estados no se prevé expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la de los Municipios, respecto de los cuales explícitamente se establece su potestad de gasto; sin embargo, aquélla puede desprenderse de la expresión de que los Estados son libres y soberanos en su régimen interior, contenida en los artículos 40 y 41, primer párrafo, constitucionales, pues dicha autonomía es una parte inherente e imprescindible de su soberanía política, así como de su marco de libertades, ya que es evidente que sin capacidad para administrar recursos públicos aquélla quedaría reducida o limitada, autonomía que se manifiesta a través de la potestad de gasto que implica que no cabe injerencia alguna de otros poderes públicos en la elaboración, aprobación y aplicación de su propio presupuesto, es decir, puede desarrollarse en libertad y en un plano democrático, sin depender del centralismo político-económico, aunque es evidente que esa libertad de administración, como cualquier prerrogativa, no puede contrariar los postulados y principios constitucionales.' (Énfasis añadido). Bajo ese contexto, es inconcuso que cualquier circunstancia que se encuentre relacionada con las disposiciones normativas presupuestarias, no puede válidamente invocarse como justificación a la demora para el cumplimiento de sentencias (o en la especie un laudo que al igual tiene esa fuerza vinculante), pues así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su actividad jurisprudencial, al señalar que el derecho a la protección judicial exige deberes positivos de carácter presupuestario, véase: 'Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144', criterio jurisprudencial que, dicho sea de paso, es vinculante para este Juzgado, así como para el Tribunal responsable. Acciones que deberá implementar el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado de Jalisco, como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, a fin de cumplir el fallo protector. Consecuentemente, conforme a lo previsto en el artículo 193, cuarto párrafo, en relación con el 66 primer párrafo in fine, ambos de la Ley de Amparo, de plano se define y concreta como forma y términos para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, las referidas autoridades deberán: Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Con base en las consideraciones de esta resolución, precisará las acciones que ha realizado para el cumplimiento del laudo, así como la imposibilidad que ha tenido para que se hagan efectivas las medidas de apremio que ha decretado en contra del Ayuntamiento demandado (tercero interesado). Requerirá al Ayuntamiento demandado a fin de que realice las gestiones para la adecuación de su presupuesto de egresos para el año dos mil veintitrés, incluyendo la partida presupuestal para el pago del laudo dictado en el juicio de origen Con independencia de lo anterior, solicitará al Congreso del Estado de Jalisco, la adecuación al presupuesto asignado o bien la inclusión de una partida presupuestal al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, a fin de que en el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés se pague la cantidad laudada y liquidada en el juicio************ de su índice, debiendo informar la cantidad a que asciende el adeudo conforme a la liquidación que se hubiere formulado en dicho procedimiento. Deberá vigilar que la referida legislatura cumpla con los requerimientos formulados. Congreso del Estado de Jalisco. Con base en las consideraciones de esta resolución, realizará las acciones necesarias para que se realicen las adecuaciones al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que en su caso le presente el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco o bien, determine la creación de una partida presupuestal correspondiente al pago del laudo dictado en el juicio ************. En la inteligencia que, los ajustes presupuestarios correspondientes no implican afectar programas municipales que resulten de interés público, ni tampoco deberá impactar en la prestación de los servicios públicos municipales en detrimento de los habitantes del referido municipio, tampoco deberán tocarse los fondos asignados para el cumplimiento de las obligaciones laborales como pago de sueldos, salarios y demás prestaciones laborales de los trabajadores municipales; debiendo considerar, aquéllas adecuaciones que en todo caso, afecten partidas presupuestales que no resulten indispensables para el ente municipal, por ejemplo, telefonía celular, vehículos para uso de funcionarios, servicios de cafetería, viáticos no indispensables o gastos suntuarios, cualquiera que sea su naturaleza, entre otros. Aplica al caso, por analogía y los motivos que la contienen, la tesis XIII.T.A.4 L (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, registro digital 2002785, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: 'EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. AL NO PREVER LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ MEDIDAS PARA QUE LA LEGISLATURA LOCAL EXPIDA UN DECRETO QUE AUTORICE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA SU LIQUIDACIÓN, DEBEN APLICARSE LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. Si bien es cierto que la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez no prevé medidas para obtener por parte de la Legislatura Local la expedición de un decreto que autorice la erogación de una partida presupuestal a fin de liquidar las condenas económicas a que fue condenado un Ayuntamiento oaxaqueño, no menos lo es que su artículo 7o., segundo párrafo, autoriza que en los casos no previstos en ella, se resuelva conforme a los lineamientos generales de la misma, a la mayor equidad y a las exigencias que reclaman los servicios públicos en bien de la sociedad. En esa virtud, por razones de mayor equidad, deben aplicarse los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral sexto de la ley de bienes pertenecientes a esa entidad federativa, que sí prevén tales medidas y que son aplicables a los burócratas municipales oaxaqueños, debido a que éstos como los estatales, tienen el mismo control presupuestal por la Legislatura Local.' Por tal motivo, con apoyo en los numerales 17 Constitucional, así como en el 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el cual se encuentra conformado por los siguientes funcionarios: ************************s, Magistrado Presidente. ************************, Magistrada. ************************, Magistrada. En los mismos términos se requiere a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, conformada por los siguientes funcionarios: ************************, Presidente. ************************, Vicepresidente. ************************, Vicepresidenta. ************************, Secretaria. ************************, Secretaria. ************************ Prosecretario. ************************, Prosecretario. Para que dentro del término de tres días, legalmente computados, cumplan con los requerimientos formulados previamente y acrediten lo conducente ante este Juzgado Federal, apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá a cada uno de los mencionados, una multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea óbice que el Congreso del Estado de Jalisco, no haya sido designado como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, pues se encuentra obligada a acatar el fallo protector, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la Jurisprudencia con número de registro 172605, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, página: 144, cuyo rubro establece lo siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Igualmente, se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal, registro 1003229 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro: 'EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO.'

  3. Principal

    VISTO EL OFICIO DE CUENTA SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LOS AUTOS ORIGINES DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, Y COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL TOCA REVISIÓN PRINCIPAL 23/2022, QUE EN SU PARTE RESOLUTIVA ESTABLECE LO SIGUIENTE: "UNICO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE EJECUTORIA.". EN CONSECUENCIA, SE ORDENA AGREGAR EL COMUNICADO QUE SE RECIBE Y EL CUADERNO DE ANTECEDENTES, A LOS AUTOS ORIGINALES DEL PRESENTE SUMARIO, HACER LAS NOTAS PERTINENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ACUSAR EL RECIBO CORRESPONDIENTE Y COMUNICAR LO ANTERIOR A LAS PARTES. CONSECUENTEMENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, PREVIAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el oficio 20104/2022, deducido del auto de doce de mayo de dos mil veintidós, en el que se ordenó reexpedir el diverso 7380/2022, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien ostenta la representación presidencial en el presente asunto, no pudo ser entregado porque el destinatario cambió de domicilio. Ahora bien, de la búsqueda en la página oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se advierte como domicilio el ubicado en ***; en razón de lo anterior, se ordena reexpedir los citados comunicados a fin de integrar el recurso de revisión hecho valer y ser remitido a la Superioridad para la sustanciación del mismo. Por otra parte, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito con firma electrónica del autorizado en términos amplios de la parte quejosa y en atención a su contenido, dígase que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden.

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